El presidente Javier Milei afirmó este martes que el dato de la inflación de marzo “es malo”. El nuevo valor mensual del índice de precios fue de 3,4%, lo que significa que lleva diez meses sin bajar. El mandatario aseguró que iba a brindar explicaciones al respecto esta tarde en su exposición del summit de Amcham.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, publicó en su cuenta de la red social X. Debajo, dejó una posdata: “Hoy explicaré en AmCham”.

Esta tarde Milei se presentó en el summit con el nuevo dato de inflación y en medio de la fuerte polémica alrededor de los viajes y propiedades de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien lo acompañó en la jornada.

Además, se cumple justo un año desde que la gestión libertaria decidió salir del cepo al dólar, uno de los hitos más importantes de su administración en términos económicos. Sin embargo, la celebración de la medida duró poco luego de que se conociera el nuevo valor inflacionario.

El índice de precios de marzo volvió a acelerarse y el 3,4% es el valor más alto de lo que va en 2026. En el primer trimestre acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto.

Además, el incremento interanual llegó a 32,6% y la suba de precios fue la más alta en un año, desde marzo de 2025, que fue de 3,7%. El dato fue mayor al esperado por el mercado (3%), pero además se aceleró una décima la inflación núcleo (3,2%).

El pasado 24 de marzo, Milei había admitido que experimentó “contratiempos” para bajar la inflación. Fue luego de que un usuario de X le consultara por los valores a esperar los próximos meses. “Presiii, la inflación 0 para agosto y la proyección anual 2026 sigue siendo 15-17%?”, cuestionó.

El titular del Ejecutivo no tardó en contestar. “Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad…”, expresó.

El ministro de Economía usó su cuenta de X para brindar explicaciones sobre el número elevado de marzo y el hecho de que el IPC no baje hace diez meses. Para comenzar, señaló que hubo una “fuerte desaceleración” de la Canasta Básica Alimentaria. “Pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo”, describió.

Luego, mencionó la guerra en Medio Oriente, que causó un “impacto significativo” tanto en la Argentina como en otros países. “Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”, sumó.

El conflicto bélico causó una crisis en los mercados occidentales, además de un encarecimiento de la energía debido al bloqueo de Irán al estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para la exportación de petróleo.

Caputo continuó sobre la inflación núcleo que, excluyendo carnes, se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero. “Esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable”, detalló.

Y agregó: “Entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y de 22% en transporte interurbano”. En paralelo, dijo que el capítulo de Educación registró una suba mensual de 12,1%, la más baja de los últimos ocho años para marzo.

“La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”, concluyó.

Antes de que se conociera el nuevo valor, Caputo había advertido que podía haber una suba, pero había intentado dar un mensaje esperanzador para el futuro. “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”, había señalado.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense dejó firme un fallo que considera que los repartidores de Rappi tienen un vínculo laboral con la empresa de mensajería y ratifica la aplicación de una multa millonaria.

El máximo tribunal bonaerense rechazó los recursos de la empresa y dejó firme la sanción económica de más de 16 millones de pesos.

Esta decisión judicial puede ser recurrida por razones constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso extraordinario o un recurso de queja, eventualmente.

La Suprema Corte bonaerense no se pronunció sobre la naturaleza de la relación laboral, sino que rechazó los recursos de la empresa por falta de fundamentación adecuada, con lo que dejó firme el fallo anterior de un tribunal laboral platense donde se reconoció la relación laboral.

La sentencia definitiva, que contó con el voto unánime de los jueces Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria y Sergio Torres, de la Suprema Corte provincial, y con el voto de la jueza ad hoc María Florencia Budiño, de la Casación bonaerense, para completar la integración.

En el caso intervino el Ministerio de Trabajo provincial, que determinó que la compañía tecnológica evadía obligaciones laborales al no registrar a las personas que operan como repartidores a través de su aplicación.

La nueva ley de modernización laboral considera que los trabajadores de plataformas no tienen una relación de dependencia con las empresas. Pero la aplicación de esta ley fue suspendida por fallos judiciales.

De todos modos, este caso de Rappi que resolvió la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires es anterior a la vigencia de la nueva ley de modernización laboral.

El origen del conflicto se remonta al momento en que la autoridad administrativa del trabajo provincial llevó a cabo inspecciones para verificar las condiciones de los repartidores.

Tras estos relevamientos en la vía pública, el Estado intimó a Rappi a presentar la documentación laboral exigida legalmente en la sede de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo ubicada en la ciudad de La Plata.

A pesar de haberse presentado en el expediente y constituir un domicilio inicial en esa ciudad, la empresa no puso a disposición de los funcionarios esos documentos, lo que derivó en que el Ministerio de Trabajo bonaerense le labrara un acta de infracción y ordenara el auto de apertura de un sumario.

Durante el transcurso de ese sumario, Rappi realizó un nuevo descargo y constituyó un domicilio legal distinto en San Isidro, pero terminó con los plazos probatorios vencidos sin haber producido las pruebas.

Ante la preclusión del período probatorio y el cierre de la investigación, el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la resolución 1858/21.

A través de esta medida, “se le impuso a la compañía multinacional una severa multa de $16.426.800 pesos, amparada en infracciones a los artículos 52, 128 y 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, y normativas relativas a riesgos del trabajo y registro de empleo.

Ese monto corresponde al año 2021, cuando se impuso la multa.

Frente a la sanción, Rappi acudió a los estrados judiciales e interpuso un recurso de apelación, al argumentar que se habían violado sus garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio y el de propiedad.

La firma cuestionó el accionar de los inspectores, consideró que las actas administrativas debían declararse nulas por la forma en que fueron redactadas, al dar por asumida de antemano la existencia de una relación laboral.

Uno de los ejes de la defensa empresaria radicó en negar el vínculo de dependencia. La compañía sostuvo reiteradamente que los repartidores en su tarea no presentaban las notas características de una relación de trabajo, y que el Ministerio de Trabajo carecía de facultades para determinar si eran o no dependientes de la firma, pues dijo la empresa, esa es una “tarea exclusiva de los jueces”.

A su vez, Rappi tachó a la resolución administrativa de arbitraria e infundada, y exigió una morigeración o reducción de la multa al considerar que superaba los parámetros del Pacto Federal del Trabajo.

Sin embargo, el Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la apelación y confirmó lo decidido por la autoridad administrativa.

Los magistrados del tribunal argumentaron que el “Estado provincial tiene una potestad indelegable para ejercer la función de policía del trabajo”.

En respuesta a las quejas sobre los controles callejeros, el tribunal validó estas prácticas al esgrimir el convenio 81 de la OIT, y dijo que “la modalidad de inspección fue totalmente adecuada puesto que los repartidores no prestan sus servicios en ningún lugar físico propiedad de la empresa, sino directamente en la vía pública».

Los jueces laborales advirtieron que privar al ministerio de la facultad de interpretar las leyes laborales para fiscalizar o imponer infracciones generaría la “parálisis y esterilidad” absoluta de sus funciones estatales.

Ante el revés, Rappi elevó la causa mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia provincial.

Respecto a la nulidad, el máximo tribunal determinó que los argumentos de la compañía solo evidenciaban una disconformidad por supuestos errores de juzgamiento, lo cual es ajeno a un recurso extraordinario de nulidad.

El juez Soria habló de una falencia técnica de los abogados de Rappi. Indicó que en lugar de desarrollar una crítica razonada de la sentencia del tribunal de La Plata, la firma se limitó a transcribir extensamente y reiterar los mismos planteos que ya había presentado en etapas previas.

Esta técnica de transcripción fue insuficiente para revertir los argumentos del tribunal del trabajo platense, dijeron los magistrados, que no se pronunciaron sobre la naturaleza de la relación laboral, sino que rechazaon los recursos de la empresa por falta de fundamentación adecuada.

No obstante, quedó firme el fallo anterior que señalaba que la prestación de los servicios de reparto estaba probada y que para el Tribunal Laboral N°2 de La Plata revisten una relación laboral.

Finalmente, la Corte descartó cualquier posibilidad de reducir la multa de 16,4 millones de pesos. Avaló el cálculo administrativo basado en el Pacto Federal del Trabajo, el cual ponderó cinco incumplimientos de carácter “muy grave” sobre un total de 75 trabajadores afectados, y ató los valores a porcentajes del salario mínimo, vital y móvil.