POLITICA
El viaje del Papa: fuerte expectativa en el Gobierno ante un inminente anuncio en el Vaticano
Luego de varias señales y gestos de acercamiento con la Iglesia, en el Gobierno ya dan por confirmada la visita del papa León XIV a la Argentina, del domingo 8 al 11 de noviembre. Se espera que el anuncio oficial lo haga la Santa Sede, probablemente en las próximas horas.
Así lo entienden cerca del canciller Pablo Quirno, a quien el presidente Javier Milei le encomendó hace varios meses la misión de recomponer la relación con el mundo eclesiástico, tanto con el Vaticano como con la Conferencia Episcopal Argentina. En el organigrama de la Cancillería se encuentra la Secretaría de Culto y Civilización de la Nación, cuyo titular, Agustín Caulo, estuvo la semana pasada en el Vaticano.
El viaje del Papa se prolongaría en la Argentina durante tres días y, como anticipó , se trabaja con la hipótesis de que comprenderá actividades en la ciudad de Buenos Aires, además de una misa en la Basílica de Luján y un fugaz traslado a Córdoba. Una de las celebraciones principales se haría al pie del Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el corazón de Palermo.
Será el primer viaje de León XIV a América del Sur y la gira se iniciará en Uruguay y concluirá en Perú, patria adoptiva del pontífice, cuya nacionalidad obtuvo en agosto de 2015, al cabo de una prolongada actuación como misionero de la comunidad agustina en regiones de alta vulnerabilidad social.
El canciller Quirno viajó en febrero del año pasado al Vaticano y le entregó en mano al Papa una carta del presidente Milei para invitarlo al país. Meses antes había hecho lo propio el vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor César Daniel Fernández, quien le expresó el deseo del conjunto de la Iglesia argentina para que el Papa viajara a la tierra de su antecesor Francisco. Distintos obispos le transmitieron en audiencias privadas o encuentros formales la esperanza de que se concrete el anhelado viaje.
El viernes pasado, el flamante nuncio apostólico en el país, monseñor Michael Wallace Banach, presentó sus cartas credenciales al presidente Milei en la Casa Rosada y a partir de ese encuentro se consideraba en cuestión de días la confirmación del viaje del Papa. Además, ya se concretó el martes pasado la asunción de la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, paso decisivo para encarar la etapa final de la preparación del viaje papal a la región. En una de sus primeras acciones al asumir la presidencia, Fujimori visitó a los obispos en la Conferencia Episcopal Peruana y declaró: “Garantizaremos una visita exitosa del papa León XIV”.
Monseñor Banach se presentará en público ante la Iglesia local este jueves, a las 11, en la misa que presidirá en la Catedral metropolitana. Estará acompañado por varios obispos argentinos y se dará gracias a Dios por su llegada a la Argentina, además de pedir que el Señor lo acompañe en la misión que le ha confiado el papa León XIV, al servicio de la Iglesia en la Argentina.
Asimismo, el nuncio acercará al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, las credenciales que lo acreditan como Representante del Santo Padre ante la Iglesia en nuestro país.
Como suele ocurrir en la organización de los viajes papales, a fines de junio ´llegó al país una misión de avanzada del Vaticano para evaluar posibles recorridos y desplazamientos. La definición del itinerario definitivo se dará a conocer en forma posterior al anuncio oficial del Vaticano. Se espera para las próximas semanas que otra delegación –la primera fue de cuatro funcionarios de la Secretaría de Estado y del área de Comunicación de la Santa Sede- llegue a la Argentina para avanzar en los trabajos preliminares de la visita del Papa, que sería la primera en 39 años.
En mayo pasado, Quirno le adelantó a Milei que podían esperarse novedades sobre la visita del Papa al país. “Vine a reunirme con el presidente Milei para darle ‘la buena noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… ¡qué linda Primavera!”.
El estilo del Papa
Con un estilo mesurado y reflexivo, pero incisivo en sus mensajes, León XIV continúa la línea de su antecesor Francisco, como lo refleja su clamor por la paz y los temas de la agenda social, desde la apremiante situación de los excluidos por la pobreza hasta el mandato de que la economía sea puesta al servicio del hombre.
Ese sendero transita la Iglesia argentina, que en sus más recientes expresiones reclamó una mayor sensibilidad ante los que sufren, expuso la situación de las personas con discapacidad y acusó a los que se esconden “en cuevas de corrupción para volverse ricos”. Esas fueron las palabras del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en el último tedeum por el 9 de Julio, ante el Presidente, en la Catedral porteña.
En una reunión que mantuvo con el nuncio apostólico Banach, el canciller Quirno destacó las coincidencias en el trabajo en favor de objetivos comunes. “La Argentina y la Santa Sede reafirmamos los fuertes lazos históricos y el afecto mutuo que nos unen. Seguiremos consolidando esta etapa de profunda cercanía y diálogo fraterno, fortaleciendo juntos una agenda de trabajo cada vez más estrecha basada en valores compartidos”, señaló la Cancillería en un comunicado.
El papa Juan Pablo II fue el único papa que visitó la Argentina en el período de su pontificado. Lo hizo dos veces, primero en un viaje relámpago que realizó en junio de 1982, en los tramos finales de la guerra de Malvinas, semanas después de su visita pastoral a Inglaterra, Escocia y Gales. El segundo viaje del papa polaco a nuestro país fue en abril de 1987, cuando fue recibido por el presidente Raúl Alfonsín, en una visita más prolongada y planificada. Francisco, elegido papa en marzo de 2013 y fallecido en abril de 2026, no visitó nunca la Argentina y el cardenal Eugenio Pacelli, elegido pontífice en 1958, había visitado antes el país, en 1934, en ocasión de celebrarse en Buenos Aires el Congreso Eucarístico Internacional.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Papa León XIV,Conforme a
POLITICA
Un fiscal impulsó una denuncia del Gobierno contra una petrolera que explora en las Malvinas
El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó formalmente una investigación contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollan en el área de la plataforma continental próxima a las islas Malvinas, sin permiso de la Argentina.
En el requerimiento ante el juzgado, que está interinamente a cargo del juez Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba que incluye un exhorto al Reino Unido para reconstruir la estructura societaria de la compañía, sus autoridades desde 2012 y el modo en que obtuvo las licencias que explota en el área en disputa.
Stornelli reclamó información bancaria de la empresa y de las personas físicas que hayan actuado en su nombre o beneficio.
La causa se abrió a partir de la denuncia del canciller Pablo Quirno, sobre la base de la ley 26.659. La norma sanciona las actividades hidrocarburíferas “clandestinas” en la plataforma continental, pues dice que la explotación se realiza mediante una “licencia ilegítima”.
La presentación formó parte de la ofensiva judicial que el Gobierno amplió la semana pasada y que alcanzó a una veintena de ejecutivos y directivos de las compañías que participan de los proyectos petroleros en la zona. Hay casi media docena de denuncias en tribunales contra petroleras y empresas proveedoras de servicios.
El Estado ya sancionó dos veces a esta compañía. La Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades mediante la resolución 130/2012 y la calificó de clandestina por operar sin habilitación de las autoridades argentinas.
Un año después, la resolución 457/2013 la inhabilitó por 20 años para desarrollar actividades en el país, al tener por acreditado que se valía de una licencia ilegítima de exploración otorgada por las autoridades británicas instaladas en las islas.
Pese a esos antecedentes y al cambio de nombre, la empresa seguía figurando en marzo de este año entre las sociedades vinculadas a licencias otorgadas por Londres, junto a otras compañías del grupo Rockhopper.
El detalle de esa participación está en el dictamen: 32% en las licencias PL003a y PL003b; 30% en PL004a, PL004b (Área 1) y PL004c (Área 2); y 35% en PL005. Todas están ubicadas en las aguas de las inmediaciones de Malvinas.
Stornelli dijo que se violó la ley 26.659, que extiende la responsabilidad a las personas humanas que integran las sociedades y a las controlantes y controladas.
La escala prevé penas de 5 a 15 años de prisión, según se trate de exploración o de extracción.
Pero el fiscal dejó abierta la puerta a otras calificaciones. Tal como lo sugirió el funcionario denunciante, no descartó que el avance de la instrucción derive en delitos contra el medio ambiente, en infracciones aduaneras y en el lavado de activos provenientes de esas actividades.
Entre las diligencias, Stornelli solicitó a la Secretaría de Energía la remisión completa de los expedientes en los que se dictaron las resoluciones de 2012 y 2013, incluidos los trámites del Ministerio de Planificación y de la Cancillería, junto con todo informe o acta que documente los actos concretos de exploración, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.
También pidió que la Jefatura de Gabinete informe si existen denuncias o expedientes por actividades peligrosas para el medio ambiente atribuidas a la empresa desde 2012 hasta hoy, y que el Ministerio de Seguridad releve si alguna de las fuerzas bajo su órbita labró actuaciones vinculadas a las operaciones en la zona.
También requirió que se establezca si hay actuaciones en trámite en la Procuración del Tesoro y en la Procuración General de la Nación.
Por último, el fiscal ordenó verificar si hay otras causas que tramitan ante el juzgado interinamente a cargo de Julián Ercolini.
Según la Cancillería, ambos expedientes están vinculados, pues allí está la denuncia anterior sobre el proyecto Sea Lion, el más avanzado de los desarrollos petroleros en el área.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Confesión y condena: Jones Huala reconoció que impuso sus ideas por la fuerza a través de la RAM y podría seguir preso hasta 2030
El activista Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sería condenado a 5 años y 2 meses de prisión por haber conducido esa organización e impuesto sus ideas mediante la violencia o la intimidación, según el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa.
El entendimiento sería homologado esta semana por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, y contempla una pena de cumplimiento efectivo. De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, Jones Huala admitió haber liderado la RAM, organización que desde febrero de 2025 figura en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado por iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si el acuerdo es homologado en los términos pactados, el dirigente mapuche podría permanecer detenido hasta agosto de 2030, tomando como punto de partida su aprehensión en junio de 2025. Se cree que el cómputo de la prisión preventiva deberá ser tenido en cuenta para determinar el vencimiento de la pena.
El acuerdo judicial representa el cierre de una investigación que, en su etapa inicial, contempló acusaciones más graves. Jones Huala había sido detenido en junio de 2025, en el marco de una denuncia por presunta asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público.
Sin embargo, el entendimiento alcanzado entre las partes contempla únicamente la acusación de imponer ideas mediante la fuerza o la intimidación, sin que se configure el delito de asociación ilícita.
El acuerdo y el cambio en la acusación
De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, las partes debatieron durante varias jornadas los alcances del acuerdo para definir la pena y el encuadre jurídico de la conducta atribuida a Jones Huala.
La acusación había buscado inicialmente aplicar el artículo 210 bis del Código Penal, una figura que contempla la organización de estructuras destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional, con una estructura de tipo militar. Ese encuadre, de mayor gravedad, finalmente no fue el elegido para el acuerdo.
El líder de la RAM será condenado, en cambio, por el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes organizan o toman parte en agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
La pena prevista para ese delito es de 3 a 8 años de prisión. El acuerdo fija para Jones Huala una condena de 5 años y 2 meses, que deberá ser homologada por el juez federal.
Voceros de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, a cargo de la defensa de Jones Huala, confirmaron el avance del acuerdo entre las partes, aunque anticiparon que sus alcances serán informados una vez que el magistrado lo homologue.
La investigación federal
Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025 en El Bolsón, luego de la presentación de su libro en una biblioteca de Bariloche. La imputación original incluyó intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.
Desde el inicio de la investigación, la fiscalía buscó encuadrar su rol como líder de la RAM en el artículo 213 bis del Código Penal, por integrar una organización destinada a imponer o combatir ideas mediante la fuerza o el temor. El Ministerio Público Fiscal también impulsó la investigación de figuras penales de mayor gravedad.
El expediente fue declarado de investigación compleja durante las audiencias iniciales. Esa decisión permitió extender el plazo de prisión preventiva de Jones Huala, quien permaneció detenido mientras avanzaban las medidas de prueba y se definía el alcance de la acusación.
La prisión preventiva fue prorrogada trimestralmente. La última extensión se produjo a fines de agosto, cuando el juez federal Leandro Gómez Constenla, en su primera audiencia al frente del caso, autorizó la continuidad de la medida hasta noviembre próximo.
En las audiencias anteriores, la fiscalía había insistido en la complejidad de la investigación, mientras que la defensa procuraba concretar el traslado de Jones Huala desde la Unidad 6 de Rawson hacia la Unidad 14 de Esquel, donde permanece alojado actualmente.
Casi un año después de la detención, la fiscalía de Bariloche profundizó la acusación. Le atribuyó a Jones Huala haber integrado la RAM desde 2011, con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local. Esa conducta fue encuadrada en el artículo 213 bis.
Además, sumó la acusación de integrar una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra el orden constitucional, bajo una estructura de tipo militar, en los términos del artículo 210 bis. En esa línea, el Ministerio Público Fiscal señaló presuntas conexiones con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que actúa en Chile.
El acuerdo alcanzado ahora entre las partes deja fuera esa acusación más grave y concentra la responsabilidad penal en la conducción de la RAM y la imposición de ideas mediante la fuerza o la intimidación.
Seguirá preso hasta 2030
La defensa de Jones Huala ya realiza el cómputo del tiempo que su asistido podría permanecer tras las rejas. Si se contabiliza la prisión preventiva desde su aprehensión en junio de 2025, la pena de 5 años y 2 meses se agotaría en agosto de 2030, según el cálculo que surge del acuerdo.
La condena será de cumplimiento efectivo. La situación procesal del dirigente mapuche también está condicionada por su condición de reincidente, que le impediría acceder a la libertad condicional.
El antecedente que pesa en su contra es la condena que le impuso el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en Chile, en diciembre de 2018, por el incendio de una propiedad en el fundo Pisu Pisué y por tenencia ilegal de armas.
La reincidencia, sumada a la pena acordada en la causa federal de Bariloche, determina que Jones Huala deba cumplir la totalidad de la condena en prisión, sin acceso a los beneficios que había obtenido —y luego perdido— durante su detención en Chile.
La homologación del acuerdo por parte del juez federal será el próximo paso procesal. Una vez que se concrete, quedará formalizada la condena y comenzará a regir el cómputo definitivo de la pena.
POLITICA
Reforma electoral: organizaciones civiles piden preservar el debate presidencial obligatorio
La reforma electoral que el Gobierno impulsa abrió un nuevo frente de cuestionamientos. Nueve organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el proyecto, tal como está redactado, elimina del Código Electoral Nacional la obligatoriedad de los debates presidenciales y reclamaron a los legisladores que modifiquen ese punto antes de avanzar con la iniciativa.
“Una reforma electoral que elimine el debate presidencial deforma las elecciones”, plantearon Argentina Debate, Fundación Avina, CIPPEC, Club Político Argentino, Constituya, Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano y Ser Fiscal en una petición enviada a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde este martes se reanudó la discusión del proyecto.
El cuestionamiento apunta específicamente al artículo 30 de la iniciativa, que propone suprimir esta instancia de discusión entre candidatos. La modificación dejaría fuera del Código los artículos que regulan la obligatoriedad, organización, realización y transmisión de los debates presidenciales, además de establecer su autoridad de aplicación.
Las organizaciones solicitaron preservar esos artículos y modificar únicamente las referencias a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno pretende eliminar o suspender.
“La reforma del sistema electoral puede modificar o eliminar las PASO. Lo que no debería producir, como efecto colateral, es la eliminación de los debates presidenciales”, señalaron. Y definieron al debate como una institución que garantiza a los ciudadanos el acceso “directo, simultáneo y en condiciones de igualdad” a las propuestas de quienes aspiran a la presidencia.
Es lo que subrayó Belén Amadeo, referente de Argentina Debate, quien remarcó que sería “muy contraproducente” perder esta instancia. “Son reglas de juego acordadas y firmadas por todos los candidatos y esto lo convierte en sí mismo en un bien público”, sostuvo.
La obligatoriedad de los debates fue incorporada al Código Electoral en 2016, mediante la ley 27.337, aprobada con amplias mayorías en ambas cámaras. Hasta entonces, su realización dependía de un acuerdo entre los candidatos. La ley buscó convertirlos en una regla permanente del proceso electoral y obligar a los postulantes presidenciales a exponer y confrontar públicamente sus plataformas y propuestas.
Para las organizaciones ese carácter obligatorio es central. Sostienen que el debate no constituye un derecho de los candidatos sino de los ciudadanos y que dejar su realización librada a la voluntad de los postulantes permitiría que un dirigente decida no participar por conveniencia electoral.
También destacan que permite comparar propuestas bajo las mismas reglas y garantiza una transmisión pública, gratuita y federal.
Y subrayan el fortalecimiento a la rendición de cuentas. Sostienen que deja un registro de los compromisos asumidos por quienes compiten por llegar a la Casa Rosada, que luego puede ser contrastado durante el ejercicio del gobierno.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano sumó otro eje: el interés social. “Es uno de los eventos televisivos con más rating de la Argentina, a nivel de un partido de fútbol de la Selección Nacional”, señaló a .
Secchi puso el foco, además, en el formato. Sostuvo que su dinamismo contribuye al “voto informado”. Y concluyó: “Sacar el debate le resta calidad al debate público y le resta información a los ciudadanos que tienen que decidir su voto”.
El planteo de las organizaciones llegó a los senadores que tienen en sus manos la discusión de la reforma. Su pedido se enfoca en separar la discusión sobre las PASO de la continuidad de los debates presidenciales obligatorios. “Una reforma electoral no debería implicar un retroceso en ese derecho ciudadano”, sintetizaron.
Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a
Juicio por Loan: declara el perito que analizó una muestra de ADN hallada en la camioneta de Pérez y Caillava
El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera… Bueno, vos no la podés ver”
Un fiscal impulsó una denuncia del Gobierno contra una petrolera que explora en las Malvinas
Confesión y condena: Jones Huala reconoció que impuso sus ideas por la fuerza a través de la RAM y podría seguir preso hasta 2030
Ambición desmedida, sexismo y la obsesión con el Nobel: una nueva biografía de Stephen Hawking muestra al genio y su lado más incómodo
High-profile Democrat breaks with party, embraces key pieces of Trump agenda
Entre arroyos y countries: vecinos intentan salvar el último pulmón rural del conurbano antes de que cambie para siempre
El polémico video de Tiago PZK con La Joaqui cuando ella aún estaba de novia con Luck Ra que desató un escándalo
Más allá de la música, el nuevo negocio de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis
Trump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla
SOCIEDAD2 días agoEntre arroyos y countries: vecinos intentan salvar el último pulmón rural del conurbano antes de que cambie para siempre
- CHIMENTOS2 días ago
El polémico video de Tiago PZK con La Joaqui cuando ella aún estaba de novia con Luck Ra que desató un escándalo
- POLITICA3 días ago
Trump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla
