POLITICA
Juicio por la causa Cuadernos: declaró nuevamente la exmujer de Centeno y volvieron a mostrar los bolsos donde recolectaban las coimas
Hilda Horovitz, expareja del remisero Oscar Centeno, terminó este jueves su declaración en el juicio oral por la causa Cuadernos luego de casi nueve horas de exposición repartidas en dos audiencias en los tribunales federales de Comodoro Py.
Durante su testimonio volvió a apuntar contra el chofer del exfuncionario Roberto Baratta, aseguró que la utilizó “como testaferro” y respondió preguntas sobre sus contactos con otros protagonistas del expediente.
La mujer ya había declarado durante seis horas el martes pasado, jornada en la que se descompensó mientras escuchaba audios enviados a Baratta y a Miriam Quiroga, exintegrante del área de Ceremonial de la Casa Rosada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Por esa razón, el Tribunal Oral Federal 7 resolvió continuar la audiencia este jueves.
En el inicio de su declaración, Horovitz había ratificado que Centeno puso bienes a su nombre y relató conversaciones vinculadas al trabajo que realizaba para Baratta.
Según contó, en una oportunidad le explicó cómo acomodar dinero dentro de bolsos. Cuando le preguntaron cómo sabía eso el remisero, respondió: “Lo habrá visto”.
También fueron exhibidos bolsos vacíos que, según declaró, Centeno llevaba a la vivienda que compartían en Olivos al regresar de sus jornadas laborales.
En la audiencia de este jueves, el tramo final del testimonio estuvo centrado en preguntas de los jueces del Tribunal Oral Federal 7. El magistrado Germán Castelli le consultó sobre el vínculo entre Centeno y Baratta y acerca de los contactos que ella había tenido con el exfuncionario.
“Contacto nunca tuve. Si lo saludaba, lo saludaba a Centeno. Nosotros nos sentábamos en una mesa y ellos por otro lado. Era en el parque, al aire libre”, respondió Horovitz al recordar un bautismo al que asistieron en la casa de Baratta. Además, afirmó que consideraba que ambos eran “muy amigos”.
Luego intervino el juez Fernando Canero, quien le preguntó por las quejas que, según ella, Centeno hacía sobre las “migajas” que recibía de Baratta. La testigo sostuvo que esos comentarios aparecían cuando su entonces pareja “estaba picado” o llegaba “chinchudo” a la casa.
Consultada sobre qué reclamaba concretamente Centeno y por qué entendía que debía recibir más dinero, respondió: “Eso pregúntele a Centeno”. Ante la insistencia del magistrado, agregó: “Decía que lo llevaba a las cuevas o a hacer cosas. A veces decía: ‘Y a mí viene y me tira migajas’”. Sin embargo, aclaró que nunca le explicó con precisión qué tareas realizaba para el exfuncionario.
Horovitz también justificó los pedidos de dinero que le hacía a Centeno y explicó que, tras la difusión pública del caso, había quedado sin trabajo.
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“Mi especialidad no es mentir. Acá sé que me estoy mandando al muere sola por decir la verdad. Yo sí le pedía dinero a él, es verdad, y como no me escuchaba no me quedaba más remedio que pedirle a Baratta que haga de intermediario. Cuando salió todo esto al aire me quedé sin trabajo. Pedí que me diera una mano hasta que consiga trabajo”, declaró.
En otro tramo de su exposición volvió a acusar al remisero de haberla utilizado como “testaferro” y recordó episodios de violencia. “Yo tenía que hacer algo, no lo iba a dejar a él arriba de los laureles con todo. Me usó como testaferro, hizo todo lo que hizo después de que me cagó a trompadas, me insultó y me agredió”, sostuvo.
Además contó que en 2017 le había anticipado a Claudio Uberti, entonces su jefe en un ministerio, que pensaba denunciar a Centeno en Comodoro Py. Según relató, Uberti le respondió que se preparara para las consecuencias y poco después perdió su empleo. Uberti es actualmente uno de los arrepentidos de la causa.
“Yo doy la cara, no voy por atrás y te clavo un puñal. Doy la cara, pongo todo al frente. Acá estoy”, afirmó la mujer de 58 años mientras Centeno, presente en la sala, la observaba y tomaba notas.
Durante la audiencia también se reprodujeron audios y fotografías enviadas por Horovitz a Baratta. Entre las imágenes apareció un bolso con un billete de cien dólares que ella misma reconoció como falso y fotos de banditas elásticas. “Se las mandaba a Roberto Baratta”, dijo ante preguntas de la fiscal Fabiana León. También se exhibieron imágenes del frente del barrio privado donde vivía el ex funcionario.
El abogado José Manuel Ubeira le preguntó por la fotografía del billete y la testigo respondió: “Era trucho. Había conseguido ese dólar trucho y se lo mandé a Baratta”.
Otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando las defensas hicieron escuchar distintos audios. “Estoy muy nerviosa”, advirtió antes de que se reprodujera un mensaje en el que se la escuchaba decir: “No va a quedar acá, va a seguir. Tengo nueve años para hacerlo mierda”.
Horovitz reconoció el audio y confirmó que hablaba de Centeno, aunque dijo no recordar a quién se lo había enviado.
También se reprodujeron mensajes dirigidos a Miriam Quiroga, en los que reclamaba la devolución de documentos vinculados a Centeno. “Tenían cosas de Centeno y eran míos, que yo le había sacado a Centeno. Nunca me los devolvieron”, declaró. Según relató, cuando Quiroga le comentó a Baratta que ella reclamaba esos papeles, el ex funcionario respondió: “Perdelos”.
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En otra grabación, Horovitz le agradecía a Quiroga una salida con cena incluida: “Muy rico todo, muy lindo todo”. La testigo dijo no recordar ese encuentro en particular. En otro audio consultaba si podía reunirse con Baratta. “Yo siempre hablaba con Miriam y Miriam hablaba con Roberto”, explicó.
Quiroga, considerada una testigo importante dentro del juicio, presentó un certificado médico ante el Tribunal Oral Federal 7 para justificar su imposibilidad de asistir a declarar por razones de salud. Los jueces todavía no resolvieron el planteo.
El juicio oral por el caso Cuadernos comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual y pasó a una modalidad semipresencial el 17 de marzo, cuando declaró la expresidenta Cristina Kirchner, acusada como presunta jefa de asociación ilícita y por cohecho.
Hasta el momento ya fueron indagados los 86 acusados del proceso. Muchos de ellos, especialmente los imputados colaboradores, optaron por guardar silencio y hacer uso de su derecho a no declarar. Entre esos casos estuvieron el propio Centeno, el financista Ernesto Clarens y empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. Varias defensas cuestionaron esa situación y sostuvieron que no pudieron contrastar las confesiones que comprometieron a sus clientes.
Cuadernos de las coimas, cuadernos, Comodoro Py, corrupción K, Oscar Centeno
POLITICA
La Legislatura porteña debate proyectos clave: la línea F de subte, cambios en la VTV y la ley antitrapitos
La Legislatura porteña sesiona este jueves desde las 11 con una agenda cargada que reúne proyectos vinculados al transporte, el espacio público, la regulación de los vapeadores, la revisión técnica vehicular y medidas de alivio económico para familias endeudadas.
El temario incluye iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y propuestas de los distintos bloques políticos.
Uno de los proyectos centrales enviados por la gestión de Jorge Macri es el que habilita el financiamiento para la construcción de la Línea F de subterráneos.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta 1350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y la eventual emisión de títulos públicos.
La futura Línea F será la primera ampliación de la red de subtes en 25 años y busca mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la Ciudad.
El recorrido previsto abarcará 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.
Además, el trazado permitirá combinar con las líneas A, B, C, D, E y H de subterráneos y conectar con los ferrocarriles Roca, en Plaza Constitución, y San Martín, en la zona de Palermo. El proyecto contó con un trabajo de articulación entre distintos bloques legislativos.
Ley Antitrapitos
Otro de los expedientes impulsados por el oficialismo es la denominada Ley Antitrapitos, que también incorpora aportes de una iniciativa presentada por La Libertad Avanza.
La propuesta apunta a endurecer las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento de vehículos, su cuidado en la vía pública o la limpieza de parabrisas.
Las propuestas de la oposición
La sesión también debatirá un proyecto promovido por la Unión Cívica Radical para regular el uso, la comercialización y la promoción de vapeadores y otros productos emergentes de tabaco y nicotina.
El objetivo de la iniciativa es restringir el acceso de menores de 18 años a estos dispositivos.
Por su parte, La Libertad Avanza incorporó dos proyectos al temario, ambos presentados por la legisladora María del Pilar Ramírez.
El primero propone una reforma integral del régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), con el objetivo de desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y adecuar los requisitos técnicos a los avances tecnológicos y a la normativa nacional.
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La iniciativa establece que los vehículos particulares cero kilómetro realicen su primera verificación a los cinco años del patentamiento.
Luego, las revisiones serían bianuales para las unidades de hasta diez años de antigüedad y anuales para las más antiguas. También prevé organizar los controles según el último número de la patente para evitar concentraciones de demanda.
El proyecto, además, elimina el cupo de plantas verificadoras y habilita a que talleres, concesionarios e importadores que cumplan las exigencias técnicas puedan prestar el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.
La propuesta también modifica el régimen de grabado de autopartes. El procedimiento seguiría siendo obligatorio sobre seis partes de la carrocería, aunque contempla la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo las normas correspondientes.
Asimismo, dispone que los talleres habilitados verifiquen su cumplimiento antes de aprobar la VTV.
El segundo expediente de La Libertad Avanza es la denominada Ley Hojarasca, que plantea derogar más de 20 normas consideradas desactualizadas, redundantes o sin aplicación efectiva.
También prevé que las partidas presupuestarias vinculadas a esas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas y encomienda al Poder Ejecutivo adecuar la normativa reglamentaria y administrativa que resulte afectada.
En tanto, Fuerza por Buenos Aires impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad. El proyecto, presentado por el diputado Leandro Santoro, busca asistir a sectores vulnerables mediante líneas de crédito especiales destinadas exclusivamente a cancelar deudas previas.
La iniciativa contempla préstamos exentos de impuestos, con una tasa nominal anual máxima del 40% y plazos de hasta 36 meses. Podrían acceder quienes registren deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos y acrediten al menos dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.
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El programa alcanzaría a empleados, monotributistas hasta la categoría G y jubilados, aunque excluye a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores al monto adeudado o hayan realizado compras de divisas recientemente.
También deja afuera deudas alimentarias, tributarias, hipotecarias, prendarias y las vinculadas a la adquisición de vehículos o bienes registrables.
La propuesta prevé que los fondos se transfieran directamente a los acreedores, la creación de una ventanilla única física y digital y una campaña de difusión.
Además, establece un sistema de prioridades para hogares con menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de la educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos, y contempla la eventual participación de otras entidades financieras bajo las mismas condiciones del programa.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Legislatura porteña, Subte, PRO
El Gobierno estrenó hoy el decreto con el que modificó los trámites para elegir jueces y limitó la participación de la ciudadanía en el proceso. Puso en práctica el nuevo mecanismo con concursos clave, tendientes a elegir a magistrados que llevarán causas de alta sensibilidad política.
El Ministerio de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial las ternas de candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura correspondientes a siete concursos. Incluyen el destinado a cubrir dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. También, el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico y el federal 2 de La Plata.
La publicación de hoy -que es por un solo día- cumple con enumerar los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde pueden consultarse los curriculum y los puntajes obtenidos por los distintos candidatos. Eso es todo lo que demanda el nuevo decreto.
Hasta la semana pasada, estaba vigente el decreto 588/2003, que preveía un período de quince días para que particulares, colegios profesionales y asociaciones vinculadas a la Justicia presenten observaciones y objeciones a los candidatos. Contemplaba también la posibilidad de que el ministerio invitara a exponer su opinión a organizaciones especializadas. Establecía además que el Gobierno les pediría una declaración jurada patrimonial a los postulantes y que esa declaración podría ser consultada por la ciudadanía.
El Ministerio estaba obligado, asimismo, a pedir a ARCA un informe sobre “el cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales”. Después, debía presentarle su informe sobre los postulantes al Presidente.
El nuevo decreto de Milei cambia tanto la forma de elegir jueces, fiscales y defensores, como ministros de la Corte Suprema. Fue muy cuestionado por reducir la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta semana una acción de amparo para frenar la aplicación del decreto.
En paralelo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto en rechazo de la nueva norma, a la que consideran un retroceso en materia de institucionalidad.
Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.
Además de eliminar la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, el decreto dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.
El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.
Conforme a
El recital de una banda musical, un partido de fútbol, el show de un DJ o cualquier evento masivo siempre tuvieron un denominador común: los “cuidacoches” o “trapitos”. En este sentido, la Legislatura porteña tratará en sesión ordinaria un proyecto que abarca esta problemática.
La normativa -impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por la diputada María del Pilar Ramírez, en proyectos separados y posteriormente unificados- propone una reforma clave al Código Contravencional que endurece las penalidades contra este tipo de prestación ilegal de servicios. De esta manera, la medida marca una acción concreta en la política oficial: busca frenar la proliferación de esta actividad y responde a las reiteradas denuncias de vecinos y automovilistas por intimidación y apropiación del espacio público.
El cambio, que modifica los artículos 91 y 92 de la Ley N° 1.472, introduce una escala sancionatoria mucho más rigurosa. El texto explica que el esquema de penalizaciones vigente era insuficiente: la baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia barrial. Ahora, el nuevo texto distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.
La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa: los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados de hecho por quienes ejercen el rol de cuidacoches.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el reconocimiento de esquemas organizados en torno a eventos masivos y grandes parques. Según la Comisión de Justicia de la Legislatura, “la experiencia en espectáculos deportivos o recitales evidencia coordinación y distribución territorial, ameritando sanciones más severas, con diferenciación clara entre el infractor individual y quienes fomentan la actividad en grupo”.
Penalidades agravadas y restricciones de acercamiento
El nuevo artículo 91 establece que ofrecer o prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización será penado con diez a treinta días de arresto, trabajos de utilidad pública de veinte a cuarenta y cinco días o multas que pueden llegar a 7.000 unidades fijas. Es decir, la infracción puede ascender hasta los $6.649.930.
Como novedad, se añade la posibilidad de que el magistrado aplique la «prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía» al lugar, restricciones ya utilizadas en delitos vinculados a violencia. Esto es que el infractor no puede concurrir o acercarse a la zona donde realizó el delito.
El texto suma agravantes: en situaciones donde haya intimidación, persistencia, desigualdad de género o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor o del entorno, la pena se duplicará automáticamente, siempre que el hecho no constituya delito penal.
Frente a la existencia de organización, las sanciones se endurecen todavía más. Los organizadores, jefes y coordinadores podrán recibir hasta sesenta días de arresto y se habilita la inhabilitación para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales por hasta dos años.
Eventos masivos y responsabilidad institucional
El artículo 92 eleva el nivel de rigurosidad cuando estas contravenciones suceden en torno a grandes espacios o durante eventos masivos, como partidos de fútbol o recitales. En esos casos, si la prestación ilegal ocurre en un radio de hasta cincuenta cuadras y entre las seis horas previas y las tres siguientes a la finalización del evento, la sanción escalará de 15 a 50 días de arresto para los partícipes y entre 45 y 60 días para quienes tengan roles en dicha organización.
Además, el nuevo marco dispone que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, junto con otros organismos, podrá instalar oficinas móviles en los alrededores de los eventos para recepcionar denuncias de los perjudicados.
La ley incorpora una cláusula inédita destinada a clubes y organizadores: si se prueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institución o entidad organizadora en la actividad ilegal, esa entidad será sancionada con multas de hasta 20.000 unidades fijas ($18.999.800) y clausura de instalaciones por un período de 30 a 90 días.
Ambos artículos reformados prevén la obligación de que el juez interviniente ponga en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo que en el futuro lo reemplace. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.
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