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En el Día de la Lealtad, el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón: “No se trata de justicia, se trata de proscripción”

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El Partido Justicialista presentó a Cristina Fernández de Kirchner como víctima de una proscripción y equiparó su situación con la persecución que, según afirmó en un comunicado, sufrió Juan Domingo Perón antes del Día de la Lealtad.

“Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia”, encabezó el posteo previo al comunicado, que definió a la lealtad peronista como una obligación y no como una efeméride.

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Comunicado del Partido Justicialista por el Día de la lealtad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un comunicado, sostuvo que la inhabilitación perpetua de la expresidenta para ejercer cargos políticos, en el marco de la condena en la causa Vialidad, busca impedir que la oposición vuelva a llevarla al poder.

Para ello, la fuerza peronista convocó a su militancia, a los trabajadores, a sus organizaciones y a los sectores democráticos a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para obtener la libertad de Fernández de Kirchner y el fin de la medida que define como proscriptiva. El llamado planteó la movilización y la unidad como una obligación política de los peronistas.

El posteo de La Cámpora por el Día de la Lealtad (@la_Campora)

El texto posteado en las redes oficiales partidarias cuestionó también el régimen de visitas que se le aplica a la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. El PJ sostuvo que esas restricciones no alcanzan, según su planteo, “a narcotraficantes ni a condenados por delitos de lesa humanidad”.

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Sobre el fallo contra la dirigente, el partido afirmó que se dictó “sin pruebas” y acusó al tribunal de haber torcido el derecho y falsificado los hechos. También señaló que el presidente del tribunal “juega al fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el fiscal de la acusación”.

El texto completo del PJ en donde se compara a CFK con Perón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Partido Justicialista afirmó que el objetivo central de la condena no es la pena principal. “No se trata de justicia, se trata de proscripción”, expresó el PJ en su declaración.

La organización definió a Fernández de Kirchner como “la dirigente política más importante de la oposición” y sostuvo que su persecución forma parte de un modelo económico que busca disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. “Cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”, afirmó.

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Para fundamentar esa comparación, el PJ recordó los hechos que rodearon al 17 de octubre de 1945. Según el comunicado, Perón había sido obligado a renunciar el 9 de octubre por un sector de las Fuerzas Armadas y luego fue detenido y trasladado a la isla Martín García.

El slogan utilizado por el PJ para equiparar a CFK con Perón

La declaración reconstruyó que trabajadores de Berisso, Ensenada, Avellaneda, Lanús y otros puntos del conurbano caminaron hacia Plaza de Mayo para exigir su liberación. “Exigían la libertad de Perón y no se fueron hasta conseguirla”, señaló el texto sobre la movilización que precedió al discurso del entonces coronel desde los balcones de la Casa Rosada.

El partido también mencionó la proscripción que atravesó el movimiento tras el golpe de 1955, período en el que, según indicó, Perón estuvo exiliado y hasta su nombre fue prohibido durante 18 años. Para el PJ, la organización popular permitió el regreso del expresidente a la Argentina.

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Crime,South America / Central America,Government / Politics

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Tras la marcha universitaria, Yacobitti afirmó: “El Gobierno tiene que cumplir una ley que ya votó el Congreso en dos instancias”

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El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, reclamó hoy al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en dos instancias, una de las cuales revirtió el veto presidencial con una mayoría especial. Además, y tras la la quinta Marcha Federal Universitaria, sostuvo que existen fallos judiciales firmes que el Ejecutivo tampoco cumple.

“Lo único que tiene que hacer el Gobierno es cumplir una ley que ya votó el Congreso”, insistió Yacobitti en diálogo con Radio Continental, y agregó que lo único en instancia de apelación es una multa, no las medidas cautelares que ordenan el pago de salarios y becas. “A nosotros no nos interesa la multa. Lo que nos interesa es que el presidente cumpla la ley entera y que los profesores universitarios y los estudiantes reciban los sueldos y las becas que tienen que recibir”, afirmó.

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El reclamo de fondo tiene dos ejes, según explicó el vicerrector: los salarios de docentes y trabajadores de las universidades, y el valor de las becas Progresar, que por el incumplimiento de la norma se ubican en $35.000 mensuales por alumno. “Con eso no llegan ni al 15 del mes con los viáticos”, señaló, y agregó que las becas perdieron el 80% de su poder adquisitivo en los últimos tres años.

Por otro lado, Yacobitti le respondió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había sostenido que “nadie está por encima de la ley” tras los incidentes frente al Congreso. “El primero que no está por encima de la ley es el presidente”, replicó el vicerrector. “Si nadie está por encima de la ley, el primero que tiene que dar el ejemplo es el presidente de la nación”, concluyó.

Una imagen de los incidentes frente al Congreso  (RSFotos)

Una marcha “muy genuina” que se replicó en todo el país

El vicerrector de la UBA separó la jornada en dos capítulos: la movilización pacífica y masiva que se replicó a lo largo del país, y los hechos de violencia que la empañaron sobre el final. “En ninguna de las cuatro anteriores hubo ningún incidente”, remarcó, y describió la concentración como “muy genuina” y representativa de un reclamo social por la calidad del sistema universitario.

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Sin embargo, mientras el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) tomaba la palabra en el escenario montado frente al Palacio Legislativo, el gas lacrimógeno ya resultaba insoportable. “Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes”, describió Yacobitti.

A pocos metros del acto central, sobre la avenida Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, un grupo de personas con el rostro cubierto rompía bancos de la plaza y veredas para arrojar piedras contra el vallado que protegía el Congreso. Las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo incluyó al menos ocho efectivos heridos y 31 detenidos, entre ellos un menor de 14 años.

El vicerrector cuestionó la actuación policial y pidió que las fuerzas se concentren en identificar a quienes generaron los disturbios. “La Policía tiene que identificar uno por uno a los que rompían los bancos de la plaza para tirar piedras”, sostuvo, y señaló que la ciudad cuenta con tecnología de vigilancia suficiente para hacerlo.

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“Lo primero que hacían era ser funcionales al Gobierno que no cumple la ley y atentar contra la movilización pacífica”, afirmó sobre los responsables de los incidentes. Descartó vincularlos con los partidos de izquierda que participaron de la marcha y apuntó que se trató de “algo que fue preparado”. “Si no, pasa a ser como los que ayer se dedicaron a tirar piedras en la plaza en vez de manifestarse en paz”, cerró.

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La Sociedad Rural se sumó al masivo repudio contra el fallo que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás

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La Sociedad Rural Argentina se sumó a las múltiples expresiones de preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.

“Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.

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La Sociedad Rural Argentina agregó que “la defensa de la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución Nacional, es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo. El derecho a huelga y la libertad sindical deben ser respetados, pero no pueden utilizarse como argumento para avasallar los derechos de terceros ni para legitimar acciones que vulneren la ley. El ejercicio de los derechos debe darse en un marco de respeto por las libertades individuales y por los bienes y el trabajo de los demás”.

“Desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que el respeto por la ley y la seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la convivencia, fortalecer las instituciones y promover el crecimiento del país. La Argentina necesita reglas claras y justas, una Justicia que garantice los derechos de todos y el rechazo a cualquier forma de violencia o coerción. Defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es defender la producción, el empleo y el futuro de todos los argentinos”, concluyó.

Otras entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.

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El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.

Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.

“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.

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Esta mañana en San Nicolas la multisectorial 21F acompañó a Hugo Moyano del Sindicato de CamionerosPrensa Multisectorial 21F

Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.

En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.

Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.

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En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.

Alejandro Gabriel López, juez de San NicolásDiario el Norte

La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.

Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.

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La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.

“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.

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“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.

Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.



absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro,,Rey Distribución SRL,Conforme a

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Un ministro chileno tildó de "loco" a Milei y tuvo que pedir disculpas tras las críticas de su propio espacio político

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El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, se vio obligado a ofrecer disculpas públicas tras calificar de “loco” al presidente argentino Javier Milei durante un foro empresarial en Santiago. El exabrupto generó un rápido repudio dentro de la propia coalición gobernante y llevó al presidente José Antonio Kast —que se encontraba de visita oficial en Bolivia— a intervenir con un mensaje directo: “Esto no se va a volver a repetir”.

La polémica se originó ayer, viernes, en un ciclo organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) y en un contexto de tensión latente por declaraciones cruzadas entre dirigentes de ambos países a raíz de la reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas.

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Allí, Poduje fue consultado sobre las fórmulas para reactivar el sector de la construcción. Al defender la inversión estatal en infraestructura como herramienta para reducir costos productivos, el secretario de Estado apuntó contra la postura de Milei.

“La inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública”, expresó el funcionario, e imitó incluso el tono del presidente argentino: “‘¡¿Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco».

Esta declaración provocó una rápida reacción dentro del oficialismo. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó los dichos como “muy imprudentes” y advirtió que “hay cosas que no se pueden decir” en un contexto de tensiones diplomáticas con Buenos Aires.

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“Nadie sabe cómo reaccionará Milei por su temperamento y lo demás que todos conocemos. Prudencia es lo necesario en estos tiempos difíciles en política exterior”, escribió Moreira en X, donde además señaló que, si no se controlan las declaraciones de los ministros, el episodio “puede terminar en cambio de gabinete”.

Desde el Partido Nacional Libertario, cuyo líder Johannes Kaiser mantiene una relación cercana con el mandatario argentino, también hubo cuestionamientos. El diputado y vicepresidente de esa fuerza, Hans Marowski, sostuvo que “un ministro de Estado debe estar a la altura de su cargo” y que las descalificaciones personales “no aportan en nada”. Su compañera de bancada, la diputada Paulina Muñoz, fue más allá y emplazó directamente a Kast: “Si al Presidente le gusta poner ministros de izquierda en carteras clave, lo que tiene que hacer es alinearlos”.

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Horas después de su intervención en el foro, Poduje publicó un mensaje en su cuenta de X para retractarse. “Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, escribió.

El vicepresidente en ejercicio (a raíz del viaje de Kast a Bolivia), Claudio Alvarado, dio por superado el incidente. “Lo importante es que el propio ministro Poduje corrigió sus dichos, pidió las excusas correspondientes, y con eso el tema lo damos nosotros por cerrado”, afirmó.

Desde La Paz, donde encabezó la primera visita oficial de un presidente chileno a Bolivia en 71 años, Kast también se pronunció. “Lamentamos las expresiones. El ministro Poduje pidió las disculpas como corresponde, disculpas públicas, y esto no se va a volver a repetir”, declaró el mandatario.

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Un exabrupto y tensión bilateral

Las declaraciones de Poduje no ocurrieron en el vacío. La relación entre Santiago y Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, marcado por la disputa en torno a la reactivación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

El buque chileno Danstar, de la naviera Easter Island Naviera, prevé zarpar hacia Puerto Argentino a más tardar en noviembre para restablecer un servicio de abastecimiento que funcionó durante más de un siglo pero dejó de operar a comienzos de los 2000. El recorrido de unos 900 kilómetros atravesaría el Estrecho de Magallanes y ofrecería una alternativa al trayecto actual desde Montevideo, que implica una travesía de casi 2.000 kilómetros.

Argentina ha expresado su preocupación por la iniciativa. El canciller Pablo Quirno advirtió que el gobierno monitorea la situación y pidió respetar los acuerdos vigentes, aunque descartó una interceptación del navío. Desde el lado chileno, el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, defendió el derecho a la libre navegación y sostuvo que “todo barco que sale del Estrecho de Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”. También descartó la necesidad de escoltar al Danstar.

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