POLITICA
Un tribunal le negó la libertad condicional a José López, pero ordenó tratarlo psicológicamente
El exsecretario de Obras Públicas José López, condenado a 13 años de prisión por fraude y por los bolsos que buscó esconder con casi 9 millones de dólares y armas, seguirá preso porque el Tribunal Oral Federal 2 rechazó su pedido de libertad condicional. Sin embargo, recomendó que lo traten psicológicamente pues su estado de salud mental así lo requiere.
“Hice una de más”, dijo a los psicólogos que lo atienden y deben determinar si puede salir libre. Fue lo más cerca que estuvo de arrepentirse de su conducta, por lo que el juez Rodrigo Giménez Uriburu le denegó la libertad.
No obstante, exhortó al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a que le garantice “un abordaje psicológico específico y sostenido vinculado con la problemática que motivó su detención”.
La resolución sostuvo que López ya cumplió el tiempo de detención necesario para pedir el beneficio de la libertad condicional, pero no reúne el otro requisito que exige la ley: un pronóstico favorable de reinserción social. Todas las áreas del penal se habían pronunciado en contra.
López cumple una pena única de 13 años de prisión, que unificó tres condenas, la de seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad, la de seis años por enriquecimiento ilícito, cuando fue sorprendido en 2016 arrojando bolsos con millones de dólares en un convento de General Rodríguez; y la de un año y siete meses por portación ilegal de armas. Según el último cómputo, la pena vencerá el 16 de diciembre de 2030.
Los informes penitenciarios lo describen como un detenido con conducta ejemplar (10 de calificación) y sin sanciones disciplinarias, pero con un “concepto regular 3” y en una etapa incipiente del tratamiento.
El área de Psicología registró en López “falta de implicancia subjetiva frente al delito cometido” y una elaboración “parcial y superficial” de su conducta, “sin evidencias claras de arrepentimiento”.
El Cuerpo de Profesionales señaló que López no hizo un tratamiento psicológico sostenido y que, en las entrevistas, “tiende a hablar sobre cuestiones personales no vinculadas al delito”.
El Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación fue más allá. Sobre su primera detención, indicó que López reconoce los hechos, aunque los relata “de manera evasiva y defensiva” y dice haber actuado por “temor”.
Sobre la condena de Vialidad, el equipo sostuvo que niega su responsabilidad, pero que, ante preguntas sobre conductas que considera equivocadas, admitió haber hecho “una de más” y reconoció la posible incidencia de “su afán por conservar cierto ‘poder’ asociado al lugar que ocupaba”.
Ese mismo equipo consignó que López tuvo dos episodios de mutismo selectivo y “otras conductas bizarras”, que coincidieron con sus detenciones en 2021 y 2025, y que en la primera ocasión requirieron su internación en el dispositivo psiquiátrico PRISMA.
Advirtió que los diagnósticos de los distintos equipos de salud mental no coincidieron y que no se aclaró si esos episodios fueron una descompensación psicótica, “una simulación de enfermedad psiquiátrica para lograr un fin” o síntomas de un trastorno de ansiedad severo.
Los profesionales destacaron factores a favor: López tiene un domicilio y una referente dispuesta a recibirlo, formación como profesor particular de Matemática y Física, y un seguimiento psiquiátrico que dice querer continuar cuando se le otorgue la libertad. No advirtieron riesgo de daño para sí ni para terceros.
El fiscal Diego Luciani se opuso a que le otorguen el beneficio de la libertad. Planteó que el cómputo no está firme porque sigue pendiente un recurso de queja del fiscal de Casación Mario Villar ante la Corte Suprema, y que no existe un pronóstico favorable de reinserción.
El defensor oficial Javier Salas sostuvo que las conclusiones de los especialistas de la unidad penal eran “arbitrarias”, que el Código Penal no exige una calificación ni una fase determinada para la libertad condicional y que evaluar la “implicancia personal” en sus delitos vulnera garantías constitucionales.
El juez Giménez Uriburu le dio la razón a la defensa en que la queja ante la Corte no tiene efecto suspensivo, por lo que López cumple el requisito temporal para acceder a la libertad desde junio pasado. Pero rechazó el resto.
Sostuvo que los informes no reflejan “una adhesión dogmática” sino una “coincidencia diagnóstica”, que el concepto regular tres es “un indicador objetivo” de que su evolución “aún no ha alcanzado la maduración necesaria” y que la defensa afirmó que López trabaja intramuros, pero los penitenciarios informaron lo contrario.
Comprender y respetar la ley
También aclaró que no es posible exigir “una retractación o una confesión en términos morales”, sino de lo que se trata es de verificar que adquirió la capacidad de comprender y respetar la ley.
“La persistencia de mecanismos evasivos o de minimización del desvalor de la conducta reprimida demuestra que los objetivos del tratamiento penitenciario se encuentran aún en desarrollo, lo que torna prematuro un egreso anticipado”, escribió el juez.
Rodríguez Uriburu aclaró que la negativa “responde al estadio actual del tratamiento” y no es un juicio definitivo, y pidió al penal que le informe sobre la evolución de López.
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POLITICA
El Gobierno defendió la reducción del Estado y afirmó que se eliminaron 81.000 puestos de trabajo
Funcionarios del Ministerio de Desregulación expusieron este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, y respaldaron la reducción del Estado nacional porque genera un “ahorro permanente” del Presupuesto.
La presentación se realizó en el marco del tratamiento del proyecto de ley de ingresos y egresos para 2027 y estuvo a cargo de Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, de la cartera que conduce Federico Sturzenegger.
Fariña sostuvo que “después de tres años tenemos un Estado que es mucho más chico del que recibimos en 2023. Tenemos menos ministerios, tenemos menos cargos, organismos y 81.000 empleados públicos menos”. Agregó que “no solo estamos teniendo un Estado más chico, sino también estamos redefiniendo el rol del Estado y cuál es su funcionamiento”. En ese sentido, remarcó que “el ahorro es permanente”.
El funcionario detalló los recortes en la estructura superior. Pasaron de 18 ministerios en 2023 a los 8 actuales. Las autoridades superiores —ministros, secretarios y subsecretarios— se redujeron de 307 a 192, lo que representa una baja del 40 % y, según estimó, un ahorro anual de 15.000 millones de pesos en el Presupuesto.
En la administración central, los cargos bajaron de 2.476 a 1.994: unas 500 posiciones menos y la eliminación de otras tantas áreas. Ese recorte, precisó, implica 35.000 millones de pesos anuales de ahorro solo en salarios de funcionarios. Respecto de los organismos, pasaron de 117 a 91, un 22 % menos.
También informó que en el último año se aprobaron más de 140 normas de estructuras orientadas a mejorar el funcionamiento de cada organismo.
Sobre el empleo público, Fariña indicó que la dotación total del Estado nacional bajó un 16 % en estos tres años. En lo que va de 2026 la reducción fue de casi 20.000 personas, concentrada principalmente en el personal civil de la Administración pública nacional.
La exposición se enmarcó en la comparación con la gestión anterior y en la idea de que el ajuste no es coyuntural: se redefinieron funciones, se eliminaron áreas consideradas duplicadas o transferibles a provincias, municipios o el sector privado, y no se crearon nuevos puestos para reemplazar los suprimidos.
POLITICA
El gobierno de Milei niega colaboración en el escape de Flávio Bolsonaro desde Brasil a EE.UU.
En medio del asombro mundial por la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil después de perder el balotaje, este domingo, contra Luis Inácio Lula da Silva, fuentes del gobierno de Javier Milei negaron a haber colaborado en la maniobra de escape del excandidato.
Desde la Casa Rosada insistieron, además, con que no tienen constancia de que Bolsonaro haya ingresado al país antes de volar hacia Estados Unidos, como deslizan algunas versiones este martes.
“No tenemos nada que ver”, refirieron fuentes oficiales ante la consulta de . Esto, luego de que el diario Folha de Sao Paulo informara que la administración de Donald Trump habría participado en el plan para sacar a Bolsonaro junto a su esposa Fernanda y a sus dos hijas de Brasil, y que podría otorgarle asilo político.
De esta forma, voces autorizadas de la administración Milei buscaron desconocer el itinerario, más allá de que el presidente argentino es aliado tanto de Trump como del clan Bolsonaro. La partida del senador ocurrió pese a ya no tener pasaporte, por la orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que le negó la salida del país por una causa de presunto lavado de dinero.
Además de la respuesta oficial de la Casa Rosada, funcionarios de peso dijeron esta tarde tampoco estar al tanto de una supuesta participación local en la huida del dirigente del Partido Liberal (PL). “Que yo sepa, no”, respondió una alta fuente libertaria ante la consulta de sobre si el gobierno argentino tuvo algo que ver en el traslado internacional. “Me enteré por los medios”, dijo otra.
Ante las versiones que indican que Bolsonaro podría haber pasado por la Argentina como escala previa a su desembarco en Estados Unidos, en el Gobierno afirmaron esta tarde: “No nos consta”. De esa forma, dejaron abierta la duda sobre un eventual ingreso no oficial.
Folha de Sao Paulo señaló este martes que, según aliados del excandidato presidencial, Flávio Bolsonaro partió a Estados Unidos desde la Argentina, pero no desde Puerto Iguazú, y que la aparición del nombre del excandidato en una lista de pasajeros en el aeropuerto de Misiones habría sido una jugada para distraer.
Más temprano a la mañana, Migraciones había emitido un comunicado en el que afirmó “no registrar ingreso alguno” de Bolsonaro a la Argentina. “A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, indicaron.
Las suspicacias aumentaron con las horas, ya que Milei no solo es un aliado de la familia de políticos conservadores brasileños, sino que también participó activamente en la campaña y no saludó a Da Silva por su victoria.
Con constantes ataques a Lula y elogios a Bolsonaro, el Presidente visitó al candidato en julio, para darle su apoyo, y ambos sonrieron en una fiesta derechista junto a una enorme tijera, con la que el excandidato prometía un ajuste del presupuesto. Esa vez, Milei incluso pidió a la Justicia ir a ver al expresidente Jair Bolsonaro, preso por el intento de golpe de Estado en 2022 (una causa que Milei desconoce), pero también De Moraes le negó esa posibilidad.
Este mes, Milei se reunió en Washington con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flavio, como otro guiño a la campaña de la derecha en Brasil. El mítin se dio después de que De Moraes dispusiera el arresto del exdiputado, que ya tenía una condena de más de cuatro años de cárcel, sin cumplir por su residencia en el norte.
Fue Eduardo Bolsonaro quien aseguró que si su hermano perdía la elección, tenía que irse a Estados Unidos. De Moraes justificó que esa declaración lo llevó a ordenar el impedimento de salida de Brasil del excandidato presidencial.
Ayer, cuando pasó lo del pasaporte, los hermanos Bolsonaro quisieron instalar que la idea de una huida era falsa. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo Flávio Bolsonaro en un video, pese a que hoy hizo lo contrario.
Esta mañana, en conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, negó que Bolsonaro hubiera pedido asilo en la Argentina. Fue antes de que se conociera que se lo brindaría el gobierno de Donald Trump.
“El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, dijo el vocero presidencial. Esa fue la manera que eligió la gestión Milei para mencionar el balotaje del domingo, en el que Da Silva se impuso 51,7% a 48,2%, aunque Bolsonaro venía como favorito tras ganar en la primera vuelta.
El excandidato perdedor no reconoció el resultado. Sí lo hizo su partido. Por ahora, tampoco habló sobre su salida del país, pero en su entorno ya denuncian una “persecución política”.
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Los empleados de comercio acordaron un nuevo aumento salarial para el último trimestre y sumarán un bono de $50 mil
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó un nuevo acuerdo paritario junto a las cámaras empresariales para los últimos tres meses del año. De esta manera, el entendimiento será con un aumento trimestral del 5,7% y sumarán un bono de 50 mil pesos.
El gremio logró el nuevo acuerdo que regirá para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026 tras una serie de reuniones con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).
El incremento pactado se distribuirá en tres tramos mensuales iguales: un 1,9% en octubre, otro 1,9% en noviembre y un 1,9% adicional en diciembre. Cada uno de esos porcentajes se calculará sobre las escalas salariales correspondientes a septiembre de 2026, tomando como referencia también las sumas de carácter no remunerativo vigentes a esa fecha.
Además del ajuste salarial, las partes acordaron el pago de una asignación extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo, no acumulativo y por única vez, destinada a trabajadores de todas las categorías contempladas. Ese monto se abonará en dos cuotas idénticas de $25.000: la primera con los haberes de octubre y la segunda con los de noviembre.
Otro punto relevante del entendimiento es la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 que había sido establecida en la negociación anterior. Según lo convenido, ese importe se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo período trimestral, lo que garantiza que los trabajadores mantengan ese componente dentro de sus ingresos mensuales.
El acuerdo alcanza a cerca de 1.200.000 empleados del sector comercial de todo el país, encuadrados bajo el convenio 130/75. Cabe recordar que en julio de este año, FAECYS y las mismas cámaras empresariales habían firmado un entendimiento con idéntica estructura: un incremento del 5,7% distribuido en tres tramos del 1,9% para julio, agosto y septiembre, acompañado también por un bono extraordinario de $50.000. La nueva paritaria replica ese esquema para el último trimestre, en línea con la dinámica de revisión periódica adoptada por las partes durante 2026.
El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, se refirió al resultado de las negociaciones: “Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes”, señaló. El dirigente sindical también hizo hincapié en las condiciones que rodean a la actividad mercantil: “En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, sostuvo.
En la misma línea, Cavalieri reconoció: “Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades”, indicó. Luego añadió: “Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país”.
Según lo establecido en el acuerdo firmado en julio, la suma de $120.000 no solo se mantiene como componente del salario, sino que además comenzó a incorporarse de forma gradual a las escalas salariales básicas convencionales. Esa incorporación se realiza en seis cuotas de $20.000 cada una, un proceso que se extiende a lo largo de varios meses con el objetivo de absorber progresivamente ese monto dentro de la estructura remunerativa formal del convenio. Las sumas pendientes de integración continuarán liquidándose conforme a lo pactado en la cláusula tercera del entendimiento suscripto el 26 de marzo de 2026.
Las partes firmantes también asumieron el compromiso de volver a reunirse una vez finalizado el trimestre para analizar las variaciones económicas registradas durante el período y evaluar los próximos pasos en materia salarial.
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