La Corte Suprema de Justicia definirá antes de fin de año la suerte del caso de Oil Combustibles, la empresa petrolera que era de Cristóbal López y Fabián de Sousa. En la causa se investiga la supuesta retención indebida de impuestos a los combustibles que fueron usados para capitalizar al grupo Indalo.

López y su socio De Sousa llegan a la Corte absueltos tras un juicio oral y público que tuvo como único condenado al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, que recibió una pena de cuatro años de prisión por permitir estos beneficios a la empresa petrolera.

Ahora la Corte mirará esas dos situaciones de manera unificada.

Echegaray llega con una condena y la Cámara de Casación Penal rechazó su recurso extraordinario, por lo que fue en queja a la Corte para intentar revertirla, apelando tanto la sentencia como el monto de la pena.

El otro recurso que tiene la Corte es del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, contra la decisión que absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Que la Corte resuelva ambas cuestiones a la vez tiene una lógica que comparte la fiscalía. La Justicia consideró probado que Echegaray cometió un delito al conceder a Oil Combustibles planes de pago que perjudicaron al Estado, pero absolvió a los empresarios que pidieron esos planes y se beneficiaron con ellos, advierte el fiscal.

Una de las posibilidades es que la Corte termine reenviando el caso a la Cámara de Casación para que resuelva sobre los empresarios con un nuevo fallo y que rechace el recurso de Echegaray, confirmando la condena.

“O todos condenados o todos absueltos”, dijo un funcionario judicial a , simplificando el problema que, según el funcionario de Tribunales, se resolvería antes de fin de año. La causa ya giró por todas las vocalías en la Corte Suprema.

Pedido de prescripción

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal tiene para resolver un planteo de prescripción del caso, presentado por la defensa de Fabián de Sousa, que pretende cerrar la causa sin condenas, solo por el paso del tiempo.

En este planteo paralelo, los acusados recusaron a los jueces de la Cámara de Casación que deben decidir. En este incidente, el último fallo es de la semana pasada. Los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky rechazaron la recusación de Gustavo Hornos planteada por el abogado Alberto Beraldi, de De Sousa.

La defensa de De Sousa y de López planteó la prescripción de la acción penal en el tribunal oral, que rechazó ese pedido. Ahora llevó el tema a la Cámara Federal de Casación. Aún no fue tratado porque los camaristas fueron recusados.

En primer lugar, Beraldi recusó a Petrone y Barroetaveña, ya que habían intervenido en el caso. Luego Hornos fue sorteado para intervenir para tratar las recusaciones de sus colegas, pero él también fue recusado.

Ahora que Hornos fue confirmado, él podrá resolver sobre las situaciones de Petrone y Barroetaveña. Cuando se defina la integración, los camaristas deberán determinar si el caso está prescripto o no, lo que puede tener impacto sobre lo que defina la Corte, que seguramente revisará este incidente en el futuro.

Diez años de causa

La causa empezó en 2016 con una denuncia de la AFIP, que la diputada Elisa Carrió amplió a partir de una revelación de . La acusación sostuvo que Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, cobró a los consumidores el impuesto a los combustibles líquidos y no lo giró al fisco.

Así acumuló una deuda de unos $8000 millones. Según la fiscalía, ese dinero sirvió para financiar la expansión del holding de López y De Sousa, que llegó a reunir unas 170 empresas.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Julián Ercolini. En noviembre de 2017, López y De Sousa fueron detenidos con prisión preventiva y pasaron casi dos años presos. El juicio oral empezó el 13 de junio de 2019 ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF 3) y se extendió dos años y medio.

El 16 de diciembre de 2021, el TOF 3 condenó por unanimidad a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Por mayoría, los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos absolvieron a López y De Sousa. A su criterio, no se probó que los empresarios hubieran actuado en connivencia con el funcionario ni con intención de defraudar. El deber de cuidar los intereses del Estado recaía en el administrador federal, no en los contribuyentes que pedían los planes, dijeron los jueces de la mayoría.

El juez Andrés Basso votó en disidencia, por condenar a los tres.

El fiscal de juicio, Juan Patricio García Elorrio, había pedido cuatro años para Echegaray y cuatro años y cuatro meses para cada empresario. La AFIP, que había impulsado la causa, se retiró como querellante poco antes de los alegatos, después de que Oil adhiriera a un plan de pagos y se levantara su quiebra.

Echegaray sostuvo en su defensa que los planes otorgados a Oil fueron iguales a los otros 1648 concedidos durante su gestión.

El 23 de octubre de 2023, la Sala I de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, confirmó las absoluciones.

Los jueces admitieron que la petrolera se había beneficiado de una autorización ilegítimamente otorgada por Echegaray que perjudicó al Estado. Pero aplicaron el beneficio de la duda en favor de los empresarios y confirmaron la responsabilidad penal de Echegaray, aunque ordenaron recalcular su pena.

Villar había sostenido ante Casación que hubo connivencia entre Echegaray y los empresarios. También reclamó una reparación de más de $5166 millones y vinculó los beneficios obtenidos por el Grupo Indalo con los fondos que López giró a la familia Kirchner por alquileres, un tramo que se ventila en la causa Hotesur y Los Sauces.

Casación le negó el recurso extraordinario y el fiscal fue en queja directo a la Corte.

El 28 de mayo de 2024, la Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, anuló por unanimidad esa sentencia. Los jueces se remitieron al dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal.

Concluyeron que Casación había dado un tratamiento solo aparente a los agravios del fiscal y que la absolución se apoyaba “en una valoración de la prueba dogmática y fragmentaria”.

Según el dictamen, los indicios habían sido analizados en forma aislada y sin la visión de conjunto que exigía el caso. La Corte ordenó que otros jueces dictaran un nuevo fallo.

El 19 de febrero de 2025, la Sala I, con otra integración, volvió a absolver a López y De Sousa. Alejandro Slokar propuso rechazar el recurso del fiscal por el beneficio de la duda, y Mariano Borinsky lo acompañó, pero dijo que en su opinión el caso estaba prescripto.

Según esta mayoría, no se probó que la AFIP hubiera dado un trato preferencial a Oil. El fallo también descartó usar prueba de otras causas, como Hotesur y Los Sauces.

Las defensas destacaron que el mismo tipo de planes había beneficiado a otros contribuyentes, como YPF, la AFA y el propio Consejo de la Magistratura. También subrayaron que seis jueces de distintas instancias convalidaron las absoluciones.

Guillermo Yacobucci votó en disidencia. Sostuvo que López y De Sousa fueron beneficiarios directos de una maniobra que la Corte ya había considerado ilícita.

Villar volvió a recurrir ante la Corte y dijo que no había voto de mayoría porque Borinsky dijo una cosa (prescripción) y Slokar otra (absolución). Ese es uno de los dos planteos que ahora tendrán que resolver los jueces de la Corte.

El otro planteo es el de Echegaray. La Sala I de Casación rechazó su recurso de casación y sus nulidades. El 12 de mayo de este año declaró inadmisible su recurso extraordinario federal y la defensa fue en queja a la Corte.

Esa resolución permitió avanzar con la inhabilitación: en junio, ARCA exoneró a Echegaray del organismo. Si la Corte rechaza la queja, la condena a prisión quedará firme y deberá cumplirse en forma efectiva.

La Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de revisar los sobreseimientos de dos exfuncionarios del kirchnerismo que fueron acusados de no haber controlado debidamente a una subsidiaria de Barrick Gold que operaba en la mina Veladero, en San Juan, donde se produjo un derrame de cianuro hace once años.

Ahora, la causa contra el exsecretario de Minería de la Nación Jorge Omar Mayoral y la exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental Beatriz Domingorena, por la presunta omisión de controles donde operaba esta subsidiaria de Barrick Gold, puede reabrirse.

Los representantes de la empresa cumplieron una probation en San Juan y la compañía pagó 10 millones de dólares de multa por el caso que tramitó en los tribunales sanjuaninos.

Pero la causa que ahora llega a la Corte es otra. Se tramitó en Comodoro Py y fueron investigados funcionarios de las áreas ambientales y mineras de la gestión kirchnerista. Según documentos judiciales, fueron sobreseídos por “afectación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable”.

La semana pasada, el caso escaló hasta el máximo tribunal después de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró admisible el recurso extraordinario del fiscal Mario Villar contra la prescripción que había cerrado el caso para el exsecretario de Minería Mayoral y la exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental Domingorena, según surge de la resolución del jueves 8 de octubre a la que accedió .

Los jueces de la Casación Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos coincidieron en que la fiscalía planteó “cuestiones de índole federal que pretenden dirimirse ante el más alto tribunal”.

El juzgado federal de María Servini había dictado la prescripción “por afectación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable”, lo que derivó en los sobreseimientos de los exfuncionarios.

Barrick Gold había informado a las autoridades de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, al cierre de 2023, que “las audiencias orales, previstas inicialmente para abril y mayo de 2020 en este asunto”, habían “sido aplazadas”, sin reprogramarse, debido a la pandemia de coronavirus, según el reporte presentado ante la SEC.

Las autoridades de Barrick Gold no formaban parte del caso que tramitó en Comodoro Py, pero dejaron sentado su seguimiento en los informes que presentaron ante el organismo estadounidense.

El expediente involucró a exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner. El juez Sebastián Casanello los procesó, tras considerar que omitieron controles previos al derrame de cianuro. “La empresa se controlaba a sí misma”, firmó cuando elevó la causa a juicio.

Durante la etapa de instrucción, la defensa de Mayoral indicó que la acusación no describe la “obligación que pesaba” sobre él en cuanto a una posible omisión, “ni cuál era su relación con el derrame de septiembre de 2015″.

La defensa de Domingorena planteó que “no había elementos probatorios que dieran cuenta del nexo causal” entre el derrame y la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

La historia del caso

Esta historia comenzó el 13 de septiembre de 2015, cuando se derramaron 1.072.000 litros de solución cianurada como consecuencia de la rotura de una válvula. Ante la falta de un muro de contención y dado que una compuerta estaba abierta, el líquido corrió hacia el río Potrerillo en lugar de terminar en una pileta de contención, según el expediente.

El juez señaló que, según testimonios obtenidos por el Juzgado Letrado de Jáchal, “se contaminaron los ríos Potrerillo, De las Taguas, La Palca, Blanco, dique Cuesta del Viento y Jáchal”.

Este es uno de los contrapuntos entre la Justicia y la empresa Barrick Gold. En sus informes, la compañía negó que el hecho haya significado un riesgo para “la salud humana en las comunidades ubicadas aguas abajo”.

Pese a esto, las autoridades de la compañía quedaron afuera de la investigación de Casanello, tras una disputa sobre la jurisdicción donde debían ser juzgados: Comodoro Py (en la Ciudad de Buenos Aires) o San Juan (donde ocurrieron los hechos).

Finalmente, lograron atravesar el proceso judicial en los juzgados sanjuaninos. Allí, según narró Barrick Gold, la empresa pagó una multa de diez millones de dólares y los directivos se comprometieron a hacer tareas comunitarias a cambio de suspender el juicio a prueba.

Del lado de los exfuncionarios, en 2018 el juez Casanello procesó a Mayoral y Domingorena al considerar que tenían un “poder de intervención”, con obligaciones de control que no ejercieron.

Ese mismo año, Casanello elevó la causa a juicio. “La investigación pudo determinar que desde el 10 de enero de 2012 Barrick estaba operando sin el Certificado Ambiental Anual”, escribió el juez.

Para el magistrado, ese documento hubiera permitido conocer “los residuos peligrosos que manipulaba la empresa y que debían someterse a fiscalización y control de la Dirección Nacional de Control Ambiental”.

Ante la ausencia del documento, el Gobierno no habría podido fiscalizar ni tener información sobre las sustancias derivadas del cianuro que utilizaba la minera.

Barrick Gold dio su versión de los hechos. En los reportes presentados a la SEC, explicó que “falló una válvula de una cañería del valle de lixiviación de la mina Veladero”.

En esas presentaciones ante la SEC, Barrick Gold informó que el 9 de octubre de 2015 la autoridad minera de San Juan inició un proceso de sanción administrativa contra la subsidiaria en Argentina por presuntas infracciones al Código de Minería.

“Se prevé que este proceso derive en una multa”, consideró en su reporte anual de ese año. Y finalmente pagó diez millones de dólares.

De vuelta en el fuero federal, en Comodoro Py, el expediente llegó a la etapa de juicio, en el juzgado N°1, a cargo de la jueza María Servini.

La resolución de la Cámara de Casación recuerda que dicho juzgado “resolvió declarar la prescripción de la acción penal”.

En 2020, Barrick incluyó por primera vez esta oración: “Debido a la respuesta argentina al Covid-19 y a una impugnación procesal presentada por uno de los exfuncionarios federales, las audiencias orales originalmente programadas para abril y mayo de 2020 en este asunto han sido aplazadas y aún no han sido reprogramadas”. Hasta por lo menos 2023, esa frase se repitió en sus informes.