POLITICA
El último síntoma del extendido daño por el caso Adorni
Reuniones con asistencia perfecta de ministros, encuentros de la “mesa política”, lugar preferencial en algún acto, fotos con el Presidente. Todo parece repetido en la escenificación del apoyo a Manuel Adorni, pero ya no es lo mismo. Y no sólo por la fatiga del mensaje expresado en distintos formatos, incluido un video con música de Rocky. En el circuito oficialista, las primeras alertas fueron alimentadas por el registro negativo del caso en las encuestas, anticipo de malos datos en los relevamientos de redes sociales. Crecieron después las señales de malestar doméstico por la vía de los trascendidos. Y finalmente, Javier Milei anotó el mensaje explícito a su frente interno: busca disciplinarlo para sostener el cerrado respaldo al funcionario. Es el último síntoma de un daño extendido.
Milei ordenó cerrar la semana con una nueva reunión de gabinete, para darle un corte al clima interno. Venía con advertencia previa para evitar una cita de catarsis, con algún reclamo más o menos claro al jefe de Gabinete, según circulaba en medios oficialistas. El presidente completó el gesto con su presencia. Y le agregó una andanada para reafirmar su posición frente al malestar y los cálculos sobre costos, en materia política y con algún arrastre al mundo empresarial. “No lo voy a ejecutar por una elección”, resumen que dijo Milei. Una frase que no dejaría margen para la diferenciación de funcionarios ante los micrófonos.
Está claro entonces a quién le viene hablando el Presidente en estos últimos días. No parece que el destinatario central de su mensaje sea el común de la gente, ni la franja que lo acompaña, ni siquiera el núcleo duro. Tampoco es decisivo para las batallas en las redes sociales, que, según distintos relevamientos, no vienen siendo favorables al bando violeta. Eso, en todo caso, fue cumplido y superado por el paso del tiempo: dos meses desde el viaje a Nueva York que asomaba como un tema en sí mismo, pero terminó siendo el primer capítulo de una larga serie.
Los dichos de Milei fueron tomando otra dimensión con el correr de los días. La novedad de esta semana, llamativa, fue el énfasis presidencial para destacar en una entrevista su condición de máxima instancia en la toma de decisiones. Y añadir que el que no acata, se tiene que ir. Algo básico pero significativo porque se lo recordó ahora a la primera línea del Gobierno. Todo, en el contexto expuesto más crudamente por el reclamo de Patricia Bullrich a Adorni, para que aclare de una vez por todas su situación patrimonial. No fue dicho pero es obvio: si no pudiera hacerlo, debería dejar el cargo y evitarle mayores costos a Olivos.
La semana que termina muestra la velocidad de los hechos, que incluso desarmaron la cauta expectativa generada en las filas violetas por la presentación del jefe de ministros en el recinto de Diputados. Provocó un sacudón la declaración del contratista que manejó los arreglos en la casa del country de Exaltación de la Cruz. Abundaron de inmediato los trascendidos desde algunos despachos oficiales y oficinas del Congreso señalando la necesidad de un corte claro del tema. Fue un mensaje a Adorni, con previsible eco en Olivos. Karina Milei se movió en esas horas para evitar una expansión crítica del tema. Después, llegó el reclamo de Bullrich. Y de inmediato, la respuesta presidencial.
La sola descripción de los hechos expone la gravedad del momento. Y con ese cortinado de fondo, el impacto en el interior del oficialismo agrega un elemento que potencia el cuadro. Dicho de otra forma: la tensión que se deja trascender por la falta de respuesta de Adorni -la justificación de sus cuentas o el paso al costado- pasa a ser una señal inquietante sobre la gestión, relegada o subordinada, según el caso, por el objetivo presidencial de sostener a su funcionario.
El último ejemplo, notable, acaba de ser la increíble conferencia de prensa a cargo de Adorni, Luis Caputo Alejandra Monteoliva, con limitación de preguntas a los “temas de agenda”, es decir, nada sobre el caso del jefe de Gabinete. Por supuesto, hubo preguntas incómodas, ineludibles, antes de que los funcionarios expusieron sus objetivos. El ministro de Economía anticipó parcialmente el nuevo RIGI que impulsa el Ejecutivo y su colega, de Seguridad, habló de un operativo contra el narcotráfico en Santa Fe.
¿El resultado? El tema Adorni relegó casi por completo los anuncios que formalmente motorizaron la convocatoria a la prensa. Y fue así por dos razones. La primera: volvió a quedar a la vista la falta de respuesta del Gobierno sobre las cuentas del funcionario. Y la segunda: todo indica que se trató de una nueva y poco efectiva puesta en escena de acompañamiento al jefe de ministros.
Si ya antes los gestos públicos de apoyo no resultaban muy espontáneos, ahora asoman forzados. La reunión de Gabinete encabezada durante media hora por Milei coronó su mensaje en el frente doméstico. Y eso mismo le agrega otro ingrediente al repetido objetivo de recuperar iniciativa política: se trataría ahora no sólo de modificar el temario público, sino además de aliviar en parte las tensiones internas.
El oficialismo viene negociando en el Congreso para encaminar proyectos del Gobierno. Y la oposición retomó la idea de motorizar una sesión con foco en Adorni. El pedido de sesión está anotado para el jueves que viene, aunque existen dudas sobre la posibilidad de asegurar quórum. Más bien, al contrario. El Gobierno viene negociando con jefes provinciales por otros temas -en un cuadro de caída de recursos- y los socios y aliados de LLA no se desmarcarían en este tema. El punto es además si acompañarán los proyectos más complicados, como la reforma electoral, que el oficialismo busca mover por las referidas necesidades.
En Diputados, los negociadores violetas transmitieron su intención de sesionar recién el miércoles 20, para votar la postergada Ley Hojarasca y otras iniciativas. Y en el Senado, LLA y aliados acordaron avanzar el jueves próximo con una agenda breve, que encabeza el proyecto sobre propiedad privada, ya recortado. El clima, como viene ocurriendo, dependerá también del factor Adorni.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sumó a tres camaristas federales a la comitiva oficial con la que el presidente Javier Milei llegó a París para la realización de la Argentina Week, una serie de conferencias y charlas para promover inversiones extranjeras en el país.
Uno de los invitados es el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Fernández, que además es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El viaje ocurre mientras las causas penales contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, pasan de un tribunal a otro sin quedar en manos de un juez definitivo.
Otro camarista que acompaña la comitiva oficial es Eduardo Farah, de la Cámara Federal, que revisa las causas de corrupción de Comodoro Py. También integra la comitiva oficial Richar Fernando Gallego, de la Cámara Federal de General Roca y el magistrado con autoridad competente en los conflictos legales que pueden haber en Vaca Muerta.
Mahiques integra la delegación oficial con Karina Milei, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y el canciller Pablo Quirno, en un evento organizado por la embajada en Francia.
El programa incluye la reunión reservada con Emmanuel Macron en el Elíseo y la entrega del Premio del Foro Económico de París a Milei.
Fernández y Farah están unidos por la misma persona. Sergio Fernández es hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación y durante años uno de los principales operadores judiciales cercanos al peronismo en los tribunales. Farah es además amigo de la infancia de Javier Fernández.
Sergio Fernández tiene peso en el fuero contencioso y comparte el tribunal de la AFA. Otros jueces renunciaron a ser integrantes de ese tribunal, pues probablemente tuvieran que intervenir en casos que involucren a la organización.
Pero Sergio Fernández no renunció a ese lugar. El camarista, que es una especie de líder entre sus colegas del fuero, comparte el Tribunal de Disciplina con el escribano Fernando Mitjans, y su hijo Manuel es vicepresidente del Tribunal de Ética de la entidad.
En ese mismo Tribunal de Disciplina figuró Esteban Mahiques, funcionario de la cancillería, hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques y hermano del ministro. informó que el camarista Carlos Mahiques festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar que la Justicia atribuye al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, pero el juez lo niega.
Las causas de la AFA llevaron a varios jueces a dejar sus cargos en los tribunales de la entidad, como Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Fernández, en cambio, se quedó. Ese tribunal deportivo fue el que sancionó a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por no hacer el pasillo a Rosario Central con motivo del campeonato logrado.
Farah es un veterano integrante de la Cámara Federal. Tras dejar ese tribunal por una sentencia que generó controversia durante el macrismo, regresó en 2021 por un decreto de Alberto Fernández.
Farah había dejado la Cámara Federal durante el macrismo por el fallo que liberó al empresario Cristóbal López. Desde allí mantiene un perfil bajo y mira cada caso con cautela. Hoy ocupa la vicepresidencia de la Cámara Federal, donde llegó el recién designado camarista Pablo Yadarola, amigo del ministro Mahiques, y renovó su acuerdo el camarista Pablo Bertuzzi.
Richar Fernando Gallego fue designado en la Cámara Federal de General en 2012. Antes estuvo 20 años en la justicia rionegrina. La Cámara de Roca es la que revisa las decisiones de los juzgados de General Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén y Zapala.
Con el nuevo sistema acusatorio, Gallego y el juez Mariano Lozano pasaron a ser los jueces de revisión del distrito. Intervino en el pasado en la causa que condenó a penas de prisión efectiva a los prefectos del grupo Albatros que mataron al militante Rafael Nahuel. Fue apartado luego por la Cámara Federal de Casación de ese caso.
Intervino además rechazando la apelación del Estado contra la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche.
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Cruces, insultos y un final abrupto: la trastienda del plenario en Diputados sobre la Ley de Defensa de la Soberanía
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en un clima de tensión y fuertes cruces entre legisladores. El debate estuvo atravesado además por el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras.
El diputado Carlos Zapata logró encauzar la discusión durante las primeras horas, luego de las exposiciones de legisladores de distintas bancadas, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La tensión aumentó después de un fuerte cruce entre Juan Grabois y los oficialistas Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes se insultaron cara a cara. Zapata advirtió entonces que levantaría la sesión si continuaban los agravios e incluso le pidió a Germán Martínez: “Germán, controlá a los tuyos”.
Luego llegó la segunda tanda de exposiciones y fue el turno del tucumano Federico Pelli, de La Libertad Avanza. El diputado, exintegrante de las Fuerzas Armadas, cuestionó a las administraciones del Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo. Frente a él se encontraban los exfuncionarios Jorge Taiana y Agustín Rossi.
El intercambio entre Pelli y Rossi también generó tensión y Zapata volvió a intervenir para intentar calmar los ánimos.
El momento que precipitó el final de la reunión llegó cuando tomó la palabra Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande cuestionó al oficialismo y, tras una interrupción de Juliana Santillán, le dijo “cállate tontita”.
Poco después, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien había ordenado cortar su micrófono. En ese momento, el presidente del plenario dio por terminada la reunión.
Mientras se retiraban los legisladores, se escuchó a Grabois decir: “No te vayas Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio”, en referencia a la diputada Agustina Propato, quien intentó asumir la conducción del plenario. Para entonces, los micrófonos del salón se habían apagado y la mayoría de los diputados se había retirado.
El puntano Carlos Almena (LLA) fue uno de los que permaneció en el lugar para responderle a Grabois.
Más tarde, el dirigente opositor publicó en sus redes sociales: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”.
Cómo continuará el debate
La Libertad Avanza definirá la continuidad del plenario para la próxima semana. La intención es realizar nuevas reuniones el martes y miércoles y mantener abierto el tratamiento de la iniciativa, que podría llegar al recinto el próximo 21 de octubre.
“Vamos a seguir tratando este tema que tenemos que priorizar todos los argentinos. Sin politizarlo, Malvinas nos tiene que unir en la defensa de su soberanía”, le dijo a TN Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
El inicio del plenario
El debate fue organizado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, conducidas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
El jefe de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue el encargado de abrir la discusión. “Venimos en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”, señaló.
Antes del plenario, el bloque opositor se había reunido con representantes del CECIM La Plata en sus oficinas. Allí, según explicó Martínez, se comprometió a pedir junto con otras fuerzas una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/2023.
Por parte del oficialismo fueron convocados funcionarios del Gobierno nacional: Paula Tadei, de la Secretaría de Legal y Técnica, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Desde UxP reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.
Los cuestionamientos de la oposición
Durante el tratamiento, la diputada Agustina Propato (UxP) cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Señaló que el proyecto aumenta las multas para las empresas petroleras que exploten en la cuenca Malvinas, pero que al mismo tiempo incorpora un capítulo de regularización con quita de multas, sanciones administrativas y sanciones penales.
“Dan una vuelta con el pago insignificante para una petrolera y vienen a explotar en la Argentina continental. Esto es lo contrario a lo que anunció por cadena nacional”, afirmó Propato.
La diputada también cuestionó el alcance de la iniciativa sobre otras normas y advirtió sobre sus efectos en materia de libertad de expresión.
“Es una ley ómnibus que modifica la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, varios artículos del Código Penal, trae un aspecto muy preocupante para la libertad de prensa en la República Argentina que es lo que llama en este texto “campañas de desinformación masivas”, y por tal motivo hemos recibido desde ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una preocupación en relación a la modificación del artículo 225 del Código Penal, que pueden significar un atraso realmente inconcebible para la República Argentina en materia de libertad de expresión y de democracia”, sostuvo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente frente a actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
La propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que alcanza no solo a los hidrocarburos sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro suspendió el desalojo de la planta de FATE, ocupada por un grupo de empleados despedidos desde hace más de siete meses, medida que había ordenado esa misma instancia judicial el 17 de septiembre, al conceder un recurso de casación presentado por los abogados de los empleados y del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).
Los jueces Juan Eduardo Stepaniuc, Leonardo Pitlevnik y Luis Cayuela resolvieron conceder el recurso de casación con “efecto suspensivo”, por lo cual se frenó la orden de desalojo, y elevar las actuaciones al Tribunal de Casación en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires, para que defina esa instancia.
Entre otros puntos, la decisión judicial estuvo fundada en jurisprudencia como la que señala que la Corte considera “que es admisible el recurso cuando la materia excede el interés de las partes (Fallos: 328:3638), lo que podría así ser considerado en el caso, en el grado en que el cuestionamiento de la recurrente lo es respecto a una medida de acción directa en el marco de un conflicto laboral que alcanza a un número no menor de trabajadores”, se lee en la resolución firmada ayer por los camaristas.
Desde que se anunció el desalojo, el gremio Sutna, que lidera Alejandro Crespo (Partido Obrero) elevó las alertas en la planta de FATE, ubicada en el partido de San Fernando, pero la medida de desocupación de la fábrica no se concretó.
Este miércoles, el sindicato del neumático se movilizó hacia el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 17, en el centro porteño, para reclamar el pago de quincenas adeudadas, correspondientes a los meses que lleva cerrada FATE, propiedad de Javier Madanes Quintanilla. El gremio exige que la jueza “Liliana Rodríguez Fernández deje de retener intencionalmente el dinero que le corresponde a cada trabajador en lucha, conformando una acción de presión económica violenta sobre las familias de los compañeros de FATE“. La juez recibió a una delegación del gremio.
“No comprendemos [el fallo] desde el tema jurídico y los tecnicismos, porque de nada hubiera valido ningún tecnicismo si no hubiera habido esa enorme reacción a partir de ese jueves [que se ordenó el desalojo] haciendo que todo el país hable de lo que iba a pasar en FATE y del costo que se iba a pagar si se tocaba a un solo compañero”, sostuvo Crespo frente al juzgado. “Acá no tenemos un juzgado, sino una caja que está reteniendo nueve quincenas para una enorme cantidad de compañeros, y seis para el resto, que queremos que estén en el bolsillo de las familias de los trabajadores”, afirmó sobre el reclamo de este miércoles.
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