POLITICA
El vestidor que esconde un oscuro cruce de intereses
Los videos de Jesica Cirio indicando, con las uñas pintadas a la perfección, la intimidad del vestidor-tesoro de la casa que compartía con su exmarido Martín Insaurralde, estallaron en un cruce de intereses que involucran infinitas dimensiones de la vida pública. Todas oscuras. La razón es evidente. El apellido Insaurralde opera como un distribuidor capaz de conducir hacia rincones muy variados en los que se entrelazan el poder y los negocios. Insaurralde es juego. Insaurralde es fútbol. Insaurralde es cuevas. Insaurralde es Legislatura Bonaerense.
Ese desarrollo polivalente, al que es tan propenso el caudillismo peronista en el conurbano bonaerense, hace que sea imposible determinar el origen de los termosellados repletos de billetes de 100 dólares. Lo único que se puede afirmar, casi con seguridad, es que fueron mal habidos.
Insaurralde pasó su vida entre fajos de dinero. Desde sus orígenes, en las entrañas del duhaldismo, cuando se convirtió en yerno de Hugo Toledo, exministro de Obras Públicas e intendente de Lomas de Zamora. Toledo fue aquel dirigente simpatiquísimo, a quien con cariño llamaban “Donosornabuco”. La explicación: “Nabucodonosor hablaba en medo a los persas, en cambio Hugo habla en pedo a los mersas”. Bromas de otras décadas, en las que la incorrección política todavía era tolerable. En aquellos tiempos Insaurralde ejercía como secretario privado de Jorge Rossi, que fue el responsable de la Lotería Bonaerense en la gobernación de Eduardo Duhalde y después tuvo las mismas responsabilidades en el gobierno nacional. Rossi se retiró de la función en puntas de pie, después de ser intendente, como Toledo. Antes de hacerlo, convocó a los principales operadores de juegos de azar, y les adelantó: “Muchachos, me voy. Dejo todos los cargos. No me van a ver más. Quiero gastarla”. La lección del maestro, diría Steiner. De un maestro sin alumnos.
El sistema del juego se organizó en Lomas de Zamora. Insaurralde fue un peón de ese ajedrez comandado por Duhalde y Rossi. Para completar el tablero hay que enfocar otra ficha: Daniel Mautone. Hoy es uno de los grandes empresarios del sector en la provincia. Además, es un próspero desarrollador inmobiliario en Pinamar, cabeza a cabeza con Cristian Ritondo: se entiende que Ritondo no quisiera interpelar al mísero Manuel Adorni. La opulencia actual podría ocultar los orígenes modestos de Mautone. Los primeros ahorros los hizo como “lapicera” en Ramos Mejía, de donde proviene su amistad fraternal con el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. “Lapicera” es el apodo que recibían quienes se dedicaban al abandonado oficio de levantar quiniela clandestina. Mautone era un engranaje más del gigantesco aparato de poder y dinero que controlaba Roberto Laffont, “el Lujanero”, que cayó en desgracia cuando su fortuna quedó expuesta por el secuestro de su hijo, un ajuste de cuentas muy propio de ese submundo.
Mautone fue expandiendo su negocio y sus contactos. Sobre todo en ese reino electrizante y arriesgado que se denomina “la noche”. Convertido ya en binguero, el viejo “lapicera” fue tocado por la varita mágica del duhaldismo. Se convirtió en el “empresario amigo”. El elegido. Fue en esa etapa que conoció a Insaurralde. Mautone ya se dedicaba a satisfacer algunos antojos de la farándula. Así llegó, por ejemplo, a Marcelo Tinelli. Así conoció, afirman quienes lo tratan, a Jésica Cirio. Presentársela a Insaurralde fue cuestión de minutos. Por eso Mautone fue una de las celebridades más destacadas de la fiesta de bodas del entonces diputado y la vedette, en noviembre de 2014, en La Manea Polo Club. Por eso también Casino Victoria, una de las empresas de Mautone, ha sido el infatigable auspiciante de las aventuras televisivas de aquella flamante esposa.
Cuando conoció a Insaurralde, Jesica ya había acumulado la que parecía, al lado de la de su futuro esposo, una pequeña fortuna. El aporte principal habría provenido de su llorado amigo Eduardo Gamarnik, quien antes de su muerte prematura, víctima del cáncer, decidió dejar a la vedette una suma que algunos calculan en 10 millones de dólares. Gamarnik era relevante en el ambiente de la compraventa de jugadores de fútbol. Por ese negocio se había hecho amigo de Mauricio Macri.
Para ese entonces, el patrimonio de Insaurralde ya parecía desmedido. Hasta comenzaron a atribuirle empresas con mucha actividad en el conurbano, como Servilum, dedicada a la provisión de alumbrado público y mantenimiento del servicio de semáforos en Lomas de Zamora y Almirante Brown. Entre los proveedores de Servilum está Joma SRL, perteneciente dos compañeros de Rodrigo Insaurralde, hijo del opulento exintendente, en el colegio Balmoral.
El matrimonio con Cirio abrió las puertas de otros negocios a Insaurralde. Por ejemplo, las obras de construcción que llevaba adelante, en combinación con dirigentes importantes de la provincia, uno de los hermanos Russo, Heber Ariel. Pareja de Priscila Daiana Ferrante, prima de Jesica, a Russo le encontraron una colección impresionante de autos de alta gama, escondidos en un galpón municipal de Lanús: gestión Néstor Grindetti, de Pro. Después la investigación descubrió yates, aviones y propiedades de todo tipo, muchas de ellas a nombre de sociedades de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Russo, un precursor de Pablo Toviggino. Jesica presentó a Heber a Martín. Siempre queda como enigma si el coleccionista no era el dueño del departamento de la torre Mulieris, de Puerto Madero, donde la pareja habría vivido antes de mudarse a la mansión de San Vicente. El potencial se debe a que, durante la campaña para diputado nacional de 2013, cuando fue postulado por Cristina Kirchner, Insaurralde juró que “el día que tenga que dejar mi barrio dejo la política”.
Estos emprendimientos fueron periféricos. El centro del emporio político-comercial de Insaurralde siguió siendo el juego. Lo reconocieron hasta los funcionarios de María Eugenia Vidal, que lo buscaron como interlocutor para el reparto del gran botín de las apuestas digitales. Los protagonistas de la negociación fueron Federico Salvai, del Pro, e Insaurralde. Entre los beneficiarios estuvo Gustavo Ranucci, a quien en ese “mercado” señalan como “el hombre de Sergio”. Como otros amigos de Sergio Massa, por ejemplo, Javier Faroni, Ranucci también tuvo el sueño de controlar un club de fútbol europeo. En su caso fue Deportivo Castellón, en España. Pero no le fue bien en la negociación. Faroni, con el Peruggia, fue más afortunado. Antes de dejar el poder, Vidal se resistió a firmar lo convenido por su jefe de Gabinete con Insaurralde. En cambio, Axel Kicillof no tuvo problemas en convalidarlo apenas llegó al mismo sillón.
La ruptura del matrimonio entre Insaurralde y Cirio produjo, como era de esperarse, un terremoto. Quienes conocen bien a la pareja aseguran que los videos que sacó a la luz Diego Cabot en fueron realizados por la vedette con fines extorsivos por consejo de su abogado de entonces, Fernando Burlando. Lo que inquieta a varios amigos de la pareja fue que se daba por supuesto que ese material audiovisual sería destruido en el acuerdo del divorcio. Ese contrato ya se habría firmado. Es más: algunos expertos afirman que Cirio se habría llevado unos 20 millones de dólares. El equivalente, en otro sistema métrico, a dos vestidores completos.
Más allá de su dimensión penal, esas filmaciones ilustran un problema que se generaliza más a medida que avanzan la corrupción y el uso del celular: mujeres cineastas que acorralan a sus maridos, dirigentes de la democracia, con el testimonio visual de fechorías que ellas conocen al detalle. No se trata solo de cuestiones de dinero. Ahí están las imágenes y la voz de Alberto Fernández, colectadas por “mi querida Fabiola”. A propósito de la comparación, hay algo curioso: el abogado patrocinante de Insaurralde es Mauricio D’Alessandro, quien también está radicado en la “industria” de los juegos de azar; es el mismo letrado que defendió a Fabiola contra Fernández. En cambio Cirio ya no recurre a los servicios de Burlando. Su defensa está a cargo de Claudio Caffarello, a quien en tribunales describen como “un satélite de Mariano Cúneo Libarona”. ¿Enfrentará Jesica cargos por enriquecimiento ilícito? La pregunta tiene sentido si es que la vedette fue funcionaria pública. Porque, cuando estuvo al frente de Lomas de Zamora, Insaurralde confió a su esposa el área de Cultura.
Caffarello fue quien entregó el teléfono de Cirio a la Justicia. Muchos padres de familia han perdido el sueño por las revelaciones que puede cobijar ese aparato radiactivo. La inquietud se potencia mucho más cuando algunas mentes afiebradas especulan con una idea imposible: Jesica tras las rejas, pidiendo declarar como colaboradora arrepentida.
Más llamativo, y tal vez más rentable, fue el rol de Burlando. Porque a él se le adjudica la estrategia del video. Pero también se le asigna el rol de jefe de la logística de Insaurralde en los movimientos de bolsos y cajas desde las oficinas de Arroyo y Suipacha a algún escondite del Gran Buenos Aires. Vecinos del edificio Bencich aseguran haber visto, cuando estalló el escándalo, varias camionetas RAM retirando lo que, por el celo con que se movían los paquetes, parecía el tesoro de Topkapi. De ser así, Burlando estuvo de los dos lados del mostrador. No es su mayor hazaña. Hubo otra más impresionante: haber logrado que Insaurralde se desprenda de parte de sus ahorros líquidos para remunerar los servicios de acarreo. Al parecer, el exintendente de Lomas de Zamora es implacable con el dinero. Tanto para reclamarlo como para retenerlo. Por eso lo llaman “El Chacal”. Cuando se recuerda que le fue impuesto en el bajo fondo del juego, el sobrenombre aterroriza.
El movimiento de fajos y más fajos de dólares es una práctica de Insaurralde que conduce a otra especialidad: las finanzas. Los videos de Jesica vuelven más verosímil un dato que es dogma de fe en el conurbano y es que Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, es un subordinado de Insaurralde. En otras palabras, Vallejo conectaría dos superproducciones sobre la mega corrupción en la Argentina de estos días: los movimientos de Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino y los del ex de Jesica Cirio. La vedette podría ser clave también para entender esta otra trama de negocios. Porque ella dejó a Insaurralde para casarse con Elías Piccirillo, que forma parte de la misma liga de “cuevas”, investigadas por lavado de dinero, de la que participa Vallejo. Con Piccirillo Jesica dio un gran salto de calidad. Mientras su marido anterior navegaba por las inmediaciones de Málaga con el modesto “Bandido”, a bordo del cual iba otra filmmaker, Sofía Clérici, su nueva pareja la hacía tomar sol en las costas de Ibiza sobre la cubierta del “Boldt”, un transatlántico de 100 millones de dólares que le exigió a Piccirillo desembolsar 1 millón setecientos mil por una semana de travesía. Monedas: dicen que con Massa en el Ministerio de Economía el próspero Elías hacía, a veces, 500.000 dólares por día. El rulo de la brecha. Jesica sigue avanzando. Con su nueva pareja, Nicolás Trombino, pasó del cash a las drogas y el armamento. Típicos insumos de un supermercado, que es el negocio de Trombino. Aunque el departamento allanado, el de Ortega y Gasset, es la casa de la vedette. En cualquier momento se entrega a los brazos de Facundo Leal. Serían el uno para el otro. Un detalle: ¿a Trombino también le gusta el cine? Cuidado Jesica.
Conviene retroceder al escándalo Insaurralde. Sería un error suponer que se limita a un experimento de arqueología sobre la trayectoria pecuniaria de un caudillo retirado. En estos días el ex marido de Cirio conserva un poder muy considerable. Sigue siendo el padrino de Lomas de Zamora, lo que explica el silencio y, tal vez, la preocupación de Federico Otermín. El intendente no se da respiro: presenta libros, toma juramentos de lealtad a la bandera, crea institutos para mejorar los cursos de agua. No tiene tiempo de decir una palabra sobre los termosellados de Insaurralde. Pero el poder el ex timonel del “Bandido” se proyecta también sobre la Legislatura. Figuras muy destacadas del PJ provincial confiesan que “si querés algo de Dichiara tenés antes que hablar con Insaurralde”. Dichiara es Alejandro Dichiara, “el Langa”, presidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura Bonaerense.
El expediente judicial de Insaurralde es, en sí mismo, difícil de salvar. En consecuencia, llegó la hora de recurrir a la Justicia complaciente. La relación del dueño del guardarropa filmado por Cirio y el juez Luis Armella es resbaladiza. Pero en Lomas de Zamora se recuerdan muy bien las complicidades de Armella con el intendente Insaurralde ante la exigencia de desplazar los locales comerciales de La Salada desde la ribera del Riachuelo al predio Campo Pons. Se destinaron varios millones de dólares a esa tarea que jamás se realizó. Y el magistrado guardó silencio. Otro detalle interesante: Armella también investiga las aventuras financieras de Vallejo.
El sistema de Insaurralde incluye la Universidad de Lomas de Zamora. El rector, Diego Molea, es representante del sector académico en el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, es un interlocutor muy activo de Juan Bautista Mahiques en el avance del Gobierno sobre el Poder Judicial. Sin Molea hubiera sido imposible, por ejemplo, organizar el Concurso 461 de tal modo que los favoritos de Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, pasaran del lugar 16 y 21 a integrar las ternas en los puestos 5º y 7º, nada menos que para integrar la Cámara Federal de la Capital. Molea tiene aliados multicolores. Entre otros, al juez Ariel Lijo, flamante profesor de la Universidad de Lomas. Entre otras cosas, Lijo es el novio de la profesora Agustina Belén Dugo, secretaria letrada de su juzgado federal. Un amor reciente que se expresó con estridencia en la última semana, cuando Lijo agasajó a su prometida con un festejo de cumpleaños que por momentos alcanza en despliegue al del fiscal Ramiro González. Allí se conoció otra novedad: Lijo también es cantante. Casi tan polifacético como Insaurralde.
Carlos Pagni,Corrupción,Martín Insaurralde,Conforme a,Corrupción,,Organización criminal, cohecho y malversación. Condenaron a 24 años de prisión a un exministro cercano a Pedro Sánchez,,Arsat. Citas en un hotel, cenas con vino y viajes a Cordoba: la trama detrás de un contrato millonario que benefició a Huawei,,El gigantesco botín de los Kirchner
POLITICA
Los fundamentos del fallo que ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas
La jueza federal Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Grande, ordenó suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una medida cautelar dictada en el expediente FCR 13706/2026 a pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
En su disposición, la jueza apuntó contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La resolución, además de frenar las obras, desarrolla en detalle los argumentos jurídicos que la sustentan, y está basada en distintos fundamentos.
Eje ambiental
El primer fundamento es ambiental. La jueza tuvo por acreditado que ninguna autoridad argentina había iniciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto: un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Jefatura de Gabinete, de febrero de este año, confirmó que no existía aviso de proyecto ni trámite iniciado con las empresas mencionadas.
La Ley General del Ambiente (25.675) exige esa evaluación previa para toda actividad capaz de degradar significativamente el ambiente y la Ley 26.659 prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Para el juzgado, esa omisión configura por sí misma la conducta antijurídica que permite actuar preventivamente: quien debía evaluar el riesgo ambiental no lo hizo y, aun así, avanzó con la ejecución de la obra.
Ese razonamiento se apoya en el principio precautorio, según el cual la falta de certeza científica sobre el impacto de una actividad no puede usarse como excusa para postergar medidas de protección cuando existe riesgo de daño grave.
La resolución citó también la jurisprudencia de la Corte Suprema en los fallos “Mendoza” —sobre la contaminación del Riachuelo— y “Halabi”, que reconocen al ambiente como un bien colectivo, indivisible y no apropiable individualmente, y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su Opinión Consultiva OC-23/17 estableció que el derecho a un ambiente sano protege ecosistemas como el mar aun sin que exista una persona individualmente afectada. Sobre esa base, el juzgado concluyó que la función judicial ambiental no está limitada a intervenir una vez consumado el daño.
Eje en la soberanía
El segundo fundamento es la soberanía. Al analizar la legitimación de los demandantes, la jueza reconoció que la causa promovida por el CECIM “no se agota en una controversia técnico-ambiental”, porque involucra además la defensa de la soberanía nacional sobre Malvinas, a la que calificó como “bien colectivo indivisible” y “interés federal por antonomasia”.
Ese argumento le permitió sostener la competencia del juzgado sobre dos sociedades constituidas en el extranjero, en base al artículo 2603 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces argentinos a dictar medidas cautelares aunque los bienes o las personas involucradas no se encuentren en el país. La resolución sostuvo que la Ley General del Ambiente y la Ley 26.659 son normas de aplicación inmediata que se imponen por sobre cualquier autorización o título extranjero que las empresas pudieran invocar.
Peligro de demora
El tercer eje es el de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, los dos requisitos clásicos de toda cautelar. La jueza consideró acreditada la verosimilitud a partir de la existencia y localización del proyecto, la magnitud de las obras previstas —23 pozos, una unidad flotante de producción y una ampliación portuaria en Puerto Argentino— y los antecedentes de las empresas: según documentación oficial incorporada al expediente, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum LP ya habían sido alcanzadas por resoluciones de 2012, 2013 y 2022 que declararon “ilegales y clandestinas” sus actividades en la plataforma continental y dispusieron su inhabilitación para operar en el país por veinte años.
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El peligro en la demora, por su parte, surgió de que el proyecto ya había superado la etapa conceptual: las empresas habían adoptado la decisión final de inversión en diciembre de 2025 —rechazada formalmente por la Cancillería argentina el 11 de ese mes— y habían comenzado obras de adaptación de infraestructura, según la propia documentación de Rockhopper.
Alcance del fallo
La resolución aplicó, además, un criterio de proporcionalidad al definir el alcance de la medida. La jueza rechazó la fórmula que habían propuesto originalmente las organizaciones demandantes, que era mantener la suspensión hasta que las empresas obtuvieran un Certificado de Aptitud Ambiental: dado que Rockhopper ya tiene una inhabilitación de veinte años, esa condición habría convertido, en los hechos, una medida provisoria en una prohibición definitiva.
Por eso, la suspensión regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o hasta que el juzgado disponga lo contrario. Por el mismo criterio, difirió el pedido de bloquear de manera general nuevos contratos de financiación, pagos o transferencias de las empresas, al considerar que en esta etapa esa prohibición podría alcanzar a terceros no identificados, como bancos o aseguradoras, sin haber sido oídos.
La medida es provisoria y quedará sujeta a revisión una vez que Rockhopper y Navitas —intimadas a presentar en diez días hábiles información detallada sobre el estado del proyecto, sus contratistas, su estructura societaria y financiera— sean notificadas y puedan ejercer su defensa. Por tratarse de empresas domiciliadas en el exterior, esa notificación deberá tramitarse por la vía del Convenio de La Haya de 1965.
Islas Malvinas, Petróleo, justicia federal
“Se incendió todo”, lamentaron desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados luego de que se conociera que el proyecto de ley presupuesto 2027 enviado ayer a última hora por el Poder Ejecutivo elimina artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad.
El asombro de los legisladores oficialistas quedó expuesto este mediodía en la comisión informativa, donde la oposición y los principales representantes de asociaciones y cámaras de prestadores expresaron su rechazo por las múltiples modificaciones y, sobre todo, por la quita de la actualización del nomenclador. Un punto central en la negociación con los aliados que desató malestar en el Pro y vuelve a foja cero las conversaciones.
“Es lo contrario de lo que veníamos hablando”, se quejaron desde Pro, después de haberse reunido a primera hora de la mañana con representantes de LLA, entre ellos, la diputada Laura Rodríguez Machado -responsable de gestionar el diálogo con los aliados- en busca de alguna explicación sobre el giro repentino en la estrategia.
Sin embargo, fueron los mismos libertarios los que dejaron en claro su asombro ante la maniobra del Poder Ejecutivo. “Ahora vamos a volver a juntarnos. Tenemos que hablar de cero”, admitieron, en un intento de desmarcarse de la Casa Rosada. El episodio dejó al descubierto el cortocircuito y el quiebre que hubo entre el Poder Ejecutivo y sus representantes en la Cámara de Diputados.
Es que hasta última hora de ayer, LLA apostaba a que el Ministerio de Economía incluyera algún guiño a las demandas de los aliados en el presupuesto, que finalmente avanzó en sentido contrario.
La distancia con la Casa Rosada también se hizo evidente cuando la exmacrista Silvana Giudici tomó la palabra durante la comisión y, en un intento por poner paños fríos al conflicto, remarcó la importancia de conseguir un dictamen el próximo 23 e hizo alusión a la división de poderes. “Creemos que este Congreso tiene un tiempo largo para luego tratar el presupuesto y debatir cuáles son las mejores condiciones, no solo las cláusulas mencionadas [por las eliminadas]”, apuntó, sin precisar cómo el oficialismo piensa avanzar en un proyecto de ley “superadora”.
Los cambios del presupuesto
Entre los cambios más resonantes que incluyó la Casa Rosada en el presupuesto propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.
El Poder Ejecutivo plantea que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.
La jugada del Gobierno generó podría tener un costo político alto. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo.
No es la única modificación que introduce. El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Malvinas: una jueza de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion
La Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, situado al norte de las Islas Malvinas. La decisión cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.
El fallo responde a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). La resolución, a la que accedió Infobae, establece que las compañías deberán frenar los actos materiales del emprendimiento hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado disponga otra medida.
En paralelo, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py tuvo por impulsada una investigación penal contra Desire Petroleum Limited. El expediente, promovido a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, incluye medidas para reunir información sobre esa firma y sobre el grupo Rockhopper. Esa causa había sido impulsada tras una denuncia que presentó la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con la asistencia de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.
Son procesos distintos. La causa de Río Grande tiene un carácter civil y ambiental preventivo, mientras que la pesquisa en Comodoro Py busca determinar si hubo exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin autorización argentina. Las resoluciones recaen, por vías diferentes, sobre empresas ligadas a los proyectos petroleros alrededor de las islas.
La cautelar alcanza perforaciones, instalaciones y el inicio de la extracción
Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas que, “en cuanto de ellas dependa”, se abstengan de “iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución” de Sea Lion, que en el expediente aparece como “León Marino”. La orden incluye las ampliaciones del proyecto y los pozos o instalaciones que estén funcionalmente integrados al emprendimiento.
La prohibición abarca la perforación del lecho o subsuelo marino para desarrollar o explotar hidrocarburos, la instalación permanente de infraestructura submarina y el tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control. También comprende la instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, el inicio de la extracción comercial y las obras terrestres o portuarias de apoyo.
En este último grupo figuran ampliaciones portuarias, bases logísticas, plantas para preparar lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional e instalaciones destinadas al apoyo aeronáutico.
El punto central del fallo es que la orden se mantendrá hasta que se tramite la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Ambiente y la autoridad competente adopte una decisión. La jueza entendió que ese procedimiento debía realizarse ante organismos argentinos.
La jueza consideró que el proyecto ya está en ejecución
Al analizar el peligro en la demora, Borruto sostuvo que “el riesgo no es hipotético ni remoto”. Según la resolución, la documentación incorporada muestra que Sea Lion superó la etapa de proyecto y entró en ejecución.
Para llegar a esa conclusión, la magistrada consideró la Decisión Final de Inversión de diciembre de 2025, el anuncio de una ampliación hacia un pozo adyacente y las contrataciones de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además del equipo de perforación y sus servicios asociados. El fallo señala que las obras de adaptación de esa infraestructura ya habían comenzado, de acuerdo con documentación de Rockhopper mencionada en la demanda.
“Aguardar a la culminación de tales intervenciones para determinar si debieron ser sometidas previamente a evaluación ambiental podría tornar ineficaz la tutela judicial solicitada”, indicó Borruto. También advirtió que el trámite ordinario del expediente podría consolidar situaciones que dificulten una eventual sentencia favorable.
La jueza aclaró que la cautelar no da por probado que el proyecto vaya a ocasionar un daño ambiental. “No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá, ni ello podría afirmarse en este estado del proceso”, precisó. Lo que sí tuvo por acreditado, de manera preliminar, es la falta de un procedimiento ante autoridades argentinas para determinar los posibles impactos y las medidas de prevención o mitigación.
La resolución citó un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, fechado el 24 de febrero de 2026. Según ese documento, no se había presentado “ningún aviso de proyecto” ni se había iniciado una evaluación de impacto ambiental con las demandadas.
Borruto aplicó los principios preventivo y precautorio de la legislación ambiental. La demanda describe un desarrollo de 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno remoto de inyección de gas, junto con infraestructura submarina, equipos de control, líneas de flujo, una unidad móvil de perforación y embarcaciones auxiliares.
Entre los riesgos planteados aparecen la alteración del lecho marino, la contaminación química, el ruido submarino, las descargas operativas, el tránsito marítimo, la interacción con mamíferos y aves, las emisiones y los derrames. El fallo remarcó que esos elementos no prueban que cada impacto denunciado vaya a producirse, aunque resultan suficientes para una medida cautelar sobre una actividad que podría generar modificaciones ambientales relevantes.
La cuestión ambiental se vincula además con el reclamo de soberanía. Al reconocer de manera provisoria la legitimación del CECIM, la jueza señaló que la pretensión no se limita a una discusión técnico-ambiental. Según el fallo, subyace “la defensa de la soberanía nacional”, a la que definió como un bien colectivo indivisible y un interés federal.
Rockhopper y Navitas deberán informar el estado del proyecto en diez días
La medida también intima a las compañías a presentar, en el plazo de diez días judiciales desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan establecer el estado actual de Sea Lion.
Deberán detallar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.
La orden exige, además, información sobre la estructura societaria utilizada para el proyecto, las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos efectuados, comprometidos o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras, y los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.
Las demandadas tendrán que “preservar íntegramente” la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con Sea Lion. No podrán destruirla, alterarla, ocultarla ni disponer de ella de un modo que impida incorporarla al expediente.
Borruto no admitió todavía el pedido de prohibir, de forma general, nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas y constitución de garantías. Consideró que una restricción de esa amplitud podía involucrar operaciones y terceros que aún no estaban suficientemente individualizados.
La jueza también postergó las comunicaciones generales a reguladores y mercados de valores extranjeros, aunque dejó abierta la posibilidad de disponer medidas puntuales más adelante. Una vez recibidos los informes y la respuesta de las empresas, el juzgado deberá resolver si mantiene, modifica, amplía o deja sin efecto la cautelar.
Comodoro Py pidió información societaria y bancaria sobre Desire y Rockhopper
En la causa penal, el Juzgado Federal N° 11 incorporó el requerimiento de instrucción de Stornelli en el expediente CFP 4492/2026 y dispuso: “Téngase por impulsada la acción penal”.
La investigación comprende a Desire Petroleum, a sus sociedades controlantes, controladas o integrantes de su explotación comercial y a las personas que pudieran haber actuado en su nombre o beneficio. El objeto es establecer si existieron actividades hidrocarburíferas en áreas cercanas a Malvinas sin la autorización de la Argentina.
El juzgado pidió a la Secretaría de Energía antecedentes sobre la empresa, su composición accionaria, sus autoridades actuales y anteriores y los actos vinculados con las actividades denunciadas. También solicitó documentación a la Cancillería, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, la Procuración del Tesoro y la Procuración General.
Además, ordenó certificar la causa CFP 4437/2026 para verificar si reúne elementos de interés para la investigación. Una de las medidas es un exhorto al Reino Unido para obtener la información societaria completa de Desire Petroleum, su integración directiva y representación legal desde 2012, junto con antecedentes sobre posibles licencias hidrocarburíferas.
La resolución dispuso que “igual información” se solicite respecto del denominado grupo Rockhopper. El tribunal también requirió información bancaria ligada a la explotación comercial y a las personas físicas que pudieron haber actuado en nombre o beneficio de las compañías investigadas.
Ninguna de las decisiones resuelve el fondo de los expedientes. En Río Grande, la cautelar quedó sujeta al avance de la evaluación ambiental y a la información que presenten las empresas. En Comodoro Py, la causa penal entra ahora en una etapa de producción de pruebas sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.
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