POLITICA
La Asociación de Magistrados se reunió con Mahiques y respaldó el envío de pliegos para cubrir las vacantes en la Justicia
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó su respaldo a la decisión del gobierno de Javier Milei de enviar al Senado los pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales, calificándola como una “primera y contundente respuesta” frente al problema estructural de vacantes en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.
Según el comunicado difundido este jueves por la AMFJN, la entidad resaltó la medida impulsada por el Ministerio de Justicia, liderado por Juan Bautista Mahiques, y subrayó que la persistencia de vacantes afecta el funcionamiento adecuado del servicio judicial en la Argentina. En las últimas semanas, el Gobierno remitió al Senado más de 100 pliegos para cubrir cargos en distintos fueros y jurisdicciones.
El pronunciamiento se conoció semanas después de que el Gobierno enviara al Senado más de 100 pliegos para cubrir vacantes estratégicas en distintos fueros judiciales del país, en una medida impulsada por el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
Tal como informó Infobae, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara alta una amplia nómina de candidatos para ocupar juzgados y tribunales vacantes, luego de varios meses de revisión interna de expedientes y negociaciones políticas. Entre los cargos incluidos aparecieron posiciones sensibles en la Justicia federal, tribunales orales y juzgados nacionales de distintos puntos del país.
El reclamo por la cobertura de vacantes y el diálogo con el Gobierno
En el comunicado, la Asociación de Magistrados sostuvo que viene reclamando “desde hace años, de manera sostenida y permanente, la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos”.
La entidad advirtió además que “la persistencia y el agravamiento de esta problemática afectan directamente la adecuada prestación del servicio de justicia en nuestro país”.
En ese marco, destacó especialmente la decisión del Gobierno nacional de avanzar con nuevos nombramientos. “Como es de público conocimiento, recientemente el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Senado de la Nación numerosos pliegos, dando una primera y contundente respuesta a esta necesidad”, afirmó la AMFJN.
En distintos sectores judiciales venían creciendo las preocupaciones por el volumen de vacantes acumuladas en tribunales nacionales y federales. En muchos casos, los juzgados funcionan desde hace años con subrogancias o esquemas transitorios, situación que impacta directamente en los tiempos procesales y en la carga de trabajo de magistrados y funcionarios.
El respaldo institucional de la Asociación de Magistrados adquiere además relevancia política porque se produce en medio de las discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia federal y la necesidad de acelerar los mecanismos de designación de jueces.
En el comunicado, la entidad presidida por Andrés Basso expresó “su reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación” y sostuvo que el mecanismo constitucional impulsado por el Ejecutivo “permitirá avanzar progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho del país”.
La declaración institucional fue difundida luego de una reunión realizada la semana pasada en la sede de la Asociación de Magistrados, donde participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el secretario de Justicia, Santiago Viola.
Por parte de la AMFJN estuvieron presentes, además de Basso, la vicepresidenta por el estamento de los jueces, María Elena López; el vicepresidente por el Ministerio Público Fiscal, Ricardo Sáenz; el vicepresidente por el Ministerio Público de la Defensa, Hernán Figueroa; la representante de los funcionarios, Maite Soprano; la secretaria general María Carolina Ocampo; el prosecretario general Ariel Ovelar; el tesorero Marcelo Gallo Tagle; la protesorera Gabriela Iturbide; y la consejera María Jimena Monsalve.
De acuerdo con el comunicado de prensa, durante el encuentro “se abordaron distintas propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía”.
Además, se analizó específicamente “la situación vinculada con la cobertura de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, destacándose especialmente el reciente envío al Senado de la Nación de pliegos para la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales”.
La cuestión de las vacantes judiciales se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda del Ministerio de Justicia durante los últimos meses. En el Gobierno sostienen que el volumen de cargos sin cubrir genera demoras procesales, dificultades administrativas y una creciente dependencia de mecanismos de subrogancia que, en algunos casos, se extienden durante años.
En ese contexto, la administración de Milei decidió acelerar la elaboración y remisión de pliegos al Senado, aunque el escenario parlamentario continúa atravesado por tensiones políticas. La aprobación definitiva de los candidatos requerirá acuerdos entre el oficialismo y distintos bloques opositores en la Cámara alta.
POLITICA
Cancillería criticó a Gran Bretaña por rechazar la intervención de un tribunal internacional ante la explotación petrolera en Malvinas
El Gobierno criticó a Gran Bretaña por rechazar la intervención de un tribunal internacional ante la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) como un intento de ‘socavar’ los derechos de alguien”, comenzó el comunicado que se publicó a través de Cancillería.
Y se agregó: “Nada más alejado de la realidad. Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Así es como los Estados comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente”.
En el mismo texto, la cartera liderada por Pablo Quirno destacó que tanto el Reino Unido como la Argentina son Estados Partes en la CONVEMAR. “Al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención”, insistió.
Es por eso que, destacó Cancillería, “se trata de una obligación convencional”. “Una vez más, el recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales. Un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación -en este caso, infundada- a los demás como una verdad absoluta”, sumó.
De la misma manera, cuestionó la declaración de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien afirmó que las actividades hidrocarburíferas unilaterales británicas en el área en disputa se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR”. “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, insistió el gobierno argentino.
También, señaló que “la Argentina ha puesto su caso en manos de árbitros independientes, tal como la Convención la faculta a hacerlo” y remarcó que el Reino Unido, obligado por la misma Convención, “tendrá plena oportunidad de demostrar sus afirmaciones ante ellos”.
Es por eso que, Cancillería destacó que “la Argentina deposita su plena confianza en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que resolverá el caso con independencia”. “Serán ellos quienes se pronuncien sobre el fondo de la posición de cada una de las partes”, afirmó.
De la misma manera, recordó que la comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Ante esto, argumentó que La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas “invitó a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa”.
POLITICA
El Gobierno rechazó el reclamo de Reino Unido para frenar el arbitraje por la exploración petrolera en Malvinas
La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, emitió un comunicado este jueves por la mañana luego de que el Reino Unido rechazara el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas, en lo que se conoce como Proyecto Sea Lion.
“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como un intento de ‘socavar’ los derechos de alguien [’la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno’, según Londres]. Nada más alejado de la realidad”, se introdujo en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Horas antes, el Reino Unido calificó el pedido de arbitraje como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”. “El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Fue en ese contexto que el gobierno de Javier Milei emitió una respuesta, en medio de una escalada diplomática entre ambos países desde el avance del Proyecto Sea Lion, una iniciativa de la compañía británica Rockhopper y la empresa israelí Navitas Petroleum para extraer petróleo a 200 kilómetros del archipiélago reclamado por la Argentina y controlado/administrado por el Reino Unido.
En el comunicado argentino, se agregó: “Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. El recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”.
En otro tramo del texto, insistió en la legalidad del procedimiento de arbitraje, se refirió a las declaraciones de Kumaran y se señaló: “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”.
“La República Argentina rechaza la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las Islas. Asimismo, lamentamos la insinuación de que el recurso de la Argentina a un procedimiento legítimo pone en tela de juicio su confiabilidad como socio”.
El comunicado completo
“La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) como un intento de “socavar” los derechos de alguien. Nada más alejado de la realidad. Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Así es como los Estados comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente.
El Reino Unido y la Argentina son Estados Partes en la CONVEMAR. Al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención. Se trata de una obligación convencional. Una vez más, el recurso argentino al arbitraje no busca “socavar” los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales. Un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación —en este caso, infundada— a los demás como una verdad absoluta.
La declaración de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirma que las actividades hidrocarburíferas unilaterales británicas en el área en disputa se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR”. Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal. La Argentina ha puesto su caso en manos de árbitros independientes, tal como la Convención la faculta a hacerlo. El Reino Unido, obligado por la misma Convención, tendrá plena oportunidad de demostrar sus afirmaciones ante ellos. La Argentina deposita su plena confianza en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que resolverá el caso con independencia. Serán ellos quienes se pronuncien sobre el fondo de la posición de cada una de las Partes.
La comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa. La Resolución 31/49 instó a las dos partes a que se abstuvieran de adoptar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras dicho proceso siguiera abierto. La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo. La Argentina ha planteado esta cuestión de manera constante por los canales diplomáticos y, ante la persistente negativa británica a negociar, ahora lo hace por las vías jurídicas que la propia Convención prevé.
La República Argentina rechaza la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las Islas. El compromiso argentino con el respeto de su modo de vida, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, no está en discusión.
Asimismo, lamentamos la insinuación de que el recurso de la Argentina a un procedimiento legítimo pone en tela de juicio su confiabilidad como socio. La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son Partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias.
Cabe preguntarse qué conducta refleja mejor un compromiso internacional responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo al que ambos Estados están obligados.
La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas. Mientras tanto, continuaremos defendiendo nuestros derechos por los únicos medios dignos de una nación comprometida con la paz: el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional».
El proyecto de explotación petrolífera en Malvinas
Sea Lion es un proyecto de explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas que en los últimos meses avanzó pese al conflicto de soberanía. Navitas es la operadora del proyecto y tiene una participación del 65%, mientras que Rockhopper conserva el 35%. Ambas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) por US$1800 millones para desarrollar la primera fase. La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028.
Rockhopper y Navitas ya habían emitido una primera reacción luego del discurso del Presidente a comienzos de septiembre, cuando además de aumentar las sanciones anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
“La sociedad opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las islas, un territorio británico de ultramar autónomo, y con el pleno y continuo apoyo del gobierno del Reino Unido”, indicaron en el texto oficial.
Tras ello, remarcaron que ambas firmas consideran que “los recientes acontecimientos” —en referencia a las palabras del libertario en Naciones Unidas— no tendrán “un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto, incluido el calendario para su finalización”.
Nuevamente, el miércoles, Rockhopper indicó que las sanciones que la Argentina impuso a las compañías que exploten petróleo en las islas Malvinas son “ilegítimas” y que avanzará con el proyecto Sea Lion junto con Navitas Petroleum.
En su informe semestral, la empresa exprresó que “no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo”.
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POLITICA
Patricia Bullrich marcó otra diferencia con el Gobierno: tildó de “apresurado” querer llevar al Congreso la Ley de Tierras
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó de “apresurado” el intento del Gobierno de elevar al Congreso las negociaciones por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en donde estaba incluido el capítulo de la Ley de Tierras, y advirtió que esa estrategia pueda facilitar que la oposición rechace el DNU 70/2023 de Javier Milei.
Su posición llegó después de que la Corte Suprema restituyera la vigencia de la disposición que derogaba la ley territorial. Con estas palabras, Bullrich volvió a diferenciarse de la postura oficial del gobierno que integra.
El gesto se suma a otros movimientos independentistas como las críticas a los recortes en Discapacidad incluidos en el Presupuesto o bien el rechazo de impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, que intentaron frenar la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La senadora sostuvo que el Gobierno debió esperar el pronunciamiento de la Justicia antes de enviar el proyecto al Congreso. “Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, afirmó ante los medios acreditados durante un acto por los 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
En el acto realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Bullrich precisó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, se sinceró.
El reconocimiento de Bullrich incluyó una advertencia sobre las consecuencias legislativas de aquel proceso. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, dijo la jefa senatorial de LLA.
Vale recordar que el fallo del máximo tribunal dejó sin efecto las restricciones a la extranjerización de tierras al reponer un artículo del decreto presidencial que había derogado la norma vigente desde 2011. El capítulo en cuestión había sido retirado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada antes de que el Senado le otorgara media sanción en agosto. De esta forma cuestionó que el oficialismo promoviera esa iniciativa mientras la validez del decreto todavía estaba bajo análisis judicial.
El riesgo parlamentario para DNU y la posibilidad de una candidatura porteña
La oposición busca reunir a la Cámara de Diputados en una sesión especial para tratar el rechazo del decreto. Para abrir el debate necesita 129 diputados y, una vez logrado el quórum, una mayoría simple de los presentes para invalidarlo.
El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024. Los bloques opositores analizaban convocar la sesión en Diputados para el miércoles 7 de octubre o para el 14.
Bullrich buscó modificaciones que permitieran reunir el respaldo de aliados del oficialismo. Sturzenegger, en cambio, planteaba objeciones a los cambios introducidos en el texto original.
La senadora dijo además que cuenta con “toda la posibilidad y toda la capacidad” para competir por la jefatura de Gobierno, debido a que tuvo a cargo “áreas complejas”. Ante la consulta sobre una postulación, respondió: “Podría ser”.
La decisión, sin embargo, no está tomada. En su entorno señalan que, por ahora, prefiere una competencia nacional y resumen su posición con una frase: “Donde la ponga la historia”.
Sus diferencias públicas con decisiones del oficialismo y sus declaraciones sobre la necesidad de que “el proyecto reelija”, sin mencionar a Milei, alimentaron versiones sobre una posible ruptura. Ante preguntas sobre su futuro político, Bullrich ironizó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef, aunque no me eligieron. Empezó el otro día”.
La senadora impulsa una alianza entre La Libertad Avanza y Pro en la Ciudad, aunque las conversaciones entre ambos espacios permanecen “frías”. Los legisladores libertarios cuestionan la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Bullrich definió esa administración como una gestión con “luces y sombras”. Valoró las medidas vinculadas con el orden y las usurpaciones, pero cuestionó el adelanto de la negociación para renovar las concesiones de recolección de residuos para el período 2028-2038: “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”.
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