El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires publicó un informe que advierte sobre el recrudecimiento y la complejización de las violencias por razones de género durante el período 2024-2025, en un escenario que describe como marcado por el deterioro de las condiciones materiales de vida, el debilitamiento de políticas públicas nacionales y la creciente legitimación de discursos de odio. El documento, elaborado a once años de la primera marcha #NiUnaMenos, cruza datos cuantitativos del Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) de la provincia y de la Línea 144 PBA con testimonios de 25 trabajadoras y trabajadores del organismo provincial.

La violencia doméstica representó el 91% de las situaciones registradas en 2024 y el 93% en 2025, es decir, 9 de cada 10 casos abordados por el Ministerio. Los datos del RUCVG muestran que las situaciones se concentran principalmente en vínculos sexoafectivos actuales o finalizados: en 2025, las exparejas fueron responsables del 54% de los casos, mientras que las parejas actuales lo fueron en el 41% restante de los vínculos relevados. La convivencia con la persona agresora también creció levemente, pasando del 35% en 2024 al 36% en 2025.

Entre los hallazgos que el informe identifica como transformaciones recientes, la violencia digital registró uno de los mayores crecimientos. Las conductas orientadas a perturbar, intimidar o acosar de manera sistemática a través de entornos digitales aumentaron un 75% interanual, y en 2025 estuvieron presentes en el 78% de las situaciones de ese tipo relevadas, representando el 15% del total de casos abordados, casi el doble del 8% registrado en 2024. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento creció un 96% de un año a otro, y las trabajadoras entrevistadas reportaron casos vinculados a la generación de imágenes mediante inteligencia artificial: “Nos llaman personas de 16 o 17 años contando que aparecieron imágenes de ellas y las están difundiendo en redes sociales”, señaló una profesional de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencias por Razones de Género.

El informe parte de una premisa: sostiene que las violencias por razones de género no pueden analizarse de manera desvinculada de las condiciones materiales de existencia ni del contexto político, social y cultural en el que se producen. En ese marco, señala que desde diciembre de 2023 Argentina atraviesa un proceso de profundización de un modelo que amplía las brechas de desigualdad, a partir del desmantelamiento de estructuras institucionales orientadas a la protección social, especialmente aquellas destinadas al abordaje de problemáticas como las violencias de género. El avance de discursos que niegan esas desigualdades, según el documento, no solo tiene efectos simbólicos sino también consecuencias concretas en la intensificación de las violencias.

La violencia física, presente en el 55% de las situaciones en ambos años, adquirió formas más graves: los estrangulamientos y asfixias registraron un aumento interanual del 30%, y las privaciones ilegítimas de la libertad crecieron un 9%. Los equipos entrevistados describieron dinámicas más rápidas e intensas, con agresiones sostenidas en el tiempo. “Vemos la sistematicidad de las violencias, que rozan lo tortuoso. Tenemos muchos relatos de violencia física, psicológica y sexual donde varones muy jóvenes sostienen la violencia a lo largo del tiempo con una táctica”, indicó una trabajadora de la Dirección de Dispositivos Territoriales de Protección Integral.

El informe también registra una escalada más veloz en vínculos de corta duración. Las situaciones en relaciones de entre uno y once meses tuvieron un incremento interanual cercano al 50%, y la violencia sexual se presentó en el 53% de los casos donde el vínculo con la persona agresora tenía menos de un mes de antigüedad, frente a un promedio general del 14,8% en 2024. Una profesional del RUCVG vinculó el inicio de esa transformación con la pandemia de COVID-19: “Cuando empecé a atender recibía situaciones de relaciones de pareja de larga data; de 20, 30 años. A lo largo del tiempo, se empezaron a acortar esas brechas. En la pandemia hubo una explosión de chicas ‘sub25’ llamando a la Línea 144, que contaban que hacía tres meses que se veían con un chico y que las había ahorcado”.

La precarización económica aparece en el documento como un factor estructural que profundiza la dependencia de las personas en situación de violencia respecto de sus agresores. La proporción de mujeres y LGTBI+ que percibía algún programa o asignación estatal cayó del 17% en 2024 al 15% en 2025. El ex programa Potenciar Trabajo pasó de registrar 66 personas en 2024 a 34 en 2025, una reducción interanual del 50%, y en 2025 no se registraron nuevas altas de quienes percibieran el Programa Acompañar. “La plata es lo que más entorpece cualquier estrategia para ponerse al resguardo. Si no tenés plata, ni siquiera podés tomarte el micro para ir a hacer la denuncia”, señalaron trabajadoras de la Dirección de Políticas de Prevención, Articulación Interinstitucional y con Organizaciones Sociales.

La sobrecarga de tareas de cuidado también se agravó: la proporción de personas en situación de violencia que realiza esas tareas pasó del 35% en 2024 al 41% en 2025, un incremento interanual del 19%. El 70% tiene hijas e hijos, y el 80% de ellas convive con ellos. El informe advierte que las dificultades para compatibilizar responsabilidades domésticas y trabajo remunerado constituyen uno de los principales obstáculos para construir autonomía económica.

Respecto de los discursos de odio, los equipos entrevistados describieron un proceso de “apertura de compuertas” discursivas desde 2023, en el que expresiones antes contenidas por consensos sociales encontraron, según sus testimonios, legitimidad institucional. Las trabajadoras coincidieron en que esos discursos operan como mecanismos de legitimación de la crueldad y desalientan las denuncias. Entre las medidas que, según las entrevistadas, contribuyen a ese efecto, mencionaron el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género. “La modificación del Código Penal va a hacer que las personas agresoras tengan una herramienta más para decirle a las víctimas: ‘te voy a denunciar por falsa denuncia’”, advirtió una trabajadora de la Dirección de Violencias Diferenciadas.

En cuanto a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, el informe señala una disminución relativa en 2025: 78 víctimas, frente a 98 en 2024 y 95 en 2023. No obstante, advierte sobre una transformación en las dinámicas de esas muertes. La proporción de homicidios dolosos de mujeres catalogados como femicidios descendió del 71,4% en 2023 al 60,5% en 2025, lo que el documento interpreta como una posible pérdida de perspectiva de género en las investigaciones judiciales.

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El juez Carlos “Coco” Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, envió una nota al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, en la que reclamó la adopción de medidas que castiguen como una falta grave el intercambio de información o “favores” entre magistrados y periodistas.

Según el documento, al que tuvo acceso TN, estas prácticas serían luego utilizadas por el periodismo como “fuentes judiciales no revelables que raramente se ajustan a la realidad”, aseguró el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Mahiques criticó lo que denominó “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”. En ese sentido, consideró que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” constituye una exigencia republicana que se ve vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.

Todo esto, aseguró Mahiques, tiene un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.

Mahiques propuso entonces que la Cámara debata “la amenaza entrañada en un fenómeno tan distorsivo como peligroso para la institucionalidad” y sugirió la instalación de una vocería u organismo de prensa propio del tribunal para sistematizar y difundir sentencias y resoluciones “desde una fuente rigurosa, confiable y oficial”.

Para el camarista, hay comunicadores “epígonos”, que se dedican a habar de magistrados “con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.

En la nota Mahiques también cuestionó las relaciones personales entre jueces y periodistas y abogó por incorporar a los reglamentos normas que sancionen éticamente ese tipo de intercambios.

El magistrado adelantó que evalúa tomar medidas para cualquier cosa que se diga sobre él. “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”, sostuvo al respecto.

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En esa línea, Mahiques aseguró que “los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.

El camarista, quien recientemente obtuvo la prórroga de su permanencia en el cargo gracias a un pliego enviado por el presidente Javier Milei al Senado, integra el tribunal desde un traslado administrativo aprobado en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.

Carlos Mahiques, periodismo, casación penal