La empresa Los Sauces, de la familia Kirchner, recibía más “fondos ilícitos que fondos legítimos”, según la acusación de la fiscalía que se leyó en la segunda audiencia del juicio oral y público que se le sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo el diputado Máximo Kirchner, entre otros 17 imputados.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni citaron a una nueva audiencia de lectura de la acusación para el lunes 2 de noviembre a las 10 de la mañana.

Este lunes se está leyendo la acusación de la fiscalía en el caso Los Sauces y a continuación se leerá la de la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF). La idea es dejar pasar 10 días hábiles desde que se reunificaron los juicios el 21 de octubre pasado, para comenzar a leer la acusación de Hotesur.

Por eso, esta actividad demandará seguramente varias audiencias en noviembre y diciembre. Una vez leídas ambas acusaciones de la fiscalía y la querella, comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados. Hay máxima expectativa en esa próxima etapa del proceso.

A diferencia de lo ocurrido en la primera audiencia, las cámaras enfocaron menos a los acusados y más a los secretarios y al tribunal durante la lectura de la acusación de los fiscales. Allí se describe cómo se montó un “proceso de reciclaje” de fondos en Los Sauces, la empresa familiar de los Kirchner.

Los fiscales señalaron que casi todo lo que cobró la firma venía de Lázaro Báez, Cristóbal López o Fabián de Sousa, quienes a la vez hacían negocios con el Estado. Los alquileres a inquilinos comunes eran una parte menor de los ingresos, que servía para unificar el dinero y darle apariencia de negocio inmobiliario de giro habitual a la firma Los Sauces.

En la audiencia de este lunes se leyó la parte del requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que reconstruye quién le pagaba a Los Sauces SA, cuánto y cómo esa plata llegaba a los Kirchner.

Según el requerimiento, el papel de Los Sauces era “recibir fondos ilícitos desde las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo en concepto de alquileres, con el propósito de legitimar su incorporación al patrimonio de la sociedad de la familia Kirchner”.

Los fiscales la describen como un “mecanismo permanente de reciclaje de activos” que funcionaba en tres pasos. El primer paso fue cargar la empresa con bienes. Los Sauces nació el 7 de noviembre de 2006 con $100.000 de capital. Sus dueños eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con el 45% cada uno, y Máximo Kirchner, con el 10%.

Máximo Kirchner también era el presidente. Desde diciembre de 2006, la sociedad incorporó una decena de propiedades, terrenos y hoteles en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Puerto Madero.

El segundo paso fue alquilarles esos bienes a los empresarios amigos. Las empresas de Báez alquilaron edificios en Río Gallegos. Las de López y De Sousa alquilaron departamentos en Puerto Madero. Y el hotel La Aldea, en El Chaltén, quedó en manos de dos empresas que los fiscales consideran pantallas, Valle Mitre, de Báez, e Idea, de Osvaldo Sanfelice, socio de la familia.

Para la acusación, esas propiedades “resultaban innecesarias o más costosas que los valores de mercado” para quienes las alquilaban.

El tercer paso fue sacar la plata ya limpia. La familia retiraba el dinero de la empresa como devolución de lo que le había prestado, como honorarios de director o como pago de gastos personales.

Los peritos contadores reconstruyeron todo lo que facturó Los Sauces entre enero de 2009 y marzo de 2016. Usaron los libros de la empresa y, cuando no los encontraron, los movimientos de sus cuentas bancarias.

El análisis que realizaron los peritos muestra que una sola empresa de Cristóbal López, Inversora M&S, pagó casi la mitad de todo lo que cobró Los Sauces en siete años. Sumadas por grupo, las empresas de López aportaron el 65% y las de Báez, el 23%. Los fiscales cuentan a Idea dentro del grupo de López.

Los inquilinos sin vínculo con esos grupos, que figuran como “otros”, pagaron apenas el 12%. Por eso los fiscales sostienen que en Los Sauces “se incorporaban más fondos ilícitos que fondos legítimos generados por la propia actividad inmobiliaria”.

Con esos ingresos, el patrimonio de la empresa creció más de 12.000%: pasó de $100 000 a $12,1 millones. Para hablar de lavado, la acusación tiene que mostrar que esa plata venía de un delito anterior. En el caso de Báez el origen, dijeron los fiscales, es la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Báez se quedó con 51 obras, casi el 80% del total. Por esa causa, que es Vialidad, Cristina Kirchner tiene una condena firme de seis años por fraude y Báez otro tanto. En el caso de López y De Sousa, la fiscalía apunta a los negocios de su grupo con el Estado: obras públicas, juego, petróleo y beneficios impositivos.

En 2009 la constructora CPC, del mismo grupo, ganó contratos viales millonarios y le giró más de 50 millones de pesos a Inversora M&S, la empresa que pagaba los alquileres a Los Sauces. Por eso los fiscales califican esos pagos como “dádivas”, es decir, “regalos a cambio de favores”.

Al hablar del grupo Báez, el requerimiento sostiene: “Dentro de este sofisticado entramado societario, quienes participaron del esquema de reciclaje fueron las firmas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, las cuales se encargaron de canalizar de manera directa fondos ilícitos provenientes de la defraudación al Estado hacia la empresa Los Sauces bajo el ropaje de legalidad que le otorgaba la actividad inmobiliaria, alquilando propiedades que no resultaban de utilidad para la empresa y/o que se encontraban a un precio por encima del valor de mercado”.

Según la acusación, de Los Sauces se retiraron más de $10 millones. De la cuenta de Néstor Kirchner, y después de sus herederos, salieron $4,6 millones. Cristina Kirchner retiró $2,1 millones y Máximo, $2,5 millones.

A eso se suman dos viviendas a nombre de la sociedad que la familia usaba sin pagar alquiler. Una es la casa de la calle Mascarello 441, en Río Gallegos, donde vive Cristina Kirchner. Los Sauces la compró en US$250.000 a una empresa de Sanfelice, que la había comprado un año antes por unos US$52.000.

La otra es el departamento de la calle San José 1111, en Buenos Aires, donde vivía Florencia Kirchner y ahora su madre Cristina cumple prisión domiciliaria. Se compró en 2015 en US$370.000, que se pagaron con cuatro certificados en dólares a nombre de otras personas.

Para esa compra, cinco empleados del Banco Nación de Río Gallegos registraron un depósito de $4 millones como “en efectivo”, sin anotar quién lo hacía, aunque la plata había salido de una cuenta de Cristina Kirchner y sus hijos. Por eso también llegaron a juicio.

“Puesta en escena”

La lectura de este lunes terminó con una conclusión de los fiscales sobre los alquileres de Báez. Para ellos, esos contratos “no fueron más que una puesta en escena a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados desde la empresa constructora hacia la firma Los Sauces”.

Los fiscales agregaron que “es posible trazar sin mayores inconvenientes la ruta del dinero desde el delito precedente (esto es la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública) hasta que el dinero fue colocado en la sociedad de la familia Kirchner por el alquiler de departamentos”.

Ariel Vallejo sumó una nueva acusación en su contra: lavar dinero proveniente del juego clandestino que luego se habría reinvertido en el fútbol. Concretamente, se habla de un préstamo a Argentinos Juniors, presidido por Cristian Malaspina, secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de $600.000 que derivó en una ganancia millonaria para el dueño de Sur Finanzas. Se trata de uno de los 15 hechos que figuran en el dictamen presentado por la Fiscalía y que se leyeron en la indagatoria del viernes último. Vallejo se negó a declarar y pasó el fin de semana detenido.

La fiscal Cecilia Incardona sostiene que Vallejo, su madre, y otras personas “administraron, transfirieron, pusieron en circulación y disimularon –según el caso– fondos provenientes del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada de la propia sociedad”. Y agrega que lo hicieron a través de billeteras virtuales y de una cuenta en el Banco Hipotecario.

En las billeteras se habrían depositado $19.908.082.184 y en el banco otros $2.031.016.425, depositados en efectivo. “Los fondos de las billeteras provenían de la explotación de un casino online clandestino y de las defraudaciones mediante el uso indebido de datos de terceros”, explicó la fiscal.

La pista del juego clandestino, que siempre estuvo dando vueltas desde el comienzo en la causa Sur Finanzas, proviene de otro expediente judicial, a cargo de la fiscal platense Betina Lacki, donde se investiga una organización que captaba personas de bajos recursos y abría cuentas en billeteras virtuales con sus datos biométricos. Parte del dinero recaudado terminaba en proveedores de servicios de pago, entre ellos Sur Finanzas.

Ese expediente paralelo trascendió a partir de la detención de Albertina Mangini, una funcionaria judicial que trabajaba en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Su arresto tuvo en vilo a la administración de Axel Kicillof. “La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires”, salió a decir el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.

Con los fondos que terminaron en Sur Finanzas, la empresa de Vallejo hizo diferentes operaciones de crédito y adelanto de cheques de terceros, según figura en la indagatoria a la que tuvo acceso . En una de esas operaciones aparece Argentinos Juniors, el club que preside Cristian Malaspina, un incondicional de Claudio “Chiqui” Tapia, y uno de los firmantes de la renovación del contrato con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni. “Le cedió cheques por $600.000.000 a una tasa nominal anual adelantada del 100 %, y le prestó, el 23 de diciembre de 2024, $200.000.000 al 40 % anual más un 1,5 % mensual”, describió Incardona sobre el vínculo entre Sur Finanzas y el club de La Paternal.

El vínculo, por ahora indirecto, entre el dinero del juego clandestino y el fútbol aparece en el “Hecho 8″ de un total de 15 hechos enumerados por la Fiscalía. El juzgado sumó otras acusaciones contra Vallejo, entre las que figuran las operaciones del dólar blue con varias casas de cambio y la compra de determinados bienes.

Entre las operaciones de lavado se destaca la compra, junto a su exmujer, de una causa en el country Saint Thomas Este de Canning por US$ 500.000 pagados en efectivo; la adquisición, a nombre de la sociedad Cluster Palace Beach, de seis unidades en Spiro 662 por US$ 600.000; y la compra de una casa en Fincas de San Vicente por otros US$ 400.000.

Vallejo escuchó los cargos en su contra el viernes a la tarde, durante la indagatoria. A esa hora ya estaba detenido por orden del juez Tomás Rodríguez Ponte. La noche anterior la Policía lo había buscado en diferentes domicilios. Al enterarse, Vallejo se presentó en el juzgado de Lomas de Zamora junto a sus abogados.

El financista se negó a contestar preguntas y solo se refirió a los motivos que activaron su detención. Sobre la obligación de presentarse una vez por mes en una sede de la Policía Federal, aseguró que “no lo entendió cuando se lo dijeron” y que actualmente vive con su mamá en Banfield porque se separó de su mujer, que sigue viviendo en el country Fincas de San Vicente.

Sobre los autos incautados, admitió que todavía no había entregado un Audi modelo Q2 35 TFSI Advanced, un Mercedes Benz modelo GLC 300, y un Toyota modelo SW4 4X4 SRX 2.8. “Hoy se comunicaron con la dependencia policial para entregarlos, pero les dijeron que no fueran porque había un acto o algo así y, por tanto, no había personal para recibirlos”, lanzó Vallejo a modo de explicación. Ese olvido le costó la libertad.