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POLITICA

El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego pidió derogar el tratado de inversiones con el Reino Unido

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El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió al Congreso de la Nación derogar la Ley 24.184, que ratifica el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre la Argentina y el Reino Unido en 1990. La propuesta del funcionario fueguino se conoció el lunes por la noche a través de un mensaje publciado en su cuenta de X, en el que calificó como un “error geopolítico” mantener un acuerdo que garantiza al Estado británico el trato de “nación más favorecida” mientras “usurpan, saquean y militarizan” el territorio argentino en disputa.

El planteo de Dachary llegó días después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional el incremento del presupuesto de Defensa para la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.

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“Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, escribió el funcionario provincial. Y completó: “Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio.”

El funcionario dirigió su reclamo directamente al Poder Legislativo, al etiquetar en su publicación al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación.

El mensaje de Dachary

La ley cuestionada data de la presidencia de Mene

La Ley 24.184 aprobó el convenio bilateral suscrito en Londres el 11 de diciembre de 1990 y fue sancionada por el Congreso el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. El acuerdo —que consta de 14 artículos— establece que ninguna de las partes puede someter las inversiones de la otra a un trato menos favorable que el dispensado a sus propios inversores o a los de terceros países. Además, garantiza a los inversores británicos la transferencia libre de ganancias y los protege frente a expropiaciones sin compensación. En materia de disputas, habilita mecanismos de arbitraje internacional.

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El convenio fue uno de los resultados del proceso de normalización bilateral iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, que restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la Guerra de Malvinas de 1982.

El propio texto de la Ley 24.184 contempla que, en caso de denuncia del tratado, las inversiones realizadas mientras el acuerdo estuvo vigente quedan protegidas por sus disposiciones durante 15 años adicionales, un factor que complicaría cualquier proceso de derogación inmediata.

La Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, que Dachary conduce, funciona bajo la órbita del gobernador Gustavo Melella, uno de los mandatarios más críticos de las políticas del presidente Milei y habitualmente vinculado con el espacio político del kirchnerismo. Sin embargo, tras la cadena nacional, Melella expresó su apoyo al “cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas” y convocó a construir “un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía”.

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Horas antes del mensaje de Dachary el Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El principal argumento son las presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.

Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

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Nombraron a dos funcionarios en áreas clave de la Jefatura de Gabinete

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El Gobierno designó a dos nuevos funcionarios que ocuparán funciones clave dentro de la Jefatura de Gabinete en las áreas de Ambiente y Enlace Legislativo.

Se trata de Walter Daniel Lanaro, quien fue nombrado mediante el decreto 1118/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, como subsecretario de Enlace Legislativo. Militante del PRO, Lanaro se presenta a sí mismo como liberal en sus redes solciales. Antes de llegar a la gestión libertaria, se desempeñó como senador provincial bonaerense.

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Por otro lado, el Gobierno designó a Juan Andrés Trebino como Subsecretario de Ambiente dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La decisión fue dispuesta mediante el decreto 1119/2026, firmado el 28 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y publicado el 29 de septiembre.

Trebino acumula al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y en la administración estatal. Su primera experiencia en el sector público se remonta a 2011, cuando se desempeñó como asesor legal en la Dirección Nacional de Control Ambiental.

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En 2015, durante la presidencia de Macri, asumió la conducción de esa misma dirección, cargo que ocupó durante siete meses. Tras ese período, escaló al puesto de subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

Quien ahora vuelve a la función pública en un rol de mayor jerarquía dejó su cargo en diciembre de 2019. La designación de Trebino se produce después de dos meses sin titular en la Subsecretaría de Ambiente, un período en el que el organismo funcionó sin conducción formal.

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Hace unos meses, el Gobierno designó a Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua.

La funcionaria asumió en un momento de tensión con el sector científico, marcado por reclamos de financiamiento y la baja de cientos de becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Ciencia, sonríe mientras posa con un blazer negro y una identificación corporativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, formalizó la designación mediante el decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador. Baravalle cuenta con un perfil que, según el comunicado oficial del Gobierno, “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”.

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La nueva secretaria cuenta con experiencia en investigaciones sobre inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, además de participación en proyectos científicos internacionales.

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, casa de estudios donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.

Ejerce como docente universitaria y conduce el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral. Es también fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina.

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Desde Casa Rosada recordaron que la funcionaria “integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019” y que cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional.

El comunicado oficial precisó que su incorporación tendrá como objetivo “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.

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Los Sauces: los jueces recibieron la pericia contable que retrasaba el inicio del juicio

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El Tribunal Oral Federal 5 recibió la pericia sobre Los Sauces a semanas del inicio del juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner por presuntas maniobras de blanqueo.

Según pudo confirmar TN, el informe elaborado por peritos de la Corte Suprema tiene más de 30 páginas y da detalles sobre el Hotel Los Sauces pero no logró determinar si la explotación era rentable, ya que faltan balances e información respaldatoria.

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Que los jueces cuenten con esta pericia no es un detalle menor, ya que se trata de un elemento de prueba que dilató mucho tiempo la fecha de inicio de juicio. Este documento servirá para sustentar las acusaciones y, hasta que se finalizó, estuvo marcada por cambios de peritos.

Los Sauces, el hotel boutique de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó decomisar. (Crédito: TN.com.ar)

En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos —apelados por el fiscal Velasco— que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Federal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.

El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: “El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”.

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Finalmente, en diciembre de 2024, la Corte Suprema ordenó que la causa por lavado de dinero y asociación ilícita sea elevada a juicio. El proceso comenzará el 23 de octubre.

La causa

Los Sauces S.A. se constituyó el 7 de noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Tras la muerte del expresidente, el paquete accionario quedó, según la instrucción, en un 45% para Cristina, 32,5% para Máximo y 22,5% para Florencia.

La sociedad empezó a facturar en enero de 2009. El expediente nació de una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer y recayó en el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. En diciembre de 2016 la firma fue intervenida. El 4 de abril de 2017 Bonadio procesó a los principales acusados.

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La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.

Máximo y Cristina Kirchner
Máximo y Cristina Kirchner

Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita y lavado de activos.

El inmueble más citado es el dúplex de los pisos 8 y 9 del Madero Center, en Puerto Madero, más cocheras. López lo ocupó a través de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.

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Designaron a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino

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El Poder Ejecutivo resolvió asignar a Adolfo Cambiaso un cometido especial para la promoción internacional del deporte argentino, con énfasis en el polo, y le otorgó la categoría protocolar de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario mientras dure esa tarea. La función será ejercida ad honorem y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La medida, dictada a través del Decreto 1116/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, busca utilizar la proyección exterior del deporte como una herramienta de posicionamiento para la República Argentina, con impacto potencial en la difusión de bienes y servicios, la generación de contactos comerciales y la promoción de los atractivos turísticos del país. De igual forma, aclararon que este nombramiento no supone la incorporación de Cambiaso al cuerpo permanente del Servicio Exterior.

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De acuerdo con los argumentos presentados por el Gobierno, el polo representa una de las expresiones de la tradición deportiva argentina con reconocimiento mundial y que puede contribuir a visibilizar experiencias turísticas, productos y servicios vinculados a su desarrollo.

Por esto mismo, encomendaron a Cambiaso la misión concreta orientada a difundir el deporte argentino en el exterior, con una atención particular sobre el polo.

La medida busca impulsar la captación de contactos comerciales, el turismo y la exportación de bienes y servicios mediante la imagen deportiva del país. (PH: Wendy Falourd)

De acuerdo con el texto, Cambiaso deberá cumplir el encargo bajo las obligaciones previstas en la reglamentación de la ley, aprobada mediante el Decreto N° 1973/86 y sus modificatorias. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el organismo encargado de definir los mecanismos de trabajo y los lineamientos necesarios para articular el cometido.

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La disposición establece que la función será desempeñada sin remuneración. Además, remarca que la medida no genera ninguna erogación presupuestaria para el Estado nacional.

Entre los fundamentos, el decreto plantea que las actividades económicas relacionadas con el deporte pueden aportar a las exportaciones de bienes y servicios, abrir oportunidades de negocios y favorecer el turismo. Bajo ese criterio, la presencia internacional de referentes deportivos puede utilizarse dentro de una estrategia de promoción externa del país.

El Gobierno también sostiene que la Argentina dispone de una tradición deportiva con reconocimiento fuera de sus fronteras. A partir de esa condición, considera que existen posibilidades para desarrollar iniciativas de promoción internacional que conecten la actividad deportiva con objetivos comerciales, culturales y turísticos.

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En ese marco, el polo argentino es presentado como una disciplina de especial relevancia global.

La decisión destaca la carrera de Cambiaso como uno de los elementos que justifican su nombramiento para esta misión. El texto lo define como un referente del polo argentino a escala internacional y considera que su trayectoria deportiva y su proyección pública lo vuelven apto para colaborar con la difusión de los valores asociados al deporte nacional.

De hecho, la Cancillería deberá establecer cómo se organizarán las acciones que se impulsen en el marco de la designación y de qué forma se integrarán con las políticas de promoción internacional del país.

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