El Gobierno tomó nota. Para algunos aliados, a medias. En busca de avanzar con una de sus banderas políticas más recientes, el oficialismo introdujo significativas modificaciones en lo que refiere a las sanciones a las empresas extranjeras, después de la exigencia de Washington a la Casa Rosada, blanqueada por los dos funcionarios norteamericanos que desembarcaron en el país la semana pasada.

Así, el bloque libertario logró avanzar con el dictamen de su proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocido como “Ley Malvinas”, con 60 firmas.

Sin embargo, la discusión quedó fragmentada en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, donde se presentaron seis dictámenes, cinco de ellos por afuera del oficialista mayoritario.

Los distintos espacios cuestionaron la falta de precisiones en el título XII, referido a la injerencia extranjera, que en su versión original establecía penas de hasta 12 años de prisión para quienes, “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación masivas”.

Si bien el apartado fue sujeto a varios ajustes y dejó afuera los términos más ambiguos del artículo 111, mencionado en el antiguo capítulo VI, en particular, en lo referido a las “campañas de desinformación”, hay quienes dentro de los bloques piden mayores precisiones para asegurar la libertad de expresión.

En concreto, exigen cambios al actual titulo XII de fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones. Una vez más, desde las huestes libertarias admitieron que así como está, no saldrá en el recinto. Es por eso que aclaran que sumarán modificaciones para asegurarse el aval del capítulo.

Según anticiparon a fuentes parlamentarias, el objetivo es llevar el debate al recinto el próximo 12 de noviembre, un día después de la partida del papa León XIV, junto con el proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central, que ya cuenta con media sanción en el Senado.

Entre otros cambios significativos a la iniciativa original, que Milei había presentado con bombos y platillos en cadena nacional, figura la incorporación del Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional.

Además, tal como anticipó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, durante su exposición ante los diputados semanas atrás, se ratificó la comisión bicameral encargada de fiscalizar su funcionamiento.

Noticia en desarrollo

El financista Ariel Vallejo seguirá preso, después de haber sido detenido el viernes pasado. La Justicia lo investiga por lavado de dinero y evasión tributaria. Un escrito judicial reciente agregó la hipótesis de que parte del dinero que circuló a través de la billetera virtual de Sur Finanzas tuvo como origen el juego ilegal.

El juez Tomás Rodríguez Ponte revocó la exención de prisión. Esto no cayó bien en la defensa de Vallejo, que realizó una presentación para evitar que siguiera detenido, pero fue rechazada.

El magistrado tomó esa decisión porque detectó “riesgos procesales concretos”. Vallejo debía presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que se le habían entregado como depositario judicial. Según el juez, no cumplió ninguna.

El caso comenzó con una denuncia de la ARCA, por evasión y lavado de $818.000 millones. Dentro de la DGI habían adoptado la expresión “ejército de soldaditos” en alusión a personas que movieron cifras grandes de dinero a través de la billetera virtual de Sur Finanzas que no condicen con su perfil económico.

Un informe al que tuvo acceso enumeraba casos como el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, en ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.

Vallejo siempre negó tener un “ejército de soldaditos”, pero eso no logró frenar la investigación judicial. El expediente plantea que supuestamente a través de ganancias provenientes del dólar blue expandió el grupo Sur Finanzas, hasta abrir la cuestionada billetera virtual Sur Finanzas PSP. A través de ella, la Justicia plantea que se le pudo haber dado fachada lícita a fondos ilícitos.

Juego clandestino

La fiscal Cecilia Incardona sostiene que Vallejo, su madre, y otras personas “administraron, transfirieron, pusieron en circulación y disimularon –según el caso– fondos provenientes del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada de la propia sociedad”. Esta es una de las últimas novedades de la causa.

Vallejo es conocido como un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sur Finanzas llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield, y participó de campañas comerciales junto a la entidad deportiva.