POLITICA
El último síntoma del extendido daño por el caso Adorni
Reuniones con asistencia perfecta de ministros, encuentros de la “mesa política”, lugar preferencial en algún acto, fotos con el Presidente. Todo parece repetido en la escenificación del apoyo a Manuel Adorni, pero ya no es lo mismo. Y no sólo por la fatiga del mensaje expresado en distintos formatos, incluido un video con música de Rocky. En el circuito oficialista, las primeras alertas fueron alimentadas por el registro negativo del caso en las encuestas, anticipo de malos datos en los relevamientos de redes sociales. Crecieron después las señales de malestar doméstico por la vía de los trascendidos. Y finalmente, Javier Milei anotó el mensaje explícito a su frente interno: busca disciplinarlo para sostener el cerrado respaldo al funcionario. Es el último síntoma de un daño extendido.
Milei ordenó cerrar la semana con una nueva reunión de gabinete, para darle un corte al clima interno. Venía con advertencia previa para evitar una cita de catarsis, con algún reclamo más o menos claro al jefe de Gabinete, según circulaba en medios oficialistas. El presidente completó el gesto con su presencia. Y le agregó una andanada para reafirmar su posición frente al malestar y los cálculos sobre costos, en materia política y con algún arrastre al mundo empresarial. “No lo voy a ejecutar por una elección”, resumen que dijo Milei. Una frase que no dejaría margen para la diferenciación de funcionarios ante los micrófonos.
Está claro entonces a quién le viene hablando el Presidente en estos últimos días. No parece que el destinatario central de su mensaje sea el común de la gente, ni la franja que lo acompaña, ni siquiera el núcleo duro. Tampoco es decisivo para las batallas en las redes sociales, que, según distintos relevamientos, no vienen siendo favorables al bando violeta. Eso, en todo caso, fue cumplido y superado por el paso del tiempo: dos meses desde el viaje a Nueva York que asomaba como un tema en sí mismo, pero terminó siendo el primer capítulo de una larga serie.
Los dichos de Milei fueron tomando otra dimensión con el correr de los días. La novedad de esta semana, llamativa, fue el énfasis presidencial para destacar en una entrevista su condición de máxima instancia en la toma de decisiones. Y añadir que el que no acata, se tiene que ir. Algo básico pero significativo porque se lo recordó ahora a la primera línea del Gobierno. Todo, en el contexto expuesto más crudamente por el reclamo de Patricia Bullrich a Adorni, para que aclare de una vez por todas su situación patrimonial. No fue dicho pero es obvio: si no pudiera hacerlo, debería dejar el cargo y evitarle mayores costos a Olivos.
La semana que termina muestra la velocidad de los hechos, que incluso desarmaron la cauta expectativa generada en las filas violetas por la presentación del jefe de ministros en el recinto de Diputados. Provocó un sacudón la declaración del contratista que manejó los arreglos en la casa del country de Exaltación de la Cruz. Abundaron de inmediato los trascendidos desde algunos despachos oficiales y oficinas del Congreso señalando la necesidad de un corte claro del tema. Fue un mensaje a Adorni, con previsible eco en Olivos. Karina Milei se movió en esas horas para evitar una expansión crítica del tema. Después, llegó el reclamo de Bullrich. Y de inmediato, la respuesta presidencial.
La sola descripción de los hechos expone la gravedad del momento. Y con ese cortinado de fondo, el impacto en el interior del oficialismo agrega un elemento que potencia el cuadro. Dicho de otra forma: la tensión que se deja trascender por la falta de respuesta de Adorni -la justificación de sus cuentas o el paso al costado- pasa a ser una señal inquietante sobre la gestión, relegada o subordinada, según el caso, por el objetivo presidencial de sostener a su funcionario.
El último ejemplo, notable, acaba de ser la increíble conferencia de prensa a cargo de Adorni, Luis Caputo Alejandra Monteoliva, con limitación de preguntas a los “temas de agenda”, es decir, nada sobre el caso del jefe de Gabinete. Por supuesto, hubo preguntas incómodas, ineludibles, antes de que los funcionarios expusieron sus objetivos. El ministro de Economía anticipó parcialmente el nuevo RIGI que impulsa el Ejecutivo y su colega, de Seguridad, habló de un operativo contra el narcotráfico en Santa Fe.
¿El resultado? El tema Adorni relegó casi por completo los anuncios que formalmente motorizaron la convocatoria a la prensa. Y fue así por dos razones. La primera: volvió a quedar a la vista la falta de respuesta del Gobierno sobre las cuentas del funcionario. Y la segunda: todo indica que se trató de una nueva y poco efectiva puesta en escena de acompañamiento al jefe de ministros.
Si ya antes los gestos públicos de apoyo no resultaban muy espontáneos, ahora asoman forzados. La reunión de Gabinete encabezada durante media hora por Milei coronó su mensaje en el frente doméstico. Y eso mismo le agrega otro ingrediente al repetido objetivo de recuperar iniciativa política: se trataría ahora no sólo de modificar el temario público, sino además de aliviar en parte las tensiones internas.
El oficialismo viene negociando en el Congreso para encaminar proyectos del Gobierno. Y la oposición retomó la idea de motorizar una sesión con foco en Adorni. El pedido de sesión está anotado para el jueves que viene, aunque existen dudas sobre la posibilidad de asegurar quórum. Más bien, al contrario. El Gobierno viene negociando con jefes provinciales por otros temas -en un cuadro de caída de recursos- y los socios y aliados de LLA no se desmarcarían en este tema. El punto es además si acompañarán los proyectos más complicados, como la reforma electoral, que el oficialismo busca mover por las referidas necesidades.
En Diputados, los negociadores violetas transmitieron su intención de sesionar recién el miércoles 20, para votar la postergada Ley Hojarasca y otras iniciativas. Y en el Senado, LLA y aliados acordaron avanzar el jueves próximo con una agenda breve, que encabeza el proyecto sobre propiedad privada, ya recortado. El clima, como viene ocurriendo, dependerá también del factor Adorni.
El municipio de Villa La Angostura acelera la recuperación del camping Quila Hue, ubicado sobre la costa del lago Correntoso y usurpado por la comunidad mapuche Paichil Antriao desde 2011. Para ello, pedirá a la Justicia que ejecute la sentencia firme que ordena la restitución del predio y, si no hay un retiro voluntario, disponga el desalojo de los ocupantes.
La comunidad mapuche Paichil Antriao agotó las instancias recursivas para mantener el control del espacio. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el municipio busca retomar la administración del predio y acondicionarlo para la próxima temporada de verano.
El conflicto se originó en 2011, cuando integrantes de la comunidad Paichil Antriao se instalaron en el camping luego de que venciera la concesión municipal del predio. En 2012, la Municipalidad inició una demanda civil para recuperarlo. En diciembre de 2019, la Justicia de primera instancia ordenó la restitución del inmueble y en abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó esa decisión al rechazar el planteo de ancestralidad de la comunidad.
Tras sucesivos recursos, la Corte Suprema dejó firme en agosto de 2026 la sentencia que obliga a devolver el camping al municipio, habilitando la etapa de ejecución y, de no mediar un retiro voluntario, un eventual desalojo.
Según publicó La Angostura Digital, el municipio solicitará al juez civil y comercial Francisco Astoul Bonorino que ejecute la sentencia. La comunidad, en cambio, anticipó que no abandonará el predio y que resistirá un eventual operativo de desalojo.
La posición del municipio
El intendente Javier Murer anticipó que el municipio trabajará con el juez para pedir la restitución y un plazo para una devolución pacífica del predio.
“Seguramente esto se va a trabajar con el juez para pedir la restitución del lugar y se les otorgue un plazo para la restitución del lugar en forma pacífica”, indicó Murer tras la confirmación del fallo. El intendente sostuvo que el municipio buscará evitar un desalojo por la fuerza, aunque remarcó que el predio deberá volver a la administración comunal.
En el gobierno comunal coinciden en que la instancia de negociación está cerrada y que la solución definitiva al conflicto pasa por la recuperación del control del camping.
Juan Pablo Naretti, jefe de Gabinete municipal, afirmó que el Ejecutivo “aguarda que el expediente regrese al fuero local”. El último intento para revertir el desalojo fue presentado el 5 de octubre, aunque el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la comunidad.
El reclamo de la comunidad
Para los demandados, integrantes de la comunidad Paichil Antriao, no se trata de una usurpación. Las dos personas mencionadas en el expediente fueron concesionarias del camping y, al vencer el contrato, decidieron permanecer en el lugar en lugar de restituirlo al municipio.
La comunidad sostiene que el predio forma parte de un territorio ancestral y cuestiona que no se haya completado el relevamiento territorial del INAI. La Justicia, en cambio, entendió que no se acreditó esa ocupación ancestral y reconoció el derecho del municipio a recuperar el espacio.
El municipio alega la titularidad del inmueble, la caducidad de la concesión y el cumplimiento de una sentencia firme. Por eso busca retomar la administración del camping o volver a concesionarlo.
Paicil Antriao
POLITICA
Discapacidad: el peronismo podría acompañar el proyecto libertario tras la negociación de nuevos cambios
El debate por los fondos para la atención de las personas con discapacidad podría dar un giro inesperado en Diputados. Después de meses de enfrentamientos con el Gobierno, el peronismo evalúa la posibilidad de acompañar el proyecto que el oficialismo negoció con aliados si los libertarios aceptan incorporar una serie de modificaciones durante la sesión. La alternativa abrió una discusión interna en Unión por la Patria (UP), donde todavía no hay una posición unificada sobre cómo proceder.
El dilema es político, pero tiene consecuencias prácticas. Un sector del PJ plantea insistir con la ley de emergencia en discapacidad, aun a riesgo de que Javier Milei vuelva a vetarla y el sector se quede sin respuestas. Otros consideran que, si el oficialismo acepta buena parte de los reclamos de la oposición, convendría acompañar el nuevo proyecto para garantizar mejoras concretas a los beneficiarios y prestadores, aunque eso implique resignar nitidez opositora.
Con su apoyo, el texto podría reunir un consenso casi unánime −de dos tercios− que blindaría la norma ante un veto presidencial.
Las modificaciones que podrían destrabar el acuerdo fueron propuestas por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y respaldadas por UP, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Los cambios se conversan con las libertarias Laura Rodríguez Machado y Gisele Castelnuovo. Participó la massista Sabrina Selva, de UP.
El bloque peronista también pidió adelantar el tratamiento de la iniciativa al segundo lugar del temario, en vez del anteúltimo, como se había acordado originalmente.
Los cambios precisan los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), superar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
También refuerzan las garantías de financiamiento: si los recursos asignados al Ministerio de Salud resultan insuficientes, podrán utilizarse partidas del Tesoro. Además, se establece que los recursos por beneficiario no podrán disminuir en términos reales.
Por otra parte, se fijan plazos concretos para saldar las deudas con los prestadores. El Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y cancelar las compensaciones pendientes en un máximo de 90 días.
También se garantiza la cobertura de las prestaciones médicas básicas del plan Incluir Salud a quienes cobren una pensión por invalidez. Se aclaró, por último, que el cobro de una pensión es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El debate atraviesa también al resto de los bloques opositores, aunque allí la balanza parece inclinarse a favor de acompañar la iniciativa si se incorporan las modificaciones acordadas. “Si se aceptan, no queda mucho motivo para no votar”, explicó a un referente de la oposición moderada.
La posición de las organizaciones del sector es uno de los factores que pesan en las negociaciones. Aunque persisten los pedidos de garantías sobre el cumplimiento efectivo de las medidas, la posibilidad de alcanzar una solución legislativa que contemple buena parte de sus reclamos modifica el escenario para los bloques.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Discapacidad,Conforme a
POLITICA
Javier Milei declaró terroristas a cinco organizaciones criminales y guerrilleras de México, Colombia y Ecuador
El gobierno de Javier Milei declaró este miércoles como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador. La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial y contempla su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida alcanza a las organizaciones criminales mexicanas Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana; a las organizaciones guerrilleras colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN); y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.
Según informó la Presidencia, la decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Qué organizaciones fueron declaradas terroristas por el Gobierno
En el comunicado, el Ejecutivo explicó los motivos por los que resolvió incluir a los cinco grupos en la nómina de organizaciones terroristas.
Sobre el Cártel de Sinaloa, señaló que se trata de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. También destacó que ya fue designada como organización terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos.
En cuanto a La Nueva Familia Michoacana, indicó que es una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una expansión regional que el Gobierno calificó de alarmante.
Respecto de Los Tiguerones, el comunicado sostuvo que es un cártel de origen ecuatoriano vinculado al narcotráfico y al sicariato, al que describió como una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
También recordó que este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, una agrupación que la Argentina ya había declarado terrorista en agosto de este año.
El Gobierno dedicó otro apartado a las organizaciones colombianas FARC-EP y ELN, a las que definió como grupos guerrilleros insurgentes de extrema izquierda, basados en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
En ese sentido, el documento oficial sostuvo: “Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”.
Además, advirtió que la capacidad operativa de estas organizaciones y su expansión regional representan, según la evaluación del Ejecutivo, un riesgo para la seguridad argentina.
Milei ordenó incorporar a los grupos al registro de organizaciones vinculadas al terrorismo
Como consecuencia de estas designaciones, el Gobierno dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Se trata de una herramienta estatal destinada a identificar personas y entidades vinculadas con actividades terroristas y su financiamiento.
La decisión implica que los grupos quedarán formalmente incluidos en ese registro argentino. El comunicado, sin embargo, no detalla medidas operativas adicionales ni informa sobre investigaciones específicas relacionadas con su actividad en el país.
En el cierre del documento, firmado por Milei, la Presidencia expresó que el mandatario “reafirma el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”.
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