La Fundación PENSAR, el think tank del PRO, publicó el informe de mayo que traza una línea divisoria entre los fundamentos macroeconómicos del gobierno de Javier Milei y su impacto en el bolsillo de las familias argentinas. En línea con el posicionamiento político del partido, defiende el superávit fiscal y el superávit comercial récord como pilares del plan económico, aunque alerta que el ingreso disponible de los hogares cayó 5,4 % desde el inicio de la gestión y que solo 1 de cada 10 argentinos cree que el gobierno está resolviendo los problemas económicos.

El documento, titulado Sobreviviendo y fechado en mayo de 2026, fue elaborado por la fundación que preside la exdiputada María Eugenia Vidal, con datos de la consultora Poliarquía, la encuestadora Casa Tres, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El diagnóstico se aparta del discurso oficial: el Gobierno insiste en hablar de “récords históricos” de crecimiento del consumo privado.

El informe reconoce que el consumo privado agregado creció 7,9 % en 2025 —el nivel más alto desde que el INDEC inició la serie en 2004— y que, incluso en términos per cápita, se ubica entre los más altos de la historia reciente. Pero advierte que ese dato es engañoso: el rebote se concentra en bienes durables y turismo, con alzas del 60 % en turismo emisivo, 54 % en escrituras en la Provincia de Buenos Aires y 44 % en ventas de autos. Al mismo tiempo, los canales de consumo cotidiano registran caídas: indumentaria bajó 40 %, celulares 29 %, mayoristas 21 % y supermercados 9 %.

En el apartado sobre ingresos, se señala que el ingreso disponible —lo que queda en el hogar después de impuestos y gastos fijos como tarifas y expensas— cayó 2,1 % en febrero de 2026, su mayor descenso desde marzo de 2024, y acumula un deterioro continuo desde septiembre de 2025. Los gastos fijos pasaron de representar el 16 % del ingreso familiar a fines de 2023 al 24 % actual, con aumentos de electricidad y gas del 8,9 % y de expensas del 4,5 % solo en febrero.

La caída -advirte- no se distribuyó de forma pareja. Según el análisis por segmento, el ingreso disponible retrocedió 1,4 % en los hogares de mayores recursos, pero 5,8 % en los de menores ingresos. Los jubilados acumulan una pérdida del 24 % en términos reales desde el inicio de la gestión —30 % para quienes cobran la jubilación mínima— y el salario mínimo registró un deterioro del 39 %, su nivel más bajo en dos décadas.

El INDEC confirma una caída generalizada de los salarios registrados: el sector privado formal perdió 3,5 % y el sector público, 18,3 %. Desde el inicio de la gestión, un empleado estatal nacional perdió el equivalente a 10 salarios mensuales, según estimaciones del propio informe.

En relación al mercado laboral, se asegura que en dos años de gestión se crearon 113.000 puestos de trabajo netos, pero la apertura del dato revela que se perdieron 266.000 puestos registrados —privados y públicos— mientras que los puestos no asalariados o no registrados sumaron 379.000. En 2026, siete de los trece sectores económicos registraron caídas de empleo; la industria lideró las pérdidas con 73.000 puestos, seguida por el comercio y la construcción. El empleo privado retrocedió en 14 provincias.

Ese deterioro se refleja en la opinión pública: el 45 % de los argentinos declara tener miedo de perder su empleo, frente al 43 % que dice no tenerlo. El 64 % considera que evitar la pérdida de empleo es más urgente que bajar la inflación.

“Nuestros números muestran que en los últimos meses la cantidad de familias que acceden al consumo perdió dinamismo. También muestran que ese nivel sigue siendo más alto que antes de la llegada de este gobierno. Pero esa evolución ocurre en un contexto mucho más complejo que el de una simple recuperación o caída: se da en medio de un cambio de modelo económico, con una dinámica más favorable en el interior, donde las industrias ganadoras vinculadas a la exportación de recursos naturales se imponen, que en el AMBA, y atravesada además por una transformación profunda en los usos y costumbres de consumo. Entender la Argentina que viene exige mirar todo eso al mismo tiempo”, remarcó Alejandro Catterberg, titular de Poliarquía.

La defensa de los cimientos

Por otro lado, Pensar adopta en el documento una posición que distingue entre el malestar social y la solidez del esquema fiscal. “Los cimientos macroeconómicos del plan económico del gobierno aún siguen sólidos y tenemos que seguir defendiéndolos”, afirma el informe, y agrega que representan “una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el bienestar social”.

En el primer trimestre de 2026, el gobierno acumuló un superávit financiero de 0,2 % del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario de 0,5 %, con una caída del gasto primario del 5,7 %. El Sector Público Nacional registró superávit gemelos —primario y financiero— en 25 de los 27 meses de la gestión. Las exportaciones crecieron 30 % interanual en marzo y el superávit comercial del primer trimestre alcanzó USD 5.500 millones, frente a USD 1.100 millones del mismo período de 2025, impulsado por la producción petrolera, que subió 15,8 % interanual hasta los 874.000 barriles diarios. El Banco Central de la República Argentina superó el 70 % de la meta de reservas del FMI para 2026 tras acumular USD 7.155 millones.

La inflación, en tanto, repuntó a 3,4 % mensual en marzo de 2026, tras haber tocado un piso de 1,5 % en mayo de 2025. El informe atribuye la suba a factores transitorios y anticipa que “en los próximos meses retomará la dirección correcta”.

El humor social

Según la encuestadora Casa Tres, el 64 % de los argentinos tiene sentimientos negativos sobre el futuro del país, mientras que la esperanza cayó del 45 % en diciembre de 2025 al 31 % en abril de 2026. El 58 % cree que el país va por el camino equivocado y el 57 % sostiene que el gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas económicos.

La inflación y el costo de vida desplazaron en marzo a los problemas institucionales como principal preocupación: los problemas macroeconómicos llegaron al 31 % y los de costo de vida al 27 %. El 55 % de los argentinos atribuye el deterioro económico a las políticas de Milei, mientras que el 38 % lo sigue adjudicando a la herencia del gobierno anterior —uno de los porcentajes más bajos desde el inicio de la gestión—.

El Indicador de Consumo Familiar (ICF) de la consultora Poliarquía, que mide conductas concretas de compra en electrodomésticos e indumentaria, cayó 10 % interanual en el primer trimestre de 2026 y retrocedió en tres de los últimos cuatro trimestres. El deterioro reciente se concentra en el Gran Buenos Aires, mientras que el interior del país exhibe una dinámica más favorable, con una brecha récord entre ambas regiones que, según el informe, también se traslada al mapa político.

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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó su respaldo a la decisión del gobierno de Javier Milei de enviar al Senado los pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales, calificándola como una “primera y contundente respuesta” frente al problema estructural de vacantes en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

Según el comunicado difundido este jueves por la AMFJN, la entidad resaltó la medida impulsada por el Ministerio de Justicia, liderado por Juan Bautista Mahiques, y subrayó que la persistencia de vacantes afecta el funcionamiento adecuado del servicio judicial en la Argentina. En las últimas semanas, el Gobierno remitió al Senado más de 100 pliegos para cubrir cargos en distintos fueros y jurisdicciones.

El pronunciamiento se conoció semanas después de que el Gobierno enviara al Senado más de 100 pliegos para cubrir vacantes estratégicas en distintos fueros judiciales del país, en una medida impulsada por el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

Tal como informó Infobae, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara alta una amplia nómina de candidatos para ocupar juzgados y tribunales vacantes, luego de varios meses de revisión interna de expedientes y negociaciones políticas. Entre los cargos incluidos aparecieron posiciones sensibles en la Justicia federal, tribunales orales y juzgados nacionales de distintos puntos del país.

El reclamo por la cobertura de vacantes y el diálogo con el Gobierno

En el comunicado, la Asociación de Magistrados sostuvo que viene reclamando “desde hace años, de manera sostenida y permanente, la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos”.

La entidad advirtió además que “la persistencia y el agravamiento de esta problemática afectan directamente la adecuada prestación del servicio de justicia en nuestro país”.

En ese marco, destacó especialmente la decisión del Gobierno nacional de avanzar con nuevos nombramientos. “Como es de público conocimiento, recientemente el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Senado de la Nación numerosos pliegos, dando una primera y contundente respuesta a esta necesidad”, afirmó la AMFJN.

En distintos sectores judiciales venían creciendo las preocupaciones por el volumen de vacantes acumuladas en tribunales nacionales y federales. En muchos casos, los juzgados funcionan desde hace años con subrogancias o esquemas transitorios, situación que impacta directamente en los tiempos procesales y en la carga de trabajo de magistrados y funcionarios.

El respaldo institucional de la Asociación de Magistrados adquiere además relevancia política porque se produce en medio de las discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia federal y la necesidad de acelerar los mecanismos de designación de jueces.

En el comunicado, la entidad presidida por Andrés Basso expresó “su reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación” y sostuvo que el mecanismo constitucional impulsado por el Ejecutivo “permitirá avanzar progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho del país”.

La declaración institucional fue difundida luego de una reunión realizada la semana pasada en la sede de la Asociación de Magistrados, donde participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el secretario de Justicia, Santiago Viola.

Por parte de la AMFJN estuvieron presentes, además de Basso, la vicepresidenta por el estamento de los jueces, María Elena López; el vicepresidente por el Ministerio Público Fiscal, Ricardo Sáenz; el vicepresidente por el Ministerio Público de la Defensa, Hernán Figueroa; la representante de los funcionarios, Maite Soprano; la secretaria general María Carolina Ocampo; el prosecretario general Ariel Ovelar; el tesorero Marcelo Gallo Tagle; la protesorera Gabriela Iturbide; y la consejera María Jimena Monsalve.

De acuerdo con el comunicado de prensa, durante el encuentro “se abordaron distintas propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía”.

Además, se analizó específicamente “la situación vinculada con la cobertura de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, destacándose especialmente el reciente envío al Senado de la Nación de pliegos para la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales”.

La cuestión de las vacantes judiciales se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda del Ministerio de Justicia durante los últimos meses. En el Gobierno sostienen que el volumen de cargos sin cubrir genera demoras procesales, dificultades administrativas y una creciente dependencia de mecanismos de subrogancia que, en algunos casos, se extienden durante años.

En ese contexto, la administración de Milei decidió acelerar la elaboración y remisión de pliegos al Senado, aunque el escenario parlamentario continúa atravesado por tensiones políticas. La aprobación definitiva de los candidatos requerirá acuerdos entre el oficialismo y distintos bloques opositores en la Cámara alta.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, desmintió este sábado las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el financiamiento de los hospitales universitarios y acusó al Gobierno de retener fondos ya aprobados en el presupuesto 2026 como mecanismo de presión para debilitar el reclamo universitario. La polémica se produce días antes de la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo a las 17 horas en la Plaza de Mayo.

En una entrevista con Radio Mitre, Yacobitti rechazó punto por punto los argumentos de Adorni, quien este viernes, durante una conferencia de prensa, calificó de “falsa” la denuncia de la UBA por el desfinanciamiento de sus hospitales. El jefe de Gabinete sostuvo que el Ejecutivo transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto 2026 para la función salud, y que lo que la UBA reclama es “una partida adicional de 75.371 millones de pesos, equivalente al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país”. “Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, sentenció el funcionario.

Yacobitti respondió que esa descripción mezcla deliberadamente partidas distintas. La cifra en disputa —que el propio Ministerio de Capital Humano calculó en unos 80.000 millones de pesos— no es una demanda adicional ni extraordinaria, sino una partida específica para hospitales universitarios que figura en el presupuesto 2026, aprobado por el Congreso y propuesto por el propio Ejecutivo. “No estamos hablando de la Ley de Financiamiento Universitario, sino de una ley que ni siquiera fue vetada y que el Gobierno reconoce que todavía no cumplió absolutamente nada», afirmó el vicerrector.

Esa partida cubre los gastos operativos de los hospitales universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, la UBA, la de La Rioja y la de Cuyo. Según los directores de los hospitales Clínicas, Roffo y Lanari, que el 5 de mayo dieron una conferencia de prensa para alertar sobre la situación, al cabo de cuatro meses del año el Gobierno no había girado un solo peso de esos fondos. El propio comunicado de Capital Humano reconoció que el ministerio aún analiza cómo distribuir esa partida. Para Yacobitti, ese reconocimiento implícito contradice la versión pública de Adorni: “Lo que está haciendo Adorni es pretender confundir a la gente para deslegitimar un reclamo”.

Sobre el argumento de la proporcionalidad —que la UBA pretende el 94,5% de los fondos destinados a todo el sistema—, el vicerrector explicó que esa distribución no es nueva ni arbitraria. En 2024, el Gobierno asignó casi el 90% de esa partida a la UBA; en 2025, el 85%. La razón es de escala: los hospitales de la universidad porteña atienden a un volumen de pacientes muy superior al del resto. El Hospital Roffo, centro oncológico de alta complejidad que recibe pacientes de todo el país, ya redujo tratamientos y derivó algunas patologías a otros centros por falta de insumos.

Yacobitti fue más allá en su caracterización de la estrategia oficial. Afirmó que el Gobierno retiene los fondos del presupuesto 2026 de forma deliberada para presionar a las universidades y que moderen su reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. “Lo que está haciendo es decirle a las universidades de manera indirecta: si ustedes siguen reclamando, yo no les voy a pagar en tiempo y forma el presupuesto 2026”, sostuvo. Al ser consultado sobre si esa situación del Gobierno era una extorsión, el vicerrector respondió: “Sí, claro. Lo es”.

La presión recae con mayor fuerza sobre la UBA por su peso relativo en el sistema y su capacidad de visibilización, según Yacobitti, quien descartó que eso frene la movilización. Para el Gobierno, en cambio, el equilibrio fiscal justifica la demora: Adorni señaló que las transferencias a las universidades se realizan en forma mensual, que la inflación bajó del 211,4% al 31,5% respecto de la gestión anterior y que el presupuesto universitario 2026 creció hasta los 4,8 billones de pesos. También planteó que la Ley de Financiamiento Universitario “nació suspendida” hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.

Yacobitti rechazó también los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos universitarios. Las universidades son auditadas de forma permanente por la Auditoría General de la Nación (AGN) y los informes están disponibles en las páginas de cada facultad y en el sitio de la AGN. Añadió que el monto de los 80.000 millones para hospitales universitarios es inferior a lo que el Estado dejará de recaudar por la reducción del impuesto a los autos de lujo, y que el presupuesto universitario destina el 90% a salarios que el propio Gobierno transfiere directamente a docentes y trabajadores.

La crisis de financiamiento tiene además una dimensión de largo plazo que Yacobitti subrayó: en los últimos dos años, 438 docentes e investigadores abandonaron la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, sobre una planta de aproximadamente 3.200 personas. Muchos tienen posgrados y especializaciones en el exterior. Los procesos de investigación interrumpidos no se retoman de inmediato, advirtió el vicerrector.

La movilización del 12 de mayo fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con epicentro en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en todo el país. Yacobitti señaló que la vía legislativa y la judicial ya se agotaron: hay dos fallos judiciales favorables a las universidades que el Ejecutivo no acata.