POLITICA
En Malvinas, las últimas noticias aumentaron la animosidad hacia la Argentina: “Milei es un hipócrita”
En las islas Malvinas los argentinos no son bienvenidos. Y las últimas noticias sobre un posible avance en el reclamo de soberanía reavivaron la animosidad.
“Como isleña, es una verdadera lástima que Milei claramente no tenga ningún plan para ayudar al pueblo argentino a atravesar las dificultades económicas, más allá de lanzarnos ataques a nosotros y manipular a Estados Unidos para obtener su apoyo”, expresó Teslyn Barkman, una exlegisladora, periodista y política malvinense, en comunicación con .
“Parece que somos una roca que se puede pasar de un lado a otro. No es una conversación bilateral, es una conversación sobre derechos humanos. Hay gente en el medio. Queremos seguir siendo libres”, amplió en una entrevista con un podcast del diario Times, de Londres.
James Peck, un artista plástico y tatuador malvinense, consideró que el presidente argentino es un “hipócrita” por su alianza con Trump y con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a quien considera un “genocida”. También cuestionó a la sociedad argentina por su apoyo a las gestiones de Milei. Según Peck, en todas las otras cuestiones —seguridad, crimen, economía, las negociaciones con el FMI— los argentinos están divididos entre los que apoyan y los que critican al Presidente. “Y, sin embargo, apenas aparece la palabra Malvinas, es como: ‘Ah… bueno, ¡entonces debe ser verdad!’ ‘¡Todos tenemos que escuchar y estar de acuerdo!’ Es patético, y habría que preguntarles a los argentinos por qué ocurre eso”, dijo.
Las reacciones son la antesala del mensaje que el Presidente dará esta noche y en el que anticipó que hará un anuncio importante sobre la disputa de soberanía. Donald Trump dijo que revisa la posición de Estados Unidos sobre la disputa, una declaración que despertó expectativas en el gobierno argentino. Trump vinculó esa revisión con el apoyo que, según él, Gran Bretaña no le brindó durante la guerra contra Irán.
La tensión hacia los argentinos es palpable en Puerto Argentino, el principal pueblo de las islas. En el baño del Victory Bar, el pub local, hay una imagen de Leopoldo Fortunato Galtieri (que presidía la Argentina durante la guerra de 1982) colocada sobre el urinario. Y en ese mismo bar, un parroquiano se bajó los pantalones frente a Guido Di Tella, excanciller de Carlos Menem, cuando visitó las islas en octubre del 2000.
El Penguin News, el semanario de las islas, no tiene noticias de los últimos sucesos, pero sí hay una referencia a la Argentina: es por un pedido a la FIFA de los legisladores locales para que la selección de fútbol reciba una sanción por la exhibición del reclamo territorial luego de eliminar a Inglaterra en el último mundial. “No queremos que la política se mezcle con el deporte”, expresaron los legisladores en un comunicado. La FIFA terminó multando al equipo argentino.
Expectativa
Los ruidos en la disputa por la soberanía de las islas llegan en un momento en que los malvinenses están esperanzados en que la exploración petrolera aumente su prosperidad, que ya es importante. Sin haber extraído todavía un barril de petróleo de Sea Lion, cuya producción está prevista para comenzar en 2028, Malvinas ya tiene uno de los PBI per cápita más altos del mundo (cercano a los US$111.000, ocho veces el de la Argentina). Esa prosperidad depende en buena medida de la venta de licencias pesqueras, un beneficio que obtuvieron después de la guerra de 1982. Con poco más de 3.000 habitantes, las islas capturan mucho dinero mediante las licencias que pagan las flotas extranjeras para explotar los recursos pesqueros de las aguas circundantes. Es una economía pequeña, rica y rentística: su prosperidad proviene de cobrar por el acceso a los recursos naturales que rodean las islas.
Hasta la guerra, en cambio, las Malvinas eran unas islas pobres y abandonadas. Vivían allí unas 2000 personas y la caída del precio de la lana había puesto en jaque su única industria: las ovejas. Alentada por Gran Bretaña, la Argentina le suministraba el combustible, los traslados en avión, maestras y hasta servicios médicos. Esa dependencia pretendía forzar las negociaciones para algún tipo de entendimiento en la disputa de soberanía.
Nicholas Ridley, un funcionario de la cancillería británica, viajó en noviembre de 1980 y fue explícito. Convocó a una reunión multitudinaria en el Salón Municipal del pueblo para plantearles a los malvinenses que Gran Bretaña negociaba un acuerdo de soberanía con la Argentina y que debían aceptarlo porque su economía estaba en decadencia y el gobierno de Londres no iba a seguir pagando la cuenta de su supervivencia.
La guerra de 1982 hizo naufragar aquellas negociaciones y cambió también la economía de las islas.
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La Corte dejó firme una condena contra el Banco Provincia y sus directores por no reportar operaciones sospechosas
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena dictada contra el Banco Provincia de Buenos Aires y sus directivos para que paguen una multa impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF) por no haber reportado como sospechosas determinadas operaciones de clientes.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisibles los argumentos de la entidad y de los funcionarios sancionados.
El Banco Provincia planteaba su inmunidad frente a regulaciones federales amparadas en el Pacto de San José de Flores (PSJF), el acuerdo de paz firmado el 11 de noviembre de 1859 que permitió incorporar a la provincia de Buenos Aires a la estructura constitucional que el resto del país había aprobado en 1853.
Según su mirada, ese pacto brindaba inmunidad contra el poder de policía federal para la prevención del lavado de dinero, que ejerce la UIF en virtud de la Ley 25.246, y por ello el BPBA se encuentra exento de la imposición de cánones y sanciones.
Por Resolución 281/2018, la UIF aplicó multas a los miembros del Consejo de Administración, al oficial de cumplimiento y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, por incumplimiento a la normativa antilavado.
Se les imputó no haber reportado operaciones sospechosas ni contar con sistemas de control y monitoreo establecidos por la UIF en su normativa.
A raíz del incumplimiento, que se habría producido entre 2010 y 2013, el organismo del Estado Nacional fijó multas a la entidad y a sus entonces directivos: Diego Rodrigo, José Pampuro (ya fallecido), Javier Mouriño, Omar Galdurralde, Rafael Perelmiter, Daniel Tillard, Gustavo Marangoni, Carlos Rafael Fernández y María Elena Helguera.
La entidad cuestionó la decisión: sostuvo que no había exigido infracción, que la normativa era demasiado indeterminada y que, por su carácter de banco provincial y por las garantías derivadas del Pacto de San José de Flores y de su Carta Orgánica, la normativa nacional no podía desplazar su régimen jurídico propio.
La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las multas al sostener que el Banco Provincia se encuentra válidamente alcanzado por la Ley 25.246 y su normativa reglamentaria, y que la actuación de la UIF no vulnera el estatus jurídico especial del banco ni las prerrogativas derivadas del Pacto de San José de Flores, por tratarse de normas nacionales destinadas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Contra ello, el Banco apeló la decisión. Y, tras oír la opinión de la Procuración General, la Corte Suprema desestimó por inadmisible el recurso de la entidad y dejó así firme la sentencia, salvo en el caso de Pampuro tras constatar su fallecimiento.
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Una diputada del PRO cuestionó los cambios en discapacidad: “No era lo que veníamos trabajando”
El PRO cuestionó los cambios sobre discapacidad incluidos por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027 y reclamó un esquema permanente que garantice previsibilidad a las familias y los prestadores. Durante una entrevista en Infobae al Regreso, la diputada nacional Antonela Giampieri sostuvo que el partido continuará acompañando al oficialismo, aunque marcará límites cuando considere que las medidas se apartan de lo acordado.
“El Gobierno Nacional se equivocó al enviar, con el Presupuesto 2027, el texto que abordaba los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó la legisladora. Según explicó, la propuesta oficial se apartaba de un esquema que había sido conversado previamente entre los bloques aliados. “Se equivoca porque va en contra de las personas con discapacidad, va en contra de sus derechos y no era lo que veníamos trabajando”, sostuvo.
Giampieri remarcó que la postura del PRO no implica un quiebre con La Libertad Avanza. “Somos aliados responsables, que acompañamos al Gobierno Nacional en todos los proyectos porque creemos que es así. Y también le marcamos límites cuando no creemos que ese es el camino correcto”, afirmó.
Antonela Giampieri defendió una ley permanente para discapacidad
La diputada cuestionó la continuidad de los esquemas de emergencia y defendió una solución de largo plazo para el sector. “No se puede vivir de emergencia en emergencia ni de parche en parche con la discapacidad”, planteó.
El dictamen de mayoría trabajado en el Congreso incorpora el nomenclador a la ley, de manera que los aranceles que reciben los prestadores tengan un marco establecido. “Lo que hace es que el nomenclador, que es lo que determina el pago de los prestadores y establece un piso, quede en la ley”, explicó.
Además, el proyecto contempla una actualización mensual vinculada con la inflación. “Conseguimos que el nomenclador se actualice todos los meses por inflación para no volver a un sistema que ya lo vimos en el gobierno kirchnerista, donde quedaron desactualizados”, señaló.
Según Giampieri, el proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo contemplaba eliminar esa herramienta. “El Gobierno buscaba eliminar el nomenclador”, afirmó.
La iniciativa también mantiene la prestación y el arancel único y establece, para quienes trabajan, un límite de ingresos equivalente a dos salarios mínimos para acceder a las pensiones. A su vez, incorpora capacitaciones para el personal de los prestadores.
El PRO pidió eliminar el capítulo seis del Presupuesto 2027
Giampieri sostuvo que el bloque del PRO comenzó a trabajar sobre las modificaciones apenas conoció el contenido del Presupuesto y que el dictamen fue construido junto con legisladores de distintos espacios.
“Esto lo construimos entre todos, no es que volvió el Gobierno Nacional a enviar un nuevo proyecto”, sostuvo.
La legisladora señaló que el oficialismo aceptaría eliminar el capítulo seis, que contenía las derogaciones cuestionadas por el PRO. “El capítulo seis, sí, exacto”, respondió al ser consultada sobre ese punto.
Para Giampieri, las diferencias sobre discapacidad no deberían afectar el vínculo general entre los bloques. “Es una interna de ellos que no queremos que salpique a la gente con discapacidad”, afirmó.
El debate general sobre el Presupuesto 2027 continuará en la Cámara de Diputados y, según anticipó la legisladora, las rondas de discusión comenzarán el 13 de octubre.
Giampieri también pidió a los bloques que no acompañaron el dictamen de mayoría que reconsideren su posición. “Le pido a la oposición que hoy no firmó el dictamen de mayoría que pueda ver el cambio y que lo vote”, expresó.
Finalmente, aseguró que el PRO seguirá el cumplimiento de las medidas si el proyecto avanza: “El PRO va a seguir de cerca que el nomenclador se siga actualizando por IPC, que los pagos lleguen y que el cronograma de pagos a los prestadores por la compensación se cumpla”.
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En 2027 se desarrollarán las próximas elecciones presidenciales en la Argentina. En dicho acto democrático se deciden los distintos cargos políticos como presidente, vicepresidente y gobernador, entre otros.
La importancia de este suceso es de tal relevancia que los ciudadanos buscan saber cuándo se vota en la Argentina y qué se elige.
En caso de continuar la instancia de elecciones primarias, las PASO serían el 8 de agosto de 2027. Así está establecida por la ley 26.571, que indica que esta votación debe hacerse el segundo domingo de agosto.
La elección general presidencial, o primera vuelta, se debe efectuar dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Por lo tanto, la votación presidencial de 2027 se debe realizar el domingo 24 de octubre.
En caso de requerirse un balotaje o segunda vuelta electoral, este evento debe darse dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Eso significa que el balotaje se haría en noviembre de ser necesario.
Qué se elige y qué cargo se renuevan en las elecciones 2027
En las próximas elecciones se elegirán presidente, vicepresidente y distintas cantidades de bancas del Congreso Nacional (130 diputados y 24 senadores).
Sin embargo, la jornada electoral de 2027 no se limitará únicamente a las autoridades nacionales. Los votantes elegirán al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 21 provincias de Argentina definirán a sus próximos gobernadores. A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales, completando un amplio espectro de cargos.
Las jurisdicciones que eligen a sus máximas autoridades ejecutivas en 2027 son:
Cuándo se vota para presidente en la Argentina
Según la legislación vigente, el día de las elecciones generales debe llevarse a cabo el cuarto domingo de octubre, asegurando una fecha preestablecida para el electorado. De esta manera, las elecciones serían el domingo 24 de octubre de 2027.
El Título III del Código Electoral Nacional, sobre los actos preelectorales establece las normas sobre la convocatoria y fecha de elecciones. “La elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148″, remarca la normativa.
A su vez, la legislación detalla sobre los plazos y la forma. “La convocatoria deberá hacerse con 90 días, por lo menos, de anticipación” y expresará:
Qué pasará con las PASO
El oficialismo busca una reforma electoral que termine con las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Para ello la Constitución Nacional exige el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso, es decir la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. En el caso del Senado, implica el voto afirmativo de 37 senadores.
Al momento, el oficialismo cuenta con 21 legisladores afines para eliminar las elecciones primarias; esto significa que le falta convencer a 16 senadores de otros espacios políticos.
Cuáles son las condiciones para evitar el balotaje
Según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, para que un candidato se imponga en primera vuelta debe sumar el 45% de los votos totales u obtener al menos el 40% y superar al contrincante más cercano por más de diez puntos porcentuales de diferencia.
De no cumplirse estas condiciones, se lleva a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en los comicios generales. El ganador del balotaje será quien ocupe el sillón de Rivadavia, sin importar la diferencia de votos entre ambos postulantes.
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