Una grabación secreta hecha a escondidas, que fue anulada durante una década, 96 facturas truchas y la ruta del dinero que reconstruyó cómo se pagó una coima del 5% del millonario contrato, son las principales evidencias en las que se basó la condena a Julio de Vido, José López y Néstor Ulloa a cinco años de prisión por el caso Skanska, la primera causa de corrupción del kirchnerismo.

En 1145 páginas difundidas este martes, el Tribunal Oral Federal 4 reconstruyó cómo en 2004 se pactó de antemano que las obras de los gasoductos Norte y Sur iban a ser adjudicadas a la constructora sueca, cómo se pagó un retorno del 5% “incluido en los costos” y cómo la prueba principal del caso estuvo anulada casi una década.

“Si las líneas están arregladas… la línea desde que se entregó tiene incluidos los costos y ya sabíamos que antes de tener respuesta lo íbamos a ganar”, confesó Javier Azcárate, gerente comercial de Skanska. Lo dijo en marzo de 2006 sentado en su oficina, frente al auditor interno de la empresa Claudio Corizzo. Antes de empezar, Azcárate le había preguntado si lo estaba grabando y el auditor le dijo que no, pero no era cierto.

Esa conversación estuvo anulada durante diez años como prueba. Así es la maquinaria judicial de Comodoro 2002, capaz de enterrar la evidencia, cuando los acusados están en el poder, y resucitarla luego hasta llegar a una condena. Pero la grabación se recuperó y es una de las claves de la sentencia que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 dio a conocer hoy.

Los jueces Néstor Costabel y Jorge Gorini votaron en mayoría por condenar a De Vido, López y Ulloa a cinco años de prisión por cohecho pasivo y administración fraudulenta; a tres exdirectivos de la constructora sueca a cuatro años y a otros seis acusados a tres años de ejecución condicional. La jueza Gabriela López Iñiguez votó en disidencia, sin estar convencida de que los funcionarios recibieran coimas, aunque sí de la maniobra.

Los fundamentos del fallo explican qué pasó dentro del Ministerio de Planificación, del Enargas, de Nación Fideicomisos y de la empresa Skanska entre noviembre de 2004 y abril de 2006.

Según el tribunal, la maniobra empezó antes de que existieran las licitaciones. Lo hizo “incluso antes de que estuvieran disponibles todas las especificaciones técnicas”. Para los jueces, ese dato, junto con que la empresa ya sabía que iba a ganar, muestra que no se trató de “una evaluación comercial ordinaria”.

Del lado del Estado, el fallo describe un conjunto de normas que incidieron en el negocio. Son el decreto 180/04, la resolución 185/04 firmada por De Vido, la resolución 663/04 y la nota 658/04 de la Secretaría de Energía.

Con esas normas se armó el programa de fideicomisos de gas y se repartieron las funciones entre Energía, Obras Públicas, Enargas y Nación Fideicomisos.

En los expedientes del Enargas (el 8786 TGN y el 8787 TGS) consta que las empresas que gerenciaban las obras advirtieron por escrito, y con cifras, que los precios no tenían justificación, y el Estado respondía que había fondos y que por eso iban a seguir adelante.

Según los jueces, así se impuso la lógica de que “si existían fondos disponibles, el procedimiento debía continuar de todos modos”. El perjuicio para el Estado quedó fijado en $34.594.947,34, en valores de la época. Todo salió a la luz después del allanamiento que hizo el fiscal Carlos Stornelli en Skanska a comienzos de 2006, en busca de papeles de Infiniti Group, usada para los pagos.

La Auditoría ya tenía identificadas ocho o nueve compras sospechosas: las obras estaban casi terminadas, pero se seguían registrando compras. La empresa le pidió a Corizzo que profundizara, pero los gerentes del proyecto le dijeron que habían actuado por órdenes superiores.

Corizzo, que dependía del Ceo de la compañía, se dio cuenta de que estaba auditando a sus propios jefes. Decidió grabar la siguiente entrevista. El audio dura una hora y media. En ella Azcárate cuenta cómo se repartía el dinero. “¿A cómo están divididos? ¿A quién le fue la guita?”, pregunta. Y se responde: “Tres por ciento, ENARGAS; y dos por ciento, Nación Fideicomisos. (…) Más los costos”.

Azcárate describe a los intermediarios: “El cliente, para asegurarse el cobrar, te pone uno, dos, tres tipos, que son generalmente contadores que manejan diez empresas, cinco empresas, ocho empresas, que tienen las cuevas”. Y acto seguido, le entrega al auditor la lista completa de proveedores falsos: no eran ocho o nueve, eran 23.

En un momento de la conversación, Corizzo le dice que no pueden seguir “coqueteando con los mafiosos”. Azcárate le contesta: “Sabés que está todo infiltrado, hay compromisos de otros lados”. El auditor completa: “Terminás en una zanja”.

La historia de la grabación es también la historia de las irregularidades de la instrucción. Corizzo y un colaborador, Aldo Stork, ya fallecido, hicieron una versión editada de unos 23 minutos para mostrarle al directorio, sin silencios ni interrupciones.

Grabaron el original y la copia en CD y se los entregaron al directorio, que se los dio al abogado de la empresa. Cuando el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart pidió la grabación, el abogado primero dijo que no la había presentado porque creía que no tenía valor judicial. Después dijo que había traspapelado los discos.

La cinta original no apareció nunca. En un allanamiento en Skanska, los técnicos revisaron las carpetas de Auditoría y no encontraron nada. Luego Corizzo mencionó otro directorio, el de análisis de riesgo, y ahí aparecieron copias del original y de la versión editada, guardadas con fecha posterior a su primera declaración.

En los tribunales, el audio tuvo un recorrido igual de accidentado. En 2008 la Sala I de la Cámara Federal excluyó la grabación hasta 2015, cuando la Corte Suprema la rehabilitó. En abril de 2016, Casación validó el audio y ordenó avanzar “con celeridad”.

Cuatro meses después, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a De Vido y López. En octubre de 2018, la Cámara, con otra integración, anuló su fallo de 2011 donde había invalidado toda la actuación, por “un vicio grave en su fundamentación”.

El fiscal Storneli lo había planteado como cosa juzgada írrita, es decir que era producto de pruebas falsas. La elevación a juicio de Casanello llegó en septiembre de 2019 y el juicio empezó en abril de 2024. La parte contable es sólida y no se discutió. Entre mayo de 2005 y marzo de 2006, Skanska emitió 96 cheques a 23 proveedores por $14.017.588,69. Eran truchos.

Algunos proveedores no tenían ninguna capacidad operativa: Constructora La Nueva Argentina, Wikan, Aquasa, Sol Construcciones, Obrytel, Triple T e Infiniti Group, entre otros. Otros tenían actividad real pero simularon servicios que no prestaron. El fallo menciona domicilios inexistentes, objetos sociales indefinidos e identidades usadas sin consentimiento de sus dueños.

Parte de los cheques se depositaba y se retiraba casi completa por ventanilla. Otra parte se cambiaba por efectivo en sociedades de bolsa y cooperativas de crédito, para que fuera más difícil seguir el rastro. Entre 2006 y 2008, Skanska rectificó sus declaraciones juradas ante la AFIP y reconoció que esas operaciones eran simuladas.

La discusión central fue cómo probar que los funcionarios recibieron dinero sin un comprobante de pago. Los jueces reconocen que el audio “no pronuncia el nombre de De Vido”. Pero sostienen que la ley castiga también aceptar la promesa y cobrar a través de otra persona, y que “exigir la constancia directa de cada entrega material equivaldría a desconocer el modo de realización comprobado”.

La responsabilidad del exministro en la sentencia se construyó sumando elementos: la resolución 185/04, las cartas de intención que firmó el 3 y el 15 de noviembre de 2004, que las áreas bajo su mando actuaron de manera coordinada y que el mismo patrón se repitió en el Norte y en el Sur. “La ausencia de un comprobante que documente la entrega personal de una suma determinada no genera una duda razonable”, concluyeron.

La jueza López Iñiguez en su disidencia estuvo de acuerdo con los hechos pero no con la conclusión. Para ella, el audio y los expedientes muestran una “cancha inclinada” a favor de Skanska, algo que encuadra como negociaciones incompatibles con la función pública. Pero sostuvo que no está demostrado “con certeza apodíctica” que De Vido, López y Ulloa hayan recibido o aceptado dinero, ni que el Estado haya sufrido un perjuicio.

También hizo una crítica de fondo a la investigación. Señaló que después de veinte años de trámite y más de dos años de juicio no apareció ninguna prueba nueva respecto de la instrucción. Recordó que la multinacional brasileña Odebrecht, una “pieza fundamental” del negocio, y subcontratistas como Techint y Contreras quedaron afuera de la acusación. Y apuntó a que la fiscalía terminó pidiendo la absolución de todos los que emitieron las facturas falsas porque, según su conclusión, no sabían para qué eran.

El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga la versión que dio ayer Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, sobre la compraventa de bitcoins con la que pretende justificar su crecimiento patrimonial y conseguir que se cierre la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Esta mañana, como primera medida, Pollicita le dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de chequear, paso a paso, las operaciones con criptomonedas que dijo haber hecho Adorni. Busca constatar la veracidad de las compras y ventas informadas, y averiguar si hay rastros de que, como él dice, era el dueño de las billeteras virtuales al momento de esas transacciones.

Aunque el relato incluye aspectos poco verosímiles, para la fiscalía eso no basta para pedir de inmediato la indagatoria de Adorni y es preciso chequear en detalle su versión sobre cómo se enriqueció.

Este lunes, el exfuncionario presentó un escrito de “justificación de bienes” en el que sostuvo que no hizo su dinero durante su paso por la función pública, sino antes, pese a que fue estando en el Gobierno que, sin vender ninguno de sus bienes, se compró un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa de fin de semana en el country Indio Cuá, reformó integralmente ese inmueble, viajó con su familia y realizó gastos que no se condecían con sus ingresos declarados ni parecen estar justificados por la actividad profesional de su mujer, Bettina Angeletti, que se presentaba como coaching ontológica.

Para explicar este nuevo patrimonio, Adorni recurrió a supuestas inversiones secretas. Declaró que entre 2014 y 2017 destinó a comprar bitcoins unos US$200.000 que había ahorrado con su mujer y que nunca había declarado. Dijo que, como resultado de esas operaciones -según él, hechas con desconocidos y en lugares públicos-, pasó a tener US$591.544, dinero que atesoró en su casa, en efectivo, durante seis años en los que él y su mujer “optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran” y guardarlos para sus hijos. Y alegó que, ya con él como funcionario, decidieron que gastarían la mayor parte de ese dinero para estar más seguros.

El problema central de este relato es que Adorni sostiene que todo se hizo en mercados informales, fuera de cualquier entidad financiera, con desconocidos, sin intermediarios y en negro. Como prueba de que esos bitcoins que dice haber comprado y vendido efectivamente fueron suyos, ofreció un acta de un escribano público que constató que Adorni tiene las claves para acceder a esas billeteras virtuales. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, afirmó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. Pero como el acta es de septiembre de este año, lo que acredita es que Adorni es quien dispone de esas billeteras ahora; no que fuera su dueño antes de asumir como funcionario, cuando fueron las operaciones.

Según la defensa, esta explicación, el acta y los registros de las operaciones son suficientes para explicar el nuevo patrimonio de Adorni y, en todo caso, deberá el fiscal demostrar que el acusado miente. Por el principio de inocencia -afirmó Ledesma-, “el deber de ‘justificar’ que se le impuso a Adorni no importa una inversión de la carga de la prueba” y rige el principio “in dubio pro reo”, que impone que, en caso de duda, hay que estar a favor del acusado.

Pollicita dio inicio ahora a una instancia de revisión de lo presentado por Adorni con especialistas en delitos económicos y expertos en criptomonedas. El proceso prevé que, si la fiscalía entiende que el exfuncionario no dio una explicación suficiente del nuevo patrimonio que exhibió como funcionario, le pida al juez —en este caso, Ariel Lijo— que lo cite a declarar en indagatoria como acusado de enriquecimiento ilícito.