INTERNACIONAL
El Salvador y los compromisos pendientes en el acuerdo con el FMI
El Gobierno de El Salvador tiene hasta 2027 para presentar la reforma previsional que debía entregar en febrero de 2026, según explicó el economista César Villalona en una entrevista con YSUCA.
El analista afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptó postergar ese compromiso dentro del acuerdo de financiamiento vigente.
Villalona indicó que el acuerdo tiene una duración de 40 meses. Según expuso, comenzó en enero de 2025, tras firmarse a finales de 2024, y concluiría en abril de 2028. El programa incluye compromisos sobre finanzas públicas, transparencia, anticorrupción, reservas monetarias, pensiones y bitcoin.
La prórroga para presentar la reforma ocurre mientras continúa el uso de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para cubrir compromisos previsionales, según el análisis planteado por Villalona.
El economista citó un estudio actuarial publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), que, de acuerdo con su exposición, alertó que 73% de los recursos administrados por las AFP estaba colocado en deuda estatal.
Villalona señaló que el estudio advertía un posible agotamiento de las cuentas individuales en 2026 y que la cuenta de garantía solidaria podría enfrentar problemas entre 2027 y 2028.
El economista afirmó que el Estado toma recursos de las AFP para cubrir complementos para pensiones mínimas y pagos a jubilados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
No obstante, sostuvo que los retiros superan los recursos requeridos para esas obligaciones. Según su planteamiento, en algunos meses los fondos previsionales habrían financiado otras necesidades estatales. Como ejemplo, afirmó que en enero el Estado habría tomado más de USD 100 millones de las AFP, pese a que los retiros mensuales rondarían USD 47 millones.
El ajuste fiscal que plantea el FMI
Además de la reforma de pensiones, Villalona afirmó que el FMI exige un ajuste fiscal para elevar el balance primario del Estado. Explicó que este indicador compara los ingresos con los gastos, sin incluir los intereses de la deuda. Según el economista, el Fondo busca que el balance primario alcance 3.7% del Producto interno Bruto (PIB), un nivel que, aseguró, El Salvador no ha alcanzado.
Villalona indicó que el balance primario fue de 0.04% del PIB en 2024, llegó a 1.9% en 2025 y rondaría 1.4% en 2026. A su juicio, el resultado previsto para este año sigue lejos de la meta planteada por el Fondo, por lo que un ajuste de esa magnitud implicaría nuevos recortes de gasto. Mencionó subsidios, empleo público y servicios sociales entre los rubros que podrían sufrir reducciones.
“Un ajuste de ese tipo implica recortar el gasto drásticamente para cumplir esa meta en el 2027”, afirmó Villalona durante la entrevista en YSUCA. También sostuvo que el FMI ha planteado elevar en tres puntos el impuesto al valor agregado (IVA), una medida que, según su estimación, podría generar entre USD 800 millones y USD 850 millones.
El economista afirmó que un aumento del IVA afectaría el consumo y elevaría los precios, con un efecto mayor en los hogares de menores ingresos.
Como alternativa, propuso gravar grandes patrimonios, propiedades de lujo y sectores de altos ingresos, aunque dudó que el Gobierno adopte medidas tributarias dirigidas a esos grupos.
Villalona sostuvo que las decisiones fiscales más severas podrían aplicarse después de las elecciones. También afirmó que el FMI ha tolerado la postergación de algunas medidas por su posible costo político.
Los recortes presupuestarios desde 2025
Villalona sostuvo que el Gobierno ha cumplido la parte del acuerdo vinculada con el recorte del gasto público. Según explicó, el FMI pidió reducir gastos, aumentar ingresos o combinar ambas medidas por unos USD 1,400 millones en tres años.
El economista afirmó que en 2025 se redujeron los presupuestos de 13 de los 16 ministerios y que solo recibieron aumentos las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda.
En educación, Villalona indicó que el presupuesto ejecutado equivalió a 3.2% del PIB durante 2025 y contrastó esa cifra con la meta de 4% que el presidente Nayib Bukele había mencionado en intervenciones públicas. También sostuvo que 72 escuelas cerraron ese año y que la matrícula del sistema público disminuyó en unas 8 mil personas estudiantes.
En el área de salud, Villalona señaló el cierre de 52 unidades y afirmó que hubo recortes presupuestarios en varias instituciones estatales. También dijo que más de 7 mil empleados públicos fueron despedidos entre 2025 y 2026, y mencionó al Ministerio de Salud, el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), el Hospital Rosales, el ISSS y otras dependencias.
El economista indicó que el presupuesto ejecutado en 2024 fue de USD 12,736 millones. Para julio de 2026, situó el presupuesto en USD 10,910 millones, una reducción de USD 1,826 millones, equivalente a 17%. Villalona consideró que el Gobierno podría presentar esa disminución como cumplimiento del acuerdo fiscal con el FMI.
La deuda pública y el déficit fiscal
No obstante, Villalona sostuvo que los recortes no han reducido la deuda pública. Afirmó que pasó de USD 19,908 millones al cierre de 2019 a más de USD 32 mil millones en 2024. Según el economista, la deuda pública llegó a USD 34,960 millones hasta julio de 2026 y, con nuevos retiros de fondos de pensiones en agosto, habría alcanzado USD 35 mil millones.
Villalona indicó que la deuda pública ya superaba en USD 2,823 millones el nivel de diciembre de 2024. También sostuvo que pasó de representar 76% del PIB en 2019 a 92% en 2024 y cerca de 93% en 2026. Con base en esas cifras, cuestionó la afirmación del FMI de que El Salvador corrige su desequilibrio fiscal.
Según sus datos, el déficit fiscal fue de 3.2% del PIB en 2024, aumentó a 3.5% en 2025 y rondaría 3.1% en 2026. A juicio de Villalona, el déficit previsto para este año sería similar al de 2024, mientras la deuda pública sería mayor. “La situación financiera del Gobierno está peor que en el 2024”, afirmó.
Los desembolsos del FMI y las reservas internacionales
Villalona explicó que el acuerdo contempla financiamiento por alrededor de USD 1,400 millones. Según dijo, El Salvador había recibido tres desembolsos por unos USD 370 millones.
El economista diferenció esos recursos de otros USD 500 millones previstos para fortalecer las reservas del Banco Central de Reserva y afirmó que esos fondos no son ingresos directos para el Ministerio de Hacienda.
Según explicó, los recursos destinados al BCR servirían como respaldo ante riesgos en el sector externo y una eventual falta de divisas para financiar importaciones. Villalona dijo que El Salvador depende de compras externas: 65% de las importaciones corresponde a materias primas y maquinaria, mientras el 35% restante son bienes de consumo.
El entrevistado señaló que las remesas perdieron dinamismo durante 2026. También afirmó que esa situación refuerza la necesidad de reservas para cubrir las necesidades de importación, dado que una reducción en la disponibilidad de divisas podría afectar tanto la compra de insumos para la producción como el ingreso de bienes de consumo.
Transparencia y compromisos pendientes con el FMI
Villalona afirmó que el acuerdo incluye un capítulo sobre transparencia y anticorrupción y que el Gobierno asumió siete compromisos en esa materia. Entre las obligaciones pendientes mencionó la divulgación del uso de recursos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) durante la pandemia de covid-19.
El economista cifró esos recursos en más de USD 800 millones y sostuvo que todavía no existe información pública suficiente sobre su uso.
También afirmó que el Gobierno debía divulgar los nombres de personas y empresas proveedoras del Estado, así como transparentar los refuerzos presupuestarios realizados en años anteriores.
Reconoció la aprobación de una ley anticorrupción y la divulgación patrimonial de algunos funcionarios, pero cuestionó el alcance de esas acciones y afirmó que hay datos imprecisos en la información publicada.
NEWYou can now listen to Fox News articles!
One of Saudi Arabia’s most iconic skyscrapers ordered office workers to stay home Sunday as escalating attacks by Iran-backed Houthi rebels rattled the capital of Riyadh amid fears of a widening Middle East conflict.
The move came after the Saudi-led coalition said it intercepted two drones in the Riyadh area, a third over the Eastern Province and two ballistic missiles in southern Saudi Arabia overnight, after authorities had earlier issued a threat alert in the capital, also shared on X.
Management at the 99-story Kingdom Centre, a landmark on Riyadh’s skyline, ordered office employees to work remotely until further notice, according to reporting by Agence France-Presse (AFP).
The directive affects a building whose tenants include major international financial institutions such as Merrill Lynch, consulting giant McKinsey & Company and the International Monetary Fund.
THE HOUTHIS AREN’T SOMEBODY ELSE’S PROBLEM. AMERICA CAN’T AFFORD TO LOOK AWAY
One of Saudi Arabia’s most iconic skyscrapers ordered office workers to stay home as escalating attacks by Iran-backed Houthi rebels rattled the capital of Riyadh amid fears of a widening Middle East conflict. (Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)
«Please be advised that remote working arrangements are mandatory for all office employees at Kingdom Centre, effective immediately and until further notice,» building management said in an email obtained by AFP.
Employees were instructed not to report back to their offices. The shopping mall at the base of the tower, however, remained open to the public.
Management did not specify a reason for the directive, but it came as repeated missile and drone attacks by Yemen’s Houthis disrupted the Saudi capital.
The security concerns also follow a deadly Oct. 10 attack on King Khalid International Airport that killed 13 people and wounded more than 300 others.
As previously reported by Fox News Digital, another strike the following day killed one person and injured 11.
Airport operations have been severely disrupted, while schools in Riyadh have extended remote learning measures amid continued security threats.
SAUDI ARABIA FACING ‘BIGGEST THREAT’ EVER TO OIL PRODUCTION AS IRAN-PROXY HOUTHIS LAUNCH ATTACKS, EXPERT SAYS
The Houthis also attacked Abha International Airport in Saudi Arabia. (AFPTV / AFP via Getty Images)
The mounting crisis comes as Saudi Arabia’s military reported two deaths in a helicopter crash near its southern border with Yemen.
Maj. Gen. Turki al-Maliki, spokesperson for the Saudi-led coalition, said Sunday that an AH-6i reconnaissance helicopter crashed in the Najran region because of a technical malfunction, killing both crew members.
Saudi civil defense authorities also reported Sunday that six people were injured when a hostile projectile struck a residential neighborhood in Najran, damaging three homes and three vehicles.
Meanwhile, Egypt moved toward potentially providing military assistance to Saudi Arabia as the kingdom confronts the growing Houthi threat.
Egyptian President Abdel Fattah el-Sissi requested an emergency parliamentary session to authorize defensive military support for Saudi Arabia if requested by Riyadh, Reuters reported.
Lawmakers were expected to continue discussions Monday.
NEW RISK FOR US CONSUMERS AS IRAN-BACKED ATTACKS THREATEN A SECOND MAJOR OIL CHOKEPOINT
A Houthi follower looks on, during a pro-Iran demonstration, as the U.S.-Israel conflict with Iran continues, in Sanaa, Yemen April 6, 2026. (Khaled Abdullah/Reuters)
The Egyptian presidency said Cairo was prepared to provide Saudi Arabia with necessary support to defend its security, stability, territorial integrity and Islamic holy sites.
The statement followed a meeting of Egypt’s National Defense Council chaired by el-Sissi and attended by senior government and military officials.
Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty also spoke with Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan about regional developments and the importance of de-escalation, according to a post on X.
The potential involvement of Egypt, which has one of the Arab world’s largest militaries, could significantly expand the regional response to the Houthis.
The Iran-backed group now controls Yemen’s capital, Sanaa, and much of the country’s north.
Fighting with the Saudi-led coalition, which supports Yemen’s internationally recognized government, has intensified amid the broader U.S.-Israeli conflict with Iran.
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Una abogada condenada a 12 años de prisión por estafa agravada y falsificación de documentos deberá cumplir íntegramente la pena.
Un Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la sentencia tras rechazar un pedido de anulación presentado por su defensa.
El caso lo impulsó la Fiscalía Regional de la provincia de Chiriquí, adscrita a la Procuraduría General de la Nación.
La causa se originó por la apropiación fraudulenta de una finca perteneciente a dos personas adultas mayores.
Los hechos se remontan al 2019, en la comunidad de Bongo, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. Según la investigación de la Procuraduría, la mujer usó engaños para apropiarse de un terreno que pertenecía a sus víctimas.
Un tribunal la declaró responsable de estafa agravada y falsificación de documentos, delitos vinculados a la maniobra con la que despojó del inmueble a los propietarios.
A esa pena principal se suma una sanción accesoria: la inhabilitación para ejercer la abogacía durante cinco años. Esa restricción profesional comenzará a correr una vez que la condenada cumpla la totalidad de los 12 años de cárcel.
Tras la condena, la defensa técnica de la abogada presentó una solicitud de anulación de la sentencia. El planteamiento buscaba revertir el fallo dictado en el juicio original.
Los miembros del Tribunal Superior de Apelaciones evaluaron los argumentos expuestos por ambas partes antes de resolver. Luego de ese análisis, decidieron confirmar la sentencia penal en todos sus términos, incluida la pena accesoria de inhabilitación profesional.
Con esta decisión de segunda instancia, la condena de 12 años de prisión y la inhabilitación de cinco años quedaron en firme. La mujer no podrá ejercer el derecho durante ese período posterior a su reclusión.
La Fiscalía Regional de Chiriquí fue la encargada de sostener la acusación a lo largo de todo el proceso penal. Su trabajo incluyó reunir las pruebas que sustentaron tanto el delito de estafa agravada como el de falsificación de documentos.
La Procuraduría General de la Nación destacó que la confirmación del fallo representa la culminación de esa gestión fiscal. El organismo había impulsado la investigación desde que se detectó la apropiación irregular del terreno en Bugaba.
El expediente puso el foco en la condición de las víctimas, dos personas adultas mayores que resultaron despojadas de su propiedad mediante un engaño. La utilización de documentos falsos fue el mecanismo identificado para consumar el fraude sobre el inmueble.
La resolución del Tribunal Superior de Apelaciones cierra, al menos en esta instancia, un litigio que combinó el delito patrimonial con el uso de la profesión jurídica de la condenada. La inhabilitación accesoria busca impedir que, una vez libre, pueda volver a ejercer como abogada durante el lustro siguiente a su liberación.
El caso se suma a otros expedientes recientes difundidos por la Procuraduría General de la Nación en Panamá, que en los últimos días también informó sobre detenciones por delitos de robo, maltrato infantil y tentativa de homicidio en distintas regiones del país.
En todos estos procesos, el organismo destacó que apunta al seguimiento judicial hasta la etapa de apelación como parte de su estrategia de persecución penal.
La confirmación de la condena contra la abogada de la provincia de Chiriquí deja sin efecto, por el momento, cualquier posibilidad de revisión adicional sobre los hechos ocurridos en 2019. La pena de 12 años de prisión y la inhabilitación profesional de cinco años quedaron firmes tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Apelaciones.
En otro caso, se logró la detención provisional de un hombre de 29 años de edad, vinculado presuntamente a los delitos de homicidio doloso agravado y posesión ilícita de arma de fuego.
Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que sustentan la investigación, logrando que el Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión, admitiera la formulación de cargo y ordenara la medida cautelar antes mencionada.
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INTERNACIONAL
Liberal-city resident hesitates when pressed on beliefs: ‘I hadn’t really thought about socialism that way’
PORTLAND, Maine — Americans who were asked for their opinions of socialism by Digital offered sharply different interpretations of the ideology, with some embracing its promises of economic equality while others expressed strong reservations about government control over the means of production.
Digital took to the streets of Maine’s largest city, a progressive bastion, to talk to residents about their definitions of socialism and how far they would be willing to go to embrace its ideals.
The topic of socialism has featured prominently in campaign coverage during this midterm election cycle, as candidates backed by the Democratic Socialists of America (DSA) scored high-profile victories over more centrist rivals in a slew of Democratic primaries this year. DSA’s outsized influence has been a driving force in the ballot box battle for the Democratic Party’s ideological future.
LIBERAL HOTSPOT RESIDENTS CAN’T AGREE ON WHAT SOCIALISM MEANS
A new national poll indicates 32% of voters have a favorable view of socialism, with 64% seeing it in an unfavorable way. But the favorable rating matches an all-time high, first reached five years ago, since first began asking the question in 2019. And a September Gallup poll found that 43% of Americans had a positive image of socialism, the highest level since the polling organization began tracking the question in 2010.
Lewis, a retired Navy veteran, said socialism was a good thing because it «looks out for people’s needs…. and it’s not communism.»
Socialism and communism both emphasize collective ownership of the means of production, such as factories, businesses and major industries. But socialism encompasses a range of approaches, including those that allow private enterprise, while communism traditionally envisions the abolition of private ownership of productive assets and, ultimately, a classless society.
CHECK OUT THE LATEST NATIONAL POLL
Lewis turned skeptical when Digital asked whether he would personally surrender private property to government or collective control.
«I guess. I hadn’t really thought about socialism that way. I think about taking care of the needs of people, you know, things like… national health care, things like that,» he answered. «I don’t like government taking things away from you.»
Nolan, who recently moved to Portland, told Digital «there’s a lot of wealth imbalance in America right now, and we could benefit from some sort of leveling system.»
He said socialism exists to help «people who aren’t as, you know, benefiting in society.»
Nolan added that «business owners should have their autonomy» and that «people deserve to earn their money.»
«But there are a lot of really high-end… corporations that benefit so much… that really don’t need that much wealth… there’s so much exorbitant wealth at the top end that a lot of that could trickle down to people who are disadvantaged and don’t have homes,» Nolan stated.
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Nola, another resident passing through Portland’s Monument Square, said socialism’s «a good thing. It means equity.»
Asked about the takeover of businesses and means of production under socialism, Nola said she still «100%» supported socialism.
«I’m the daughter of a small business owner. I’ve seen how tough it is to run a small business in this country and how easy it is for corporations to just do whatever they want,» she explained. «So if we gave actually back to small businesses and the government helped them out… and so much of the market that’s privatized actually became public, I think… with how big the U.S. has gotten, it’s only a good thing.»
Ted disagreed.
«Socialism overall, I think it’s a horrible idea,» he emphasized. «If we can learn from history, anything from history, we see that it’s gonna really give way too much power to the government institution. It’s gonna… make things that are harmful overall for everyone… it’s like it’s dictatorship.»
Ted argued that «socialism just impoverishes. Capitalism, the free market economy is a good thing.»
He added that while «some people are very wealthy and very greedy,» that overall capitalism «creates other wealth for other people.»
The new poll found that 51% of voters had a favorable view of capitalism, compared with 32% who viewed socialism favorably. Another 46% had an unfavorable view of capitalism.
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Un mes crucial para la oposición
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Antes de la revancha de Estudiantes, Flamengo goleó y recuperó la punta en el Brasileirao
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El crédito que nadie te cobra
Noche negra y oleada de críticas contra Jofre Torrents
