POLITICA
El Gobierno empieza a jerarquizar el vínculo con las provincias pensando en las reformas y el año electoral
Aunque no cuenta con gobernadores propios, la Casa Rosada logró armar su propio mapa de apoyos a lo largo y ancho del país y debate la estrategia política que le permita fortalecer su posición legislativa sin perder de vista los eventuales acuerdos electorales rumbo a 2027.
Si bien hay matices en la mesa política, desde el oficialismo aseguran que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fijó la idea de pactar solo con las provincias que se mostraron en sintonía con la administración. “La línea que impera es la de Karina y quiere acordar con los que valga la pena”, sintetizó uno de los integrantes. Lo cierto es que además de su función en el Poder Ejecutivo, la menor de los Milei es la titular de La Libertad Avanza y la encargada de diseñar las listas rumbo a las próximas elecciones.
Sin embargo, no es la única postura planteada en la mesa que se reúne semanalmente en el despacho del Ministerio del Interior que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el primer piso de Casa Rosada.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, aspiran a trazar alianzas macro con representantes provinciales que permita demostrar “sustentabilidad”. El objetivo es extender el entendimiento al plano legislativo y de gestión, pero también al electoral a nivel nacional y provincial.
“Hay que acordar con todos los que compartan la agenda del Presidente y garanticen blindaje político”, sostuvieron desde ese sector. “Si empezas a tener inconvenientes en la cámara antes de tiempo se te puede complicar. Además, no sé si es factible que los gobernadores estén de acuerdo en votar proyectos sin certezas hacia adelante”, coincidió otra voz del ecosistema violeta.
Ante esta posición, hay quienes consideran que es muy anticipado abordar el debate electoral a más de un año de los comicios, y sin tener siquiera los cronogramas electorales definidos. “Los gobernadores no hablan de elecciones. Estamos a un año. Además, hay que ver qué hacen con las elecciones”, argumentó una fuente al tanto de las conversaciones a este medio respecto de los posibles adelantamientos provinciales en estudio.
Otro elemento aún pendiente es el tratamiento de la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento partidario, que el Gobierno envió al Congreso y que aspira a discutir en el Senado. Para su sanción definitiva, necesita indefectiblemente del apoyo de los gobernadores. “Los votos van a estar”, anticipa un funcionario a Infobae.
Ante la hoja de ruta legislativa trazada por el Poder Ejecutivo, Diego Santilli es uno de los encargados de manejar el vínculo con los representantes provinciales, en coordinación con Eduardo “Lule” Menem, armador nacional del partido. Este lunes, Santilli mantuvo un encuentro con el catamarqueño Raúl Jalil -uno de los principales aliados del oficialismo- en Parque Norte, y luego recibió al salteño Gustavo Sáenz en Casa Rosada junto a Lule Menem.
Las primeras definiciones rumbo a 2027
Desde La Libertad Avanza evitaron dar precisiones respecto a los entendimientos electorales, aunque anticiparon que lo lógico es replicar la articulación consolidada en las elecciones legislativas de 2025. Si bien la idea es respetar la voluntad provincial de los aliados, consideran necesario aunar fuerzas para consolidar la voluntad reeleccionista de Javier Milei.
La mesa electoral que activó la menor de los Milei alcanzó un principio de pacto con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Según supo este medio, podría extenderse a Claudio Poggi (San Luis) si las conversaciones prosperan, aunque es “prematuro”.
Con varias provincias del mapa en definición, también se adoptó la resolución de competir en los territorios que conduce el peronismo crítico por lo que descuetan la presentación de candidatos propios para hacer frente a Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
“El resto se verá caso por caso”, precisaron desde el espacio a este medio. No obstante, Karina Milei se inclina por competir con listas propias en provincias grandes como Córdoba y Santa Fe, en las que el vínculo con sus respectivos gobernadores, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, fue fluctuante a lo largo de los dos años de gestión.
La Ciudad de Buenos Aires se presenta como otro de los territorios que la funcionaria mantiene en la mira. Pese al acercamiento del mandatario con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, La Libertad Avanza persiste en sus intenciones de disputarle al PRO la conducción de la Ciudad.
En medio de los debates internos, el oficialismo busca un equilibrio que le permita sancionar las leyes que diseña el Ejecutivo y mantener el canal de diálogo electoral abierto a futuro. En Casa Rosada entienden que el vínculo con los gobernadores es determinante para avanzar en la gestión, pero también ayuda en la proyección de la estrategia política de Milei hacia 2027.
Maximiliano Pullaro,Javier Milei,Santa Fe,Argentina,política,gobierno,funcionarios,reunión,evento
POLITICA
La Legislatura porteña debate proyectos clave: la línea F de subte, cambios en la VTV y la ley antitrapitos
La Legislatura porteña sesiona este jueves desde las 11 con una agenda cargada que reúne proyectos vinculados al transporte, el espacio público, la regulación de los vapeadores, la revisión técnica vehicular y medidas de alivio económico para familias endeudadas.
El temario incluye iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y propuestas de los distintos bloques políticos.
Uno de los proyectos centrales enviados por la gestión de Jorge Macri es el que habilita el financiamiento para la construcción de la Línea F de subterráneos.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta 1350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y la eventual emisión de títulos públicos.
La futura Línea F será la primera ampliación de la red de subtes en 25 años y busca mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la Ciudad.
El recorrido previsto abarcará 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.
Además, el trazado permitirá combinar con las líneas A, B, C, D, E y H de subterráneos y conectar con los ferrocarriles Roca, en Plaza Constitución, y San Martín, en la zona de Palermo. El proyecto contó con un trabajo de articulación entre distintos bloques legislativos.
Ley Antitrapitos
Otro de los expedientes impulsados por el oficialismo es la denominada Ley Antitrapitos, que también incorpora aportes de una iniciativa presentada por La Libertad Avanza.
La propuesta apunta a endurecer las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento de vehículos, su cuidado en la vía pública o la limpieza de parabrisas.
Las propuestas de la oposición
La sesión también debatirá un proyecto promovido por la Unión Cívica Radical para regular el uso, la comercialización y la promoción de vapeadores y otros productos emergentes de tabaco y nicotina.
El objetivo de la iniciativa es restringir el acceso de menores de 18 años a estos dispositivos.
Por su parte, La Libertad Avanza incorporó dos proyectos al temario, ambos presentados por la legisladora María del Pilar Ramírez.
El primero propone una reforma integral del régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), con el objetivo de desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y adecuar los requisitos técnicos a los avances tecnológicos y a la normativa nacional.
Leé también: El Gobierno apelará el fallo que avaló el cambio de domicilio de la AFA y anuló la veeduría
La iniciativa establece que los vehículos particulares cero kilómetro realicen su primera verificación a los cinco años del patentamiento.
Luego, las revisiones serían bianuales para las unidades de hasta diez años de antigüedad y anuales para las más antiguas. También prevé organizar los controles según el último número de la patente para evitar concentraciones de demanda.
El proyecto, además, elimina el cupo de plantas verificadoras y habilita a que talleres, concesionarios e importadores que cumplan las exigencias técnicas puedan prestar el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.
La propuesta también modifica el régimen de grabado de autopartes. El procedimiento seguiría siendo obligatorio sobre seis partes de la carrocería, aunque contempla la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo las normas correspondientes.
Asimismo, dispone que los talleres habilitados verifiquen su cumplimiento antes de aprobar la VTV.
El segundo expediente de La Libertad Avanza es la denominada Ley Hojarasca, que plantea derogar más de 20 normas consideradas desactualizadas, redundantes o sin aplicación efectiva.
También prevé que las partidas presupuestarias vinculadas a esas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas y encomienda al Poder Ejecutivo adecuar la normativa reglamentaria y administrativa que resulte afectada.
En tanto, Fuerza por Buenos Aires impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad. El proyecto, presentado por el diputado Leandro Santoro, busca asistir a sectores vulnerables mediante líneas de crédito especiales destinadas exclusivamente a cancelar deudas previas.
La iniciativa contempla préstamos exentos de impuestos, con una tasa nominal anual máxima del 40% y plazos de hasta 36 meses. Podrían acceder quienes registren deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos y acrediten al menos dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.
Leé también: Un concejal le pegó una trompada en la cara a un intendente tras discutir por una jineteada en Entre Ríos
El programa alcanzaría a empleados, monotributistas hasta la categoría G y jubilados, aunque excluye a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores al monto adeudado o hayan realizado compras de divisas recientemente.
También deja afuera deudas alimentarias, tributarias, hipotecarias, prendarias y las vinculadas a la adquisición de vehículos o bienes registrables.
La propuesta prevé que los fondos se transfieran directamente a los acreedores, la creación de una ventanilla única física y digital y una campaña de difusión.
Además, establece un sistema de prioridades para hogares con menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de la educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos, y contempla la eventual participación de otras entidades financieras bajo las mismas condiciones del programa.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Legislatura porteña, Subte, PRO
El Gobierno estrenó hoy el decreto con el que modificó los trámites para elegir jueces y limitó la participación de la ciudadanía en el proceso. Puso en práctica el nuevo mecanismo con concursos clave, tendientes a elegir a magistrados que llevarán causas de alta sensibilidad política.
El Ministerio de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial las ternas de candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura correspondientes a siete concursos. Incluyen el destinado a cubrir dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. También, el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico y el federal 2 de La Plata.
La publicación de hoy -que es por un solo día- cumple con enumerar los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde pueden consultarse los curriculum y los puntajes obtenidos por los distintos candidatos. Eso es todo lo que demanda el nuevo decreto.
Hasta la semana pasada, estaba vigente el decreto 588/2003, que preveía un período de quince días para que particulares, colegios profesionales y asociaciones vinculadas a la Justicia presenten observaciones y objeciones a los candidatos. Contemplaba también la posibilidad de que el ministerio invitara a exponer su opinión a organizaciones especializadas. Establecía además que el Gobierno les pediría una declaración jurada patrimonial a los postulantes y que esa declaración podría ser consultada por la ciudadanía.
El Ministerio estaba obligado, asimismo, a pedir a ARCA un informe sobre “el cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales”. Después, debía presentarle su informe sobre los postulantes al Presidente.
El nuevo decreto de Milei cambia tanto la forma de elegir jueces, fiscales y defensores, como ministros de la Corte Suprema. Fue muy cuestionado por reducir la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta semana una acción de amparo para frenar la aplicación del decreto.
En paralelo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto en rechazo de la nueva norma, a la que consideran un retroceso en materia de institucionalidad.
Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.
Además de eliminar la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, el decreto dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.
El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.
Conforme a
El recital de una banda musical, un partido de fútbol, el show de un DJ o cualquier evento masivo siempre tuvieron un denominador común: los “cuidacoches” o “trapitos”. En este sentido, la Legislatura porteña tratará en sesión ordinaria un proyecto que abarca esta problemática.
La normativa -impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por la diputada María del Pilar Ramírez, en proyectos separados y posteriormente unificados- propone una reforma clave al Código Contravencional que endurece las penalidades contra este tipo de prestación ilegal de servicios. De esta manera, la medida marca una acción concreta en la política oficial: busca frenar la proliferación de esta actividad y responde a las reiteradas denuncias de vecinos y automovilistas por intimidación y apropiación del espacio público.
El cambio, que modifica los artículos 91 y 92 de la Ley N° 1.472, introduce una escala sancionatoria mucho más rigurosa. El texto explica que el esquema de penalizaciones vigente era insuficiente: la baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia barrial. Ahora, el nuevo texto distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.
La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa: los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados de hecho por quienes ejercen el rol de cuidacoches.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el reconocimiento de esquemas organizados en torno a eventos masivos y grandes parques. Según la Comisión de Justicia de la Legislatura, “la experiencia en espectáculos deportivos o recitales evidencia coordinación y distribución territorial, ameritando sanciones más severas, con diferenciación clara entre el infractor individual y quienes fomentan la actividad en grupo”.
Penalidades agravadas y restricciones de acercamiento
El nuevo artículo 91 establece que ofrecer o prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización será penado con diez a treinta días de arresto, trabajos de utilidad pública de veinte a cuarenta y cinco días o multas que pueden llegar a 7.000 unidades fijas. Es decir, la infracción puede ascender hasta los $6.649.930.
Como novedad, se añade la posibilidad de que el magistrado aplique la «prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía» al lugar, restricciones ya utilizadas en delitos vinculados a violencia. Esto es que el infractor no puede concurrir o acercarse a la zona donde realizó el delito.
El texto suma agravantes: en situaciones donde haya intimidación, persistencia, desigualdad de género o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor o del entorno, la pena se duplicará automáticamente, siempre que el hecho no constituya delito penal.
Frente a la existencia de organización, las sanciones se endurecen todavía más. Los organizadores, jefes y coordinadores podrán recibir hasta sesenta días de arresto y se habilita la inhabilitación para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales por hasta dos años.
Eventos masivos y responsabilidad institucional
El artículo 92 eleva el nivel de rigurosidad cuando estas contravenciones suceden en torno a grandes espacios o durante eventos masivos, como partidos de fútbol o recitales. En esos casos, si la prestación ilegal ocurre en un radio de hasta cincuenta cuadras y entre las seis horas previas y las tres siguientes a la finalización del evento, la sanción escalará de 15 a 50 días de arresto para los partícipes y entre 45 y 60 días para quienes tengan roles en dicha organización.
Además, el nuevo marco dispone que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, junto con otros organismos, podrá instalar oficinas móviles en los alrededores de los eventos para recepcionar denuncias de los perjudicados.
La ley incorpora una cláusula inédita destinada a clubes y organizadores: si se prueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institución o entidad organizadora en la actividad ilegal, esa entidad será sancionada con multas de hasta 20.000 unidades fijas ($18.999.800) y clausura de instalaciones por un período de 30 a 90 días.
Ambos artículos reformados prevén la obligación de que el juez interviniente ponga en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo que en el futuro lo reemplace. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.
concierto,multitud,estadio,Buenos Aires,recital,banderas,bombos,luces,energía,música en vivo
La Legislatura porteña debate proyectos clave: la línea F de subte, cambios en la VTV y la ley antitrapitos
Lionel Messi, el hombre que lo supera todo: la mirada de Fernando Marín sobre un fenómeno para la eternidad
El Gobierno estrenó su polémico decreto de designación de jueces
El papa León XIV confirmó que visitará Perú en noviembre y crece la expectativa por su posible llegada a la Argentina
República Checa vs. Sudáfrica: formaciones, hora y dónde ver por tv
Punto por punto, la nueva ley contra los trapitos que discutirá hoy la Legislatura porteña
Patricia Bullrich: “El Presidente considera que Adorni dio una explicación razonable”
El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado
La secuencia del golazo de Messi para Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial 2026 y los récords que rompió
Gaspi, reconocido streamer argentino, falleció en un accidente aéreo en Brasil
POLITICA15 horas agoPatricia Bullrich: “El Presidente considera que Adorni dio una explicación razonable”
- POLITICA1 día ago
El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado
- DEPORTE2 días ago
La secuencia del golazo de Messi para Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial 2026 y los récords que rompió
