POLITICA
Elecciones 2023: el ausentismo creció más de 5 puntos respecto de 2019 y preocupa al oficialismo
En los 17 comicios celebrados hasta el momento se registra una creciente suba en la abstención, que supera los 4.800.000 de votantes; “busquen a los que se desilusionaron”, exhortó Massa
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Ya son 17 las elecciones provinciales celebradas hasta el momento y una tendencia que se consolida domingo a domingo es la notable baja en la participación electoral. A excepción de Tucumán, que mantuvo su participación en torno del 84%, todas las provincias han visto disminuir sus números respecto del 2019, un año en el que ya había sido floja la asistencia a las urnas.
Hace dos días, en una recorrida por el conurbano, el precandidato a la presidencia de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, no ajeno a este fenómeno, instó a buscar el voto de los “desilusionados”. El miércoles, después del encuentro con la cúpula de la CGT, refrendó el mensaje: “Sabemos que hay decepcionados”.
Según datos relevados por , el ausentismo ha crecido más de 5 puntos en comparación al 2019: pasó de 25,95% a 31,36% en el universo de las provincias que ya fueron a las urnas (es decir, tomando como referencia la última elección comparable).
“¿Quién se perjudica? Es el gran interrogante de la elección”, señala Facundo Nejamkis de la consultora Opina Argentina en referencia al ausentismo electoral. El consultor señala que tanto el actual oficialismo como Juntos por el Cambio, en distintos momentos, se vieron beneficiados por un crecimiento en la participación electoral.
En las generales de 2019, cuando la participación electoral aumentó más de 4 puntos con respecto a las PASO del mismo año, el candidato Mauricio Macri acortó a 8 la distancia con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos. Del mismo modo, en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos se vio favorecido cuando la participación aumentó más de 5 puntos entre las PASO y las generales de 2021: logró reducir la diferencia a la mínima (39,81% a 38,53).
“Es de difícil detección. Las elecciones presidenciales tienen un porcentaje más alto que las legislativas, aunque [lo que vimos] podría ser un anticipo”, sostiene Nejamkis ante la consulta sobre un posible sostenimiento de la abstención electoral. Salvo en Mendoza, Chaco y Santa Fe, donde hasta ahora solo ocurrieron las primarias, en 13 provincias las elecciones celebradas este año definieron el futuro gobernador (y en Corrientes se votó para renovar la Legislatura).
Alternancia y descontento
Según los encuestadores, la merma en la cantidad de ciudadanos que se acercan a las urnas es un indicador de un extendido malestar. “Es un síntoma del descontento. Hay falta de representación y de conexión entre los candidatos y la gente. El electorado se siente alejado de una clase política que toma decisiones de manera corporativa”, sostiene Cristian Buttie, de CB Consultores.
“La combinación entre las malas gestiones -en referencia a la de Juntos por el Cambio (2015-2019) y la actual del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria-, la crisis económica y el estrés pospandemia, no hace más que enojar a un segmento del electorado y generar apatía, reforzando la idea de que votar no sirve para nada”, agrega Guido Moscoso de la consultora Opinaia.
El jueves, en un mensaje que se debatía entre el mea culpa y la seducción, Massa exhortó a los suyos: “Vayan a buscar a aquellos que en algún momento se desilusionaron, díganles que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que les pedimos disculpas y que tenemos la valentía de encarar lo que viene porque es con la unión de los argentinos”. Fue en Merlo, en un acto compartido con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
“Hay segmentos del peronismo que no votan otra cosa que no sea peronismo. No votan en contra, pero no van a votar”, explica Nejamkis. “Este votante puede ser movilizado por razones de temor. Un votante peronista puede ser eventualmente movilizado si Patricia Bullrich se impone en las primarias de Juntos. Eso no significa, claro, que le alcance a Massa para ganarle”, plantea.
Esta creciente apatía electoral se agrava si a la baja señalada, que en términos porcentuales implica una suba en la abstención de más del 20%, se le suma la cantidad de electores que optaron por votar en blanco o al que se le anuló el voto. El 31,36% señalado se acerca a los 37 puntos cuando se añade el voto de personas que sí fueron a las urnas, pero no manifestaron preferencia por alguna de las opciones en el menú electoral.
La provincia de Tierra del Fuego, donde el gobernador Gustavo Melella logró la relección con el 65,37%, fue el caso más visible de este fenómeno: el número de votos en blanco casi duplicó los votos obtenidos por Pro, la fuerza que resultó “segunda” en el distrito. Si los votos se midieran sobre la base de los emitidos, y tanto los votos en blanco como los nulos fueran computados, el porcentaje obtenido por Melella bajaría al 50%, pero si también se incluyera la variable del ausentismo y los votos se midieran sobre la totalidad del padrón electoral, el 65% obtenido por Melella se vería reducido a poco más del 35%.
Algo similar ocurre en la Santa Fe, cuyo caudal electoral es casi 20 veces mayor que el de la provincia patagónica. Si se aplicara la misma lógica y el porcentaje de los votos obtenidos por Juntos por el Cambio se contabilizaran contra la totalidad de los santafecinos habilitados para votar -y no contra los “votos afirmativos”-, el 63% alcanzado por Unidos para Cambiar Santa Fe -con los aportes del ganador Maximiliano Pullaro más las derrotadas Carolina Losada y Mónica Fein– se vería reducido al 33%. En la vereda de enfrente, y siempre bajo esta luz hipotética, el 27% obtenido por el peronismo –resultado de la sumatoria entre sus cuatro candidatos en el territorio- pasaría a un módico 15%. En la provincia, la participación electoral superó por menos de un décimo el 63%.
Entre las provincias con menor presencia ciudadana en las urnas se encuentran Córdoba (68,2%), Corrientes (66,03%), Rio Negro (68,15%), Salta (69,55%), Chaco (62,93%) y Mendoza (66,35%). Pese a que tanto en Chaco como en Mendoza las elecciones fueron primarias y que en Corrientes fueron legislativas, el promedio general de participación en los 17 comicios provinciales tampoco sobrepasa la barrera del 70%, un piso siempre superado a nivel nacional desde el regreso a la democracia. La única excepción fueron las PASO legislativas celebradas en septiembre de 2021, en las que se registró una participación del 67,78%.
“Los índices de participación están en los mínimos. Va a ser una elección histórica, que sigue la tendencia de 2021″, señala Buttie, que trae otra perspectiva para comprender la desafección electoral.
“Antes había una sanción económica. Se ha instalado la idea de que ya no es así. Y si hay, es simbólica. Todo eso empuja a que la gente no vote. Estamos más cerca de un voto optativo, como en el caso de Chile, que obligatorio, al menos en lo material. Si no te sentís representado, no votás”, completa.
A contramano de las preocupaciones del ministro de Economía, Buttie sostiene que, en ocasiones, la falta de sanción económica es promovida por los gobiernos oficialistas con lógica electoral. “Hay intencionalidad política, mientras mayor participación hay, más complica al oficialismo”, desliza, y señala el caso de Córdoba -el próximo domingo define quién tomará las riendas de la capital- donde no habrá ninguna sanción económica para quienes no asistan a votar.
Factor Milei
Con todo, en la presunta sintonía que existe entre un electorado desinteresado y la prédica del referente de Libertad Avanza, Javier Milei, puede radicar un factor que altere la tendencia observada.
Pese al magro desempeño de sus candidatos en las provincias, Moscoso repara en que la presencia de su figura en las PASO nacionales -sumado al atractivo intrínseco de una elección presidencial- podría empujar a los electores desencantados hacia las urnas, poniéndole un freno a la merma en la participación.
“Al proponer un discurso antipolítica, muy crítico de las instituciones más tradicionales, es probable que logre incentivar la participación electoral. Es esperable que de las PASO a la segunda vuelta, la participación electoral vaya en aumento”, sostiene el consultor.
“Es una forma de institucionalizar el ‘voto bronca’. Ahora se expresa en un canal político”, acota Nejamkis, que prefiere poner el foco en la “ineficaz” alternancia política.
“Es un fenómeno que tiene que ver con la improductividad política. Cuanto menos eficaz se vuelve en la resolución de los problemas, el electorado más se aleja. En los últimos 12 años pasaron tres presidentes y ninguno logró resolver los problemas. Eso genera una acumulación de desengaño. Ese alejamiento lo podés expresar con un enojo, y votar a alguien que tire del mantel y se caiga todo, Milei, por ejemplo, o decir ‘no voy a votar’”, explica.
El número total de electores que han optado por no acercarse a las urnas a emitir su voto, sin contar Chaco que no se pudo comparar con 2019, es de 4.843.782. Pero, contemplando los números de esa provincia, la cifra asciende a más de 5.200.000, lo que representa más del 31% del padrón electoral de las provincias que ya tuvieron elecciones, una cifra similar a la suma de los padrones electorales de las provincias de Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Rio Negro, San Juan, Salta y San Luis. Si, de nuevo, a ese número se le añade el voto en blanco o el nulo, serían 6.138.830 las personas a las que, hasta ahora, ningún nombre propio logró seducirlas.
Federico González del Solar,LA NACION,Política
POLITICA
Duras críticas de la oposición a la ausencia de Luis Caputo en la comisión de Presupuesto en Diputados
En pleno debate en comisión de Diputados del Presupuesto 2027, el legislador de Unión por la Patria, Agustín Rossi, criticó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso. Además, citó los casos de otros funcionarios que tampoco se presentaron en defensa de proyectos impulsados por el oficialismo.
Rossi criticó: “Le digo lo mismo que le dije a la Secretaría de Legal y Técnica (María Ibarzabal Murphy) cuando vino a defender el proyecto mal llamado de ‘la defensa de la soberanía’. Su presencia hace elocuentes las ausencias”.
El diputado K cuestionó las ausencias de ministros en el Congreso, frente al secretario de Trabajo, Julio Cordero: “Por el Presupuesto tendría que haber venido Caputo, no vino nunca, no vino la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello”.
Rossi mencionó: “Por el proyecto de soberanía tendría que haber venido el canciller (Pablo Quirno) pero no lo hizo; no vino el de Defensa (Carlos Presti). Es una señal, o los ministros tienen miedo a exponerse o a defender cosas que no les resultan cómodas de defender, o les importan tres pepinos el funcionamiento del Congreso”.
Duras críticas de la oposición a la política económica del Gobierno: “Están arriba del Titanic, van derecho al témpano”
Con fuertes críticas a la política económica, el diputado planteó: “Alguna vez dije, refiriéndome a estos planes económicos, y haciendo una metáfora con el hundimiento del Titanic, van derecho al tempano. Ustedes creen que se va a hundir el témpano y no el Titanic, van haciendo el mismo camino”.
Rossi cuestionó: “Lo único que evita que el Titanic en el que están arriba se hunda es (el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos) Scott Bessent y la posibilidad de sostener financieramente este programa. Lo dijo, lo hizo, dijo que están dispuestos. Habrá que ver cómo le va al presidente Donald Trump en las elecciones, para ver si va a tener la misma fortaleza como para poder sostenerlo y llevarlo adelante”.
Diputados, Presupuesto 2027
POLITICA
El Gobierno avanza con los preparativos para la visita del papa León XIV a la espera de una comunicación del Vaticano
A la espera de novedades oficiales desde el Vaticano, el gobierno de Javier Milei sigue adelante con los operativos y reuniones vinculadas con la visita del papa León XIV, el día después de la intervención a la que fuera sometido el Sumo Pontífice por un tumor maligno en uno de sus pulmones.
“No podemos frenar, no llegaríamos a tiempo si lo hacemos. Miramos lo que pasa en Roma, pero por ahora se mantiene todo según lo previsto”, comentaron a cerca del presidente Javier Milei, que arribó esta mañana a Washington para una gira oficial de 36 horas.
Sin negar la preocupación que atraviesa al gobierno libertario por la salud del Papa y los tiempos que le demande su recuperación, desde la Casa Rosada afirmaron que “dentro de diez días” comenzarán los operativos en el terreno (logística, vallados), tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, mientras se espera la confirmación del Vaticano. Mientras tanto, se suceden las reuniones de las que participan los distintos actores que tienen que ver con la organización de la visita papal, incluidas la Secretaría General de la Presidencia, Cancillería, el Ministerio de Seguridad y los gobiernos locales, además de la Iglesia argentina y el Vaticano.
“Acá no hay lugar para especulaciones. Será lo que será, lo primordial es la salud del Papa y su recuperación. Los médicos determinarán que es lo mejor para su salud”, afirmó el canciller Pablo Quirno, quien acompaña al Presidente en su visita número 19 desde que asumiera la primera magistratura.
El viaje del Papa sigue en agenda, entre el 8 y el 11 del mes próximo, e incluye una intensa agenda en esos tres distritos, incluidas concentraciones masivas al aire libre, como la misa prevista frente al Monumento a los Españoles. La visita a la Argentina forma parte de una gira que incluye, en principio, a Uruguay y Perú.
Como muestra de que todo sigue en pie, aun con las salvedades del caso, en el Gobierno afirmaron que ayer mismo, mientras León XIV era sometido a la intervención quirúrgica en la clínica Agostino Gemelli de Roma, referentes del Vaticano y de la comisión organizadora de la visita avanzaron en los detalles de los actos previstos. Para el viernes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tiene previsto supervisar los dispositivos de seguridad desplegados en territorio porteño y bonaerense, con motivo de la visita del Papa.
Más allá de la cautela, en el Gobierno escucharon con atención las primeras comunicaciones de la Santa Sede, que definió como “exitosa” la operación, y que la evolución del Papa Prevost es favorable. Pero la posibilidad de una postergación o suspensión también está presente en las evaluaciones privadas de los distintos despachos. “Lo van a decidir los médicos, no podemos hacer nada”, reiteran las voces oficiales.
En el mismo sentido, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, incluyó una postergación de la visita entre las hipótesis más cercanas. “Rezamos por su salud, y su pronta recuperación, todo depende de cómo reaccione su cuerpo. A disposición de acomodar las fechas, el formato del viaje, si hay que acomodar la agenda, lo podamos hacer igual. La idea es recibirlo, que conozca nuestra realidad y disfrute”, dijo el jefe de gobierno al ingreso de una reunión en el Consejo Federal de Impuestos. “Hasta ahora tenemos un viaje que está en fecha, sigue todo igual”, agregó Macri. “No hay más informaciones que las que todos conocemos, es cierto que la situación ha cambiado, pero seguimos trabajando y cuando haya alguna comunicación oficial, veremos”, coincidió en diálogo con este diario una fuente de la Iglesia que participa de los preparativos.
“Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, afirmó el Presidente un posteo subido a sus redes sociales, cuando el domingo el propio Papa anunciara que sería sometido a una operación. Un día después, afirmó a radio Mitre que “si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”.
“Más allá del deseo de tener esa fiesta de recepción del Papa, la prioridad es su salud. Queremos que esté bien, esperaremos novedades”, dijo ayer en conferencia de prensa el portavoz presidencial Adrián Ravier, en una síntesis del pensamiento oficial en horas de incertidumbre por la salud del Papa.
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Las claves de la avanzada argentina ante el Tribunal del Mar por el petróleo de Malvinas y la respuesta británica para blindar a las empresas
Un documento de 49 páginas condensa los argumentos legales de la Argentina para frenar la explotación petrolera Sea Lion en las Malvinas. Es el material que el Gobierno envió ayer al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), que ahora deberá expedirse sobre la disputa con el Reino Unido. En esta presentación el foco está puesto en los recursos naturales y cuestiones relevantes del derecho del mar.
El informe está firmado por el embajador Mario Oyarzábal como agente de Argentina ante el tribunal, y fue preparado con intervención de la Cancillería, que encabeza Pablo Quirno; y la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal.
Entre otros puntos, exige que el Reino Unido “impida el inicio o la continuación de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas” por el proyecto Sea Lion. También pide que se abstenga de “utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina”.
A su vez, solicita que “cese de impedir” que Argentina cumpla con los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, que imponen la obligación de proteger y preservar el medio marino. Y requiere que se abstenga de “adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia”, en particular el otorgamiento de nuevos permisos de explotación.
El argumento ambiental es uno de los más elaborados del escrito, y es la única vía por la que Argentina puede invocar obligaciones que el Reino Unido tiene independientemente de quién tenga soberanía sobre las Islas. El escrito lo dice explícitamente al citar el fallo del arbitraje del Mar del Sur de China: “Las obligaciones de la Parte XII se aplican a todos los Estados respecto del medio marino en todas las áreas marítimas, tanto dentro de la jurisdicción nacional como más allá de ella. En consecuencia, las cuestiones de soberanía son irrelevantes para la aplicación de la Parte XII de la Convención”, se afirma.
Es decir, Argentina no necesita ganar el debate sobre quién es el soberano para que el Reino Unido tenga obligaciones ambientales. Ese es el puente jurídico que le permite al ITLOS actuar sin pronunciarse sobre soberanía. El tercer pedido cautelar —que el Reino Unido cese de impedirle a Argentina cumplir con los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR— está construido sobre este argumento. Argentina sostiene que: tiene obligación de proteger el medio marino en esa zona; el Reino Unido le impide ejercer esa función regulatoria al operar unilateralmente; y que los daños ambientales son por definición irreversibles, lo que refuerza el requisito de urgencia.
Este argumento se apoya en documentación propia de las empresas involucradas. En abril de 2015, se notificó una falla en el pozo Isobel Deep (14/20-1), perforado en la licencia PL004 a unos 30 kilómetros al sur de Sea Lion, por la plataforma Eirik Raude de Ocean Rig Management, contratada por un consorcio formado por Falkland Oil and Gas Limited, Premier Oil y Rockhopper. La Cancillería argentina emitió un comunicado de prensa expresando su preocupación y realizó una denuncia penal.
Más revelador aún es lo que figura en el Plan de Contingencia para Derrame de Petróleo que Premier Oil Exploration & Production Ltd presentó ante las propias autoridades de facto de las islas para el pozo Isobel (Elaine), incorporado como Anexo 64 al escrito. El documento concluye textualmente: “Existe un 30% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 30 días”.
Para un segundo tipo de crudo más liviano, el mismo plan proyecta “una probabilidad del 100% de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 14 días”. El escrito argentino aclara en nota al pie que no existe tal “límite marítimo internacional” y que la referencia corresponde a aguas argentinas no disputadas.
Uno de los pasajes más inusuales en una presentación ante un tribunal internacional es el que dedica a cuestionar la idoneidad técnica de las empresas involucradas. El documento afirma que ni Navitas Petroleum Development and Production ni Rockhopper Exploration plc tienen experiencia previa como operadoras de un campo offshore en producción.
Sea Lion: 541 km², 23 pozos y una plataforma semisumergible prevista para enero de 2027
El escrito ofrece datos significativos sobre el proyecto en las Malvinas. Sea Lion se ubica a 107 millas náuticas (unos 198 kilómetros) al norte de las islas, sobre un área de 541,40 km², dentro de la licencia PL032. La Fase 1 y 2 del desarrollo contempla 23 pozos terminados —con contingencia de hasta 26 perforaciones— distribuidos en seis centros de producción, una unidad de perforación submarina anclada al lecho dentro de una zona de exclusión de 500 metros y un buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) con una zona de exclusión de 1.275 metros de radio.
El punto de partida operativo está precisado por tres fuentes citadas en el escrito. El reporte trimestral de Navitas del 24 de agosto de 2026, reproducido por Eco Oil and Gas Ltd, indica que la campaña de perforación de la fase NDA1 de Sea Lion “se espera que comience a principios de 2027”. Rockhopper confirmó el mismo día que los trabajos en las islas avanzan según lo previsto: “preparación del muelle y la base en tierra que servirán al Proyecto; construcción de alojamientos; y obras de infraestructura adicionales en preparación para la llegada del equipo de perforación”. El reporte de flota de julio de 2026 de Noble Corporation plc —empresa también involucrada en el proyecto— registró que la plataforma semisumergible Noble Endeavour iniciaría operaciones en “Sudamérica” en enero de 2027.
El escrito sitúa el proyecto en un marco más amplio. El 21 de septiembre de 2026, siete días antes de que Argentina iniciara el arbitraje, las autoridades de facto de las islas extendieron por cinco años todas las licencias de producción hidrocarburífera. Las licencias en juego son PL001, PL032, PL033, PL004a, PL004b y PL004c, en las que participan los grupos Eco, Navitas y Rockhopper con porcentajes que varían de un bloque a otro. El cuarto pedido cautelar busca impedir precisamente ese tipo de expansión unilateral mientras el caso se sustancia ante el tribunal.
La respuesta británica
La respuesta británica al movimiento argentino tuvo varios canales paralelos. Por un lado, una declaración de la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, ante la Cámara de los Comunes. La funcionaria confirmó que la embajada británica en Buenos Aires entregó la respuesta formal al arbitraje el 11 de octubre y que el Reino Unido participará del proceso. Pero aclaró con precisión los límites de esa participación: “La notificación no constituye una sentencia de un tribunal internacional. No invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas. No altera la autoridad regulatoria de las islas, y no exige que las actividades legales de desarrollo de hidrocarburos cesen”.
Sobre las medidas provisionales, la ministra sostuvo que la posición establecida del Reino Unido es que “son vinculantes para las partes y que el Reino Unido cumple con sus obligaciones internacionales”, lo que equivale a decir que acataría una orden del ITLOS si se dictara.
Por otro lado, hubo un comunicado conjunto del Departamento de Negocios y Comercio y la Cancillería para anunciar la activación de la legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests). La norma permite al gobierno impedir que empresas y personas del Reino Unido sean obligadas a cumplir con regulaciones extraterritoriales de países extranjeros. El objetivo declarado es blindar a las empresas que operan en Malvinas contra las sanciones que Argentina pueda imponer fuera de su jurisdicción.
El secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, dijo que el gobierno “actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”. El canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de “intimidar a empresas e individuos comprometidos con actividades comerciales legítimas” y afirmó que el apoyo británico a las islas es “inquebrantable”.
Kumaran también advirtió que el gobierno está preparado para tomar “medidas adicionales” si la situación continúa. “Serán legales, serán proporcionales y, se lo aseguro, serán contundentes”, dijo ante los comunes.
El documento argentino ante el Tribunal del Mar dedica un capítulo al requisito del artículo 283 de la CONVEMAR, que obliga a las partes a intercambiar opiniones antes de recurrir a un tribunal. La posición argentina es que ese umbral está más que satisfecho: el Reino Unido respondió a la nota del 24 de agosto recién el 28 de septiembre —el mismo día en que Argentina abrió el arbitraje—, y esa respuesta no fue más que la reiteración de sus posiciones.
El escrito citó jurisprudencia del propio ITLOS: “Un Estado Parte no está obligado a continuar con un intercambio de opiniones cuando concluye que las posibilidades de alcanzar un acuerdo se han agotado”, con referencia a los casos MOX Plant, ARA Libertad y Arctic Sunrise.
La presentación también argumenta que la disputa se enmarca en el proceso de descolonización supervisado por las Naciones Unidas y que las resoluciones de la Asamblea General —en particular la 2065 (XX) de 1965 y la 31/49 de 1976, que llama a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales— son parte del marco jurídico que el tribunal deberá tomar en cuenta al interpretar las obligaciones de la CONVEMAR.
Esta arquitectura procesal que Argentina utilizó tiene un precedente relevante en la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que el ITLOS dictó medidas provisionales en abril de 2015. Una sala especial del tribunal ordenó que Ghana no realizara nuevas perforaciones petroleras en el área marítima disputada —aunque permitió la continuación de determinadas operaciones ya en curso—. La diferencia principal con el caso actual es que aquel litigio giraba en torno a una delimitación marítima entre dos Estados con costas adyacentes, mientras que el reclamo argentino está anclado en una controversia de soberanía territorial enmarcada en el proceso de descolonización.
Otro antecedente es el de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción judicial de acreedores de la deuda argentina. La Cancillería de entonces inició un arbitraje por la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al ITLOS. Entre el pedido —14 de noviembre de 2012— y la resolución —15 de diciembre— transcurrió aproximadamente un mes. El tribunal ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque. La arquitectura procesal es comparable, aunque los fundamentos jurídicos son distintos.
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