La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó hoy un aumento trimestral de 5,7% más un bono extraordinario de $50.000 para todas las categorías en el marco de las negociaciones paritarias.

El acuerdo fue sellado entre el gremio mercantil, el más numeroso del país con más de un millón de afiliados, con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

El entendimiento contempla un incremento trimestral del 5,7%, distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías. El bono se pagará en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y noviembre.

La suma extraordinaria de $120.000 alcanzada en el acuerdo paritario anterior se seguirá abonando durante la vigencia de este nuevo trimestre. Los pagos extraordinarios sirven para aumentar el salario final de bolsillo del mes, pero no repercuten en los aportes ni en el sueldo básico. Es un atajo al que recurren los gremios, el Gobierno y los empresarios para evitar que el porcentaje de aumento supere el 2%.

Además, se mantiene otro aporte extraordinario: $28.000 por mes para la obra social, Osecac.

“Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, dijo Armando Cavalieri en un comunicado.

Cavalieri, que tiene 90 años, está al frente del gremio mercantil desde hace cuatro décadas. Su paritaria sirve de referencia para otros sectores.

“Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país”, señaló el sindicalista.

En septiembre pasado, Cavalieri logró su undécimo mandato seguido al frente de la seccional Capital del Sindicato de Empleados de Comercio. Un fallo judicial excluyó a la oposición de la competencia electoral.

El exdiputado libertario José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero en la causa en que se investiga el aporte de US$200.000 que recibió en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado, quien se declaró culpable en los Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.

“Se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado, ni acusado formalmente, y revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”, escribió el exdiputado.

Advirtió: “Seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio”. Espert era primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones legislativas y bajó su postulación por esta denuncia.

Espert argumentó que no está probado que ese dinero tenga un origen ilícito, por lo que pidió que la Cámara Federal de San Martín lo sobresea y revoque el embargo que dispuso el juez federal Lino Mirabelli de 1000 millones de pesos sobre sus bienes.

Espert planteó dos recursos ante Mirabelli, uno por su propio procesamiento y otro por el de su empresa Varianza SA, la consultora que constituyó con su esposa en 2019 y que también fue procesada.

Espert pidió que la Cámara Federal de San Martín revoque el procesamiento, dicte su sobreseimiento y deje sin efecto el embargo de $1000 millones y la prohibición de salir del país.

En caso de que no lo sobresean, pidió que declaren que no hay mérito suficiente ni para procesarlo ni para sobreseerlo.

Mediante un comunicado de prensa escrito en primera persona, con su firma, Espert calificó el fallo de “contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”.

Su argumento es que el juez lo procesó sin tener evidencia, dijo, de que el origen de los 200.000 dólares sea ilegal.

Según Espert, el fallo reconoce que el juez exhortó a Estados Unidos hace un año para acreditar la procedencia del dinero, pero el envío sigue sin respuesta. “Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”, escribió.

También sostuvo que la creación de Varianza y la falta de declaración fiscal de la transferencia serían compatibles con una cuestión impositiva, no penal.

El exdiputado remarcó además que el juez Mirabelli descartó parte de lo que pidió la fiscalía, pues no vinculó ese dinero con un fideicomiso en la costa ni un vehículo pagado a fines de 2024, rechazó agravantes y reconoció su idoneidad para prestar el servicio de consultoría.

A su juicio, la imputación quedó reducida a la transferencia desde los Estados Unidos, su uso para comprar dos autos y la contabilidad de la sociedad.

Espert argumentó que no hubo ocultamiento, condición que considera esencial para el lavado; señaló que la transferencia fue a una cuenta a su nombre, uno de los autos se compró en concesionaria con factura y el otro se pagó por transferencia bancaria. Dijo que Varianza tiene domicilio en su casa y sueldos declarados.

Señaló que el contrato de consultoría nunca fue exhibido ante ningún banco ni organismo en cinco años, por lo que, dijo, no pudo servir de pantalla.

Espert cuestionó con dureza el tramo final del fallo, que alude a la “financiación de figuras de un espacio político” y de “campañas electorales”.

Sostuvo que nunca fue indagado por esos hechos, que tramitan en otra causa y otro juzgado, y que su inclusión “revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”.