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Batalla con las universidades: la cerrazón del Gobierno tensiona a la Corte y no destraba el tema en el Congreso

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La cerrazón del Gobierno -que tiene máxima expresión en el caso Adorni- terminó de instalar la batalla con las universidades públicas como cuestión de impacto en los otros dos poderes del Estado. Después de la masiva marcha de esta semana en reclamo del financiamiento dispuesto por ley, el oficialismo se mostró intransigente, aunque enredado en su propio juego. La tensión se corrió a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre una cautelar, sin plazos pero con renovado foco sobre sus pasos: intercambio interno de opiniones y reuniones formales, como la de este jueves. Y todo indica que su definición sería gravitante para las chances de una negociación efectiva del oficialismo con los rectores, mientras el tema sigue sin pulso en el Congreso.

Al menos de momento, la pelea con las universidades empató los temores o inquietudes del Gobierno por otras señales que pueden llegar desde la Justicia. En el caso del jefe de Gabinete, los capítulos se suman a diario y se fue añadiendo la especulación sobre una citación al funcionario. Y en cuanto a las universidades, algunos hasta dan casi por seguro una decisión de la Corte que imponga, de hecho, la obligación de girar fondos en función de la ley que el Ejecutivo no cumple argumentando que la norma no incluye el recurso presupuestario.

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En el máximo escalón judicial, como es tradición, incomoda quedar en el centro de una disputa que no pudo ser superada en el terreno político. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además, fueron apuntados por el Gobierno debido a su condición de docentes universitarios, lo cual fue interpretado como una chicana para tratar de estirar los tiempos. Como se sabe, el recurso extraordinario del Ejecutivo intenta extender el freno a la ley de financiamiento de las universidades públicas.

La UBA solicitó formalmente a la Corte que resuelva lo antes posible el tema, para evitar que se agrave la situación crítica en materia presupuestaria. En paralelo, se dejó trascender que no fue evaluada la alternativa de una concentración frente a los Tribunales. El límite sería el pedido de celeridad. A nadie escapa -y en especial, a ninguno de los jueces- que quedaron expuestos como pieza central de una pelea de carácter nacional.

La manifestación del martes tuvo ese sentido: fue dura contra el Gobierno y, de hecho, marcó la expectativa sobre la suerte judicial de una ley sancionada, vetada y sostenida finalmente por el Congreso en contra de la decisión presidencial. Fue masiva la demostración en Plaza de Mayo, que superó los alineamientos partidarios y sindicales. También expuso alcance geográfico: movilizaciones en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Jujuy, Resistencia, Corrientes. Expuso que el tema universitario -y educativo, en sentido más amplio- no es intrascendente ni limitado a los directamente afectados. Tampoco es un cheque en blanco para las autoridades de las universidades.

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El Gobierno descalificó antes y después la marcha. Lo hizo además en un contexto de nuevo ajuste de cuentas para mantener superávit. Y eso mismo, entre otras interpretaciones, ratificó el peso de Economía sobre cualquier área a la hora de negociar. Es un dato, cuando desde el Gobierno surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar las conversaciones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.

Alejandro Alvarez, el funcionario del Gobierno para la pelea con las universidades públicas

Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a jugar como voz oficial en este terreno. Después de días repitiendo que el reclamo en la calle era una movida “política” -nada original, escuchado en otras gestiones-, dijo que más allá del número de personas que se movilizaron el martes, el límite sigue siendo presupuestario. “La ley nació muerta”, dijo. La versión sobre la posibilidad de negociar apuntó a que antes corran algunos días. Se verá, por supuesto, si se espera la decisión de la Corte.

Cualquier movimiento debería tener correlato en el Congreso. Es significativo: el intento de negociar una nueva ley de financiamiento universitario debería contar con consenso amplio para encontrar una fórmula que destrabe el conflicto. Hasta ahora, el intento inicial del Gobierno quedó en la nada, paralizado en Diputados.

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La nueva tanda de poda presupuestaria volvió a marcar el eje del Gobierno. Y ese es un dato central a la hora de negociar. Una decisión de la Corte será determinante en ese plano, porque según su sentido podría acelerar o estirar los tiempos para sentarse a negociar con los rectores.

El panorama legislativo está cruzado por incertidumbres en el oficialismo y en la amplia franja de la oposición más dura, los dialoguistas y hasta los socios de LLA. Un paño en el que también juegan los gobernadores, que en su mayoría buscan sostener los puentes con el Gobierno, pero están complicados por la caída de la coparticipación, de otros fondos nacionales y de la recaudación local. El nuevo ajuste sorprendió por su alcance a los jefes provinciales: algunos ven tambalear acuerdos alcanzados trabajosamente como parte de las tratativas por la reforma laboral.

Son variadas las señales de fragilidad en el Congreso. En los espacios más enfrentados con el Gobierno, resultó notoria y a la vez esperable la decisión de postergar una semana la convocatoria a sesión de Diputados para poner en marcha una interpelación al jefe de Gabinete. En la vereda violeta, las internas complican incluso algunas negociaciones con dialoguistas: acaba de ocurrir en el Senado con la reforma electoral, como consecuencia de las tensiones entre Karina Milei y Patricia Bullrich.

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El caso de Adorni tiñe buena parte de los movimientos del Gobierno, que desde hace más de dos meses repite intentos para recuperar el manejo de la agenda política. La última reunión de la mesa política del oficialismo pareció calcada de otras anteriores, pero con menos énfasis: reiteró el respaldo al jefe de Gabinete, aunque sin la foto de rigor y la ausencia de Santiago Caputo, y volvió a hablar de iniciativas para mover al Congreso. Se verá si reaparece el capítulo universitario.

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2° Congreso Internacional de Control Gubernamental: Iberoamérica debate cómo anticiparse a los errores del Estado

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Buenos Aires será durante tres días el escenario de una discusión que atraviesa a los gobiernos de toda Iberoamérica: cómo controlar mejor al Estado antes de que los problemas ocurran. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reunirá a organismos de control de más de una decena de países en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental.

Durante décadas, buena parte de la discusión sobre el control público estuvo asociada a una pregunta sencilla: ¿qué pasó y quién fue responsable?

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Ahora la pregunta empieza a ser otra: ¿qué puede hacerse para evitar que pase?

Ese cambio de mirada atraviesa a los sistemas de control interno de distintos países de Iberoamérica y será uno de los ejes del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que organizará SIGEN entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio Libertad.

El encuentro será encabezado por Alejandro Díaz, síndico general de la Nación, y contará con la participación de autoridades y especialistas de organismos de control de América Latina, España y Portugal, además de ministros y funcionarios del Gobierno nacional y representantes de organismos internacionales.

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El histórico edificio de la Sindicatura General de la Nación

La discusión no es menor. Los indicadores internacionales muestran que la región todavía tiene un largo camino por recorrer en materia de integridad pública.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International ubicó el promedio mundial en 42 puntos sobre 100. Pero detrás de ese número hay realidades muy diferentes. Uruguay obtuvo 73 puntos; Chile, 63; Costa Rica, 56. Argentina alcanzó 36; Brasil, 35; Colombia, 37; Perú, 29; Bolivia, 28; México, 26 y Paraguay, 23.

El índice no mide la eficacia de los sistemas de control interno. Pero sí ofrece una fotografía del contexto institucional en el que esos sistemas deben funcionar. Y la conclusión es difícil de esquivar: la transparencia, la integridad y la capacidad de prevenir y detectar irregularidades siguen siendo desafíos centrales para los Estados de la región.

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Por eso el control interno está cambiando.

Ya no se trata solamente de revisar expedientes, comprobar procedimientos o detectar un incumplimiento cuando la decisión ya fue tomada. El nuevo paradigma busca identificar riesgos, anticipar desvíos, analizar información y generar alertas antes de que un problema termine convirtiéndose en un daño para el Estado.

Alejandro Díaz, Titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)

La tecnología está acelerando ese proceso. El análisis masivo de datos, las herramientas digitales y, más recientemente, la inteligencia artificial permiten imaginar auditorías capaces de procesar volúmenes de información que hasta hace pocos años resultaban imposibles de abordar manualmente.

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El desafío, sin embargo, no es solamente tecnológico. También es institucional.

Argentina tiene desde 1992 un sistema de control interno estructurado a partir de la Ley 24156. La norma convirtió a la Sindicatura General de la Nación en el órgano rector del sistema de control interno del Poder Ejecutivo Nacional y estableció una red de Unidades de Auditoría Interna en los distintos organismos.

La particularidad del modelo es que el control no aparece como una responsabilidad exclusiva del auditor. La máxima autoridad de cada organismo tiene responsabilidad sobre su propio sistema de control interno, mientras SIGEN ejerce la rectoría, supervisión y coordinación del sistema.

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La Argentina no está sola en este proceso. Brasil cuenta con un sistema federal que articula gestión de riesgos, controles internos y auditoría interna. Chile desarrolla un modelo con énfasis en riesgos y prevención. Colombia, Perú, México y Paraguay también cuentan con marcos específicos destinados a fortalecer los sistemas de control interno de sus administraciones.

Son modelos diferentes. Pero detrás de sus diferencias aparece una coincidencia: el control del siglo XXI tiene que llegar antes.

Ese será precisamente uno de los temas centrales del Congreso que organizará SIGEN en Buenos Aires.

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La Sindicatura General de la Nación reunirá a organismos de control de más de una decena de países en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental

Durante tres jornadas se discutirán gobernanza e integridad, gestión de riesgos, auditoría interna, evaluación de políticas públicas, participación ciudadana, transformación digital e inteligencia artificial aplicada al control.

La presencia de autoridades del Gobierno nacional también permitirá vincular el debate técnico sobre control interno con los desafíos concretos de la gestión pública. Participarán ministros y funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

Pero la dimensión del encuentro excederá ampliamente el ámbito argentino. Representantes de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, Honduras y Brasil, junto con autoridades y especialistas de España y Portugal, participarán de las distintas actividades. También estarán presentes referentes de la Unión Europea, la OCDE, el FMI y el Institute of Internal Auditors (IIA), además de reconocidos periodistas y representantes de organismos y entidades internacionales especializados en transparencia, integridad y fortalecimiento institucional.

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Uno de los momentos centrales será la conformación de la Red Iberoamericana de Organismos de Control Interno Gubernamental (Riocig), un espacio destinado a fortalecer la cooperación, el intercambio de experiencias y la construcción de buenas prácticas entre las instituciones de control de Iberoamérica.

La iniciativa busca que el encuentro tenga continuidad más allá de las tres jornadas del Congreso: compartir metodologías, comparar experiencias, identificar riesgos comunes y desarrollar respuestas frente a problemas que muchas veces atraviesan a los Estados más allá de sus fronteras.

Una de las muestras itinerantes en el hall de ingreso de la SIGEN

La convocatoria también despertó un fuerte interés académico y profesional: se recibieron más de 60 ponencias de especialistas, investigadores, auditores y funcionarios vinculados al control gubernamental.

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La apuesta es que el control interno deje de ser visto exclusivamente como una instancia posterior de fiscalización y se consolide como una herramienta de prevención, integridad, gestión de riesgos y mejora de las políticas públicas.

Porque en tiempos de inteligencia artificial, grandes volúmenes de información y administraciones públicas cada vez más complejas, el viejo modelo de esperar a que el problema ocurra para después explicarlo empieza a quedar atrás.

El desafío es otro: que el control llegue antes.

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La presión que pesa sobre Milei, la disputa que anticipan en 2028 y la próxima elección que mira el Gobierno

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Javier Milei reunió el lunes pasado a todo su Gabinete en la Casa Rosada. Entró al Salón Eva Perón con un aire rampante, cuentan asistentes de la cumbre. El cambio de agenda que había logrado realizar con su cadena nacional por Malvinas había tenido repercusión internacional y consideraba que, al menos por un rato, la discusión pública sobre la marcha de la economía se había calmado. Tal vez no esperaba que en ese mismo encuentro se levantara una mano para volver a mencionar ese tema. Quien dispuso una discrepancia respecto a cierto ánimo optimista fue Patricia Bullrich: ponderó de buena manera las medidas por Malvinas, pero advirtió que no había que descuidar la agenda vinculada a la reactivación económica.

La respuesta fue tajante, tanto de Milei como de Luis Caputo. “No vamos a tocar ninguna palanca”, esgrimió uno de ellos. Aunque en las últimas semanas se dejaron trascender las dudas del ministro económico sobre ciertas decisiones políticas, quienes transitan la diaria de la gestión afirman que el dúo parece incólume. “Yo los veo iguales, con la misma posición. Cuando Patricia les hizo ese comentario ninguno de los dos reaccionó. Coincidieron en ser intransigentes y no tocar el modelo”, comentó otro de los integrantes del encuentro.

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La sintonía parece estar incluso mejor que en otras semanas. Milei se reunió con Caputo en la Quinta de Olivos un día después de haberle festejado el dato de inflación de agosto, que logró bajar 0,2 puntos porcentuales en la variación intermensual. El Presidente encuentra en esos encuentros una suerte de oasis donde puede validar sus propios sesgos y dar cuenta de que su hoja de ruta avanza según lo planeado, distinto a lo que se publica en medios de comunicación respecto al nivel de actividad, la dinámica del empleo formal o los números de morosidad.

Una persona que lo conoce como nadie lo explica de la siguiente manera: “Javier tiene bien claro que las operaciones son una constante y que van a venir. No le sorprende absolutamente nada. Ni lo de ANDIS, ni lo de Adorni, ni lo de Cerimedo. Así que eso lo tiene naturalizado. Sí le rompe los huevos que lo critiquen porque no baja más rápido la inflación o que le hagan lecturas fakes con la economía. Eso sí le importa”.

Javier Milei se abraza con Luis Caputo

Esta lectura es extendida en el Gobierno. A partir de esa circunstancia, cada cual juega su partida. Hay quienes eligen el camino de la genuflexión y prácticamente no realizar ninguna crítica a la política económica, mientras que otros la miran y, siempre en privado, hacen sus salvedades marcando sus preocupaciones de cara al año que se viene.

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Entre los segundos hay referentes que, ante Infobae, han dicho que ven al Presidente cansado del desgaste mediático que recibe su programa económico. “Le está pesando esta parte de la gestión”, admite en estricta reserva un referente que camina a su lado desde su lanzamiento político. Otros creen diametralmente lo contrario: “Me parece que se la está bancando bastante bien para el nivel de crítica que está teniendo. Sabe que hay cada vez más integrantes del círculo rojo que lo quieren bajar. Tiene la guardia alta porque sabe que está bajo mucha presión”.

Tal vez por eso no sea casualidad que después de festejar el número del IPC de agosto, Milei escribiera un texto destacando a los arqueros de fútbol, a quienes describió como figuras que no tienen margen para el error ni la distracción y que, por ende, deben tener “una voluntad de hierro para seguir luchando con uñas y dientes para defender a los suyos”.

El nivel de la inflación es la validación que recibieron Milei y la mesa económica del Gobierno luego de que el INDEC publicara el día anterior la retracción de la industria y la construcción durante el mes de julio, que volvió a hacer sonar las alarmas de quienes apuntan sobre la sostenibilidad de las políticas actuales. Esos números son los que validan la lectura de quienes, puertas adentro, miran la viabilidad política del Gobierno para continuar en esa senda.

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Tuit de Javier Milei publicado el jueves por la tarde, luego del dato de inflación del INDEC

Yo no tengo tan en claro que la reelección esté tan asegurada si la economía sigue como está. Somos los mejores cuando mostramos la baja de la inflación, pero esto es a costa de la contracción económica”, sentencia una fuente de primerísima línea de la Casa Rosada. No significa que Milei y Caputo crean que sea fácil conseguir el segundo mandato. La diferencia refiere a la intransigencia que se debe mantener respecto a la hoja de ruta ya trazada por el Presidente.

Mientras transcurren ciertos dilemas, la temporada de elecciones está más cerca de lo que parece. Aun así, no están establecidas ni se van a formalizar las alianzas con diferentes gobernadores o espacios políticos. Eso no se hará hasta los primeros meses del 2027. En todo caso, el armador nacional Lule Menem quiere generar principios de entendimiento con los gobernadores y no algo formal. El motivo es simple: el Gobierno solo podría hacerlo ex ante si los jefes provinciales ceden demasiado sus pretensiones, algo que no están dispuestos a hacer dado que no se sabe cuál será el poder relativo de los dos en los próximos meses. Lo mismo sucede en el caso opuesto.

Karina Milei ve que hay gobernadores aliados que “están jugando muy bien” con el Gobierno. En su entorno mencionan a Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), por decir algunos. Hay otros que son bien percibidos por la Casa Rosada, pero que tienen alianzas estructuradas en sus propios distritos que hacen difícil poder generar una conversación más franca. El caso paradigmático es el de Raúl Jalil, a quien su alianza táctica con referentes del kirchnerismo en el plano local le limita el vuelo que desearía para aliarse con los libertarios.

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Una de las pocas certezas que existen es que La Libertad Avanza quiere jugar fuerte en aquellas provincias con gobernadores cercanos al kirchnerismo, que son actualmente cinco. La derrota parece asegurada en Formosa, donde Lule intervino el partido provincial y no hay un candidato con capacidades reales de ganar. En la Provincia de Buenos Aires buscan ser optimistas, pero no son pocos los que ven cada vez más difícil la posibilidad de vencer al oficialismo kirchnerista.

Si los Milei quieren jugar fuerte para ganar La Rioja deberán pedirle a Martín Menem que se presente como candidato a la gobernación: el titular de Diputados lo hará si se lo piden y en su entorno creen que tiene chances concretas. La cúpula del partido nacional no se decide si la boleta en Tierra del Fuego será encabezada por el diputado nacional Santiago Pauli o el senador Agustín Coto.

Karina Milei y Martín Menem

Pero esta semana hubo efectos negativos en la percepción de La Libertad Avanza en La Pampa, donde quiere presentarse el vocero presidencial Adrián Ravier. Paradójicamente, fue por un decreto impulsado por Javier Milei que le quitó a la provincia las regalías generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, otorgándoselas a Mendoza. La medida tuvo una altísima controversia en la política local. Una persona que trabaja en la política local libertaria cuenta que “Ravier se refugia en su círculo de pocas personas, mientras en la estructura subterránea del partido hacen su propio juego”.

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Mientras tanto, la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo parece estar más aplacada que en otros tiempos. En ese primer sector afirman que necesitarán al asesor presidencial para los aspectos de estrategia comunicacional de la campaña y no quieren renegar de esos servicios. “Nosotros reconocemos que lo de Malvinas estuvo bien”, afirma uno de ellos. Eso no implica que la hermana presidencial prescinda del brazo digital que fue armado en el último año.

Esos gestos de conciliación podrían ser escuetos. En la medida que se acerque la disputa de poder por las candidaturas del año próximo, las internas aflorarán. No solo entre karinistas y caputistas. En su calidad de socia del proyecto libertario, Bullrich demandará representación. En su entorno vuelven a afirmar que no hay ningún tipo de chances de aspirar a una candidatura presidencial para el año próximo, pero lo que sí afirman es que su lanzamiento temprano hacia 2031 busca trazar “una continuidad que genere confianza”. Aunque nadie de su entorno lo diga, Martín Menem aparece como alguien con intenciones de continuar como referente de LLA, el espacio que integra desde 2021.

Alguien de estrecha cercanía a la hermana presidencial coquetea entre los elogios y la chicana respecto a la voluntad de la jefa libertaria en el Senado: “Ella nos puede dar un perfil político más conciliador. Tiene su imagen preexistente y suma un segmento de la sociedad. Si Patricia se quiere lanzar para dentro de seis años me parece espectacular. Nunca vi a nadie que se lance tanto tiempo antes y que llegue a la Presidencia”.

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Patricia Bullrich, presidenta del bloque LLA en el Senado

En el plano de lo político, quienes avizoran este conflicto de cara a un eventual segundo mandato auguran que Karina va a perder poder político porque “La Libertad Avanza va a morir como proyecto político una vez que se tenga la certidumbre de que Javier no tiene posibilidad de un segundo mandato”. “Como no le interesa seguir como político, la figura de un líder como Milei se puede difuminar y ahí va a arrancar la anarquía. Se van a sacar los ojos a partir de 2028. Esperemos que eso se postergue lo más posible”, agrega un importante legislador libertario. Son declaraciones que realizan aquellos a quienes les gusta jugar con los escenarios hipotéticos.

Volviendo al cortísimo plazo, Milei volverá a reunir a su Gabinete en la mañana de este lunes y a las 15 recibirá a los diputados y senadores nacionales de LLA para comentarles los ejes más importantes del proyecto de Ley que anunció en la cadena por Malvinas y el Presupuesto 2027.

Los operadores judiciales de la Casa Rosada estarán atentos a otro suceso de menor alcance mediático: el cierre de listas para las elecciones de representantes de la abogacía para el Consejo de la Magistratura. Karina Milei habilitó a que el oficialismo presente su propia lista, denominada Abogados por la Libertad. La liderará Luis Palomino, de estrechísima cercanía a Sebastián Pareja.

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Se trata de una cuestión que mantiene en vilo a buena parte del aparato judicial, ya que se ponen en juego cuatro de los veinte miembros del organismo que propone y remueve jueces federales y nacionales. El radicalismo se encolumnaría detrás de la lista que promueve Daniel Angelici con la perspectiva de obtener, de mínima, dos lugares. Pero el conflicto aparece entre las agrupaciones judiciales peronistas. Los sectores que responden al presidente del PJ porteño Juan Manuel Olmos, el exconsejero Diego Molea y a La Cámpora no logran ponerse de acuerdo en una lista de unidad.

Consejo de la Magistratura

En este último sector afirman que si alguno rompiera es porque tiene voluntad de dividir el voto para beneficiar a terceros ajenos al peronismo. Uno de los puntos que no permite acordar es la posición de hombres cercanos a Olmos por colocar a la cordobesa Itatí Demarchi, algo que no es visto con beneplácito por parte de Molea, quien mantiene una alianza táctica con los hombres del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. En tanto, La Cámpora tiene en mente nombres como Martín Doñate o Juan Martín Mena. Los lugares son codiciados porque el peronismo perderá un representante por los cambios de la composición que hubo en la Cámara de Diputados a partir de las últimas elecciones.

En el oficialismo nacional miran la contienda desde afuera y con tranquilidad. “La ventana de oportunidad ya pasó”, esgrimen, marcando que el Gobierno ya realizó más de 150 designaciones de jueces, fiscales y defensores desde la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia. En tanto, sigue habiendo interés por lugares vacantes en el Fuero Contencioso Administrativo, la que resuelve las causas del Estado.

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South America / Central America,Government / Politics

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El Gobierno activa otra semana de alta exposición: dos proyectos clave a cargo de los Caputo y un viaje a terreno opositor

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Agosto fue de modorra. Septiembre, de ultragestión. Y la semana próxima promete mantener el ritmo. Las estrellas de la agenda serán legislativas. Los actos centrales estarán a cargo de los Caputo: la Casa Rosada presentará el martes el Presupuesto 2027 (a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo) y en la misma semana deberá quedar listo el proyecto de ley sobre Malvinas (una estrategia que conduce el asesor Santiago Caputo).

Ambas iniciativas se remitirán al Congreso e ingresarán por la Cámara de Diputados, que controla Martín Menem.

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Asimismo, el presidente Javier Milei ya tiene tres actividades en agenda: el lunes a las 10 volverá a reunir al Gabinete en Balcarce 50. Luego, a las 15, dará una charla con eje en temas económicos a senadores y diputados libertarios, que después cenarán en el local partidario de La Libertad Avanza (LLA) de San Telmo.

El viernes, Milei visitará Bahía Blanca para recorrer iniciativas aprobadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según pudo confirmar LA NACION.

El Presidente junto a su Gabinete en el balcón de la Casa Rosada Nicolás Suárez

El Presupuesto 2027 revelará las proyecciones para el último año de administración libertaria, cuando Milei buscará reelegir.

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Las metas previstas pocas veces se cumplen rigurosamente y aparecen en un contexto de nuevas señales rojas, con la industria y la construcción negativas en julio (-5% y -4,6% respectivamente frente a junio).

Dicen fuentes al tanto que el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene guardados los números bajo siete llaves. Todavía importantes funcionarios del Ejecutivo que siguen el día a día de la tarea legislativa no vieron el detalle. Por ley, el 15 de septiembre el Gobierno debería remitirlo.

Ya está confirmado que el Presidente no irá al Congreso a presentar el Presupuesto. La defensa estará a cargo del equipo económico.

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El ministro de Economía, Luis CaputoFabián Marelli

En el último staff report, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó para 2027 en la Argentina un crecimiento de 4%, una inflación de 12,5% para el final del período, y un saldo fiscal primario en porcentaje del PBI de entre 1,4% y 1,8%. Economistas alineados con el Gobierno observan para el año próximo un panorama similar, pero con la inflación un tanto más arriba, entre 15% y 20%.

Para 2026, el FMI pronosticó para el final del período una inflación del 25%. Hasta agosto, el acumulado marcó 21,3%, en base al Indec.

La causa Malvinas

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En tándem, los equipos del estratega Santiago Caputo, con la Legal y Técnica de María Ibarzábal como punta de lanza, ultiman la ley que busca endurecer las sanciones contra las empresas que operen de manera ilegal en Malvinas. En ese proyecto también intervienen el Ministerio de Defensa, la Cancillería, la SIDE y la Procuración del Tesoro.

Santiago Caputo
Nicolás Suárez

El asesor, a quien notaban de capa caída en medio de la avanzada karinista, se mostró con otro talante estos días, apalancado por ser el ideólogo de la movida de Malvinas que reposicionó en la agenda al Presidente. “Está energizado, es otro”, comentó al pasar una fuente que lo trató.

Mientras el Gobierno se esfuerza por extender la retórica malvinera, que parecía no conmover a la plana mayor hace solo unos meses. Buscará endurecer las sanciones para las actividades ilícitas en el entorno de las islas y sumar otras ramas de negocios a las plausibles de penalidades, además de las hidrocarburíferas. También pedirá al Congreso facultades para el Consejo de Seguridad Nacional, anunciado por Milei en la cadena nacional.

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El viernes, en tanto, Milei hará un viaje local: se desplazará a Bahía Blanca. A diferencia de las dos veces anteriores que visitó la ciudad, tras temporales (uno de viento y otro de lluvia), ahora irá a conocer los proyectos RIGI aprobados.

En esa localidad -gobernada por el peronista Federico Susbielles– hay tres RIGI en marcha: uno de la compañía Fértil Pampa (de Pampa Energía), otro de Mega y otro de Transportadora Gas del Sur.

Milei en su primera visita a Bahía Blanca, con ropa militar

Así también Milei se mostrará en territorio bonaerense en los albores de la campaña electoral que, para el oficialismo y según cuentan fuentes al tanto, se activará formalmente en octubre.

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El Gobierno aprovechó esta semana para cargar contra la gestión del gobernador Axel Kicillof, que se proyecta como el principal candidato para competirle a Milei la reelección en 2027.

Con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza -quien desde hace años quiere ser gobernador-, la Casa Rosada fustigó a la gestión kicillofista tras dos violentos hechos de inseguridad en el conurbano: el crimen de un joven de 23 años asesinado por motochorros en José C. Paz; y la balacera a un policía retirado frente a su hija en las inmediaciones de un colegio en El Palomar.




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