POLITICA
El Senado volvió a dictaminar la validación de un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado volvieron a firmar esta tarde un dictamen de mayoría que avala el acuerdo entre el país y dos holdouts, que implicará un pago total de USD 171 millones. El Congreso tiene un nuevo plazo para sancionar esto y será hasta el 30 de junio próximo.
El convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.
Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
La iniciativa ya había sido dictaminada y estuvo a punto de aprobarse en el recinto de la Cámara alta la semana pasada. No ocurrió debido a una adenda de último momento enviada por el Ejecutivo y el pleno decidió que el articulado volviera a foja cero. Esta tarde se rubricó en las comisiones que comandan el libertario Agustín Monteverde (Presupuesto) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Economía Nacional).
Una de las primeras aclaraciones que dio esta tarde el primer expositor y procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, fue que no hubo error alguno desde el Estado, sino que el fondo Attestor informó tarde que uno de los bonos -a entregar por el pago y fin del litigio- ya no estaba más en su poder, lo que obligaba a readecuar con una enmienda.
Amerio disertó junto a su segundo; Juan Ignacio Stampalija; y al secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, quien en una hora evacuaron las consultas de legisladores opositores y dialoguistas.
De hecho, los peronistas Jorge Capitanich -el chaqueño es uno de los pocos que suele ir preparado a los debates- y el puntano Fernando Salino agradecieron a los funcionarios por haberse presentado a explicar el tema, algo tan básico como necesario.
Fue Amerio quien remarcó que la adenda en cuestión se gatilló tras una notificación sobre bonos comprometidos en el convenio que Attestor ya no tenía en su haber y que “la Argentina no tenía la posibilidad” de verificar ello “de forma independiente”. “No hay ninguna modificación sobre el otro grupo”, aseguró. Y sumó: “A pesar del cambio, no se modificó el monto del acuerdo y no generó una exposición adicional de alguna forma o condición”.
“Se eliminaron los bonos que el acreedor no estaba en condiciones de entregar, pero no hay cambio sobre monto. Todos van a ser entregados, no se modifica la sentencia y es lo que no hay que perder de vista. Es un acuerdo para cerrar juicios y los bonos serán entregados”, observó Stampalija.
Por su parte, García Hamilton detalló que la compulsa en los tribunales norteamericanos implicaba un total de USD 465 millones que, tras la quita en cuestión, quedará en USD 171 millones. “De 2001, son los dos más grandes que teníamos, con sentencias firmes con ‘Discovery’ y en el juzgado de -Loretta- Preska”, añadió, y deslizó el nuevo plazo -consensuado vía mail- hasta el 30 de junio.
De todo el embrollo de 2001 y la costosa cesación de pagos quedaría una puja menor, por USD 15 millones. Los invitados también advirtieron sobre lo costoso que implica contratar abogados en los Estados Unidos para seguir este tipo de causas que, en algún caso, superan en el tiempo a los juicios que se realizan contra el país.
Un conflicto que continúa vigente apunta a los bonos atados al cupón PBI que empuja Palladium, en Inglaterra, por 1.500 millones.
POLITICA
El kirchnerismo presentó un informe para cuestionar las condiciones de detención de CFK: “Es la única sometida a limitaciones”
Un grupo de senadores y diputados kirchneristas que integran el Consejo de la Magistratura presentaron un informe este lunes en la Facultad de Derecho en el que rechazaron las condiciones “arbitrarias y discriminatorias” de detención de Cristina Kirchner a casi un año de la condena por la causa Vialidad.
El documento fue presentado por los consejeros Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Salón Azul de la Facultad de Derecho. Allí, expusieron las condiciones de detención que tienen personas condenadas por delitos federales y sostuvieron que la ex presidenta “cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico”.
El informe se elaboró a partir de datos obtenidos mediante los pedidos de Acceso a la Información Pública que realizó el grupo de consejeros del Consejo de la Magistratura.
Todo esto se da en la previa del próximo 10 de junio cuando se cumpla un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la líder del PJ por la Causa Vialidad.
Entre los datos que expone el documento presentado por los dirigentes kirchneristas, se señala que más de la mitad de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad en el país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios. En la Ciudad de Buenos Aires, existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas enfrenta limitaciones en materia de visitas. El informe concluye que, entre quienes cumplen condena por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Kirchner es la única con ese tipo de restricciones vigentes.
Tailhade fue el primero en tomar la palabra y planteó sus conclusiones en términos políticos. “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país”, afirmó el diputado nacional y consejero.
Siley fue quien presentó los datos específicos del relevamiento y subrayó su carácter comparativo. “Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, sostuvo la consejera. Siley también vinculó la situación de la ex mandataria con lo que describió como una vulneración de garantías fundamentales: “A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, expresó.
Recalde, por su parte, fue directo en su caracterización del caso. “Cristina es una presa política. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo”, afirmó el senador. Agregó que el informe “demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia”.
Grau trazó paralelismos históricos entre el caso de Kirchner y el de Hipólito Yrigoyen, al señalar cómo distintos procesos políticos y judiciales buscaron, en diferentes momentos, perseguir y condicionar a líderes populares en beneficio de sectores económicos concentrados, tanto nacionales como extranjeros.
El cierre estuvo a cargo de Fernández Sagasti, quien dirigió sus cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto y a la Corte Suprema de Justicia en particular. “La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”, sostuvo la senadora.
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POLITICA
Crece el estrés financiero en las provincias y condiciona las negociaciones con la Casa Rosada
CÓRDOBA.− Las negociaciones entre los gobernadores aliados y la Casa Rosada añadieron un capítulo más cuando el ministro del Interior, Diego Santilli, se sumó el martes pasado a la reunión de los mandatarios del Norte Grande. Mientras la prioridad del funcionario pasa por aprobar la reforma electoral y eliminar las elecciones PASO, los gobernadores insistieron en reclamar obras de infraestructura.
Con el objetivo de sostener el superávit fiscal, la Casa Rosada mantiene el ajuste sobre transferencias discrecionales y los gobernadores enfrentan un deterioro creciente de sus cuentas públicas, en un contexto de recuperación de actividad todavía insuficiente y presión cada vez mayor sobre los gastos en salarios, salud, educación y obra pública.
Si las provincias hubieran mantenido en este primer semestre el mismo nivel de gasto real que exhibían en igual período de 2025, pasarían de un superávit financiero equivalente al 1% del gasto total a un déficit de 2%.
Tierra del Fuego profundizaría su rojo de 8% hasta 11% de sus erogaciones totales; Chaco pasaría de un déficit de 7% a 10%; Chubut saltaría de 4% a 8%, y Buenos Aires ampliaría su desequilibrio hasta 6% del gasto total. Cuatro provincias que habían mostrado superávit en la primera mitad de 2025 −Misiones, Río Negro, Formosa y La Rioja− pasarían ahora a terreno negativo.
Los datos se desprenden de un trabajo de los economistas Marcelo Capello, Martín Fiore y Valentina Gallardo, quienes advierten que el deterioro financiero provincial se produce, incluso, en un año en el que la economía argentina volvería a crecer. Según sus proyecciones, el PBI podría expandirse alrededor de 3,5%, pero los recursos totales provinciales caerían 2,6% real en los primeros cinco meses del año, una dinámica que vuelve a encender alarmas en las administraciones subnacionales.
Los economistas realizan otro ejercicio, como es el de estimar cuánto debería variar el gasto anual de cada provincia en el primer semestre para sostener el equilibrio financiero en función de la evolución de sus gastos. Así, Tierra del Fuego y Chaco deberían bajar 11% y 10% su gasto, en valores reales y respecto al primer semestre de 2025; en Chubut debería reducir 8%, en Misiones 7% y 6% en Buenos Aires. Por el contrario, podría aumentar 13% real en Jujuy; 8% en Santiago del Estero y Mendoza y 7% en Córdoba, que de todos modos mantendrían el equilibrio.
El reporte pone el foco sobre un fenómeno que hoy atraviesa buena parte de la relación entre la Nación y las provincias: el ajuste fiscal nacional terminó trasladando una parte significativa de la presión financiera hacia los gobernadores. La Casa Rosada logró consolidar el superávit a partir de un fuerte recorte del gasto, especialmente en jubilaciones, obra pública y transferencias. Y las provincias quedaron en el laberinto de recibir menos fondos nacionales, tener una recaudación propia todavía débil y estructuras de gasto mucho más rígidas.
El estudio muestra que mayo dejó un alivio parcial para las provincias. Las transferencias automáticas nacionales crecieron 8,2% interanual real, impulsadas principalmente por el desempeño de Ganancias. La mejora estuvo vinculada al calendario tributario de empresas con cierre de balances en diciembre, lo que generó un ingreso extraordinario de recursos coparticipables.
Sin embargo, el propio informe aclara que detrás de esa mejora mensual persiste una situación mucho más frágil. “Los tributos ligados estrictamente al mercado interno y al consumo interno han condicionado el volumen de transferencias hacia provincias en los últimos meses”, describe. El rebote todavía no logra consolidarse en los impuestos más asociados al nivel de actividad.
Con la lupa sobre el acumulado entre enero y mayo, las transferencias automáticas todavía exhiben una caída de 2,5% real interanual. El panorama empeora al incorporar las transferencias discrecionales. Como resultado, los giros totales a las provincias muestran una baja de 4,8% real en el acumulado anual.
Mapa heterogéneo
Detrás de esos números aparecen diferencias muy marcadas entre jurisdicciones. Santa Cruz figura como la provincia más perjudicada en materia de transferencias totales, con una caída de 6%. También muestran deterioros significativos La Rioja, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, todas con bajas cercanas al 4%. En cambio, La Pampa (2%) y Misiones (1%) registran mejoras netas en los fondos totales recibidos desde Nación.
En lo que hace a la recaudación propia provincial −uno de los factores que explica la creciente preocupación de los gobernadores−, en promedio, crecieron 0,6% real en lo que va de 2026. La recuperación es insuficiente para compensar la caída de transferencias nacionales y la presión del gasto.
Entre Ríos aparece como la provincia con mejor desempeño tributario propio, con una mejora de 11%, seguida por Neuquén y San Juan, ambas con incrementos de 8%. En el extremo opuesto se ubican Misiones, con una caída de 22%, y La Rioja, con una baja de 13%.
Neuquén sobresale dentro del mapa fiscal argentino. Impulsada por regalías hidrocarburíferas y por el efecto de Vaca Muerta, logró incrementar 5% sus recursos totales y se convierte en la única que combina mejora de ingresos y fortaleza fiscal relativa. El Ieral remarca que “más del 100% del aumento en sus recursos totales se explica por lo ocurrido con sus recursos propios”.
La situación de la provincia de Buenos Aires aparece entre las más delicadas por peso político y magnitud financiera. Según el estudio, cerró 2025 con un déficit financiero equivalente al 5,6% de su gasto total. Durante este año, sus ingresos totales muestran una caída cercana al 1% real. La simulación para el primer semestre la ubica entre las jurisdicciones con mayor deterioro potencial si no ajusta erogaciones.
El escenario más complicado se concentra en Tierra del Fuego, que cerró 2025 con un déficit financiero equivalente al 14,1% de su gasto total, el peor resultado provincial del país. También aparecen desequilibrios en La Pampa (-11,6%), Chubut (-7,4%) y Chaco (-6,8%).
De la comparación entre el ajuste nacional y el provincial surge que, entre 2023 y 2025, el gasto nacional acumuló una caída real de 24,9%, mientras que el consolidado provincial se redujo en 9,6%.
Es en esa línea en la que desde la Casa Rosada insisten en que los gobernadores todavía tienen margen para profundizar el torniquete mientras los mandatarios negocian apoyos en el Congreso por financiamiento de obras públicas y “devolución” de fondos que les corresponden por ley.
a la reunión de los mandatarios del Norte Grande,Gabriela Origlia,Javier Milei,Conforme a,,Debate por la IA. Yuval Harari cuestionó a Milei por su idea de crear empresas no humanas y el Presidente le respondió,,Análisis. Bullrich y Macri, entre las grietas libertarias,,Solo en Off. A días de volver a ser padre, Rodríguez Larreta cambia figuritas en Parque Rivadavia,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: expectativa por la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni,,Activos, en suspenso o frenados. La mayoría de los proyectos que Milei envió al Congreso están lejos de ser ley,,Opinión. Los deseos imaginarios del FMI
POLITICA
Pese a la propuesta del Gobierno a las universidades, las negociaciones siguen trabadas y se anunció un paro
Pese a que el Gobierno y las universidades acercaron posiciones, las negociaciones por el presupuesto continúan trabadas por la cláusula que puso el Ejecutivo de retirar la demanda que debe resolver la Corte Suprema. Sin esperar una resolución, gremios docentes anunciaron nuevas medidas de fuerza para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
A través de un comunicado, la organización que nuclea a los gremios de las distintas universidades nacionales -Conadu- anunció un paro en las actividades de una semana entre el 16 y el 20 de junio.
En simultáneo, convocaron a clases públicas en distintos puntos del país para este martes, incluidos los Tribunales de Buenos Aires donde funciona la Corte Suprema, y otras acciones en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires el 11 y el 16 de junio, respectivamente.
Las nuevas medidas de fuerza se anunciaron mientras el Gobierno y las casas de estudio representadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) continúan las conversaciones para destrabar el conflicto.
La propuesta del Gobierno a las universidades
Según explicó TN la semana pasada, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida del poder adquisitivo de parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
El acuerdo también incluye la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.
Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.
Según explicaron a TN desde la comunidad universitaria, la oferta representa llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%. Se trata de una cifra menor al 0,75% que exige la Ley de Financiamiento vigente (que sigue sin ejecutarse), pero entre los rectores consideran que es una propuesta “razonable” para comenzar a destrabar el conflicto.
El punto muerto de las negociaciones: la cautelar judicial
Pese a que ambos sectores reconocen condiciones para avanzar, las conversaciones encontraron un punto muerto debido a una condición que puso el Gobierno: que las universidades retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento.
Dicha ley nunca fue aplicada por la Casa Rosada con el argumento de que el texto no establecía de dónde obtener el financiamiento para su ejecución. Sin embargo, la comunidad universitaria presentó una cautelar ante la Justicia para exigir el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas en función de la variación del IPC.
En el Gobierno sostienen que dicha cifra, que ronda los 2,5 billones de pesos, atenta contra el superávit fiscal. La disputa debe ser dirimida por la Corte Suprema.
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En ese contexto, desde las universidades habían enfatizado a TN la semana pasada que no estaban dispuestas a perder el resguardo que implicaba la demanda judicial, una medida que además no contaría con el consenso de la comunidad universitaria.
Por su parte, el Gobierno insistió en que las casas de estudio se resistían a ceder para sostener el conflicto político, aunque este lunes aseguraron que las conversaciones continúan en buenos términos.
Gobierno, universidades, paro universitario
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