POLITICA
En el Gobierno se deterioran los vínculos mientras Milei se juega la suerte en la Corte Suprema
El martes, mientras en la calle se desplegaba la movilización en defensa de la universidad pública y en la Casa Rosada se reunía la mesa política del Gobierno, avanzaba, en el Palacio de Tribunales, un trámite silencioso, pero trascendente: ingresaba formalmente a la Corte Suprema el expediente que definirá la suerte de la Ley de Financiamiento Universitario. A partir de ahora, los ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, pueden resolver si obligan, o no, a Javier Milei a cumplir con la ley que nutre de fondos a las casas de estudio.
El máximo tribunal debe definir sobre un amparo concedido a los rectores universitarios, confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Así, la Corte tiene la última palabra sobre un tema de amplio impacto fiscal y enorme significado simbólico para la administración de Milei.
“Cualquier gobierno tiene que saber que, en la Justicia, la ley de gravedad funciona al revés: todo lo pesado sube”, dijo una experimentada fuente judicial. La clave, ahora, pasa por los tiempos. Si bien la Corte está en condiciones de resolver, no tiene plazos para hacerlo. Mientras no lo haga, el Gobierno entiende que la Ley de Financiamiento Universitario está en suspenso y no desembolsa el dinero. “Hoy nuestra principal aliada es la dilación”, reconoció un importante colaborador de la Casa Rosada.
El tema genera, por estas horas, todo tipo de especulaciones y ansiedades en distintos despachos del Gobierno, que entienden que se están poniendo en juego, como nunca, los intereses cruzados que vienen acumulando con la Justicia. “Es muy difícil determinar qué va a pasar porque todo está muy atravesado por el ruido judicial”, reconoció un importante colaborador oficial.
Nada indica que haya definiciones hoy, en la reunión de acuerdos de la Corte, aunque en el Poder Ejecutivo leerán cualquier señal de los jueces. “Yo creo que pedirán opinión a la Procuración General”, aventuró un funcionario del área judicial. El caso tiene una traba adicional: las universidades promovieron un incidente de ejecución de sentencia para acelerar la aplicación de la ley, que está pendiente de resolución en el juzgado de primera instancia.
Una paz artificial
Mientras tanto, en Comodoro Py, el caso de Manuel Adorni arroja más novedades con el alquiler en dólares que pagó en el country Indio Cua mientras remodelaba la casa propia. El jefe de Gabinete comienza a sentir aquel viejo apotegma que reza que “la condena es el proceso”. En su entorno se percibe cierto cansancio.
Este martes, cuando se volvieron a ver las caras, Karina Milei y Patricia Bullrich dieron por sobreentendido que no había más margen para seguir discutiendo el reclamo -todavía no saldado- para que Adorni explique cómo hizo su patrimonio. La ex ministra de Seguridad movió el avispero la semana pasada y el jefe de ministros anunció que adelantaría su declaración jurada. Pero, a esta altura, están claras las prioridades de Adorni: la rendición de cuentas ante la sociedad está subordinada a la estrategia que despliega su abogado en los tribunales.
Las mujeres fuertes del Gobierno no tuvieron otra opción más que montar una paz artificial. Ambas entendieron que era necesario terminar con la conflictividad interna después de varias semanas de deterioro en los vínculos en el Gobierno. Lo mismo entendió Luis Caputo, que volvió a los encuentros de mesa chica después de cierta ofuscación porque trascendió su reproche sobre el “riesgo político”, un planteo que debía mantenerse en reserva.
Es que, con los sucesos de los últimos días, ya no se pregunta qué va a hacer el Gobierno en términos de gestión sino cuánto se pelearon sus principales figuras. Por cierto, el enojo de Adorni con la periodista Cristina Pérez, ¿puede impactar negativamente en la carrera electoral de su pareja, el diputado Luis Petri? El ex ministro de Defensa, que se saludaba con Javier Milei a los saltos, trabaja para postularse a la gobernación de Mendoza.
En el oficialismo algunos vieron un quiebre, que podría notarse en el viaje a la provincia cuyana que hoy hará el ministro coordinador, donde será recibido por el gobernador Alfredo Cornejo. Petri espera que todo siga como siempre. Milei compartió en X un mensaje suyo. Y el retuiteo es el más importante de los gestos presidenciales.
Los roces por el caso Adorni profundizaron la desconfianza interna en La Libertad Avanza (LLA). “Hace tiempo que distintos actores se mueven más por sus intereses personales que por la causa grupal”, se lamentó un importante colaborador oficial. Esa descomposición de las relaciones paralizó la gestión y generó dinámicas llamativas.
Respecto a la reunión de gabinete del pasado viernes, ampliamente comentada por los editorialistas dominicales, lo más llamativo no fue que Javier Milei defendiera a ultranza a Adorni o que frenara en seco a Bullrich. Lo más novedoso, a todas luces, fue que se filtrara toda la escena de manera tan detallada. La regla número uno en LLA es hacer silenzio stampa después de los encuentros de trabajo. Basta con recordar que el mandato de Milei, allá lejos, en el verano de 2024, comenzó con el despido de un ministro, el fallecido Guillermo Ferraro, acusado falsamente por una filtración de una reunión de gabinete.
“El Presidente tiene una emocionalidad importante”, dijo Bullrich, como broche de oro, sobre el temperamento presidencial. Un eufemismo que se sumó a lo que Guillermo Francos bautizó como la “vehemencia” de Milei.
Mientras baja la espuma con Bullrich, Karina y su troupe no deponen las armas con el otro frente de batalla: el que mantienen con Santiago Caputo. Es, a esta altura, el superclásico libertario. El estratega pegó el faltazo a la mesa política del martes con aviso, por un viaje importante. Y el karinismo le mandó un mensaje con la confirmación de Sebastián Pareja como titular de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia.
Todo un símbolo: la famosa “bica de inteligencia”, que vigila los fondos reservados, para el enemigo público de los caputistas de Las Fuerzas del Cielo. Pareja sacó pecho en X. “Tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para defender el funcionamiento de organismos fundamentales para la seguridad nacional”, escribió.
Fue, quizás, una devolución de gentilezas por el mal trago que pasó el karinismo al inicio de esta semana cuando se conoció un informe lapidario elaborado por el equipo del interventor de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches. El escrito fue presentado en la causa -en manos de Ariel Lijo– que investiga presuntas coimas en el organismo cuando estaba conducido por Diego Spagnuolo. Detalla sobreprecios obscenos en la compra de sillas de ruedas, prótesis y otros dispositivos médicos que se pagaron 20 veces más que, por ejemplo, en PAMI.
Tiene párrafos curiosos. Por caso, cuando se objeta la compra de insumos producidos en el exterior. “La insistencia en el uso de importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero”, dice el escrito que trascendió desde el expediente judicial.
Hay una auditoría anterior sobre la ANDIS de Spagnuolo todavía más contundente, que no se conoció públicamente. En el Gobierno creen que podría recargar demasiado las tintas sobre una causa que proyecta una sombra sobre Karina Milei y los Menem. La causa comenzó con el famoso audio del “3%”. La ANDIS depende del Ministerio de Salud que responde al ala de Santiago Caputo. Como el asesor y la hermana del Presidente no se hablan, quien está intermediando en toda esta trama es Adorni.
Otra situación curiosa de los últimos días: si bien hubo ministros que aseguraron que trabajaron “en conjunto” con el Ministerio de Economía para definir qué recortes sufrirían las partidas de sus carteras, alguno se desayunó sobre la poda en su área con el Boletín Oficial del lunes.
Pese a que la motosierra pasó por lugares sensibles, como las partidas educativas o los fondos para el sistema de salud, el Gobierno reforzó los créditos destinados al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de ANSES. Y hubo fondos para la Justicia. El Consejo de la Magistratura, cuyo titular es Rosatti, obtuvo $43.500 millones para el pago de sueldos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ese organismo detalló que disminuyeron los fondos para obras de infraestructura y adquisición de equipos militares. “En sentido contrario, se asignó un crédito de $22.000 millones para la adquisición de equipos de computación en la Corte Suprema de Justicia”, dijo la OPC.
En el Poder Judicial advierten que estos fondos, en rigor, se adeudaban desde marzo para afrontar el pago de sueldos. Pero está claro que todos los reflectores del Gobierno están puestos en el máximo tribunal. A la Corte no solo llegó el conflicto universitario: el Poder Ejecutivo también presentó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal para frenar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Por eso no resulta anecdótico que Santiago Caputo tenga cruces públicos con Rosatti en redes sociales. La pelea, dicen los que conocen al consultor, se volvió muy personal. El asesor persuadió a Javier Milei de que hoy el eje de poder en la Corte cambió, porque -a diferencia del año pasado- ahora Rosenkrantz estaría más cerca de Lorenzetti. A Karina Milei, en cambio, su equipo judicial le explica que cualquier fallo necesitará del voto unánime de los tres cortesanos, porque sino deberán convocar a conjueces.
Uno y otro bando se quieren colgar la cucarda por el fallo del juez federal de La Pampa, Juan Baric, que rechazó la cautelar que pedía suspender la Ley de Glaciares. Baric es muy cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, del riñón de Karina. Mientras sigue mandando pliegos al Senado para poblar la Justicia, la hermana del Presidente sigue aprendiendo a utilizar la botonera judicial.
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Pese la indefinición del calendario electoral, en Casa Rosada evalúan los escenarios con los que se encontrará La Libertad Avanza en la pelea por la reelección de Javier Milei rumbo a las presidenciales de 2027. Si bien hay coincidencias en las posturas sobre el desempeño electoral, que vaticinan positivo, existen diferencias en torno a las lecturas sobre la elección que se viene.
“Veo más un escenario de tercios entre el peronismo, Javier Milei y una oferta más centrista”, sostuvo una fuente que transita habitualmente los pasillos de Casa Rosada. La afirmación difiere de la postura que se le atribuye a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien detectaría un escenario de cuartos o quintos, con fuerte presencia del voto blanco.
Lo cierto es que no se esperan definiciones en clave electoral hasta después del Mundial 2026, que inicia este jueves y concluye el 19 de julio, pero crecen las versiones que postulan a Mauricio Macri como potencial candidato presidencial. No solo persiste el reclamo de los dirigentes del PRO para que suceda sino que el exmandatario se mueve en consecuencia: hace pie en el interior del país y tiende puentes con gobernadores distantes a la Casa Rosada. En paralelo, cobra fuerza la posibilidad de que el empresario Jorge Brito decida competir y en eso trabaja Emilio Monzó, que concentra energías en la puesta en pie del armado.
Sin embargo, otras voces del ecosistema libertario rechazan el postulado surgido del mismo espacio al sostener que no ven lugar para opciones de centro y anticipan un nuevo escenario de polarización. “Es continuidad o retroceso. No veo lugar para la ancha avenida del medio. Va a ser una batalla entre modelos de país”, definió un alfil violeta ante este medio que detecta que en 2027, La Libertad Avanza se medirá directo con el peronismo que atraviesa su propia disputa interna.
En el corazón del espacio fundado por el mandatario y liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, garantizan que la campaña que llevará adelante el sello estará basada en la gestión y remarcan que el repunte de la economía posibilitará los deseos por otros cuatro años. La expectativa de que la mejora económica impulse las chances electorales constituye otra de las coincidencias.
Al margen de la puja interna que atraviesa al Gobierno, la ilusión por la potencial recuperación económica -aferrados al deseo de que así suceda- es transversal a la plana del poder, quienes alertan además que los efectos de las medidas adoptadas en el último tiempo presentan un retraso de algunos meses. La preocupación gira en torno a que el tiempo restante hasta los comicios sea suficiente para llegar competitivos a 2027.
Con la oposición fragmentada, el oficialismo detecta una ventaja en la competencia electoral y minimiza el reciente deshielo entre los actores centrales del peronismo. El incipiente acercamiento entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el titular del Partido Justicia bonaerense, el diputado Máximo Kirchner por la organización del homenaje al Carlos “El Indio” Solari tras su reciente fallecimiento pareció no sobresaltar a los libertarios. “Estaba dentro de lo posible”, graficó un armador del espacio.
“No nos preocupa porque contamos con que al final de la carrera terminan juntos”, sostuvo un alfil violeta. “El grado de internismo en el peronismo es inversamente proporcional a sus chances de éxito”, coincidió una importante voz con acceso al despacho presidencial.
En Balcarce 50, más de un integrante de la mesa política fantasea con que persistan en 2027 las diferencias entre la gobernación y la conducción que encarna la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, descuentan que, en etapa de cierre de listas, el peronismo competirá en unidad. “Naturalmente creemos que el peronismo se va a unir. Que suceda antes o después no cambia nada. No vemos al peronismo yendo dividido. Si se unen podrían habilitar una segunda vuelta”, sostuvo una fuente con peso territorial.
Como contó este medio, en el oficialismo admiten que lo prefieren a Kicillof como el candidato de la oposición ante un eventual balotaje. “Si bien Kicillof es el peronista mejor posicionado, también es la mejor opción para competir con Milei ante un eventual balotaje. La alternativa tiene que ser lo más kuka posible”, se expidieron.
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Milei espera los pliegos del Senado para designar a 73 magistrados, pero evitará firmar el de la jueza Michelli
El Gobierno espera la llegada formal de los pliegos judiciales aprobados por el Senado para comenzar a firmar las designaciones de jueces. En el Ejecutivo aseguran que el Congreso todavía no envió las comunicaciones correspondientes y remarcan que, hasta que eso ocurra, no puede avanzar con los decretos de nombramiento.
En la Casa Rosada sostienen que los tiempos de firma se definirán políticamente una vez que los expedientes lleguen a la secretaría de Legal y Técnica. “No hay urgencia, se van a ir firmando a medida que lleguen”, expresan en el oficialismo. Cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirman que los pliegos todavía no fueron comunicados a Nación y explican que el trámite requiere la firma de la presidenta del Senado y de la Secretaría Parlamentaria.
El proceso quedó abierto después de la sesión en la que la Cámara alta aprobó 74 pliegos judiciales, incluido el de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que Javier Milei había pedido retirar. El Senado le dio acuerdo pese al rechazo de la Casa Rosada, pero sin el decreto presidencial la magistrada no puede asumir el cargo.
En el Gobierno mantienen la postura de que Milei no planea firmar la designación de Michelli. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por descontado que el Presidente mantendrá demorado ese decreto, aun cuando llegue la comunicación formal del Senado. En Balcarce 50 sostienen además que el tribunal para el que fue propuesta todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.
La lectura oficial es que el acuerdo del Senado no obliga al Presidente a firmar de inmediato el nombramiento. En despachos del Ejecutivo mencionan como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, cuyo pliego había sido aprobado en 2011 para asumir como camarista federal en San Martín, pero cuyo decreto de designación no fue firmado por Cristina Kirchner. El postulante terminó renunciando a la candidatura. “Con un poco de presión, cede”, agregan.
Mientras tanto, la Casa Rosada busca sostener el ritmo de cobertura de vacantes judiciales. En el Ejecutivo preparan nuevos envíos al Senado y siguen con atención la discusión de otros pliegos que ya están en trámite en la Comisión de Acuerdos. El oficialismo quiere avanzar con cargos menos conflictivos y dejar para más adelante los expedientes federales de mayor sensibilidad política.
La Comisión de Acuerdos del Senado abrió esta semana una nueva etapa con siete candidatos. Entre ellos figuran Leopoldo Rago Gallo, propuesto para continuar al frente del Juzgado Federal 2 de San Juan, y seis postulantes para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Víctor Pesino, María Claudia Jueguen, Marina Pisacco, Diego Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro.
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El nombre que concentra mayor tensión es Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo. El peronismo, gremios y abogados laboralistas cuestionan su continuidad por fallos vinculados a la reforma laboral y a la intervención de la UOM. Patricia Bullrich salió a defenderlo durante la audiencia pública y anticipó que La Libertad Avanza acompañará su pliego.
En el Senado, además, siguen sin dictamen otros nombres observados. Entre ellos aparecen los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero Pablo Toviggino. También permanece trabado el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por sectores de la UCR y el PRO por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y Justicia Legítima.
La Casa Rosada también mira el plenario del Consejo de la Magistratura convocado para este miércoles. El temario incluye concursos para juzgados federales y cámaras sensibles, entre ellos el Juzgado Federal 2 de La Plata, el Juzgado Federal 1 de Corrientes, juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En despachos oficiales advierten que los cargos federales más sensibles quedarán para más adelante. “Son los pliegos más complicados, que van a quedar para fin de año”, sostienen en Nación. La estrategia oficial es avanzar primero con tandas menos expuestas y ordenar después los expedientes que requieren acuerdos más amplios con bloques dialoguistas, gobernadores y sectores judiciales.
La agenda judicial tendrá además un capítulo internacional en los próximos días. Está confirmado el viaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a París para exponer ante el GAFI las políticas de la Argentina contra el lavado de dinero. Integrará una comitiva de la que también participarán el juez federal Ariel Lijo, el juez federal Sebastián Casanello, el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la UIF, Matías Álvarez, el coordinador nacional antilavado, Agustín Flah, y funcionarios del Banco Central y ARCA, entre otros organismos.
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El capítulo judicial se cruza con la agenda legislativa de junio. El Gobierno convocó a una nueva reunión de mesa política para el jueves, en la que buscará ordenar poroteos, nuevos envíos y prioridades en Diputados y el Senado. La Casa Rosada quiere avanzar con el Súper RIGI, la ley de lobby, Inocencia Fiscal, desregulación, cambios en competencia y otros proyectos que todavía siguen en revisión.
El Ejecutivo acelera en paralelo el proyecto de juicio por jurados. En Nación sostienen que el texto está “casi terminado”, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y que lo trabajan los equipos técnicos de Legal y Técnica. La iniciativa forma parte de la agenda institucional que el Gobierno tiene en carpeta desde hace meses y que busca enviar al Congreso en el corto plazo.
La reforma de juicio por jurados ya había estado incluida en la primera versión de la Ley Bases, pero luego fue retirada de la discusión parlamentaria. El borrador establecía el sistema en la justicia federal para delitos con pena máxima mayor a cinco años de prisión o reclusión, con jurados de 12 miembros titulares, al menos dos suplentes, integración paritaria y un juez encargado de dirigir el debate.
Gobierno, pliegos
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A un año de que la Corte dejó firme la condena, la Justicia no pudo decomisarle ni un peso a Cristina Kirchner
A un año de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo, a pesar de que ordenó recuperar unos 685.000 millones de pesos.
Hoy esa parte del caso volvió a la Corte Suprema, que debe resolver si rechaza el último recurso de Cristina Kirchner y avanza con el remate de sus bienes mediante una plataforma digital por internet.
La expresidenta evitó que sus bienes sean alcanzados por el decomiso porque presentó una catarata de recursos judiciales en el Tribunal Oral Federal 2 que la condenó, en la Cámara Federal de Casación Penal y ahora -otra vez- en la propia Corte.
La última batalla es por 111 bienes que identificaron el fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola para que sean tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. Resta otro grupo de bienes identificados por la fiscalía que están siendo objeto de un trámite en el tribunal oral.
El rechazo del recurso extraordinario por parte de la Cámara Federal de Casación confirma definitivamente la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.
Con el recurso rechazado, el fallo del posible decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato. Sin embargo, Cristina Kirchner fue a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, que difícilmente prospere.
Además de seis años de prisión, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados.
Pero, entre ellos, los únicos que tienen bienes cuantiosos son Cristina Kirchner y sus hijos, pues los activos de Lázaro Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que tiene por lavado de dinero, en la causa de la Ruta del Dinero K.
La decisión de rechazar el recurso extraordinario fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme la decisión de avanzar con la ejecución de los bienes. La defensa de Cristina Kirchner argumenta que muchos de ellos fueron adquiridos antes de los hechos que motivaron la condena.
Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra la sentencia que había confirmado la ejecución de bienes para hacer efectivo el decomiso en la causa Vialidad.
En el caso del recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, los tres integrantes de la Sala coincidieron en declararlo inadmisible. En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte. El juez reiteró el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.
Por su parte, el juez Diego Barroetaveña adhirió al voto de Hornos. Consideró que los agravios de las defensas se limitaban a expresar desacuerdos con lo decidido y que no planteaban una controversia federal concreta sobre el alcance de normas constitucionales. También entendió que no se verificaban supuestos de arbitrariedad que justificaran la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte.
El juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner. Sin embargo, mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos presentados por Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.
Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia que ordena concretar el recupero de los 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que impuso las condenas le mandó un oficio a la Corte Suprema para avanzar con el asunto. Quiere saber si, en función de las normas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés de la propia Corte para su utilidad o del Consejo de la Magistratura.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu —que condenó a la expresidenta y está a cargo de ejecutar la sentencia— pidió a la Corte que se resuelva si algún bien “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
La tobillera
En tanto, la expresidenta reclamó a un año de su condena, que es el tiempo que lleva cumpliendo arresto domiciliario en su casa de San José 1111, que le saquen la tobillera electrónica, amplíen su régimen de visitas y la dejen salir a la terraza.
Pero el fiscal Luciani se opuso y la semana pasada fracasó el último intento cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.
Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.
En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el tribunal autorizó su uso dos horas al día entre las 6 y las 20. En su última resolución, consideró que Cristina Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.
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