INTERNACIONAL
Sin reservas, sin protocolos y con Nicaragua sin poder abastecer a sus vecinos: la fractura del modelo agrícola centroamericano
El frijol nicaragüense que llega a los mercados salvadoreños ilustra el problema de fondo: Centroamérica integró sus mercados agrícolas, pero no construyó los mecanismos para proteger esa integración cuando la crisis golpea a todos los proveedores al mismo tiempo. Así lo plantea un análisis publicado por Divergentes, medio centroamericano de periodismo.
El actual episodio de El Niño funciona como prueba de estrés para todo el modelo regional. La sequía deja al descubierto una contradicción que hasta ahora permanecía oculta: los seis países comercian como un solo bloque, pero responden a las crisis como si fueran economías aisladas.
El comercio regional pasó del 7% al 30% en seis décadas
El intercambio intrarregional representaba apenas el 7% de las exportaciones de la zona en 1960. Hoy esa proporción ronda el 30%, según el análisis de Divergentes.
La cifra convirtió al propio mercado regional en uno de los principales destinos de las exportaciones centroamericanas. Ningún país produce ya de forma aislada: la disponibilidad de frijol en Costa Rica depende de lo que ocurra en Nicaragua, y los precios del maíz en Honduras no responden solo a la cosecha hondureña.
¿Por qué El Niño afecta más a Centroamérica que sequías anteriores? Porque los países que tradicionalmente compensaban las pérdidas de sus vecinos también están golpeados esta vez.
El mecanismo de respaldo regional se debilita justo cuando más se necesita, y eso convierte una sequía localizada en un problema de toda la cadena de suministro.
Nicaragua, el proveedor que ya no puede sostener a la región
El caso del frijol resume la fragilidad del sistema. Nicaragua ha ejercido durante años el papel de principal proveedor regional del grano y compensaba los déficits que aparecían en otros mercados.
Ese respaldo ya no puede darse por seguro. Cuando el país que suele cubrir la escasez enfrenta las mismas limitaciones que sus compradores, la interdependencia deja de operar como ventaja y se transforma en vulnerabilidad compartida, señala Divergentes.
El fenómeno no se limita al frijol. La presión alcanza también a los granos básicos, el café, el ganado y los lácteos, con efectos que llegan hasta las cadenas de procesamiento, los exportadores y los consumidores finales.
Instituciones para comerciar, no para enfrentar la escasez
El diagnóstico central del análisis es directo: la región construyó instituciones para mover mercancías, pero no para administrar crisis alimentarias compartidas. No existe una reserva estratégica regional de alimentos ni protocolos para coordinar políticas de emergencia entre gobiernos.
Ante ese vacío institucional, los incentivos políticos empujan en sentido contrario a la cooperación. Cada gobierno enfrenta la presión de proteger primero a sus propios consumidores y productores, lo que abre la puerta a restricciones de exportación, trabas administrativas o medidas sanitarias con fines proteccionistas.
Estas decisiones no responden necesariamente a una intención de perjudicar a los países vecinos. Surgen de gobiernos que actúan según incentivos nacionales mientras el problema opera a escala regional, según describe el medio.
El riesgo climático se convierte en riesgo empresarial
Para las compañías que operan en la región, la crisis agrícola trasciende la pérdida de cosechas. Implica mayores costos de materias primas, interrupciones logísticas, volatilidad de precios y cambios regulatorios difíciles de anticipar.
Divergentes plantea una batería de medidas pendientes: un sistema regional de alerta temprana que combine datos climáticos, productivos y comerciales, reservas coordinadas de maíz y frijol, protocolos que limiten las restricciones comerciales unilaterales en emergencias y mecanismos de financiamiento que actúen antes de que la pérdida agrícola derive en inflación y conflictividad social.
Nada de esto requiere una integración política profunda ni una nueva burocracia regional. Exige, según el planteamiento, reconocer que la realidad económica ya se integró y que las instituciones deben ponerse a la altura de esa realidad.
Una pregunta que va más allá de los alimentos
La misma tensión que hoy aparece en el sector agrícola se repetirá, advierte el análisis, en la gestión del agua, la energía, las telecomunicaciones y la infraestructura logística. Los riesgos contemporáneos no respetan fronteras, pero las herramientas para administrarlos siguen atadas a ellas.
La sequía actual terminará, como terminaron las anteriores. Pero los fenómenos climáticos extremos seguirán siendo más frecuentes y la volatilidad internacional seguirá presionando la seguridad alimentaria de la región.
La pregunta de fondo, plantea Divergentes, no es cómo responder a este episodio puntual de El Niño. Es si Centroamérica está dispuesta a construir mecanismos permanentes para gestionar vulnerabilidades que ya comparte, o si seguirá funcionando como mercado común solo cuando conviene y como seis economías separadas cuando llegan los riesgos.
La integración económica de la región ya es un hecho consumado. Lo que queda pendiente, según el medio, es decidir si esa integración tendrá una gobernanza a la altura o si Centroamérica esperará a la próxima crisis para recordar, una vez más, que el mercado llegó antes que las instituciones.
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Un Súper El Niño ya alcanzó su máxima categoría y amenaza con convertirse en el más intenso desde que existen registros, en 1950. El Centro de Predicciones Climáticas (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó el fenómeno el jueves.
El organismo fijó en más del 79% la probabilidad de que el evento se mantenga en categoría fuerte a muy fuerte hasta el trimestre de enero a marzo de 2027.
Las temperaturas del Pacífico marcan récords
Los datos técnicos del CPC confirman que las anomalías térmicas superaron los 4 °C y se expandieron hacia el oeste del Pacífico ecuatorial. Cada zona de monitoreo arrojó cifras que superan ampliamente los promedios históricos.
La región Niño-3.4, el punto de referencia principal para clasificar el fenómeno, subió a +2,5 °C. El sector Niño-3 llegó a +3,6 °C y el área costera Niño-1+2 marcó un extremo de +4,4 °C.
La NOAA sostiene que el fenómeno seguirá fortaleciéndose antes de iniciar un declive paulatino a comienzos de 2027. La probabilidad de que supere en magnitud a todos los eventos registrados desde 1950 se ubica en 60% para los trimestres de octubre a diciembre de 2026 y de noviembre de 2026 a enero de 2027.
Bajo la superficie del océano, el calentamiento también se intensifica. Las anomalías subsuperficiales superan los +10 °C en las profundidades del Pacífico, dato que sostiene una termoclina considerablemente más profunda de lo habitual y refuerza los vientos del oeste en los niveles bajos de la atmósfera.
El Salvador cerró el invierno con casi tres semanas de anticipación
El fortalecimiento del fenómeno llegó en simultáneo con el fin de la temporada lluviosa en territorio salvadoreño. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó esta semana que el país ingresó oficialmente a la época seca el lunes 9 de noviembre.
La cartera ambiental constató una disminución sostenida de las precipitaciones que comenzó a manifestarse desde el 18 de octubre. Durante la nueva temporada predominarán jornadas con menor nubosidad, lluvias más escasas y mayor presencia de vientos nortes, con temperaturas frescas en las madrugadas.
El MARN aclaró que no se descartan precipitaciones aisladas si se acercan frentes fríos a la región centroamericana.
El inicio de la época seca se adelantó respecto de lo proyectado apenas semanas antes. La Subunidad Ambiental de la Universidad de El Salvador (UES) había fijado el arranque de la estación para el 14 de noviembre, en un informe sustentado en los 27 modelos internacionales del Instituto de Investigaciones del Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia. La totalidad de esos modelos coincide en calificar al fenómeno como “extraordinariamente intenso”.
Pérdidas millonarias en granos básicos
El meteorólogo Danilo Ramírez, coordinador de la Subunidad Ambiental de la UES, advirtió a medios locales que la persistencia de El Niño hasta abril dificultará la transición estacional y anticipó un establecimiento irregular del invierno de 2027 como consecuencia directa del fenómeno.
La Dirección General de Protección Civil ubicó la fase crítica de mayor impacto en el llamado “segundo año de incidencia” del evento, concentrado entre enero y abril de 2027.
El país permanece bajo alerta roja por sequía, decretada a finales de agosto. La medida responde al riesgo que representa el déficit de lluvias para la producción de aproximadamente 6.9 millones de quintales de granos básicos en las cosechas nacionales.
El impacto ya golpea a las familias agricultoras del Corredor Seco
El fenómeno no es una amenaza futura: ya devastó parte de la cosecha de primera en 2026. Según informó Focos TV, canal salvadoreño, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) reportó la pérdida de 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol a nivel nacional en esa siembra.
El presidente de CAMPO advirtió sobre la cosecha de postrera, sembrada entre agosto y septiembre: “Esa parte que se sembró, toditita, el 100% está en riesgo”, afirmó al canal.
El Comité Internacional de Rescate (IRC) alertó en septiembre que Centroamérica enfrenta un “Súper El Niño” que alcanzará su punto más crítico entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Según las proyecciones del organismo, las lluvias insuficientes podrían empujar a 700 mil personas más al hambre solo en el oriente salvadoreño.
Un relevamiento de Oxfam, organización humanitaria internacional, entre 354 comunidades del Corredor Seco centroamericano, realizado entre julio y agosto, encontró que el 89% señaló a la sequía como causa principal de la pérdida de la cosecha de maíz. El Salvador cuenta con 114 distritos dentro de ese corredor, una de las zonas más afectadas de la región por el fenómeno climático.
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INTERNACIONAL
Hallaron muertos a dos hermanos desaparecidos en la Amazonía ecuatoriana y su padre se entregó a la Policía
La desaparición de dos hermanos que regresaban de la escuela en la Amazonía ecuatoriana terminó con el hallazgo de sus cuerpos enterrados en una zona rural de la provincia de Napo. Flor Aracely Andi Alvarado, de 11 años, y Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 8, fueron encontrados sin vida el jueves 12 de noviembre, después de permanecer casi dos semanas desaparecidos. Horas después, su padre se entregó voluntariamente a la Policía, mientras las autoridades avanzaban en una investigación que también involucra a su actual conviviente y a un hombre detenido por su presunta participación en el crimen.
Los menores habían desaparecido el 30 de octubre, cuando regresaban de la Unidad Educativa Elicio Olalla, ubicada en el sector Santa Rosa, de la parroquia Puerto Napo, en el cantón Tena. Según la información difundida por medios locales, ambos salieron de su jornada escolar alrededor de las 10:30 y emprendieron el trayecto habitual hacia su vivienda, situada en la comunidad Vista Anzu. Sin embargo, nunca llegaron a su destino.
Las primeras investigaciones permitieron establecer que los hermanos utilizaron un autobús como parte de su recorrido y posteriormente subieron a una motocicleta conducida por un hombre. Ese desplazamiento quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes se convirtieron en uno de los principales elementos para reconstruir sus últimos movimientos conocidos.
Ante la ausencia de noticias sobre su paradero, la Fiscalía General del Estado activó el 1 de noviembre la Alerta Emilia, un mecanismo de búsqueda urgente destinado a localizar a niños y adolescentes desaparecidos en circunstancias de alto riesgo. Durante los días siguientes, agentes policiales, familiares y habitantes de las comunidades cercanas participaron en las labores de búsqueda, mientras los investigadores recopilaban testimonios y analizaban los registros de videovigilancia.
El caso tuvo un giro decisivo durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, cuando la Policía detuvo a Jerson Damián Perugachi Grefa, identificado como uno de los principales sospechosos. De acuerdo con declaraciones del comandante policial Juan Carlos Mafla, el hombre presentaba características físicas similares a las de la persona registrada en las imágenes de seguridad mientras transportaba a los menores en una motocicleta.
Horas después, las autoridades localizaron los cuerpos en el sector de Shalkana, en Puerto Napo, aproximadamente a 300 metros de la vía que conduce hacia Ahuano. Los restos se encontraban enterrados en una zona rural. En el procedimiento participaron unidades de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), personal de Criminalística y equipos especializados en búsqueda.
La Fiscalía confirmó el hallazgo y dispuso las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias de las muertes. Entre las actuaciones previstas constaban el levantamiento de los cuerpos, las pericias forenses y la recepción de versiones de personas que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.
Según la información recogida por la agencia EFE, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el sospechoso detenido había confesado el asesinato de los hermanos. El funcionario también señaló que las investigaciones continuarían para determinar si otras personas participaron en los hechos. Esa declaración constituye una versión atribuida a las autoridades y deberá ser examinada dentro del proceso judicial.
Reimberg descartó preliminarmente que el caso estuviera relacionado con actividades de minería ilegal, una de las problemáticas que afectan a distintas zonas de la Amazonía ecuatoriana. Asimismo, anunció la intención de trasladar al detenido a un establecimiento penitenciario fuera de Napo, una vez cumplidas las diligencias judiciales correspondientes.
Sin embargo, la investigación adquirió una nueva dimensión cuando se conoció que el padre de los menores se presentó voluntariamente ante la Policía durante la tarde del 12 de noviembre. Según la información publicada por Diario Extra y El Diario este viernes 13 de noviembre, el progenitor figura entre las personas investigadas por las autoridades, junto con su actual conviviente y el sospechoso detenido inicialmente.
Los reportes periodísticos también señalan que el padre registraba antecedentes relacionados con violencia intrafamiliar y que existía una boleta de alejamiento vinculada con un episodio anterior. No obstante, hasta el momento no se ha establecido públicamente qué participación habría tenido en la desaparición o muerte de sus hijos, ni si esos antecedentes guardan relación con los hechos investigados.
La entrega voluntaria del progenitor tampoco constituye, por sí misma, una admisión de responsabilidad penal. Las autoridades deberán determinar su situación procesal a partir de los elementos recopilados durante las investigaciones y de las decisiones adoptadas por las instancias judiciales competentes.
De acuerdo con Diario Extra, una audiencia de formulación de cargos comenzó después de las 23:00 del jueves en una unidad judicial de Napo. Hasta la información disponible al cierre de esta investigación, no se había confirmado una resolución definitiva de esa diligencia ni las medidas judiciales adoptadas respecto de todas las personas investigadas.
corresponsal:Desde Quito
INTERNACIONAL
Democrats seize on midterm wins to push massive minimum wage hikes, but economists see trouble ahead
Democrats are pushing major minimum-wage increases after their midterm victories, but economists warn the proposals could come with unintended consequences for small businesses and inexperienced workers.
Pennsylvania Gov. Josh Shapiro is pledging to more than double his state’s $7.25 minimum wage, while Illinois Gov. JB Pritzker is calling for a federal increase as Democrats make affordability a central part of their governing agenda.
The renewed push comes as Seattle, which has one of the nation’s highest minimum wages, faces concerns about rising business costs and employment opportunities — raising questions about the tradeoffs of higher wage mandates.
«We’re going to more than double Pennsylvania‘s minimum wage,» Shapiro wrote in an X post this month. «Codify abortion rights into our state Constitution. Fund mass transit. Build more housing. These are the commonsense things that Pennsylvanians want done.»
AMERICA SAW THE BLUE WAVE COMING — BUT DRASTICALLY UNDERESTIMATED THE EXTENT OF THE DEM TSUNAMI
«And with a Democratic trifecta, we will deliver on all of them,» he continued.
Shapiro’s proposal would raise Pennsylvania’s minimum wage from $7.25 to $15 an hour, an increase of roughly 107%, prompting questions about how small businesses would absorb the additional labor costs.
Tom Savidge, an economist with the American Institute for Economic Research, warned in an interview with Digital that steep wage increases could force small businesses to raise prices, reduce workers’ hours or cut back on hiring.
«A federal minimum wage hike will worsen the affordability crisis,» Savidge told Digital. «A one-size-fits-all mandate ignores regional differences in wages and business costs. It risks higher prices, fewer hours, and fewer jobs, especially for inexperienced workers. Politicians can mandate higher wages, but they cannot mandate that businesses can afford to pay them.»
«Small businesses employing minimum-wage workers cannot absorb such a sharp increase without adjusting elsewhere,» he added. «Some may raise prices, cut hours, or stop hiring. A higher minimum wage means little to workers who cannot find a job.»
The debate comes as Democrats seek to deliver on campaign promises to make life more affordable, even as businesses in cities with higher minimum wages report growing financial pressures.
Seattle, where the minimum wage is currently $21.30 an hour and will rise to $22.14 in January, offers one example of the economic questions surrounding such policies. While proponents have asserted that minimum wage increases will be a boon to employees, some Seattle business owners have previously raised concerns about facing additional cost burdens, KOMO News reported in December 2025.
Rising labor costs have been among the financial pressures cited by Seattle restaurant owners who have closed locations, alongside higher food prices, declining customer demand and other operating expenses, Digital previously reported.
A January survey by The Intentionalist found that 67% of 136 independent small businesses surveyed in Seattle and surrounding Washington communities reported greater financial strain than during the pandemic, with respondents pointing to rising labor costs, rent, insurance and weaker customer demand.
A 2022 study published in the American Economic Journal: Economic Policy found that Seattle’s 2015 and 2016 minimum-wage increases boosted pay for longer-tenured workers but reduced hours worked, particularly among less-experienced employees, and limited opportunities for people entering low-wage jobs.
However, a separate 2017 study by University of California, Berkeley researchers found that Seattle’s earlier minimum-wage increases raised wages in the food-service industry without a statistically significant decline in restaurant employment.
Savidge went on to say that steep minimum wage increases often benefit major corporations over Main Street businesses.
«Higher minimum wages can favor big corporations over small businesses,» he explained. «Large corporations can spread higher labor costs across more sales, invest in automation, or relocate operations. Small businesses have fewer options.»
VOTER POLL: HOW DEMOCRATS TOOK CONTROL OF THE SENATE
Despite concerns about the potential economic consequences, Shapiro has made raising Pennsylvania’s minimum wage one of his first priorities after Democrats won control of both chambers of the state legislature.
«Half a million workers in Pennsylvania still make less than $15 an hour — you can’t live off of that in 2026,» Shapiro said. «Now, we’re finally able to change that. The very first bill that I will sign into law with our new Democratic majority this January will be to raise our minimum wage — and make sure every Pennsylvania worker has a livable wage. It’s long overdue.»
His comments come after Democrats secured a trifecta in Harrisburg in the 2026 midterms after flipping the Pennsylvania state Senate.
$25 AN HOUR? MAJOR CITIES EYE MASSIVE WAGE HIKES AS LABOR ACTIVISTS SEEK FEDERAL MANDATE
When reached for comment, Shapiro’s office referred Digital to the governor’s comments on raising the minimum wage during an interview with former CNN host Don Lemon released on Sunday.
«Some of your some of your viewers and listeners are going to think it’s crazy, but job number one is going to be raise the minimum wage to 15 bucks an hour, and now your listeners like, ‘What do you mean 15 bucks an hour?’» Shapiro said during the interview. «Everybody’s at 15 bucks an hour. Well, we’re not in Pennsylvania. We’ve been stuck at $7.25 an hour for decades, right? Because the Republicans in the state senate, every time we’ve sent a bill over there, have blocked it.»
The minimum-wage push is also gaining traction beyond Pennsylvania.
Illinois Gov. JB Pritzker, who signed legislation in 2019 gradually raising his state’s minimum wage to $15 an hour, is now calling on Congress to increase the federal minimum wage as part of his post-election economic agenda.
«Americans made their voices heard and this is an opportunity for Congress to immediately address the challenges of working people – higher wages, lower costs, rooting out corruption,» Pritzker said in a statement. «The people of Illinois cannot afford to wait.»
AOC-BACKED $25 MINIMUM WAGE PLAN SOUNDS GREAT — BUT AT WHAT COST?
Savidge told Digital that Pritzker and Shapiro’s minimum wage proposals «risk giving large corporations a competitive advantage while squeezing out smaller competitors.»
Critics question whether higher wage mandates translate into better overall economic outcomes, particularly for workers with little job experience.
Adam Gorcyca, a policy researcher at the Illinois Policy Institute, warned that employers may respond to higher labor costs by reducing hours, limiting hiring or raising prices.
«Mandating higher wages doesn’t immediately guarantee workers will take home more money,» Gorcyca added. «Employers often respond to these policies by cutting back hours, slowing hiring or raising prices. It can help select workers, while also making it harder for entry-level or younger workers.»
Gorcyca also questioned whether Illinois’ minimum-wage increases had delivered broader employment gains, pointing to the state’s slow pandemic recovery as evidence of its economic struggles.
«In Illinois, Gov. J.B. Pritzker passed a minimum wage hike in 2019, slowly increasing the state’s minimum wage to $15 an hour by 2025,» he said. «While he has campaigned that it was the ‘right thing to do,’ the state doesn’t have a stronger labor market for workers. In fact, Illinois was one of the slowest to recover from the pandemic.»
Pritzker’s office did not respond to Digital’s request for comment on Tuesday.
The push is also emerging as a priority for congressional Democrats.
House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., said Monday that the federal minimum wage needs to be raised and that he plans to discuss the issue with members of both chambers of Congress.
«It’s a conversation that I look forward to having with not simply the members of the House Democratic caucus, but with the Senate as well, to see what is possible,» Jeffries said. «It certainly needs to be increased. It’s a disgrace that the minimum wage hasn’t been raised in 20 years and is currently $7.25 per hour.»
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