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Elecciones 2027: una consultora advirtió sobre el desgaste de Milei y la falta de liderazgo en el peronismo

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La visita del papa León XIV terminó de instalar una agenda centrada en la solidaridad, la desigualdad y la protección de los sectores vulnerables. Su repercusión también abrió interrogantes sobre el escenario político argentino, en un contexto en el que comienza a tomar forma la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 y Javier Milei busca sostener sus posibilidades de reelección.

Para analizar ese escenario, Javier Correa, director de la consultora Ad Hoc, planteó que el Gobierno atraviesa un proceso de deterioro de su liderazgo y que sus últimas decisiones reflejan una creciente preocupación por las urgencias electorales. En diálogo con Infobae a la Tarde, el consultor consideró que el oficialismo perdió parte de la capacidad de conducción que había caracterizado su primera etapa de gestión.

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Uno de los ejemplos que utilizó fue la discusión sobre una eventual suspensión de las PASO. Para Correa, la iniciativa constituye una señal de debilidad política que contrasta con el discurso de confianza del Gobierno sobre sus posibilidades electorales. “Pareciera ser un gobierno que se autopercibe en debilidad”, afirmó.

El analista interpretó el debate por las primarias como una decisión táctica, antes que como una reforma estructural del sistema político. “Me parece que es un gobierno que se está acostumbrando al manejo del cortoplacismo, esta cuestión táctica”, sostuvo.

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A su juicio, ese comportamiento refleja una pérdida de identidad política. Durante 2024, Milei había construido su legitimidad alrededor de la promesa de transformar el Estado y modificar las estructuras económicas. Sin embargo, Correa consideró que el oficialismo comenzó a perder ese atributo.

“El atributo de reformista me parece que es lo que está perdiendo”, afirmó. Y agregó: “Esto del cortoplacismo ocurre cuando un gobierno empieza a perder conducción, capacidad de conducción. Y yo ahí veo la erosión del liderazgo”.

El desgaste de Milei y sus posibilidades de reelección

Correa también analizó los indicadores de opinión pública y advirtió que la imagen personal del Presidente atraviesa un deterioro mayor que la evaluación de su administración.

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Como referencia, mencionó un relevamiento de Atlas que registró un 62% de negatividad sobre Milei, frente a un 55% de valoración negativa sobre la gestión de Gobierno.

La conversación digital también muestra cambios, según los monitoreos de Ad Hoc. Aunque el mandatario conserva una presencia muy superior a la de sus principales adversarios, el consultor señaló que genera cada vez menos interés y que sus intervenciones públicas despiertan reacciones crecientemente negativas.

“Cuando acciona, cuando habla, cuando ejecuta algo, se le dispara la negatividad”, explicó.

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Correa identificó dos factores detrás de ese deterioro. El primero está relacionado con los episodios de corrupción que afectaron al oficialismo y que, según su interpretación, dañaron uno de los principales activos políticos de Milei: la promesa de representar una alternativa moral frente a la dirigencia tradicional.

El analista Javier Correa descartó que una candidatura simultánea de Javier Milei y Patricia Bullrich resulte matemáticamente competitiva

Al mencionar los casos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Libra y Manuel Adorni, sostuvo que esas controversias afectaron la legitimidad construida durante la campaña electoral. “Ahí vos generás el daño de tu contrato moral”, resumió.

El segundo factor es la situación económica cotidiana. Para el consultor, la percepción de que los ingresos no alcanzan comenzó a modificar la relación de una parte de la sociedad con el Gobierno.

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“La idea de que la plata ahora no alcanza, antes por la inflación, ahora por otras cosas”, señaló.

En ese contexto, explicó que también cambió la atribución de responsabilidades por la situación económica. Mientras que durante los primeros años predominaba el señalamiento al gobierno de Alberto Fernández, esa percepción comenzó a desplazarse hacia la actual administración.

La visita del Papa y las dificultades del peronismo

La repercusión de la visita de León XIV fue otro de los puntos del análisis. Correa consideró que los mensajes del pontífice volvieron a poner en circulación valores vinculados con la solidaridad, el cuidado de los más vulnerables y la preocupación por el prójimo, una agenda que históricamente formó parte de la identidad discursiva del peronismo.

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“El discurso colectivo, el discurso de mirar al prójimo, el discurso de cuidar a los débiles no es lo que hizo el peronismo, evidentemente, por algo no está en el Gobierno, pero sí es el discurso del peronismo”, planteó.

La visita del papa León XIV reintrodujo en el debate público una agenda centrada en la solidaridad y en la protección de los sectores vulnerables (AFP)

Para el director de Ad Hoc, la principal diferencia entre el pontífice y los dirigentes políticos reside en la legitimidad que construyó. “¿Qué tiene el Papa que no tienen los demás? Legitimidad. El canal es muy potente”, afirmó.

Sin embargo, no consideró que esa repercusión se traduzca necesariamente en la aparición de un nuevo liderazgo opositor. Por el contrario, señaló que las disputas internas y el peso de las principales figuras del espacio dificultan la renovación del peronismo.

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“La cúpula del peronismo está cooptada por figuras muy potentes que impiden, obturan un poco esa posibilidad de un tapado que tenga la fortaleza, el financiamiento, la capacidad, el volumen político”, sostuvo.

También cuestionó la falta de una propuesta política capaz de trascender las internas. “El peronismo no logra generar un discurso ni una alternativa nítida, clara. ¿A qué te convoca el peronismo hoy?”, preguntó.

El escenario electoral de 2027

Al proyectar el escenario presidencial, Correa consideró que el resultado dependerá tanto de la evolución del Gobierno como de la capacidad de sus adversarios para construir una alternativa competitiva. En particular, advirtió que el peronismo deberá ampliar su representación para disputar una elección nacional.

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“Si fuese peronismo, iría a la elección del año que viene sabiendo que el 40% de los argentinos va a estar del otro lado y que vos tenés que presentar una alternativa para tratar de llegar al 50”, afirmó.

Las disputas internas y el predominio de sus principales figuras obstaculizan la renovación de liderazgos dentro del peronismo rumbo a 2027

Sobre las posibilidades de reelección de Milei, señaló que una de las variables determinantes será la oferta electoral. En ese marco, se refirió a Patricia Bullrich y a las versiones sobre una eventual candidatura presidencial, aunque aclaró que se trataba de una interpretación personal.

“Lo que entiendo que Patricia intentará hacer, esto es suposición pura, es ser un plan B si Milei no quiere ser”, planteó. De todos modos, descartó que ambos puedan competir simultáneamente con posibilidades de imponerse: “Los dos juntos no hay ninguna posibilidad matemática de que puedan ganar o reelegir”.

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El consultor también advirtió que el desgaste del oficialismo no representa una ventaja automática para la oposición. Milei mantiene una capacidad de instalación pública muy superior a la de sus eventuales competidores, mientras que el peronismo todavía no consiguió definir un liderazgo ni una propuesta que ordene al espacio.

Para Correa, la evolución de los indicadores resulta más relevante que una medición aislada. “Nos gusta mirar mucho más la tendencia, no tanto el número, sino la película. La película es de deterioro notable”, concluyó.

El consultor sintetizó el desafío que enfrenta el Presidente al recordar una de las consignas centrales de su campaña de 2023: “Hay una cosa que es segura, todos los demás te cagaron y yo no”. Tres años después, advirtió, esa estrategia enfrenta un límite: “Es mucho más difícil conducir la indignación cuando vos gobernás, cuando vos sos el responsable asignado por la sociedad”.

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Condenaron a un delegado camionero por bloqueos y amenazas, pero absolvieron al jefe regional del sindicato

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Una jueza de San Nicolás condenó a cuatro años de prisión a un delegado del sindicato de camioneros que participó de los bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL, de San Pedro, encabezados por Maximiliano Cabaleyro, jefe del gremio en la región, quien hace un mes fue absuelto por los mismos hechos. El delegado hallado culpable de los delitos de turbación de la posesión y amenazas coactivas es Fernando Espíndola, quien recibió el viernes pasado la pena en el marco de un juicio abreviado en el que había acordado una condena máxima de seis años.

La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás, condenó a Espíndola por turbación de la posesión en concurso ideal con amenazas coactivas en tentativa, en concurso ideal con amenazas coactivas, según se lee en el fallo, al que tuvo acceso . Por el contrario, el delegado gremial no fue condenado por la acusación de extorsión, que también pesaba sobre él. Los hechos por los que se lo consideró culpable fueron los bloqueos a Rey Distribución del 15 de enero de 2021, y del 22 de febrero del mismo año (bloqueo que se extendió hasta el 25 de febrero).

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Espíndola no irá preso. Pasó ya detenido más de cuatro años (fue apresado el 8 de abril de 2022, luego recibió prisión domiciliaria, y la jueza ya le había concedido la excarcelación en octubre).

El fallo que condenó a Espíndola se dictó un mes después del que absolvió a Cabaleyro. El 14 de octubre, el jefe del sindicato de camioneros en San Nicolás, San Pedro y Ramallo fue absuelto por el juez Alejandro López, del mismo tribunal que la jueza Baquedano. En el fallo absolutorio, López sostuvo que se había ejercido el legítimo derecho de huelga y declaro inocente al sindicalista acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas. La decisión judicial generó múltiples rechazos de asociaciones de empresarios y de profesionales del derecho.

Maximiliano Cabaleyro, el sindicalista de camioneros que fue absuelto por los bloqueos a Rey Distribución SRL Iara Cerasi / El Norte

A Espíndola (chofer, 56 años) se lo acusó de actuar en hechos junto a Cabaleyro. El primero de ellos, por el que se lo condenó, el 15 de enero de 2021, fue cuando los manifestantes “se presentaron en la distribuidora razón social Rey Distribución SRL, ubicada en calle Bonorino 175 de San Pedro, y de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial”, según consta en el expediente.

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El segundo hecho por el que se condenó a Espíndola fue el bloqueo que se extendió entre el 22 y el 25 de febrero de 2021. En la causa, se describe que los camioneros “colocaron un colectivo/motorhome perteneciente al sindicato que lideran en el portón de la empresa, impidiendo la entrada y salida de vehículos de la firma, siendo las victimas intimidadas por el accionar agresivo de estos, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial, turbando con ello la posesión del inmueble a sus dueños”.

También fue hallado culpable de un tercer hecho, en el que la víctima fue el contador de la distribuidora de alimentos y bebidas, Víctor Grabovieski, ocurrido el 20 de abril de 2021. Según consta en el expediente, el contador, fue “intimidado y coaccionado” por Espíndola y Cabaleyro en la sede del sindicato. “Le refirieron que ‘si no arreglan, vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”, por lo que con la anuencia de Gustavo y Ariel Rey, propietarios de Rey Distribución, y ante el temor a volver al bloqueo total de la empresa con las consecuentes pérdidas económicas que ello acarrearía, es que fue obligado a suscribir firmando un convenio de pago con el sindicato de choferes de camiones, por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social, la cual devendría una suma de $805.383,03, los que finalmente fueron percibidos por Fernando Espíndola, en nombre del sindicato de camioneros en dos cuotas», se resumió en la causa.

En cambio, Espíndola no fue condenado por la acusación de “actos reiterados de extorsión contra Gustavo y Ariel Rey”. El delegado sindical apelará la sentencia, adelantó a uno de sus abogados, Mauricio Gugger (quien también representó a Cabaleyro en el juicio del que salió absuelto).

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“Las conductas endilgadas en la presente causa surgieron como consecuencia de reclamos laborales. Si bien la Constitución Nacional contiene la garantía para los trabajadores, también se encuentran los límites”, escribió la jueza Baquedano en el fallo del juicio abreviado contra Espíndola. Añadió que, “en nuestro ordenamiento jurídico, más allá del texto constitucional, encontramos regulación en las leyes”.

Y precisó: “El artículo 5º, inciso d), de la ley 23.551, que pone al derecho de huelga en cabeza de las asociaciones sindicales sin distinciones, es decir, con independencia de que posean personería o inscripción gremial, y el inciso g) del art. 24 de la ley 25.877, que regula el derecho de huelga respetándolo como libertad sindical y compatibilizando su garantía constitucional con el goce de otros derechos fundamentales de los ciudadanos”.

El fallo contra Espíndola fue bien recibido por los dueños de la distribuidora Rey. “Estamos muy contentos con este fallo. Sabemos que vamos a encontrar la condena en alguna de las instancias, porque las pruebas son contundentes. Este es el juicio abreviado, que lo condena en dos de los hechos. La fiscalía va a apelar porque consideramos que tenemos pruebas para demostrar la extorsión. Lo importante es que se condena. Espíndola no tiene la posibilidad de recurrir porque ya recurrió al juicio abreviado”, afirmó Ariel Rey, uno de los dueños de la empresa, a .

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Ariel Rey, dueño de la empresa Rey Distribución SRL y concejal de San PedroAriel Rey

“Venimos también de encontrarnos con Verónica Razzini [diputada nacional libertaria, duela de un corralón de materiales], con un caso similar al nuestro, en la Justicia de Santa Fe, en el que condenaron a tres imputados por una causa similar. Entendemos que bloquear es delito y es algo que se tiene que terminar. El derecho a a huelga, que lo contemplamos y celebramos, no puede ser justificación de turbación de la propiedad, coacción o extorsión”, agregó Rey, que es concejal en San Pedro (ganó las elecciones de 2025 al frente de la boleta de La Libertad Avanza, pero ahora integra el bloque San Pedro Puede).

Espíndola llegó al juicio abreviado en libertad condicional. Se encontraba en prisión domiciliaria (lo detuvieron el 8 de abril de 2022), pero fue excarcelado por la jueza Baquedano, que el viernes lo condenó a cuatro años.

Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .

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Salta también desdobla las elecciones y votará gobernador el 16 de mayo

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó este lunes el desdoblamiento de las elecciones provinciales y convocó a votar el 16 de mayo de 2027, más de cinco meses antes de las presidenciales del 24 de octubre. La decisión suma otra provincia al grupo de distritos que buscan separar la competencia por sus gobernaciones de la disputa nacional y que obligarán a las fuerzas políticas a desplegar sus estrategias electorales a lo largo del año.

La convocatoria quedó establecida mediante el decreto 762, que fija la renovación de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. Los comicios se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica, sin elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

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Además de la fórmula gubernamental, estarán en juego 11 bancas del Senado provincial y 30 de la Cámara de Diputados, junto con 60 intendencias y 222 cargos de concejales. En Rivadavia Banda Sur también se elegirán convencionales constituyentes municipales para redactar una nueva Carta Orgánica.

La decisión de Sáenz se enmarca en la tendencia que gana fuerza entre los mandatarios provinciales: concentrar la discusión electoral en sus gestiones y evitar que la competencia presidencial condicione los resultados locales. Para La Libertad Avanza y los partidos opositores, la separación de los comicios supone el desafío de definir alianzas y candidaturas en escenarios políticos diferentes.

Las provincias que ya confirmaron sus elecciones

Neuquén abrirá el calendario electoral el 14 de febrero, según estableció el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto 1860. Además de elegir gobernador, los neuquinos renovarán las 35 bancas de la Legislatura y autoridades municipales. Será la primera prueba electoral de 2027 para el espacio que conduce Javier Milei.

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Rolando Figueroa también desdobló las elecciones en Neuquén y será la provincia que abrirá el calendario electoral 2027 (Foto: captura TN).

Tucumán votará el 9 de mayo, una semana antes que Salta. Osvaldo Jaldo convocó a los comicios provinciales y municipales, aunque sostuvo que la fecha responde a la tradición electoral tucumana y no representa un adelantamiento.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro analiza realizar las PASO el 18 de abril y las generales el 13 de junio, pero todavía debe oficializar el cronograma. En cambio, Catamarca mantendrá sus elecciones junto con las presidenciales, según confirmó Raúl Jalil.

Los gobernadores que todavía deben definir el calendario

Misiones evalúa votar entre abril y mayo, mientras Córdoba analiza alternativas dentro de ese mismo período, desde marzo. Chubut, Río Negro y Chaco también anticiparon que separarán sus elecciones de las nacionales, aunque todavía no establecieron fechas.

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Mendoza y Jujuy se encaminan hacia calendarios propios. En tanto, Axel Kicillof debe resolver si repetirá el desdoblamiento bonaerense de 2025, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires gana terreno la posibilidad de unificar los comicios con los presidenciales, una decisión que Jorge Macri tampoco confirmó todavía.

Elecciones 2027, Salta, Gobernadores

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La defensa de Adorni que aceptó el fiscal abre interrogantes sobre el futuro del delito de enriquecimiento ilícito

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Si el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, alegara hoy ante la Justicia que su patrimonio es el resultado de una exitosa apuesta por las criptomonedas, la explicación llegaría tarde, sería contradictoria con declaraciones suyas previas y resultaría, sobre todo, poco creíble. Pero quizás su defensa sería tan difícil de refutar como la que ensayó Manuel Adorni y lo dejó con un pie afuera de una causa por corrupción.

Baratta podría replicar la estrategia del exjefe de Gabinete para justificar al menos la parte del crecimiento patrimonial que se le atribuye desde 2013, año en el que el Bitcoin comenzó a despegar.

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Lo mismo podrían hacer los funcionarios que en el futuro sean acusados de enriquecimiento ilícito. Por eso, el caso Adorni dejó flotando una pregunta: ¿su defensa se convirtió en un manual de instrucciones que entreabre una puerta de salida para los acusados de enriquecimiento ilícito?

El fiscal Pollicita corrió su acusación hacia la evasiónENRIQUE GARCIA MEDINA

“En el caso Adorni, la excusa de las viejas billeteras olvidadas de criptomonedas es sin duda un nuevo argumento en el repertorio de explicaciones para justificar un patrimonio en los casos de enriquecimiento ilícito”, señala Delia Ferreira Rubio, abogada, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional (2017-2023).

“Obviamente -agrega la experta- la solidez y credibilidad de la justificación son apreciadas por la Justicia. El tiempo dirá si, a partir de este caso, se consolida una jurisprudencia según la cual la simple excusa de las viejas billeteras cripto se transforma en justificación suficiente”, completa.

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Delia Ferreira Rubio considera que el caso Adorni suma una nueva estrategia de defensa contra el delito Rodrigo Nespolo

Con ella coincide Manuel Garrido, extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en corrupción. “Es evidente que, así como [Adorni] obtuvo éxito en este caso, las defensas probablemente van a echar mano de este tipo de planteos en casos análogos”, apunta. Pero advierte: “Habrá que ver qué terminan resolviendo los tribunales”. Garrido aclara que “un dictamen de un fiscal no hace jurisprudencia” y que, por el momento, en este caso no hubo “una decisión de la Cámara ni de la Corte Suprema, sino un dictamen de un fiscal con un evidente ánimo beneficiante en la valoración probatoria”.

Garrido considera que el caso, incluso, podría motivar una instrucción de la Procuración General de la Nación en cuanto a cómo valorar las pruebas en casos parecidos. “Acá hay un tema de interpretación del delito, pero sobre todo de valoración probatoria que podría ser objeto de una instrucción de la Procuración”, señaló.

Según el criterio que aplicó el fiscal Gerardo Pollicita al caso Adorni, para suprimir la acusación por enriquecimiento ilícito podría bastar con acreditar el control actual de billeteras virtuales con movimientos anteriores al ingreso a la función pública y sostener que las ganancias de esas operaciones explican el crecimiento patrimonial. Adorni no logró demostrar que fuera su titular cuando se realizaron las operaciones, pero la fiscalía dijo que ella tampoco pudo refutar su explicación.

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Pollicita reconoció en su dictamen que la versión de Adorni, a priori, era “poco verosímil”. No obstante, basado en un informe de Cibercrimen de la Policía Federal, sostuvo que no había pruebas para derribarla y consideró que todo el caso debía investigarse como una posible evasión.

Garrido, exfiscal de Investigaciones Administrativas Archivo

Para Pedro Biscay, abogado e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), no está claro qué consecuencias podría tener en el futuro que la Justicia acepte la explicación de Adorni. “No se si esto es una salida que podría replicarse en casos parecidos, como una suerte de regla general para hacerle trampa a los demás casos de enriquecimiento ilícito que hay en la Argentina”, señala.

En concreto, la defensa de Adorni sostuvo que gran parte de su patrimonio -descubierto en la investigación por las compras de inmuebles, las reformas y los viajes- provenía de ganancias obtenidas de inversiones en Bitcoin, en operaciones realizadas entre 2014 y 2018. Es decir, años antes de su llegada al Gobierno y durante un tiempo en el que los requisitos para abrir cuentas en plataformas digitales eran más laxos, lo que dificulta reconstruir quiénes realizaron aquellas operaciones.

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Es que en 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo global que establece estándares internacionales para combatir el lavado, aprobó una normativa orientada a tornar más rigurosos los requisitos para abrir cuentas y progresivamente las plataformas comenzaron a exigir a sus clientes validar su identidad con nombre y apellido.

Adorni mostró que tenía el control actual de ocho billeteras virtuales que registraron 24 movimientos vinculados con plataformas de intercambio pero anteriores a aquella reforma. Otros 17 movimientos apuntados por Adorni no pudieron siquiera vincularse con ninguna plataforma centralizada.

Es decir, que alguien podría conseguir o comprar hoy las claves de una billetera con movimientos de aquellos años, acreditar que tiene su control y presentarla ante la Justicia como prueba.

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El abogado Matías Ledesma, denfesor de Manuel AdorniEnrique García Medina

En Comodoro Py son conscientes del problema. “El desafío es permanente, más ahora con el mundo cripto”, reconoció una fuente judicial que siguió el caso Adorni con atención. Admitió que la antigüedad de las operaciones representa una dificultad para la acusación, pero también, que es no fácil conseguir billeteras con operaciones viejas: “Hay que conseguirlas… no hay un mercado abierto”.

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), no cree necesariamente que el caso Adorni siente un precedente y al igual que Biscay, considera que el problema estuvo en la investigación.

Ambos afirman que el fiscal no agotó las medidas de prueba. Talerico, además, cuestiona que Pollicita, ante la falta de certezas, haya abandonado la acusación de enriquecimiento ilícito.

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“Para decidir que no avanzás en la etapa de instrucción, tenés que tener certeza negativa, certeza absoluta negativa. Si no, el fiscal tiene que avanzar”, afirma. “Ahora resulta que no tenemos certezas y la incertidumbre beneficia a los imputados. En esta etapa de procesos como éste, eso no existe”, afirma.

María Eugenia TalericoRodrigo Nespolo

Biscay apunta que el análisis patrimonial de la investigación no sopesó bien los gastos del exfuncionario y critica especialmente que el fiscal aceptara como suficiente que Adorni tuviera solo el acceso a las billeteras.

“Tener la llave de la caja de seguridad, según esa tesis, te hace propietario del contenido de la caja de seguridad, lo cual es una falacia”, dice Biscay; una analogía que también utiliza Ferreira Rubio para explicar el problema.

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“En este caso -señala la exdirectora de Transparencia Internacional- la excusa [de las criptmonedas] parece haber convencido al fiscal. Las dudas quedan. Ahora hay que esperar la decisión del juez”, completa, en alusión al juez federal Ariel Lijo, que debe resolver si convalida el criterio del fiscal y envía el caso al fuero penal económico.



la que ensayó,Federico González del Solar,Conforme a

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