POLITICA
El RENAR autorizó la destrucción de más de 13 mil chalecos antibalas vencidos: todavía hay 300 mil en depósitos de todo el país

El Registro Nacional de Armas (RENAR) autorizó la destrucción completa de 13.446 chalecos antibalas vencidos de la Policía de la provincia de Santa Fe, un procedimiento que, según los expedientes generados por el propio organismo, constituye el primero de este tipo que se concreta entre todas las fuerzas de seguridad del país.
La medida expone un problema que el Estado arrastra desde hace más de una década: la acumulación, sin destrucción efectiva, de entre 300.000 y 500.000 chalecos vencidos en depósitos de organismos públicos de toda la Argentina.
La cifra no es arbitraria. Es el cálculo estimativo que circula en el organismo a cargo de Jua Pablo Allan. El número exacto de chalecos en esas condiciones, y que se acumulan en depósitos de los organismos de seguridad se desconoce porque no todas las fuerzas y agencias de seguridad privada lo han reportado ante el organismo regulador.
Parte de ese material dado de baja ya fue hallado en circuitos ilegales, en manos de organizaciones criminales.

Una deuda regulatoria de casi una década
El RENAR, que hasta julio de 2025 se llamaba Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), tiene la potestad exclusiva y excluyente en todo el territorio nacional para autorizar y fiscalizar la destrucción de materiales controlados, conforme lo establece el artículo 5° inciso 3° de la Ley 27.192, sancionada el 22 de octubre de 2015. Sin embargo, durante más de nueve años esa función no se reglamentó de manera efectiva, según indicaron fuentes del organismo a Infobae.
Los chalecos antibalas que utilizan las fuerzas de seguridad tienen una duración certificada de cinco años, plazo fijado por el RENAR y garantizado por los propios fabricantes. Cumplido ese período, las unidades deben retirarse porque ya no puede asegurarse el nivel de protección original, aunque en buena parte de las fuerzas esa baja efectiva no llega a concretarse. Una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizada en 2024 cuando Patricia Bullrich encabezaba la cartera, detectó que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina sumaban 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, el 64% del total.

Hasta ahora no existía una norma que permitía a los legítimos usuarios, como las jurisdicciones de las que dependen las fuerzas de seguridad de todo el país tramitar la destrucción de los denominados material de usos especiales (M.U.E), como Chalecos antibalas y otras protecciones corporales; Cascos antibalas y, entre otros transparente antibalas. Por esa razón, se acumulaban cientos de miles de estos materiales en galpones y depósitos que, muchas veces, por no estar bien resguardados, terminaban en manos de los delincuentes.
También se creó un registro especial para las plantas para destrucción de M.U.Es. Estas deben cumplir una serie de requisitos y estar habilitadas y supervisadas por el RENAR y deben utilizar alguno/s de los siguientes métodos:
A. Corte: las tiras resultantes del mismo no podrán ser mayores a 10 cm de ancho por el largo del M.U.Es. para los opacos, transparentes, placas para incrementar nivel en chalecos antibalas y cascos. Respecto de los chalecos antibalas se podrán cortar los paneles balísticos y fundas por la mitad.
B. Deshilado: se debe garantizar que la totalidad del panel sometido a este proceso quede en forma de vellón o hilos separados de su confección original.
C. Triturado: el residuo resultante no debe superar los 25 cm2.
D. Fundición: La totalidad del material sometido a este proceso debe quedar disuelto.
E. En caso de proponer otro método el mismo debe ser superador a los anteriores, adecuado a la normativa vigente respecto del medio ambiente y será evaluado por el área técnica competente para su aprobación.
En todos los casos se deberá garantizar que las etiquetas identificatorias del M.U.E. queden destruidas.
El proceso de destrucción de M.U.Es. deberá contar con el aval de un profesional independiente habilitado por los organismos de protección ambiental competentes, que certifique que el mismo se realizará para proceder a la disposición final de los materiales controlados.

Dos órdenes de destrucción que nunca se cumplieron
Antes del caso santafesino, el organismo había dispuesto otras dos destrucciones que quedaron truncas. En 2021, la disposición DI-2021-59-APN-ANMAC#MJ ordenó eliminar 3.446 chalecos defectuosos elaborados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Un año después, la disposición DI-2022-129-APN-DNAAJYM#ANMAC alcanzó a un nuevo lote, esta vez de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos las órdenes no llegaron a ejecutarse porque el país no contaba con la capacidad tecnológica necesaria.
El faltante de equipamiento en condiciones no se limita a las fuerzas federales. La Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados; la provincia de Córdoba incorporó 17.000 unidades nuevas ante un faltante operativo y Entre Ríos repuso 1.300 después de admitir que la mayoría de los chalecos en uso ya había cumplido su vida útil. El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció en septiembre de 2024 que, hasta el 10 de diciembre de 2023, “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la incorporación de 19.700 unidades nuevas para las fuerzas federales.
El marco legal que finalmente reglamentó la destrucción
El primer paso normativo lo dio la entonces ANMAC con la Resolución 135/2019, publicada en el Boletín Oficial el 6 de agosto de 2019, que creó el Registro de Plantas de Disposición Final de Chalecos Antibalas y exigió que solo pudieran inscribirse en él empresas con tecnología adecuada y experiencia comprobable en la fabricación de estos materiales.
El propio texto reconoció que, hasta ese momento, los usuarios legítimos debían acumular chalecos vencidos sin poder destruirlos, lo que generaba “un perjuicio al tenedor legítimo” y aumentaba “el riesgo potencial de sustracción debido a la acumulación de tales elementos”.
Cinco años más tarde, la Resolución 145/2024 reglamentó los métodos técnicos admitidos para la destrucción: corte, deshilado, triturado y fundición, todos orientados a impedir la reutilización de paneles, etiquetas y fundas, con la obligación de garantizar la trazabilidad del proceso mediante un certificado final.
La norma habilitó, además, un registro único de Usuarios Comerciales (UCOM) en el que hoy figuran inscriptas diez firmas y organismos: Metalúrgica Oliva Hnos. SA, Interservit SRL y FC Group SRL, las tres con sede en la provincia de Buenos Aires; ASP Blindaje SA, radicada en Entre Ríos; Tecnología Antibalas SA, también en Buenos Aires; Flash Importaciones SRL, igualmente bonaerense; Indram SA, única inscripta en San Juan; y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su Facultad Regional Buenos Aires, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Trece expedientes para completar el lote de Santa Fe
La autorización para destruir los chalecos de la Policía de Santa Fe se construyó a partir de trece expedientes electrónicos caratulados por la Dirección Nacional de Registro y Delegaciones del RENAR bajo la sigla ANMAC, identificados entre el EX-2026-72238301 y el EX-2026-72959824. Once de esos trámites corresponden a notas sucesivas, de la primera a la undécima, sobre la destrucción del lote original, mientras que los dos últimos formalizan una ampliación del 20% sobre el volumen inicial. La sucesión de notas remitidas en un lapso breve, todas caratuladas bajo la fórmula genérica “destrucción de chalecos de protección balística”, da cuenta de un trámite fragmentado en tandas hasta completar el total de 13.446 unidades.

Chalecos vencidos en manos de bandas criminales
La acumulación de chalecos antibalas vencidos sin destrucción efectiva ya derivó en episodios de sustracción documentados en causas judiciales. En febrero de 2026, el armero de una banda de sicarios conocido como “El Negro Juan” fue detenido en Córdoba con un chaleco antibalas de la Policía provincial, una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.
Especialistas consultados por Infobae advirtieron que los paneles balísticos conservan parte de sus propiedades protectoras después del vencimiento, por lo que pueden reutilizarse o emplearse de manera clandestina para fabricar nuevos paneles, blindajes, escudos o chalecos si no son destruidos con el método adecuado.
Qué dijeron desde el RENAR
Consultado por Infobae, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva lo explicaron así: “Al inicio de la actual gestión se le encomendó al Director Ejecutivo del RENAR, Juan Pablo Allan, resolver un problema de décadas, la destrucción de chalecos antibalas vencidos. De acuerdo con la ley 27.192 (Ley de Creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados – ANMaC), art. 5º inc. 3º son funciones y atribuciones de dicho organismo, con carácter exclusivo y excluyente, la destrucción de materiales controlados, entre los que se encuentran los chalecos antibalas. En los más de 9 años que habían transcurrido desde su publicación en el Boletín Oficial (22/10/15) no se había regulado la destrucción de materiales de usos controlados, lo que generó una acumulación especialmente de chalecos antibalas vencidos del orden de entre los 300.000 a 500.000 (parámetros estimados por falta de información consolidada de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, policías y usuarios comerciales, que se fueron acumulando). Es importante destacar que el único organismo que puede autorizar y fiscalizar la destrucción de materiales de usos especiales es el RENAR”.
Desde la cartera de Seguridad también se recordó que: “Finalmente, en octubre de 2024 se sancionó la Resolución 145/2024 de la entonces ANMAC, hoy RENAR, que regula todo lo vinculado con la destrucción de chalecos antibalas y demás materiales controlados como cascos, placas balísticas, etc. A raíz del dictado de la misma, han iniciado trámites para la autorización de destrucción de chalecos antibalas la Policía de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Pilar y tres usuarios colectivos (agencias de seguridad), y para la destrucción de vehículos blindados han iniciado trámite el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y un usuario colectivo”.

La posición bonaerense
Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, confirmaron a este medio la magnitud del stock acumulado en la jurisdicción que concentra la mayor cantidad de efectivos policiales del país y el inicio de un proceso propio de destrucción. La respuesta textual fue la siguiente:
“El Ministerio de Seguridad posee 207.000 chalecos anti balas vencidos en situación de guarda desde el año 2015, hasta la fecha. El RENAR estableció normas y habilito empresas para la destrucción de chalecos, las cuales se encuentran descriptas en las normativas del RENAR que describe el procedimiento y las entidades autorizadas a la disposición final de chalecos antibalas vencidos”.
Los funcionarios de Axel Kicillof consultados por este medio precisaron que: “El Ministerio de Seguridad firmó un convenio con la UTN, para la destrucción progresiva de los chalecos vencidos generando un hito en la historia de la gestión de rezagos de materiales especiales controlado”. Y adelantaron que “el proceso administrativo y operativo se inició el 2 de agosto de 2026 y se va a extender hasta la destrucción del último material controlado”.

La cartera de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Horacio Alberto Giménez, ofreció su lectura sobre el proceso en su jurisdicción. Según explicaron a Infobae: “Los chalecos antibalas vencidos en la Ciudad se encuentran a resguardo en depósitos policiales, por lo que hoy no es una prioridad iniciar ese proceso. En la Ciudad no hay chalecos vencidos en circulación en la calle”. No se informó el número de chalecos vencidos y dónde están depositados por “una cuestión de seguridad”. También dijeron que cada chaleco tiene un número único para “seguir la trazabilidad”.
Una de las empresas habilitadas por el RENAR para la destrucción del material de usos especiales se hará cargo de la destrucción de los chalecos antibalas de la provincia de Santa Fe.
Con la normativa vigente, la capacidad técnica instalada y el precedente de Santa Fe en marcha, la eliminación de los stocks acumulados en fuerzas federales, provinciales y municipales queda condicionada a que cada jurisdicción inicie su propio trámite ante el RENAR, organismo que mantiene la potestad exclusiva y excluyente en todo el territorio nacional para autorizar y fiscalizar este tipo de procedimientos.
Fuentes de la cartera de Seguridad de la Nación consultadas por Infobae remarcaron que una política de seguridad resulta efectiva cuando contempla ese ciclo completo. Según indicaron, un gobierno que adquiere chalecos de alta calidad, pero no planifica su descarte y destrucción segura deja el trabajo a medias: “Acumula material que se degrada, incurre en costos de almacenamiento, aumenta el riesgo de desvíos y contribuye, de manera involuntaria, a alimentar circuitos delictivos”.
POLITICA
Gobernadores de buen vínculo con la Rosada preparan una “tercera posición” para competir con Milei y el PJ

Lo que están pensando y conversando un grupo amplio de gobernadores es la formulación de una tercera posición dentro del escenario político del 2027. Ni Javier Milei, ni el peronismo, que hoy tiene como principal, y potencial, expresión electoral a Axel Kicillof. Tampoco un outsider. La política pura pero con el sello distintivo de la experiencia de gestión y la identidad federal.
En esa comunicación cruzada, con matices informales, pero que se mantiene en el tiempo, están entrelazados los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Algunos más cercanos que otros a la Casa Rosada o al PJ. Todos ejercitados en hacer equilibrio sin principio ni final.
En las conversaciones de esos mandatarios aparece una idea concreta. Ven un espacio en el medio de la polarización que nadie está ocupando. “Ni este presente intolerante, ni la vuelta al pasado con los K”, suele decir uno de ellos. Ese lugar adónde quieren desembarcar las figuras denominadas outsiders, el punto intermedio que los extremos no pueden cautivar y que, en todas las elecciones ejecutivas, es el que termina inclinando la balanza hacia un costado o hacia el otro.
Algunos de ellos empezaron a fijar reglas básicas en la discusión sobre cómo armar un esquema federal. La principal es que no haya un candidato a presidente puesto. Que no se arme un esquema para sostener a una figura, sino que se edifique un programa político que el mejor posicionado pueda representar en la contienda electoral.

De esas conversaciones surgen varias incógnitas hacia adelante. Una de las más importantes es cómo se vincularán con el Gobierno desde ahora hasta el momento de los comicios nacionales. Sobre todo porque algunos de ellos coquetean con la posibilidad de algún tipo de acuerdo electoral en sus provincias. La gran mayoría de las elecciones provinciales serán desdobladas de la elección nacional y estarán disociadas de la discusión de cúpula en el camino a las presidenciales.
En el corazón de ese grupo hay gobernadores que repiten un objetivo que deben cumplir a rajatabla: “No podemos hacer lo mismo que lo que hicieron en Provincias Unidas, donde pusieron por delante las candidaturas antes que el armado”. La alternativa política fundada el año pasado para las elecciones legislativas no tuvo los resultados esperados, ni logró alcanzar la representatividad que se proponían a nivel nacional.
Algunos de ellos consideran que hubo un error de base en la construcción federal que los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) – actual legislador provincial -, Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) – que está en el círculo nuevo de las conversaciones – intentaron llevar adelante, que fue la edificación de un proyecto político apoyado exclusivamente sobre los nombres propios y sin articulación necesaria en las bases para afrontar un proceso electoral.
“Queremos plantear una Argentina más tolerante que la actual, con un programa de gobierno que dé confianza al inversor y que proponga políticas públicas que se puedan sostener en el tiempo”, fue la reflexión de uno de los integrantes del círculo de mandatarios, que agregó: “Milei puso el RIGI y ahora Kicillof dice que si gana lo va a eliminar. Necesitamos continuidad de las políticas”. En ese sentido, ven que hay políticas del gobierno libertario que deben tener una continuidad y otras que se deben discutir o cambiar. Ese equilibrio que buscan es lo que despierta la desconfianza en el peronismo desde hace tiempo.
Entienden que el gobierno libertario no ha podido generar confianza en los inversores extranjeros porque los motores de la microeconomía no funcionan. La baja sustancial del consumo, la caída de la actividad económica y el crecimiento de la informalidad laboral son señales que, según consideran, terminan limitando cualquier inversión real en algunas de las provincias. La decisión de armar un espacio nuevo está asociada al descontento que les produce la política oficial, pese a la buena relación que sostienen, y las ideas que identifican al kirchnerismo, al que siguen poniendo en el vértice de la propuesta electoral del PJ.

Entre los gobernadores cuestionan el alto grado de intolerancia del presidente Milei, además del incumplimiento de algunas promesas de gestión. Reprueban la agresividad de muchas de sus apreciaciones y el descuido sobre la microeconomía, que les ha traído muchos problemas en sus provincias, donde la caída de la recaudación fue abrupta y el consumo, tres años después del comienzo de la gestión libertaria, no logra recuperarse.
Durante su gira por Estados Unidos, Milei dejó una frase que repiqueteó entre los mandatarios provinciales. “Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”, aseguró el Presidente en New York. Uno de los mandatarios que está inmiscuido en el armado de la nueva propuesta, reaccionó con preocupación: “El Presidente habla del 2028, pero si esto no se acomoda en diciembre, va a ser complicado lo que venga para adelante”.
Dentro del esquema nuevo hay algunos que tienen vinculación directa con el PJ. La propuesta que están ideando tiene una impronta peronista y un límite muy claro: el kirchnerismo. “Hay que volver a las banderas clásicas del justicialismo. Más movilidad y justicia social, menos planes sociales y subsidios”, aseguró uno de los armadores.
El anclaje que tiene el esquema en formación es la hipótesis de que la mayor parte del electorado nacional no está dispuesto a votar al peronismo, ni tolera más a La Libertad Avanza (LLA). Hay gobernadores que creen que si el candidato es Kicillof, va a haber gente que, pensando en que puede ser un mal menor, está dispuesta a apostar por la continuidad de Milei. En ese escenario hipotético, es donde ingresa la propuesta de ellos como un eventual camino del medio. Una definición que pretenden evitar porque está vinculada a intentos fallidos del pasado reciente.

Sin embargo, pese al rechazo con el ala kirchnerista del PJ, una de las opciones que dan vueltas por esas conversaciones es la posibilidad de competir en una interna con el peronismo que está contenido en Fuerza Patria. La proyección no tiene demasiado sostén, debido a que muchos de ellos están dispuestos a acompañar la eliminación o la suspensión de las PASO en el Congreso que pretende el Gobierno, lo que saca del camino una herramienta clave para resolver diferencias en el polo opositor y, especialmente, en el peronismo.
Es por eso que la semana pasada Máximo Kirchner, Jorge “Coqui” Capitanich, Ricardo Quintela y Sergio Uñac empezaron a delinear cómo podría organizarse una interna en la coalición justicialista para poder ordenar las distintas vertientes y resolver la candidatura del PJ. Si las PASO se caen, como creen muchos dentro del peronismo, la única opción para que los gobernadores compitan contra una alternativa opositora es una interna abierta. Una competencia que para algunos dirigentes es posible organizar.
Una de las particularidades del grupo de gobernadores es que tienen diálogo abierto con la Casa Rosada y con algunos referentes del peronismo nacional como Axel Kicillof o Sergio Massa, o con ex gobernadores de peso en el interior como el santiagueño Gerardo Zamora. Juegan al equilibrio. Muchos de ellos están concentrados en sus provincias. Algunos con la vocación de renovar mandatos, otros con la idea de apoyar una sucesión. Lo primordial es mantener el control de sus distritos pero, en paralelo, tienen intenciones de dar algunas señales en el corto plazo respecto a la construcción de una alternativa a nivel país.
Las conversaciones por el objetivo nacional están activas y existe una voluntad de aportar al crecimiento de una tercera posición. Los hechos de la realidad serán los que marquen si el proyecto, finalmente, es viable, y si puede crecer conteniendo a todos los gobernadores que están inmiscuidos en las charlas informales. La mayoría de los encuestadores del país suelen hablar de un escenario de tercios en la Argentina. Con ese mapa por delante aparece la voluntad de la iniciativa y la seguridad de que puede haber una masa del electorado dispuesta a romper la grieta.
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POLITICA
Los límites del respaldo de Trump a Milei, el regreso de Macri y la nueva pelea entre Kicillof y Massa por 2027

El reclamo por Malvinas en la ONU. La respuesta de Londres. Préstamos para financiar infraestructura por US$7000 millones. Elogios de Donald Trump y la reunión con Benjamin Netanyahu. Javier Milei protagonizó una semana política intensa. Luces que contrastan con varios datos económicos: la suba de los salarios, pero el alza del riesgo país, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad económica.
Milei se siente cómodo en la agenda internacional. Esta semana pasó por Nueva York. En pocos días llegará a París.
Milei reivindicó ante la ONU la soberanía argentina sobre las Malvinas. Nunca un presidente argentino lo hizo con tanto énfasis. Había puesto en agenda el tema hace un mes y no dejó de escalarlo. El reclamo es legítimo. Pero el Reino Unido ya contestó que no tiene dudas sobre su propia soberanía en el archipiélago. Es un territorio de ultramar, aclaró un comunicado.
Si el objetivo del Gobierno es que el Reino Unido se siente a la mesa de negociaciones, como lo reclamó hace décadas el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, o si, al menos, lo que buscase la Argentina es abrir conversaciones para que las empresas locales participen en la explotación petrolera offshore de Sea Lion, lo cierto es que el Reino Unido dio un portazo seco a cualquier conversación.
Poco se sabe de la charla reservada que mantuvo el premier inglés, Andy Burnham, con Trump. Cuando terminó esa bilateral, fue el líder británico el que mencionó el tema del archipiélago. Y el comunicado oficial posterior, mediante el cual Gran Bretaña salió a responder a Milei, fue contundente. ¿Se sintió Burnham respaldado por Trump para salir de esa manera? No se sabe. Pero el mundo está en transición y todo es incierto.
Vivimos en una época en la que la diplomacia (el reclamo argentino es pacífico y sigue ese camino) es importante; pero más lo son las relaciones personales de los grandes líderes mundiales. Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reparten esferas de influencia. ¿Será suficiente el interés que pueda tener Trump en los recursos naturales argentinos para justificar que fuerce al Reino Unido a devolver el archipiélago a nuestro país o, por el contrario, la prioridad estará puesta en un mapa geopolítico mucho más grande, donde también juegan China y Rusia? ¿Por qué resultaría más confiable la pendular Argentina que el Reino Unido, que, con sus más y sus menos, está en la OTAN?
El logro más concreto que obtuvo Milei en Nueva York fue el anuncio que hizo Estados Unidos de una línea de financiamiento por US$7000 millones para diversos proyectos, monto del cual Argentina LNG (YPF-ENI-Adnoc) se beneficiará. El objetivo es crear infraestructura (rutas, puertos, ferrocarriles, comunicación digital) para garantizar la salida al Atlántico de los recursos naturales que necesita Estados Unidos. Contado desde el otro lado de la Luna: evitar que China avance sobre nuestros recursos naturales.
Axel Kicillof, Sergio Massa y Javier Milei
Axel Kicillof aprovechó la alta visibilidad que daba Nueva York esta semana para mantener una agenda contraria a la de Milei. El Presidente elogia la ortodoxia económica y la apertura; Kicillof denuncia primarización de la economía y entrega de recursos. Además, se reunió con el alcalde de esa ciudad, Zohran Mamdani.
La semana anterior se largó en el conurbano como candidato para 2027. Esta semana buscó mostrarse como presidenciable. Su discurso, durante esos días, fue exactamente el inverso al del Gobierno y aseguró en NY que la economía es una catástrofe.
Milei lo culpó por el alza del riesgo país y lo insultó. El Presidente reaccionó molesto por la explicación que dio Kicillof sobre el riesgo país: el gobernador les había dicho a los inversores que lo escuchaban que la suba del riesgo es consecuencia del temor de que la Argentina no pueda enfrentar los vencimientos en 2027. Kicillof considera que en Estados Unidos hay una visión muy naif y benevolente sobre el funcionamiento del modelo que impulsa Milei. Entiende que las virtudes teóricas de la ortodoxia económica no condicen con lo que ocurre en la calle y cree que los banqueros no perciben esa diferencia.
POLITICA
La Justicia de Formosa condenó a cuatro periodistas por una cobertura en una comunidad originaria

El Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Formosa, condenó a cinco días de arresto a cuatro integrantes del equipo periodístico del diario La Nación que realizaron una cobertura en la Comunidad San José, una comunidad originaria nivaclé. La pena puede sustituirse por una multa de $282.550 para cada uno de los condenados. La resolución lleva el número 351/2026 y está firmada por el juez Omar Padilla.
Los condenados son la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. El magistrado los consideró responsables de una infracción al artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, referido al inicio de actividades sin cumplir requisitos previos.
El episodio que originó la causa ocurrió en septiembre de 2025, cuando el equipo realizaba informes sobre comunidades originarias para el programa Hambre de Futuro. El 15 de septiembre, los periodistas llegaron a Las Lomitas para visitar las comunidades nivaclé de San José y El Algarrobal, junto con integrantes de la Asociación para la Promoción de la Cultura y del Desarrollo (APCD). Durante la jornada realizaron entrevistas y filmaciones en San José.
Según la reconstrucción publicada sobre el caso, el equipo mantuvo encuentros con Guillermo López, cacique de la comunidad, su mujer, su hija y su nieta. López participó de las entrevistas que luego formaron parte del documental sobre la situación del pueblo nivaclé.
La denuncia que derivó en la causa se presentó el 19 de septiembre de 2025. Los periodistas fueron acusados de alterar el orden público y de no retirarse de la comunidad cuando se les solicitó. Los integrantes del equipo negaron esa situación y señalaron que contaban con autorización para realizar la cobertura.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sostuvo que durante aquella cobertura se produjeron seguimientos mediante vehículos sin identificar, vigilancia, una interceptación policial en rutas y la retención durante dos horas de los trabajadores de prensa. La organización también señaló que la denuncia fue realizada a nombre del cacique Guillermo López, quien posteriormente negó haber promovido la acusación y afirmó que agentes policiales lo trasladaron para firmar un escrito cuyo contenido desconocía.
FOPEA cuestionó especialmente que la Justicia provincial aplicara el artículo 73 del Código de Faltas y utilizara, entre otros argumentos, la falta de acreditación en el lugar de la matrícula profesional o de vínculos laborales locales, en referencia a la Ley 12.908. La organización sostuvo que “para ejercer el periodismo no es imperativo uso de un carnet en ningún lugar del país”.
La entidad también remarcó que el juzgado absolvió a los cuatro periodistas de la acusación vinculada con el artículo 77 inciso “a”, referida a provocaciones o gritos, por falta de certezas. Sin embargo, mantuvo la pena de arresto efectivo y la imposibilidad de acceder a su cumplimiento condicional por residir fuera de la provincia.
En su comunicado, FOPEA sostuvo que la resolución “convalida los atropellos y amedrentamientos policiales” denunciados durante la cobertura y cuestionó que una situación vinculada con el trabajo periodístico derivara en una sanción contravencional.
La organización advirtió además que el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa no puede quedar condicionado por exigencias administrativas o matriculares utilizadas como barreras para realizar una cobertura. También señaló que la utilización de este tipo de normas para sancionar a periodistas por su tarea genera un efecto inhibitorio sobre quienes investigan e informan acerca de asuntos de interés público.
FOPEA pidió a los poderes públicos garantizar el libre ejercicio del periodismo y el cese de mecanismos de amedrentamiento o criminalización de la labor de la prensa.
Omar Padilla,juez
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