La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, rechazó adelantar definiciones sobre posibles alianzas políticas en el distrito de cara a las elecciones de 2027 y subrayó que el oficialismo libertario se encuentra abocado a la gestión legislativa y al desarrollo de proyectos para la ciudad.

“Lo que nosotros no vamos a hacer es hoy hablar de una alianza cuando todavía falta un montón, porque ni siquiera sabemos si vamos a compartir o no el proyecto de ciudad que nosotros tenemos”, sostuvo Ramírez en una entrevista en el programa Empezando el Día, conducido por Mariana Contartessi en Radio La Red.

La diputada remarcó que “este es un año de gestión y falta muchísimo para el año que viene. Y el año que viene discutiremos cómo son las candidaturas”.

Consultada sobre una posible candidatura de Patricia Bullrich en la Ciudad y la chance de acompañarla, Ramírez valoró la trayectoria de Bullrich y afirmó que “cualquier afiliado a la Libertad Avanza está en condiciones de ser candidato”, aunque reiteró que “falta muchísimo para esas definiciones”.

Sostuvo que Bullrich “es una gran jugadora, es una gran política y en cualquier lugar donde el presidente la necesite, va a hacer un excelente papel”. Aunque no descartó la posibilidad de que la senadora se presente en la Ciudad en 2027, aclaró que “cualquier afiliado a La Libertad Avanza está en condiciones de ser candidato”, y reiteró que “falta muchísimo para esas definiciones”. Subrayó que hoy la prioridad está puesta en la gestión y en consolidar los proyectos del espacio antes de discutir candidaturas.

Ramírez destacó que LLA “es un partido que hace dos años prácticamente no existía y que con nada ganó una elección nacional y también ganó una elección en la ciudad, rompiendo una hegemonía de hacía más de veinte años”. Subrayó que las prioridades actuales están en “seguir trabajando, en seguir haciendo las reformas” y en “levantar las banderas que estamos levantando justamente para que seamos una opción para los porteños”.

Respecto a la relación con el PRO y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la legisladora identificó diferencias en el enfoque de gestión. “Un poco la sobreactuación de lo que nosotros pensamos o de las ideas de la libertad. Hace un tiempo para atrás, el PRO no pensaba o no expresaba lo que hoy expresa después de que nosotros ganamos las elecciones el año pasado”, señaló Ramírez. Añadió que, si el PRO realmente adhiere a los proyectos libertarios, “no solo tienen que quedar en declaraciones o en sobreactuaciones, sino tienen que ser realidades y tienen que ir a fondo”.

En referencia a proyectos como la baja de impuestos, la ley de Hojarasca, la VTV y la regulación de los “trapitos”, Ramírez enfatizó que se trató de iniciativas presentadas por La Libertad Avanza, aunque reconoció que “el PRO nos haya dado los votos para que los proyectos que nosotros presentamos y defendemos hoy sean una realidad”.

Consultada sobre la posibilidad de acordar con el PRO en el futuro, la presidenta del partido en CABA insistió: “Hoy somos dos partidos diferentes. Llegado el momento vamos a ver si estamos para ir en una alianza o no”. Subrayó que “hablar de una alianza es poner el carro delante del caballo” y que antes se deben discutir otras cuestiones, como la eliminación de las PASO, una propuesta que La Libertad Avanza impulsa en la Legislatura y sobre la cual el PRO “todavía no se pronunció”.

Ramírez remarcó que la definición de candidaturas llegará “en el momento que tenga que llegar” y que cualquier postulante representará “las ideas del presidente en la ciudad”. Explicó que la prioridad, por ahora, es avanzar en la gestión y en la transformación de los proyectos en políticas concretas para los porteños.

Al ser consultada sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel y sus recientes declaraciones respecto a la salud mental del presidente, Ramírez fue contundente: “Es desagradable una persona que llegó al lugar donde está de la mano de Javier Milei, que cuestione desde adentro o que diga las cosas que dice. Me parece que es no estar a la altura del cargo que debería tener”. Añadió que no mantiene vínculo con Villarruel y consideró que “ella hoy ni siquiera se siente de este gobierno”.

Finalmente, Ramírez detalló que en el último encuentro con Karina Milei presentaron los avances legislativos logrados en la primera mitad del año, mencionando la aprobación de iniciativas como la VTV, la ley Hojarasca, la regulación de “trapitos”, el RIMI y el RIGI. Además, indicó que el bloque trabaja en una agenda legislativa para la segunda mitad del año, con el objetivo de profundizar los proyectos de desregulación y reducción de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires.

pilar ramírez y javier milei

El Gobierno planea profundizar los recortes y reestructurar organismos públicos antes de que comience plenamente la campaña electoral de 2027. En el Ejecutivo aseguran que iniciaron una nueva “revisión integral” de la administración nacional para detectar estructuras que puedan eliminarse, fusionarse o reducirse durante los próximos meses.

“Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no”, expresan en Nación. La evaluación abarca en principio los organismos alcanzados por la reforma que el Ejecutivo impulsó mediante decretos delegados en 2025 y que luego quedó sin efecto por el rechazo del Congreso, pero en la Casa Rosada adelantan que también hay otras dependencias bajo análisis.

En Balcarce 50 sostienen que la nueva revisión integral apunta a profundizar la reorganización de la administración pública antes de 2027. El proyecto bajo análisis busca dar respaldo legislativo a parte de las transformaciones sobre organismos que el Ejecutivo había impulsado por decreto y que luego quedaron sin efecto tras el rechazo del Congreso. Además, el oficialismo asegura que analiza incorporar nuevas modificaciones sobre otras estructuras del Estado.

El antecedente inmediato incluye la disolución que se había dispuesto para Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; la eliminación de la ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas; y la transformación del INTI, el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Tras el rechazo parlamentario, el Ejecutivo debió restablecer las estructuras anteriores.

La diferencia respecto del proyecto que comenzó a redactar el Ministerio de Desregulación a principios de año es que la nueva revisión no parte de una nómina cerrada. Los equipos de Federico Sturzenegger cruzan funciones, presupuesto, dotaciones, presencia territorial y superposición con provincias y municipios antes de definir qué organismos integrarán la propuesta. En Nación sostienen que la intención es que el paquete no sea una copia exacta de los decretos rechazados.

El plan incluye además continuar con la reducción de personal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios, pases a disponibilidad y recortes en la planta permanente cuando existan procesos de reestructuración. El último informe oficial de Desregulación sostiene que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se eliminaron 71.029 puestos de trabajo en el sector público, equivalentes al 14,1% de la dotación, y calcula un ahorro acumulado de US$2814 millones.

El documento muestra que la baja fue mayor en la Administración Pública Nacional y en las empresas estatales. La APN redujo su personal un 20,1% y las empresas públicas un 21,5%, mientras que dentro de la administración nacional la caída fue del 11,3% en las áreas centralizadas y del 15,9% en las descentralizadas. Los contratos bajo la Ley Marco bajaron 26,4% y los convenios con monotributistas retrocedieron 48,6%, frente a una reducción del 15% en las plantas permanente y transitoria.

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El informe del Indec publicado este jueves ubica la dotación total de junio en 271.696 personas: 184.202 en la Administración Pública Nacional y 87.494 en empresas y sociedades. La reducción interanual fue del 6,8% en la APN y del 4,5% en las compañías estatales, mientras que solo durante junio la plantilla total bajó alrededor del 0,6%.

La meta política que se había fijado el oficialismo para 2026 era reducir otro 10% de la dotación existente al comenzar el año, lo que representaba cerca de 27.000 puestos sobre una planta próxima a 279.000 empleados. En el Gobierno no confirman si ese objetivo se cumplirá de manera uniforme, pero sostienen que continuará funcionando como referencia para los ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.

La instrucción genera resistencias dentro de la propia administración. En algunas carteras advierten que “no hay más margen para recortar” sin afectar funciones operativas y reclaman que las próximas reducciones se concentren en organismos con estructuras duplicadas o en áreas con menor carga de trabajo. El Ejecutivo rechaza fijar un porcentaje idéntico para cada dependencia y asegura que la revisión será caso por caso.

La profundización del ajuste también está vinculada con la situación fiscal. Junio cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo de $1,025 billones, aunque el primer semestre mantuvo un superávit primario cercano al 0,6% del PBI y uno financiero del 0,1%. Los ingresos mensuales crecieron 22,3% interanual y los gastos primarios 37,7%, en parte por la postergación de Ganancias y el pago de aguinaldos previsionales.

La recaudación tributaria de junio alcanzó los $20,017 billones y aumentó 23,7% nominal interanual. Ganancias avanzó solo 11,3% por el traslado de los vencimientos de personas humanas, mientras que los derechos de exportación cayeron 27,8% por las alícuotas más bajas y una elevada base de comparación. En el acumulado de enero a junio, los recursos tributarios sumaron $109,572 billones y subieron 25,9%.

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En la Casa Rosada creen que el repunte de la actividad puede fortalecer el IVA, Ganancias y las contribuciones de la seguridad social, pero reconocen dudas sobre la velocidad de esa mejora y sobre el impacto de las futuras reducciones de impuestos. El Gobierno considera que una reforma tributaria que baje alícuotas o elimine gravámenes necesita un recorte paralelo del gasto para no poner en riesgo el equilibrio fiscal.

El FMI proyecta para 2026 un superávit primario nacional del 1,4% del PBI y estima que deberá aumentar gradualmente hasta alrededor de 2,25% en el mediano plazo por el crecimiento del pago de intereses. El organismo sostiene que el cumplimiento de la meta requiere continuar limitando salarios públicos, transferencias a empresas estatales, subsidios, compras de bienes y servicios y gastos de capital, al tiempo que se avanza con reformas tributarias, previsionales y fiscales.

En la Casa Rosada aseguran además que la revisión no se limita a la reforma de organismos que quedó trunca tras la caída de los decretos delegados. En paralelo, el Ministerio de Desregulación trabaja sobre un amplio proyecto de cambios normativos que modifica competencias estatales, elimina regulaciones y redefine funciones en distintas áreas de la administración. El borrador incluye modificaciones que alcanzan organismos sectoriales y entes de regulación, junto con cambios en distintos regímenes administrativos y económicos, lo que en el oficialismo consideran parte del mismo proceso de reorganización del Estado.

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