POLITICA
El Sindicato de Comercio acordó un aumento trimestral de 5,7% en paritarias

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó hoy un aumento trimestral de 5,7% más un bono extraordinario de $50.000 para todas las categorías en el marco de las negociaciones paritarias.
El acuerdo fue sellado entre el gremio mercantil, el más numeroso del país con más de un millón de afiliados, con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).
El entendimiento contempla un incremento trimestral del 5,7%, distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías. El bono se pagará en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y noviembre.
La suma extraordinaria de $120.000 alcanzada en el acuerdo paritario anterior se seguirá abonando durante la vigencia de este nuevo trimestre. Los pagos extraordinarios sirven para aumentar el salario final de bolsillo del mes, pero no repercuten en los aportes ni en el sueldo básico. Es un atajo al que recurren los gremios, el Gobierno y los empresarios para evitar que el porcentaje de aumento supere el 2%.
Además, se mantiene otro aporte extraordinario: $28.000 por mes para la obra social, Osecac.
“Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, dijo Armando Cavalieri en un comunicado.
Cavalieri, que tiene 90 años, está al frente del gremio mercantil desde hace cuatro décadas. Su paritaria sirve de referencia para otros sectores.
“Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país”, señaló el sindicalista.
En septiembre pasado, Cavalieri logró su undécimo mandato seguido al frente de la seccional Capital del Sindicato de Empleados de Comercio. Un fallo judicial excluyó a la oposición de la competencia electoral.
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POLITICA
Qué son las acefalías gremiales de facto y por qué se convirtieron en el gran conflicto que divide hoy al Gobierno y la CGT

Mientras mantiene la expectativa de una convocatoria del Gobierno a reanudar el diálogo, la CGT tiene en su agenda una propuesta que les hará a los funcionarios libertarios para destrabar conflictos llamados “acefalías de facto”, como sucedió con Luis Barrionuevo luego de que la Secretaría de Trabajo no le extendió el certificado de autoridades que convalidaría su triunfo en las elecciones en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Argentina (UTHGRA) realizadas en diciembre pasado porque el resultado de la votación aún está atrapado en un laberinto judicial.
En la central obrera, más allá de los reclamos salariales y laborales, buscan que la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, dicte una resolución que permita extender un certificado provisorio de autoridades a quienes ganen las elecciones en un sindicato aun cuando se judicialice el resultado de los comicios y se trabe la proclamación de la conducción elegida.
Sería una forma de que la actividad del gremio pueda mantener su vida interna con normalidad hasta que pueda dilucidarse por vía judicial la resolución del conflicto: no tener el certificado de autoridades puede ocasionar graves problemas en el manejo de las cuentas bancarias, la administración de los recursos del sindicato y de la obra social, la firma de las negociaciones paritarias, los trámites ante organismos públicos y la legitimidad de la representación institucional y política.

Allí radica una de las quejas centrales de Barrionuevo: asegura que no tener el certificado de autoridades aun en forma provisoria hizo que Trabajo no homologara el último aumento salarial de la actividad y que por eso los trabajadores del sector aún no lo cobraron.
De la propuesta cegetista ya están al tanto algunos importantes referentes de la Casa Rosada, aunque falta que le llegue a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que mantiene un fuerte enfrentamiento con Barrionuevo porque su ministerio apeló una sentencia judicial que le ordenaba darle el certificado de autoridades y, en lugar de aceptarlo, presentó un recurso extraordinario ante la Corte para dirimir el tema.
El ala dialoguista de la CGT que integran, entre otros, Gerardo Martínez (UOCRA), también quiere resolver el conflicto Gobierno-Barrionuevo para intentar recomponer su relación con el líder de Gastronómicos, resquebrajada porque éste cuestiona la estrategia moderada de la central obrera desde que perdió espacios de poder en la conducción cegetista elegida hace un año.

Aun así, en la CGT advierten que hubo otros diferendos similares al de Barrionuevo que podrían haberse evitado, como el de Mario Lavia al frente de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), a quien el Gobierno le dio el certificado de autoridades recién a partir de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Una situación parecida se dio con la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Feriantes de la República Argentina (SUTFRA), Mariana Berbeglia.
En el Gobierno admiten que este tipo de casos constituyen un problema complejo y afirman que están dispuestos a una solución consensuada con la dirigencia gremial, mientras alertan sobre los posibles efectos de la fórmula de la CGT: los funcionarios se encuentran en medio de un fuego cruzado intersindical y si aceptaran dar certificados de autoridades provisorios se expondrían a eventuales denuncias penales de los rivales del dirigente que se atribuye el triunfo electoral.
Desde Capital Humano aseguran que la decisión política es recurrir siempre hasta la última instancia judicial cuando existan sentencias adversas a resoluciones administrativas, como el no reconocimiento al triunfo electoral de Barrionuevo, mientras el resultado electoral siga en medio de una controversia judicial.
En la CGT sospechan que se trata de una excusa porque en otros casos el Gobierno no buscó ir a la Corte para “evitar acatar los fallos judiciales” y, sobre todo, porque se juega el liderazgo de un ultraopositor como Barrionuevo y la suerte de su ex cuñado y principal adversario, Dante Camaño, jefe de la Seccional Capital.

Más allá de las especulaciones políticas, es cierto que Trabajo dejó de tener la incidencia decisiva de siempre en las elecciones sindicales y es lo que explica la sucesión de acefalías de facto. Es que el decreto 342, dictado por el Gobierno en 2025, limita la intervención del Estado en los comicios en los gremios.
Esto significa que, a partir de aquella norma, la Secretaría de Trabajo no puede convertirse en árbitro de las disputas entre listas sindicales, no puede asumir automáticamente las funciones de la Junta Electoral, no tiene la facultad que le otorgaba la reglamentación anterior para suspender la puesta en posesión de las nuevas autoridades por una impugnación y debe respetar la autonomía sindical y las decisiones judiciales.
Según ese decreto, la Secretaría de Trabajo únicamente puede designar un funcionario por un plazo de 120 días hábiles cuando el sindicato carece de autoridades y su estatuto no prevé cómo resolverlo. Y al retirarse Trabajo como árbitro administrativo, los conflictos sindicales por listas, padrones o impugnaciones pasaron directamente a resolverse en el fuero laboral de la Justicia.
El decreto 342, de esa forma, le quitó a la Secretaría de Trabajo el rol de resolver conflictos vinculados con las elecciones sindicales y que tradicionalmente solían estar teñidos de sospechas de favoritismo político e incluso de otro tipo de irregularidades. Así, ahora es la Justicia la que debe dirimir esas controversias gremiales sin la intervención del Estado, a tono con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Curiosamente, o no tanto, esa decisión es cuestionada hoy por sindicalistas que añoran el papel excluyente de las autoridades estatales para resolver los conflictos vinculados con las elecciones en los gremios cuando, en realidad, la lógica indica que deberían confiar en tener más garantías de imparcialidad por parte de los jueces que de los funcionarios del gobierno de turno.
Esos mismos reflejos son los que impulsaron a algunos sindicalistas de buena llegada al Gobierno a operar en las últimas semanas para intentar que la Secretaría de Trabajo salga de la órbita de Capital Humano y pase a la Jefatura de Gabinete, un ámbito dominado por la dinámica negociadora de su titular, Diego Santilli, de aceitados vínculos con los líderes gremiales.
El propio Barrionuevo lo explicitó en la marcha del Sindicato de Gastronómicos del lunes pasado ante Capital Humano, adonde protestó por la falta de entrega del certificado de autoridades: “Todos los trabajadores no podemos andar en los tribunales dirimiendo los problemas nuestros, que son problemas del mundo sindical”, señaló. Y agregó: “A esta altura, Jefatura de Gabinete tendrá que hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo. Necesitamos resolver los problemas ahora”.
Sea como fuere, la CGT tomó este tema como uno de sus puntos centrales de la agenda con el Gobierno. Sólo falta que se concrete esa reunión que se esbozó durante la visita del Papa, pero que sigue rodeada de incógnitas.
POLITICA
Las incongruencias que muestra el Gobierno y una estrategia electoral que no termina de tomar forma

“Voy a ser reelecto. No tengan duda de que vamos a ganar en primera vuelta”, prometió Javier Milei el martes en el Palacio Libertad ante un auditorio colmado de jóvenes. La muestra de seguridad no se condice con la dinámica de su Gobierno, que trabaja a contrarreloj para sancionar la reforma electoral, en particular para suspender las PASO de cara a la próxima elección presidencial. Si sobran las garantías para un triunfo libertario en 2027, ¿por qué tanto apremio por cambiar las reglas del juego electoral sobre el cierre del año?
“¿Y si lo dice porque sabe que se suspenden?”, se preguntó ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial. La duda es válida, pero pierde fuerza frente a los movimientos que desplegó el oficialismo en las últimas horas. El libertario vaticinó su reelección el martes por la tarde, cuando el proyecto todavía contemplaba las colectoras y no reunía las firmas necesarias para obtener dictamen. Horas más tarde, casi de manera exprés, tanto ese mecanismo como varios artículos del texto original pasaban a la historia.
La última semana, en la que el oficialismo se acercó a su propósito, pero también protagonizó algunos traspiés, ofició de muestra concentrada del desorden interno que vive la Casa Rosada y que impacta en el terreno legislativo. Desnudó, también, la urgencia por desactivar la herramienta que le permitirían a la oposición ordenarse para los próximos comicios. “Parte de ganar en primera vuelta es eliminar las PASO”, admitió un funcionario.
Con la suspensión de las primarias como principal objetivo, el Poder Ejecutivo pasó de incorporar a eliminar las adhesiones en menos de 48 horas. También debió ceder ante los pedidos de los aliados para obtener el tan ansiado dictamen que le permitiera habilitar el tratamiento en el Senado. De esa forma, el proyecto original, que contenía 79 artículos, también fue víctima de la motosierra y quedó reducido a 25.

El conformismo es amigo de la necesidad. La presión que ejerce el calendario reavivó viejos problemas que parecían haber quedado relegados con la creación de la mesa política: la multiplicidad de actores en la negociación.
Si bien el resultado fue favorable, el proceso estuvo viciado de desprolijidades. La búsqueda de apoyos dejó en evidencia la intervención de distintos sectores del reducido círculo de poder: la senadora Patricia Bullrich y el ala que responde a Karina Milei, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, como principales interlocutores.
En ese esquema, algunos le atribuyen a la propia Karina Milei los primeros acercamientos con mandatarios provinciales y el contacto con el titular del PRO, Mauricio Macri, que, pese a sus antecedentes de resistencia a ese mecanismo, terminó respaldando las colectoras.
Un claro ejemplo de las idas y vueltas que tiñeron la jornada quedó expuesto el mismo miércoles, cuando un integrante de la mesa política desconocía la decisión de eliminar las colectoras del proyecto minutos antes de que la senadora lo anunciara en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.
“Uno de los grandes problemas de este Gobierno es la abundancia de cuentapropistas que se la dan de orgánicos. Es contraproducente”, facturó un legislador violeta.

En la misma línea, se expidió el alfil bullrichista Gerardo Milman, el primero en oponer resistencia a las colectoras: “A veces hay quienes se creen más de lo que pueden. Algo de eso pasó ayer. Muchas manos en un plato hacen mucho garabato”, sintetizó en X.
La descoordinación no se limitó a las conversaciones por los votos, sino que quedó expuesta en la disputa por el protagonismo de una negociación que, pese a las concesiones, terminó con un resultado favorable para el oficialismo. “Avanzamos con la estrategia, a los ponchazos, pero se cumplió”, destacó un alfil libertario.
Con la idea de habilitar el debate en el Senado el próximo jueves, en varios despachos de Balcarce 50 confían en la posibilidad de insistir en el recinto con algunos puntos que quedaron afuera del articulado. “Eran cuatro, ahora nos quedan tres finales: una la ganamos y falta la sesión del jueves, el dictamen en Diputados y la aprobación”, sintetizó un integrante de la mesa política.
El oficialismo estudia la posibilidad de volver a incluir el sistema de avales para la oficialización de las listas, pero sujeto a verificación biométrica, con la idea de reducir la presentación de partidos. El listado podría ampliarse luego de cotejar los actuales puntos con la Cámara Nacional Electoral, que deberá instrumentar cada modificación.
En síntesis, el miércoles dejó un saldo agridulce para La Libertad Avanza en el Congreso. La jornada había comenzado con la caída de la sesión en Diputados, donde se iban a tratar la Ley de Malvinas y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, pero terminó con el apoyo -hasta ahora- parcial para avanzar con la reforma.
Los que se peinan para la foto y los “vicios macristas”
En la previa de la firma “en disidencia” de Fama, Vigo y “Camau” Espínola, el oficialismo se daba por triunfador, pese a que había pasado varias horas intentando dar con el paradero del primero. Una vez estampadas las tres rúbricas, Bullrich y Santilli salieron a intentar capitalizar los laurales tras haber obtenido el dictamen de la tan ansiada reforma desde sus cuentas de X.

“Gran día en el Congreso”, celebró a las 20.08 la senadora, que durante la mañana del viernes sacó un nuevo video en el que se la ve peinándose para la foto, musicalizada por Nathy Peluso. “Habemus dictamen”, publicó el ministro coordinador 49 minutos más tarde. Ninguno hizo mención al trabajo conjunto.
“Vicios macristas”, resumió un libertario. La puja se retrotrae a la previa de la reunión de comisión, cuando la exministra alertó que no contaban con los votos necesarios para impulsar la reforma, mientras que el jefe de Gabinete defendió su posición con el número de adhesiones que había contabilizado hasta el momento en la reunión de mesa política.
La disputa por la reforma no es el único foco de conflictividad en las filas libertarias. Producto de las reiteradas diferenciaciones de la senadora, en particular tras los constantes reclamos por “mejoras que se sientan en el día a día”, los hermanos Milei hicieron trascender cierto malestar. Pero las necesidades legislativas, una vez más, obligaron a la plana de poder a intentar postergar las internas y amenguar el enojo.
En Casa Rosada saben que necesitan tener alineados a todos los protagonistas, por lo que resolvieron desescalar la tensión de los últimos días. “Patricia es necesaria. Post reforma veremos”, expresaron desde el entorno del mandatario.

Encerrados en los vaivenes quedaron algunos actores como la senadora Emilia Orozco, quien acusó a Bullrich de “poner en riesgo la reelección del Presidente”, horas antes de que el propio Milei negara la existencia de una interna y la definiera como su “socia política”. “Emilia es incontrolable”, le facturan desde el oficialismo.
El paso a paso y una estrategia vacante
Las diferencias que el Gobierno intenta administrar anticipan una discusión mucho más profunda sobre la proyección electoral de 2027. Tras la partida de León XIV, el Gobierno fijó una serie de objetivos y ordenó a la plana de poder en torno a ellos.
Por estos días, en Balcarce 50 prometen que, una vez sancionada la reforma política, se sentarán a delimitar la estrategia electoral y comenzarán a cerrar los acuerdos rumbo a los próximos comicios. La determinación del armado es clara: “Iremos acordando a medida que vayan fijando fechas, pero hay buena predisposición”.
Una vez concluido el período de sesiones extraordinarias, que se extenderá durante diciembre para culminar el debate de las iniciativas legislativas que aún están pendiente, en el ala política admiten que están obligados a diagramar los próximos pasos, que ya empiezan a estar condicionados por los intereses electorales.
“Con el nuevo panorama, habrá una nueva conversación profunda sobre el rol de Patricia Bullrich y también el de Santiago Caputo, clave para el diseño de la estrategia. Además, definiremos hacia dónde vamos con los gobernadores aliados”, adelantaron por los pasillos de Casa Rosada.
El escenario se presenta complejo. El asesor presidencial planteó, en más de una oportunidad, que la ingeniería electoral no es ajena a la definición de alianzas, la construcción de las listas, el manejo de la prensa y la dinámica de gestión, ámbitos de los que se mantiene alejado desde hace varios meses. Restará ver cómo resuelve el intrincado desafío en caso de que La Libertad Avanza logre la suspensión de las PASO.
Con el perfil anticasta desgastado y con la sociedad demandando mejoras económicas, la creatividad del consultor será llevada a su máximo nivel. Pese a que el peronismo no definió su candidato, en el Poder Ejecutivo vaticinan una continuidad de la estrategia de 2025, basada en la contraposición de modelos. Más polarización, todo lo que el argentino necesita.
Los tiempos apremian. Los libertarios, que todavía discuten si deben avanzar en un acuerdo con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, deberán alcanzar una definición antes de que culmine el año. El neuquino desdobló las elecciones provinciales y las fijó para el 14 de febrero, un calendario que anticipa el inicio de la campaña para los primeros meses del año. “Es todo un romántico”, ironizó una fuente de Casa Rosada, que le factura haberlo anunciado durante el viaje de León XIV.
En medio de esa indefinición, la senadora Nadia Márquez se sumó a la lista de posibles candidatos a la vicepresidencia, detrás de Guillermo Francos, que también sugirió esa posibilidad esta semana, y Patricia Bullrich, que suena -desde hace tiempo- en varios despachos junto con Martín Menem.
La certeza que exhibe el propio Milei y que comparten varios de sus funcionarios sobre la reelección contrasta con las incógnitas que persisten dentro del oficialismo. Mientras acelera los cambios en las reglas electorales, el Gobierno deberá resolver quiénes serán los encargados de construir esa candidatura, con qué aliados y bajo qué estrategia. La primera vuelta todavía queda lejos; el desafío de ordenar la propia tropa, no tanto.
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POLITICA
Vialidad: piden apartar al perito de Cristina Kirchner por su vínculo con Lázaro Báez

Los fiscales del juicio Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron formalmente el apartamiento de uno de los peritos tasadores designados por la expresidenta Cristina Kirchner para intervenir en el proceso del decomiso de bienes, tras detectar que el profesional mantenía vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez.
Se trata de Sergio Felipe Pejkovic, titular de una inmobiliaria de Río Gallegos. Su nombre surgió en una escucha telefónica realizada en el marco de otra causa judicial, en la que se investiga si Báez continúa administrando y explotando su patrimonio desde la cárcel. Según los elementos reunidos en esa investigación, Pejkovic -el perito designado por la expresidenta- habría administrado propiedades del empresario y mantiene contacto con uno de sus principales hombres de confianza.
Luciani y Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 -a cargo de la ejecución de Vialidad y del decomiso- que el profesional declare qué tipo de vínculo tiene con Báez, con su familia, con sus empresas y su entorno. Pidieron que, mientras tanto, sea excluido de las inspecciones y tasaciones de los bienes vinculados al empresario.
“La cuestión aquí no radica en que Pejkovic sostenga la posición de la condenada que lo designó, sino en que presentaría un interés propio y vínculos con un tercero —el condenado Báez— cuyos bienes son precisamente los que deberá tasar”, argumentaron los fiscales.
“No puede omitirse considerar, que Báez es obligado solidario al pago del decomiso (junto a la Sra. Fernández) y cualquier desvío en la valuación de sus bienes, incidirá directamente en el monto que se tendrá por satisfecho”, agregaron.
El nexo surgió en el marco de la investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate. Fue a partir de un intercambio de información entre ambas fiscalías que Luciani y Mola advirtieron los vínculos del tasador con el entorno de Báez.
Ya en su presentación del 10 de noviembre, los fiscales habían advertido sobre la existencia de un “posible conflicto de intereses” que podía comprometer la objetividad del perito, dado que el valor que se les asigne a las propiedades incidirá directamente sobre el alcance de la ejecución del decomiso que deben afrontar Báez y la expresidenta.
Además del apartamiento del perito, Luciani y Mola solicitaron que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema informe sobre el grado de avance de las tasaciones, ordenadas hace un año por el tribunal y de cuya conclusión depende la ejecución del decomiso, cuyo monto actualizado es de casi $685.000 millones.
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