POLITICA
Qué dijo el embajador argentino en España sobre las agresiones a compatriotas
Ante los videos que circulan en redes sociales de agresiones de parte de españoles a argentinos después de la final del Mundial, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, aseguró que esos episodios no reflejan lo que ocurre en las calles del país y pidió no trasladar la rivalidad deportiva fuera de la cancha.
“La verdad es que me cuesta escuchar eso”, expresó al referirse a las imágenes que se viralizaron tras el partido. En ese sentido, contó que el domingo quiso dejar un mensaje en sus redes sociales para transmitir una idea clara: “Quería que el fútbol quede en el fútbol. Somos dos países hermanos. Sueño con diez finales como estas. Veo con orgullo que dos países hermanos estén en la final”.
El embajador explicó que vivió el encuentro junto a su familia en un club de argentinos en España, donde había unos 2000 hinchas, y luego recorrió las calles de Madrid con la camiseta albiceleste.
“Fui con mi mujer y con mi hija más pequeña, de siete años, vestida de Argentina. Ella nació en España. Caminé por la Gran Vía después del partido saludando a españoles, ellos me saludaban a mí. Estaba la pica del fútbol como tiene que ser en el deporte y como hubiera sido al revés”, relató en diálogo con Radio Mitre.
Aunque reconoció que existen hechos que “se están viralizando” y que son “deplorables”, sostuvo que la situación no coincide con la información que manejan oficialmente desde la representación diplomática. “Tenemos seis consulados en España, casi un millón de argentinos y cada vez que hay una agresión a un argentino nos comunican las diferentes comisarías. No tenemos una sola comunicación ni una sola declaración de agresiones. En la calle no lo vemos”, manifestó.
También contó que, al retirarse del establecimiento donde vivió la final, circuló con una bandera argentina en el auto y que el intercambio con los españoles se limitó a las bromas propias de una final. “Yo salí del partido e iba con mi bandera argentina en el auto y estaba la broma del deporte, pero también el ‘bien jugado’”, señaló.
Bunge Saravia insistió en que la relación entre ambos países atraviesa un muy buen momento y pidió concentrarse en los hechos antes que en el impacto de algunos videos difundidos en internet. “Creo que nos toca a nosotros, como representantes de nuestro país, ir a lo que son los hechos. España es un país muy amigo de Argentina y Argentina muy amigo de España. No estamos viendo esto que se está viendo en las redes”, sostuvo.
Leé también: De la quema de banderas y camisetas de la Argentina a la agresión a los hinchas: así fue el violento festejo de los españoles
De todos modos, aclaró que quienes hayan sufrido algún episodio de violencia pueden recurrir a los consulados argentinos. “Les pido a esos argentinos que han sufrido agresiones que vengan, que los vamos a asistir. Cada vez que ha habido una agresión hemos intervenido”, afirmó. Además, señaló que “el Gobierno español tampoco quiere ver esas agresiones”.
El embajador indicó que diplomáticos argentinos estuvieron presentes en distintos puntos donde se siguió el partido y aseguró que no se registraron incidentes. En cuanto a su experiencia familiar, agregó que uno de sus hijos pasó por la Gran Vía y presenció un cruce entre hinchas, aunque lo minimizó tras considerar que estuvo relacionado con el consumo de alcohol. “Es normal: si pasa en un Boca-River, ¿cómo no va a pasar en una final del Mundial?”, opinó.
Finalmente, destacó el vínculo histórico entre ambos países y expresó su deseo de que vuelvan a encontrarse en una definición mundialista. “España está contenta de haber jugado una final con Argentina. Ojalá haya más. Son dos selecciones tremendas”, dijo y concluyó: “Tenemos muchas más cosas en común que diferencias con el Gobierno español. No hay una relación más estrecha entre dos países hispanoamericanos que entre Argentina y España. Enfoquémonos en las cosas en común, que son muchas más”.
España, Argentina, embajador
POLITICA
Karina Milei encabeza un nuevo encuentro con la Conferencia Episcopal por la visita del papa León XIV
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezan este martes una nueva reunión con autoridades de la Iglesia para avanzar en los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina.
El encuentro, programado para las 17 en el Ministerio de Seguridad, cuenta con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y de las distintas jurisdicciones involucradas en la visita.
Tal como confirmaron esta semana las autoridades vaticanas: el Papa tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de su paso por Uruguay y antes de su viaje a Perú.
Entre las incógnitas todavía a resolver en el encuentro de este martes, el Gobierno debe definir si habrá asueto o feriado en los distritos que recorrerá el Papa.
El canciller Pablo Quirno señaló este lunes en diálogo con TN que el Gobierno evalúa esa posibilidad, aunque acotada a las localidades donde el sumo pontífice tenga actividades: “Se está estudiando esa posibilidad para generar equilibrio entre el movimiento de fieles y la necesidad de trabajar del resto del país”. En la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el funcionario se había expresado de manera similar: “Es algo que sigue en análisis, en función de localidades, conveniencia y oportunidad. Todavía no está definido lo que pueda llegar a ser”.
En esa oportunidad, el propio Quirno, Monteoliva, el vocero presidencial Adrián Ravier, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, presentaron la agenda completa de la visita. Tal como adelantó la ministra de Seguridad, el operativo por la llegada de León XIV será “el más grande de la historia argentina”, con tres jurisdicciones, tres aeropuertos y un aforo global estimado en siete millones de personas.
El Gobierno buscó además despegar la visita de la coyuntura política, en particular la parada del Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole —un hogar para personas con discapacidad— que coincide con el debate por los recortes al sector en el Presupuesto 2027.
“Celebramos esa visita, es parte del conocimiento de un tema clave en la Argentina. Las políticas las hablamos de manera permanente con actores, incluido la Iglesia”, aseguró Quirno. El funcionario remarcó también que no existen “diferencias fundamentales” entre el Ejecutivo y la Iglesia Católica, pese a las críticas que la CEA había dirigido al Gobierno por ese mismo ajuste presupuestario.
Desde la Conferencia Episcopal, Colombo había celebrado la confirmación de la gira papal como “un punto de llegada y de partida” para la relación entre la Iglesia y el Estado, y expresó su expectativa de que la visita sea “un encuentro de hermanos”.
La reunión de hoy en el Ministerio de Seguridad se enmarca en ese esquema de coordinación conjunta entre Nación, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y los municipios que participarán del operativo, de cara a los cuatro eventos masivos y los once encuentros cerrados previstos en la agenda del Papa.
La agenda de León XIV en la Argentina
La agenda confirmada por el Vaticano comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV llegue a Aeroparque procedente de Montevideo y sea recibido con una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei.
POLITICA
La letra fina del proyecto Malvinas: el Gobierno pondera las diferencias con la ley actual, la forma de aplicación y los “derribos”
A la espera de que el proyecto por Malvinas inicie su tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados, el Gobierno justifica la nueva normativa no en una cuestión de timing político, como le achaca la oposición. Dicen en la Casa Rosada que la ley vigente, la 26.659, sancionada por Cristina Kirchner en 2011, tiene “problemas serios en su aplicación” y que se necesita aggiornarla. Todo va encaminado a que el debate en Diputados comience el 30 de septiembre.
Fuentes oficiales aseguran que si la nueva iniciativa -llamada formalmente “de Defensa de la Soberanía Nacional”- se sanciona, tienen la voluntad de ir “con el cuchillo entre los dientes” contra las compañías que operen ilegalmente en el Atlántico, contra sus accionistas y sus proveedores.
Más allá de que la redacción se apuró después de la cadena nacional que montó Javier Milei el pasado 4 de septiembre, en el Gobierno afirman que ya cuentan con una serie de empresas en la mira para aplicarles el proceso de penalidades que contempla la nueva ley ni bien salga, si consigue apoyo parlamentario.
El texto remitido al Congreso, de 43 páginas, no solo baraja esas sanciones, sino que también aborda otros ejes que formarán parte de la discusión en el Congreso con las bancadas opositoras.
“Una vez que se sancione, la idea es ir con el cuchillo entre los dientes contra aquellas empresas que están explotando nuestros recursos, o proveyéndoles servicios, o contra sus accionistas. No son tantas, tenemos un universo más o menos visto; en principio no hemos detectado muchísimas”, afirma a una alta fuente del Gobierno respecto de cómo procederán en el caso de que la iniciativa anunciada por Milei logre aval del Congreso.
“La ley vigente tiene deficiencias técnicas, más allá de que es bien intencionada. Puede ser que haya existido un tema político de no utilizar esa ley, pero fundamentalmente tampoco se usó porque tiene problemas serios en su aplicación”, refiere la misma voz, para defender el proceso que inició la Casa Rosada y que es cuestionado por la oposición, que le achaca a Milei un sesgo electoralista y estar subido a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En la sede del Ejecutivo destacan, en primer término, que la ley no solo permitiría inhabilitar a las empresas, sino también aplicarles multas o ambas cosas. Pero sobre todo hacen énfasis en lo que decidieron llamar “el Régimen de Desistimiento y Regularización”, como principal diferencia con la legislación vigente.
“La ley actual establece una sanción de cinco a 20 años y así estamos expulsando a las empresas de la Argentina e incentivándolas a que sigan radicadas en terreno en disputa. Nosotros no necesitamos excluir, sino que vengan. La ley vigente pone mal los incentivos. El proyecto nuevo resuelve este problema, que es muy serio, y da la solución para que esas empresas que están en Malvinas se retiren de las islas, pero que también vengan acá”, explican en el Gobierno y añaden: “Desde que se las notifica hasta si son sancionadas se las incentiva a adherirse al régimen de desistimiento, que implica que hagan un compromiso, desistan de su acción, y que elijan una de estas dos opciones: o vienen a invertir o pagan una multa”.
En la Casa Rosada están convencidos de que el cambio en los incentivos hará el régimen “más aplicable” del que rige actualmente en el país. Según el texto del proyecto, los sujetos que desarrollen o hubieren desarrollado actividades alcanzadas por las prohibiciones podrán requerir, en cualquier momento del procedimiento o luego de dispuesta la sanción, su incorporación a este Régimen de Desistimiento y Regularización. Si es aceptado su ingreso, a la compañía se le suspenderán los sumarios administrativos en trámite, así como también los efectos de los actos administrativos sancionatorios.
Autoridad de aplicación
En el texto que entró al Congreso, la autoridad de aplicación de la ley no está especificada. Dice la iniciativa que será el Poder Ejecutivo quien la designe. A esta hora, todo va a que la autoridad de aplicación de esta ley, si sale, sea la Cancillería.
¿Cómo se pondría en marcha el procedimiento sancionatorio para una empresa que está en falta, si solo opera en Malvinas o si actúa tanto en terreno en disputa como en otras partes de la Argentina? De acuerdo a lo que detallan en la Casa Rosada, el proceso es así: a la compañía primero se le hace una notificación y se le da un plazo para que efectúe un descargo. Después, se habilita la producción de prueba y, de no ser convincente, se decide qué sanción o no corresponde aplicar, de acuerdo al grado de ilegalidad.
En el caso de las empresas proveedoras, que también quedan sujetas a las sanciones, desde el Gobierno aclaran: “Tienen que ser proveedores estratégicos para que las compañías que están en falta puedan llevar adelante esas conductas, no es que se va a aplicar contra los proveedores de resmas de papel, o de agua”.
En su contenido, la ley crea el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano a cargo del Presidente e integrado por el jefe de Gabinete; los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía; el jefe de la SIDE y el titular de la Secretaría de Legal y Técnica. Desde la Casa Rosada aseguran que este Consejo no implicará una nueva estructura para el Estado o lo que en la jerga se conoce como un “nuevo raviol”.
Además, refieren que la ausencia del Ministerio de Seguridad en ese Consejo es porque trabajará sobre “amenazas externas”; mientras que esa cartera -que hoy está a cargo de Alejandra Monteoliva- se encarga de la seguridad interior.
En el proyecto hay otro capítulo, vinculado a la “protección de la soberanía aeroespacial”, donde el Gobierno propone una secuencialidad respecto de potenciales derribos en la Argentina, para aeronaves o “vectores” que ingresen o sobrevuelen el espacio aéreo local de manera irregular. Esas normas regirán para todo el país y no solamente para el entorno Malvinas, refieren fuentes oficiales.
Para defender este apartado, que no fue anunciado en el plan original, fuentes de la Casa Rosada alegan: “Al régimen de derribos [Mauricio] Macri lo hizo por decreto. Nosotros lo proponemos por ley y con una regulación muy precisa, entendiendo el derribo como el último ratio”.
Cristina Kirchner,Paula Rossi,Malvinas,Conforme a
POLITICA
Discapacidad: el Gobierno reúne hoy a los aliados para consensuar el proyecto final y apura su tratamiento antes de la visita de León XIV
El Gobierno trabaja contra reloj para conseguir adhesiones para un proyecto de ley que reemplace la actual emergencia en discapacidad, abandonando ese estatus por una normativa con lineamientos permanentes y que se puedan encuadrar dentro de los objetivos fiscales y presupuestarios de la Casa Rosada. La fecha límite es este miércoles, cuando las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados deben dictaminar los proyectos en danza.
Tal como adelantó Infobae, se mantendrá el nomenclador de prestaciones y los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad, aunque con condiciones más estrictas. Las variaciones ya venían siendo negociadas entre el oficialismo de La Libertad Avanza y los bloques de la oposición dialoguista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Las negociaciones están encabezadas principalmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la diputada de LLA que lidera el tratamiento del proyecto en los pasillos legislativos, Laura Rodríguez Machado.
Según pudo confirmar este medio, esta tarde habrá un encuentro cerca de las 16:00 en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados -con Rodríguez Machado y la diputada Silvana Giudici a la cabeza del bloque libertario- para destrabar la redacción del dictamen, con el objetivo de que se firme mañana y se trate posteriormente en sesión. Se espera que asistan Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Karina Maureira (La Neuquinidad), Nancy Picón (Producción y Trabajo), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y los representantes de Elijo Catamarca, MID y Unidos.
“Está todo especialmente entre algodones. Hay bastante hermetismo porque cualquier cosa que salte es pasible de hacer saltar la térmica de las negociaciones”, cuentan en el oficialismo. La propuesta final que se conversará esta tarde en el Palacio del Congreso será tratada en la reunión de Mesa Política de esta tarde, a realizarse a las 13:00 en Casa Rosada.
La única persona que suele integrar ese círculo de altos funcionarios y que no podrá estar presente es el ministro de Economía, Luis Caputo. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, lo culpó como uno de los responsables de haber insertado “cambios inconsultos” en el proyecto de Presupuesto para el 2027 y que desataron un escándalo por contener retrocesos importantes en materia de discapacidad. Aun así, a lo largo de la última semana se reactivaron canales informales entre los negociadores del ala política y los referentes de la mesa económica para arribar a un punto medio.
El saldo que dejó la revelación del proyecto presupuestario de la semana pasada fue la renuncia presentada este lunes por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches. Alegando “razones estrictamente personales”, el funcionario envió una carta en horas de la tarde al ministro de Salud, Mario Lugones, comunicándole su corrimiento del cargo que asumió hace más de un año, cuando reemplazó a Diego Spagnuolo en medio del escándalo de la causa por un presunto esquema de corrupción, cobro de coimas y direccionamiento de contratos en el organismo.
Pese a todo, en el Gobierno afirman que su renuncia todavía no está efectivizada. “Para que se materialice debería estar Javier Milei en el país”, indican. Vilches habría tomado la decisión de renunciar luego de meses de desgaste y de estar pensando en dar un paso al costado. Los cambios sobre el nomenclador y criterios de asignación para los programas que dependen de ANDIS que se vieron reflejados en el Presupuesto habrían sido la gota que colmó el vaso.
Los cambios que apura el Gobierno
En la Casa Rosada quieren resolver la cuestión de discapacidad lo antes posible debido a la cercanía de la visita al país del papa León XIV. Una de las primeras actividades que tendrá en suelo argentino será una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución que trabaja con miles de personas con discapacidad en todo el país y que actualmente sufre problemas en la cadena de pagos.
En diálogo con El Destape Radio, el director del Servicio de Discapacidad del Cottolengo, Fernando Montero, contó que la institución enfrenta diez meses consecutivos de desabastecimiento de insumos esenciales como medicamentos, pañales y apósitos producto de la interrupción de ciertos programas nacionales. A esto le sumó que “durante el 2024 y 2025 se congelaron los aranceles, o sea, se licuaron en relación a la inflación y luego de la ley de emergencia ahora se dan aumentos por IPC, pero de un arancel que está devaluado en un 30 a 35%”.
Uno de los ejes del proyecto es la restitución del nomenclador de prestaciones, el instrumento que fija los precios que deben cobrar los prestadores de servicios y obliga a obras sociales y prepagas a pagar ese piso mínimo. Su eliminación en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 había encendido las alarmas del sector y fue catalogada como una “bomba” por Bullrich.
La discusión no es solo si se repone el nomenclador, sino bajo qué condiciones se actualizará: el Presupuesto proponía un ajuste trimestral a discreción de la Secretaría de Discapacidad, mientras que el proyecto en elaboración apunta a una actualización bimestral atada a la inflación, frente al esquema vigente de revisión mensual ligada al IPC.
El otro cambio de peso es el endurecimiento de los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. El texto aún no está cerrado en uno de sus puntos más sensibles: si una persona que recibe el beneficio puede conservarlo al conseguir un trabajo registrado o si, como plantea el Presupuesto, ambos beneficios serían incompatibles. Los aliados dejaron en claro en la última reunión que solo acompañarán si el gobierno regulariza la deuda acumulada con los prestadores desde diciembre de 2024. Mientras tanto, la oposición, encabezada por el bloque de Unión por la Patria, impulsó que las comisiones traten por unanimidad este miércoles la prórroga de la emergencia vigente. El oficialismo, en tanto, apuesta a presentar su alternativa “superadora” como la salida definitiva al conflicto.
laura rodríguez machado
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