Tras el nuevo lote de iniciativas que el Ejecutivo libertario envió al Congreso, la derogación del etiquetado frontal aguarda el giro a comisión en el Senado para activar su debate. Por ahora, el texto no parece más prioritario que el de salud mental -delicada de acordar- y, frente a la cautela de algunos dialoguistas, otros sectores aliados -e incluso del peronismo y kirchnerismo- creen que el articulado oficialista sólo tiene un objetivo: repuntar el consumo y la actividad económica.

“Toda ley es perfectible y sobran ejemplos en diferentes gobiernos. Quitarlo por completo está atado a una única explicación: liberar la supuesta carga negativa de los octógonos para ver si, de esa manera, levantan ventas hoy por el piso. Mi siguiente pregunta sería, con ello consumado y productos más ‘presentables’, con qué plata se van a comprar los mismos”, reflexionó ante Infobae un referente del kirchnerismo.

Desde otro despacho más ameno a Balcarce 50 marcaron la contradicción entre fomentar el adiós de los octógonos mientras que acaba de aterrizar, en la Cámara alta, el proyecto aprobado por Diputados con cambios profundos en las denominadas “zonas frías”. La norma vigente fue empujada por Máximo Kirchner y favoreció -por fuera de quienes merecen de verdad una ayuda- a que se aumentara el por entonces y ya asentado- descalabro energético.

“Nos mandaron a activar un palazo inminente en las facturas, con el invierno que se asoma y quieren, en paralelo, que discutamos las etiquetas de los alimentos. Uno trata de comprender, pero es cada vez más difícil”, se oyó. En tanto, desde un tercero, advirtieron que “la administración libertaria ya había emitido resoluciones y readecuaciones en el pasado, dentro de las potestades que otorga la ley actual, y no hubo inconveniente alguno”.

El texto del Ejecutivo para derogar el etiquetado frontal de alimentos lleva las firmas de Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Salud, Mario Lugones. En los fundamentos, se observaron situaciones “en las cuales alimentos tradicionalmente incorporados dentro de patrones” aceptados “resultan alcanzados por advertencias equivalentes a las aplicables a productos de muy distinta composición nutricional, dificultando una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”.

Sí es interesante el planteo que se realiza sobre “asimetrías regulatorias impactan especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, vinculados al rediseño de envases, adecuación de líneas productivas, administración de stocks, evaluación técnica del perfil de nutrientes y adaptación progresiva de procesos de producción y comercialización”.

Para Balcarce 50, “tales exigencias regulatorias generan mayores dificultades operativas y económicas para empresas con menor capacidad financiera y escala productiva, pudiendo además incentivar procesos de concentración de mercado en favor de operadores con mayor capacidad de absorción de costos regulatorios”.

Según la Casa Rosada, “la derogación propiciada tiene por finalidad avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional, permitiendo compatibilizar adecuadamente la protección de la salud pública, el acceso del consumidor a información nutricional suficiente, objetiva y científicamente respaldada y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”.

Anteayer, cuando se formalizó el aterrizaje de la ley en el Senado, desde un bloque aliado confiaron a este medio: “No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia”. Otro legislador confió: “Hay pendientes que importan más y me da la sensación de mucha gente ya acostumbrada a los octógonos. Sin dudas, hay cosas para cambiar y mejorar, pero pero borrarla por completo parece mucho, ¿no?”.

Infobae intentó desde el inicio de la semana conocer la opinión -y los planes para este articulado- de la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. No respondió aún. La porteña tiene que convencer a espacios que votaron el etiquetado frontal años atrás de hacer, ahora, todo lo contrario: dinamitarla. Encima, se le acumulan reclamos por proyectos más candentes que no logra resolver.

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dictada por el juez federal de Córdoba,https://t.co/BJZRNDKmCk,May 26, 2026,Gabriela Origlia,Conforme a,,Análisis. Un poder inesperado cubre la ausencia opositora,,Una orden de Karina Milei. El Gobierno veta el ascenso de una candidata a jueza por ser la cuñada de un periodista que investigó al oficialismo,,Una camporista. Sobreseen a Luana Volnovich, extitular del PAMI, en una causa por la compra de medicamentos oncológicos

Aunque no cuenta con gobernadores propios, la Casa Rosada logró armar su propio mapa de apoyos a lo largo y ancho del país y debate la estrategia política que le permita fortalecer su posición legislativa sin perder de vista los eventuales acuerdos electorales rumbo a 2027.

Si bien hay matices en la mesa política, desde el oficialismo aseguran que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fijó la idea de pactar solo con las provincias que se mostraron en sintonía con la administración. “La línea que impera es la de Karina y quiere acordar con los que valga la pena”, sintetizó uno de los integrantes. Lo cierto es que además de su función en el Poder Ejecutivo, la menor de los Milei es la titular de La Libertad Avanza y la encargada de diseñar las listas rumbo a las próximas elecciones.

Sin embargo, no es la única postura planteada en la mesa que se reúne semanalmente en el despacho del Ministerio del Interior que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el primer piso de Casa Rosada.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, aspiran a trazar alianzas macro con representantes provinciales que permita demostrar “sustentabilidad”. El objetivo es extender el entendimiento al plano legislativo y de gestión, pero también al electoral a nivel nacional y provincial.

“Hay que acordar con todos los que compartan la agenda del Presidente y garanticen blindaje político”, sostuvieron desde ese sector. “Si empezas a tener inconvenientes en la cámara antes de tiempo se te puede complicar. Además, no sé si es factible que los gobernadores estén de acuerdo en votar proyectos sin certezas hacia adelante”, coincidió otra voz del ecosistema violeta.

Ante esta posición, hay quienes consideran que es muy anticipado abordar el debate electoral a más de un año de los comicios, y sin tener siquiera los cronogramas electorales definidos. “Los gobernadores no hablan de elecciones. Estamos a un año. Además, hay que ver qué hacen con las elecciones”, argumentó una fuente al tanto de las conversaciones a este medio respecto de los posibles adelantamientos provinciales en estudio.

Otro elemento aún pendiente es el tratamiento de la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento partidario, que el Gobierno envió al Congreso y que aspira a discutir en el Senado. Para su sanción definitiva, necesita indefectiblemente del apoyo de los gobernadores. “Los votos van a estar”, anticipa un funcionario a Infobae.

Ante la hoja de ruta legislativa trazada por el Poder Ejecutivo, Diego Santilli es uno de los encargados de manejar el vínculo con los representantes provinciales, en coordinación con Eduardo “Lule” Menem, armador nacional del partido. Este lunes, Santilli mantuvo un encuentro con el catamarqueño Raúl Jalil -uno de los principales aliados del oficialismo- en Parque Norte, y luego recibió al salteño Gustavo Sáenz en Casa Rosada junto a Lule Menem.

Las primeras definiciones rumbo a 2027

Desde La Libertad Avanza evitaron dar precisiones respecto a los entendimientos electorales, aunque anticiparon que lo lógico es replicar la articulación consolidada en las elecciones legislativas de 2025. Si bien la idea es respetar la voluntad provincial de los aliados, consideran necesario aunar fuerzas para consolidar la voluntad reeleccionista de Javier Milei.

La mesa electoral que activó la menor de los Milei alcanzó un principio de pacto con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Según supo este medio, podría extenderse a Claudio Poggi (San Luis) si las conversaciones prosperan, aunque es “prematuro”.

Con varias provincias del mapa en definición, también se adoptó la resolución de competir en los territorios que conduce el peronismo crítico por lo que descuetan la presentación de candidatos propios para hacer frente a Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

“El resto se verá caso por caso”, precisaron desde el espacio a este medio. No obstante, Karina Milei se inclina por competir con listas propias en provincias grandes como Córdoba y Santa Fe, en las que el vínculo con sus respectivos gobernadores, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, fue fluctuante a lo largo de los dos años de gestión.

La Ciudad de Buenos Aires se presenta como otro de los territorios que la funcionaria mantiene en la mira. Pese al acercamiento del mandatario con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, La Libertad Avanza persiste en sus intenciones de disputarle al PRO la conducción de la Ciudad.

En medio de los debates internos, el oficialismo busca un equilibrio que le permita sancionar las leyes que diseña el Ejecutivo y mantener el canal de diálogo electoral abierto a futuro. En Casa Rosada entienden que el vínculo con los gobernadores es determinante para avanzar en la gestión, pero también ayuda en la proyección de la estrategia política de Milei hacia 2027.

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