POLITICA
En el oficialismo descuentan que seguirá la sangría de información mientras la Justicia avanza hacia un primer pedido de explicaciones

En varios despachos del oficialismo están convencidos de que el “drenaje” de información sobre el caso que involucra a Manuel Adorni seguirá en los próximos días. La mira está puesta, fundamentalmente, en lo que sucederá hasta el 2 de julio, cuando el jefe de Gabinete se presente en el Congreso de la Nación.
A priori, esa fecha está pensada para el informe de gestión, pero el avance de la causa podría sumar presión política sobre el funcionario y alimentar un pedido de interpelación de la oposición, con una eventual moción de censura como posible desenlace.
Como contrapartida a esa presión, Adorni goza del total respaldo del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Con ambos se mostró este sábado en Rosario.
“Es un hecho que el tema va a seguir, y a esta altura no importa qué sale o de dónde viene, todo suma más daño”, definió resignado un funcionario hastiado del tema, como la mayoría del oficialismo. “No importa que ya sean ‘detalles’, es dañino igual“, completó.
La mayoría de las miradas está puesta en lo que puede salir del peritaje al teléfono de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del country Indio Cúa, en Exaltación de la Cruz, por un valor de 245 mil dólares, según declaró ante la Justicia.
Cerca del ministro coordinador optan por la prudencia respecto de lo que podrían ser los resultados de los peritajes y refieren a que por orden del fiscal Gerardo Pollicita se realizó una extracción muy puntual del teléfono de Tabar, a cuyos resultados todavía no tienen acceso. En Balcarce 50 hay quienes insisten en que “todo quedará explicado”.
Del teléfono de Tabar salió esta semana la factura por más de 8 millones de pesos en gastos de blanquería, facturados a nombre de la secretaria privada de Adorni y pagados en efectivo. En varios despachos del oficialismo descuentan que puede haber más novedades sobre eso y creen que “aunque no sean montos astronómicos, el impacto es muy tangible”, se resignó otra voz.
Aunque nadie admite haber hablado del tema con el ministro coordinador, a esta hora la resignación es total. “Si desde hace tres meses nos vinimos enterando las cosas en capítulos, ¿por qué pararía ahora cuando los peritajes están en plena marcha?”, razonó uno de los consultados.
Desde las primeras semanas del caso, la sensación compartida, en base a las distintas develaciones, se sintetizó en una frase: “cada vez que pensamos que la espuma bajaba, volvió a subir”.
La dimensión del impacto advertida internamente desde hace meses en el Gabinete, se materializó este viernes con una remoción de Adorni del cargo de vocero. “Con todo lo que salió era imposible que siguiera ahí. Se caía de maduro”.
La testimonial de Tabar, a principios de mayo, marcó un antes y un después en el curso de la investigación. Ante el fiscal Pollicita, el contratista sostuvo que había cobrado de Adorni más de 240 mil dólares para remodelar su casa del country. Todo fue en efectivo y sin factura, dijo, aunque luego volvió a Comodoro Py y aportó los comprobantes de muchas de las compras realizadas para la obra.
Entrevistado esta semana sobre la documentación entregada a la Justicia, Tabar señaló, en diálogo con la señal A24, que se trata de “una especie de administración de la obra de las cosas que se hicieron y se llegó a un recuento y se llegó a ese número”, e insistió con la idea de que el presupuesto inicial que le pasó a Adorni fue creciendo con el correr de la obra. “Se fueron agregando cosas”, dijo.
Además de hacer volar por los aires la ecuación de ingresos y egresos del funcionario, su declaración ante la Justicia incluyó la entrega del celular.
Se trata de un iPhone, que luego de un paso frustrado por la DATIP, terminó en manos de los expertos del Ministerio Público Fiscal porteño. El trabajo forense aún no concluyó, pero la información ya fue extraída del aparato y la fiscalía recibe algunos datos parciales.
La última gran batería de medidas, ordenada el jueves por el fiscal, incluye el pedido de información al local de Recoleta que le vendió a Adorni los sommiers y las sábanas, pero también el pedido de muchos otros datos que irán llegando a la fiscalía en la semana.
De la Anses, la Justicia aguarda registros laborales tanto de Adorni como de su mujer, Betina Angeletti. De la Comisión Nacional de Valores, información sobre las plataformas virtuales que operaban al momento en que el funcionario habría obtenido la supuesta ganancia de 300 mil dólares, declarada solo en la entrevista con José Del Rio en LN+. Y del country Indio Cuá, el listado de ingresos y egresos entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
En la Justicia ya tienen registro, para julio del año pasado, de la llegada al country de un flete cuyo contenido aún no fue identificado.
El celular de Tabar podría no ser la única fuente de información que vuelva a encender el tema y sume presión política sobre el funcionario.
Requerimiento
En paralelo, el fiscal avanza sobre el frente patrimonial. El viernes al mediodía, mantuvo un encuentro con los expertos contables de la Procuración que tienen bajo estudio todos los documentos que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción, documentos que fueron luego girados a la Justicia.
Son la declaración jurada de 2025 y todas las rectificaciones realizadas por Adorni en los años previos. El eje central allí es la incorporación de 565 mil dólares en el año 2023, dinero que el funcionario había omitido declarar y que restituyó el balance que Tabar rompió con su declaración.
El objetivo del encuentro del viernes, según pudo reconstruir este medio, fue comenzar a ajustar criterios de trabajo entre los expertos y la fiscalía de cara a un eventual requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una posible indagatoria en las investigaciones por enriquecimiento ilícito.
En la Justicia consideran que a esta altura, con los datos reunidos en el expediente, aquel primer llamado es casi ineludible. En esa instancia, Adorni deberá ofrecer explicaciones sobre el gran crecimiento en sus gastos y la fiscalía evaluar si son satisfactorias. Esa instancia, sin embargo, todavía no se vislumbra en el horizonte inmediato de la causa.
Según pudo saber , Adorni no presentaría la documentación que avale sus dichos en diálogo con LN+ sobre operaciones con criptomonedas hasta que eventualmente se lo requiera la Justicia.
Cecilia Devanna,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
La Corte dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa por dólar futuro

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves el recurso de queja presentado por Cristina Kirchner contra el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa conocida como “dólar futuro”.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilita al tribunal a rechazar un recurso extraordinario sin ingresar al fondo de la cuestión.
La decisión dejó firme el sobreseimiento que ya había sido dictado en primera instancia y confirmado por la Cámara Federal porteña y por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Sturzenegger, expresidente del Banco Central entre 2015 y 2018, se desempeña hoy como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
La denuncia contra el funcionario fue impulsada en 2016 por un grupo de legisladores kirchneristas, en el mismo tramo en que el entonces juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a la expresidenta en el expediente principal por la venta de dólares a futuro al cierre de su segundo mandato.
En esa causa, tanto la expresidenta como el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof y el extitular del BCRA, Alejandro Vanoli fueron sobreseídos. Ese sobreseimiento quedó firme en diciembre de 2024, también por aplicación del artículo 280.
La denuncia contra Sturzenegger
En la presentación contra Sturzenegger se le atribuyó el delito de defraudación a la administración pública. Según la querella, el Banco Central habría pagado los contratos a futuro con los precios resultantes de la devaluación de diciembre de 2015 y habría modificado las condiciones en que aquellos se habían celebrado, “en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares”.
La misma denuncia apuntó a Bonadio, a quien se acusó de haber favorecido esa operatoria y de haber citado a indagatoria a la expresidenta.
El juez federal Sergio Torres sobreseyó a Sturzenegger al considerar que su actuación “se vio acotada al cumplimiento de cuanto habían formalizado las autoridades que lo precedieron”, tanto en la presidencia del BCRA como en el directorio.
Para el magistrado, seguir adelante con la investigación equivalía a un control judicial sobre decisiones de política económica, “sin que se haya advertido un exceso en el ejercicio de la competencia que le es propia y que sí tornaría judiciable la cuestión”.
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Cristina Kirchner, admitida como querellante por la Cámara Federal, apeló con el argumento de que la investigación había sido insuficiente, pero la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento en junio de 2019.
Luego, en noviembre de ese año, Casación, con votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de Ana María Figueroa, declaró inadmisible el recurso del abogado Carlos Beraldi. En ese escenario, solo les quedaba la opción de ir en queja ante la Corte, que ahora fue rechazada.
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POLITICA
La reunión del Papa y la CGT en la Argentina ya está definida: los detalles del encuentro y la previa en el Vaticano

La tan esperada reunión entre el Papa León XIV y la CGT en la Argentina ya tendría fecha y lugar definidos: se realizará el lunes 9 de noviembre en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA) y contará también con la participación de representantes del empresariado y de los movimientos sociales.
La posibilidad del encuentro, en realidad, iba a ser planteada por los líderes cegetistas Gerardo Martínez (UOCRA) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes, como parte de una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales que deliberaron jueves y viernes en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en Roma, serán recibidos por el Papa en una audiencia privada que tendrá lugar este sábado, a las 17 hora argentina, en el Vaticano.
Sin embargo, aunque el preciado lugar en la agenda de la visita papal a nuestro país ya se confirmó, Martínez y Jerónimo aprovecharán el contacto con el Sumo Pontífice para hablar sobre el deterioro de la situación social y laboral en la Argentina, con especial hincapié en la pérdida de empleos, la caída de los ingresos y el creciente endeudamiento de las familias y de las pymes.

La iniciativa de Martínez, uno de los referentes del sector dialoguista, causó malestar en algunos de sus rivales internos que se sienten marginados en la relación con el Vaticano, pero cerca del líder de la UOCRA destacaron que nunca se ocultó que era un encuentro pactado por la delegación de Fratelli Tutti y que por eso también se incluyó en la comitiva que verá hoy al Papa a Jerónimo, uno de los 3 cotitulares cegetistas, para anticiparle la problemática de los trabajadores argentinos.
Aun así, la interna perpetua de la CGT hace que se amplifiquen situaciones que a la distancia no parecen conflictivas. Ahora que está confirmado el encuentro en Buenos Aires con León XIV incluso hay quienes prevén fricciones sindicales porque los encargados de organizar la visita del Papa pidieron que la comitiva cegetista no sea muy numerosa y, como es obvio, hay demasiados dirigentes que pugnan por sumarse a esa reunión que garantiza una foto de fuerte impacto político.
¿Cómo se resolverá la selecta nómina de sindicalistas que irán a la UCA para reunirse con el Papa? Algunos que cuestionan el sistema de decisiones en la CGT porque “todo pasa solamente por 8 o 10 dirigentes” temen que en este punto suceda lo mismo y por eso pedirán que un tema tan sensible sea debatido por el Consejo Directivo a pleno, que en total tiene 50 integrantes.

Más allá de ese probable conflicto, el encuentro con el Papa en la UCA será el eje de la charla que la semana que viene tendrá Jorge Sola (Seguros), otro de los cotitulares de la CGT, con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, quienes están encargados de coordinar desde nuestro país los detalles de la agenda local de la visita de León XIV.
Los desafíos de la IA en el sector laboral
En su intervención en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, Gerardo Martínez planteó la necesidad de construir un nuevo contrato social con la participación de todos los sectores y sostuvo que la visión impulsada por León XIV interpela a empresarios, sindicatos y Estados a debatir respuestas conjuntas frente a las desigualdades y las transformaciones en el mundo del trabajo.
Además, el líder de la UOCRA, que es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el sector trabajador, se refirió a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en el mercado laboral y destacó que su postura consiste en “no resistir la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”. “No queremos discutir si la inteligencia artificial va a llegar. Ya llegó -dijo-. Queremos discutir cómo la incorporamos, quién participa de las decisiones y cómo distribuimos los beneficios que genera”.

Martínez se pronunció en favor de que “la inteligencia artificial esté al servicio de la producción y que la producción esté al servicio del desarrollo humano porque el futuro del trabajo no puede decidirlo solamente un algoritmo”. Por eso, advirtió, “desde el movimiento sindical no debemos pararnos frente a la inteligencia artificial para detenerla” sino que “tenemos que sentarnos en la mesa donde se decide cómo se incorpora”.
Luego de remarcar la “responsabilidad compartida” entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, pidió “construir un nuevo acuerdo entre capital, trabajo y Estado”, que incluso “incorpore la inteligencia artificial a la negociación colectiva, que garantice capacitación permanente y reconversión laboral, que preserve la intervención humana en las decisiones que afecten al trabajador y que asegure que una parte del aumento de productividad generado por la tecnología se traduzca también en mejores empleos, mejores ingresos y mejores condiciones de vida”.
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POLITICA
Una por una, las 15 medidas que pidió el fiscal para investigar el presunto enriquecimiento ilícito de Chiqui Tapia en la CEAMSE

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una batería de 15 medidas de prueba para investigar el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su función en la CEAMSE.
Entre las principales solicitudes aparecen el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la entrega de sus declaraciones juradas, un relevamiento de sus cuentas, inmuebles y participaciones societarias y un informe sobre posibles operaciones realizadas en el exterior.
El pedido quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar qué medidas autoriza. El objetivo es reconstruir la evolución económica y financiera de Tapia durante el período investigado y establecer si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio.
Las 15 medidas que pidió el fiscal para investigar el patrimonio de Chiqui Tapia
1) Levantamiento del secreto fiscal y bancario: Pollicita pidió que se levante el secreto fiscal y bancario sobre Tapia. La medida permitiría acceder a información tributaria y financiera que actualmente se encuentra protegida.
2) Declaraciones juradas presentadas por su función en la CEAMSE: La Fiscalía solicitó las declaraciones juradas que Tapia presentó durante su paso por la CEAMSE. Para eso, pidió que tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el de la provincia de Buenos Aires entreguen sus legajos reservados.
3) Sueldos percibidos en la CEAMSE: También requirió que la CEAMSE informe cuánto cobró Tapia mientras ocupó un cargo en la empresa estatal. La documentación deberá incluir el detalle de sus salarios y otros conceptos percibidos durante ese período.
4) Movimientos migratorios: Pollicita pidió a la Dirección Nacional de Migraciones que informe todas las entradas y salidas del país registradas a nombre del presidente de la AFA.
5) Historial laboral y remuneraciones: La Fiscalía solicitó a la ANSES el historial laboral completo de Tapia, junto con la información disponible sobre los salarios y aportes registrados a lo largo de los años.
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6) Situación fiscal actual e histórica: A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le pidió un reporte sobre la situación fiscal actual e histórica del dirigente y una copia íntegra de sus declaraciones juradas impositivas.
7) Inmuebles, cuentas, sociedades, deudas y préstamos: El organismo recaudador también deberá informar, si la medida es autorizada, los inmuebles registrados a nombre de Tapia tanto en la Argentina como en el exterior. El pedido abarca además cuentas, participaciones societarias, deudas, préstamos y otros activos o compromisos financieros que puedan resultar relevantes para la investigación.
8) Cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas y cajas de seguridad: Al Banco Central, el fiscal le solicitó información sobre cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas de crédito o débito y cajas de seguridad vinculadas con Tapia.
9) Cuentas en billeteras virtuales: Las empresas proveedoras de billeteras virtuales deberán informar si el presidente de la AFA es o fue cliente y, en caso afirmativo, aportar los datos requeridos por la Justicia.
10) Giros de dinero al exterior: Otra de las medidas busca determinar si Tapia realizó transferencias o giros de dinero fuera del país durante el período bajo análisis.
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11) Cuentas comitentes: La Fiscalía pidió a la Caja de Valores que informe si el dirigente posee o poseyó cuentas comitentes utilizadas para operar con acciones, bonos u otros instrumentos financieros.
12) Vehículos registrados a su nombre: El Registro Nacional de la Propiedad Automotor deberá entregar un listado de todos los vehículos que estuvieron o están registrados a nombre de Tapia.
13) Embarcaciones y aeronaves: Pollicita también solicitó informes a los registros nacionales de Buques y Aeronaves para determinar si el dirigente tuvo o tiene embarcaciones o aviones.
14) Reportes de operaciones sospechosas: A la Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió que indique si existen reportes de operaciones sospechosas relacionados con el presidente de la AFA. La existencia de un reporte de esas características no implica por sí sola la comisión de un delito, pero puede aportar elementos para orientar una investigación patrimonial.
15) Cargos y salarios en la Conmebol: Por último, la Fiscalía solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol que detalle los cargos ocupados por Tapia y los salarios, honorarios o pagos que recibió por esas funciones.
El pedido de informe patrimonial
Pollicita sostuvo que, una vez incorporada toda la documentación, “correspondería confeccionar un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada”.
Según planteó, ese análisis “debería permitir graficar el patrimonio y formular eventualmente imputaciones según los elementos recabados”.
La intención de la Fiscalía es encomendar el trabajo a la DAFI, el mismo organismo especializado al que se recurrió en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni.
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La causa se inició a partir de una denuncia por el supuesto incremento patrimonial de Tapia durante el período en el que ejerció funciones en la CEAMSE. De acuerdo con la presentación que dio origen al expediente, su patrimonio habría aumentado cerca de un 1000% entre 2017 y 2024.
El avance de la causa dependerá ahora de la decisión de Lijo sobre los pedidos de la Fiscalía. Recién después de reunir y analizar los informes, el fiscal estará en condiciones de determinar si existen elementos para avanzar con nuevas imputaciones o solicitar otras medidas.
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a presidirlo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
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