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INTERNACIONAL

En Venezuela, Trump prometió transparencia. Pero los acuerdos petroleros secretos persisten

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Funcionarios estadounidenses y venezolanos han prometido una nueva era de rendición de cuentas para la lucrativa industria petrolera de Venezuela tras la caída del presidente Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos controlaría las ventas de petróleo venezolano.

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Venezuela presentaría presupuestos mensuales a la Casa Blanca, según informó la administración Trump, y Estados Unidos anunció la contratación de auditores para verificar los recibos.

La nueva líder de Venezuela y aliada de Trump, Delcy Rodríguez, dijo que el público podría rastrear cada dólar proveniente del petróleo en un nuevo sitio web.

Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha arrojado luz hasta el momento sobre el destino del dinero del petróleo venezolano, lo que suscita interrogantes sobre la voluntad política en Washington y Caracas.

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Aun con las mejores intenciones, el plan de Washington para demostrar cómo y dónde se gastan las riquezas petroleras de Venezuela sería una tarea titánica.

Décadas de saqueo han dejado a Venezuela con una industria petrolera opaca y profundamente corrupta, un problema que Rodríguez no logró solucionar en gran medida durante su anterior gestión de la economía nacional.

Según documentos internos y estadísticas oficiales, por cada 2 dólares que Venezuela ganó vendiendo petróleo a principios de esta década, robó 1 dólar.

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Hoy en día, lo que está en juego es aún mayor.

Para Trump, su plan para liberar el enorme potencial petrolero de Venezuela con 100 mil millones de dólares de inversión estadounidense depende en parte de convencer a los ejecutivos petroleros estadounidenses de que su administración puede establecer el estado de derecho.

Para Rodríguez, asegurar a los venezolanos que la industria petrolera, una parte fundamental de la identidad nacional del país, beneficia a muchos y no solo a unos pocos es vital para mejorar sus escasas probabilidades de ganar unas elecciones presidenciales competitivas que Estados Unidos está impulsando para el próximo año.

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No está claro cuánta corrupción toleraría Rodríguez para mantener su control sobre el gobierno, que sigue plagado de los burócratas de Maduro y sus patrocinadores empresarios.

Frente a la sede de PDVSA en Caracas, la capital de Venezuela. Foto de Adriana Loureiro Fernández.

Durante los trece años de gobierno de Maduro, la omnipresente petrolera estatal venezolana, PDVSA, se convirtió en el patrimonio personal de su familia, lo que permitió a parientes y allegados vender petróleo en condiciones sumamente ventajosas.

Este clientelismo facilitó el funcionamiento del aparato gobernante, asegurando su lealtad a Maduro, quien sobrevivió a múltiples crisis antes de ser capturado en enero por las fuerzas especiales estadounidenses.

Los opacos esquemas de comercio de petróleo continuaron hasta la caída de Maduro, y algunos beneficiarios han seguido haciendo negocios discretamente con PDVSA bajo el mandato de Rodríguez, según documentos internos y entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos y personas cercanas a la industria.

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Las dudosas negociaciones están poniendo a prueba su promesa de romper definitivamente con las políticas económicas de Maduro, a las que culpa de la prolongada crisis financiera de Venezuela.

Estos documentos, hasta ahora inéditos, ofrecen una visión excepcional de la magnitud de la corrupción durante los últimos años de Maduro, marcados por un enfrentamiento económico con Estados Unidos y una creciente represión interna.

Un pescador cerca de la refinería de Cardón, en Venezuela. Foto de Adriana Loureiro Fernández.

Los documentos y las entrevistas también revelan el papel central que desempeñó un familiar de Maduro, Carlos Malpica Flores, a quien varios funcionarios petroleros venezolanos y personas influyentes del sector han descrito como el custodio de la fortuna de la familia Maduro.

Las personas entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias.

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En diciembre, la administración Trump impuso sanciones a Malpica, de 53 años, alegando que había “facilitado la continua corrupción del régimen de Maduro”.

Malpica no respondió a las preguntas enviadas a través de un socio comercial y dos familiares.

Documentos de PDVSA revelan que empresas fantasma controladas por Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro exportaron petróleo por valor de 11.000 millones de dólares entre 2021 y 2022 sin pagar nada a la empresa estatal.

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Según estadísticas del banco central del país, esa cantidad representó la mitad de todos los ingresos petroleros de Venezuela en esos dos años.

Las ventas de petróleo no registradas parecen haber violado la ley venezolana vigente en ese momento, que otorgaba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera del país.

Desde la destitución de Maduro y la imposición del control estadounidense sobre las exportaciones petroleras venezolanas en enero, Malpica parece haber perdido el acceso a las ventas de crudo, según fuentes cercanas al sector.

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Sin embargo, estas mismas fuentes, así como un alto funcionario petrolero venezolano, afirman que Malpica sigue obteniendo beneficios de sus empresas, que operan yacimientos petrolíferos, prestan servicios a PDVSA y exportan productos petrolíferos a nivel local.

Nicolás Maduro siendo conducido al juzgado federal de Manhattan en enero. Foto Vincent Alban/The New York Times

El gobierno venezolano no respondió a las solicitudes de comentarios.

La administración Trump declinó hacer declaraciones públicas para este artículo.

Un funcionario del gobierno afirmó que el gobierno venezolano estaba ofreciendo garantías de que los fondos se estaban gastando adecuadamente.

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El mes pasado, Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, informó al Congreso que el gobierno estadounidense contrató a KPMG, una firma global de servicios financieros, para auditar las ventas de petróleo de Venezuela, y agregó que la firma presentará los informes en una fecha posterior aún no especificada.

El banco central de Venezuela anunció la semana pasada que contrató por separado a otra firma auditora, sin proporcionar más detalles.

Caso

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La historia de Malpica ejemplifica la transformación de la economía venezolana en un feudo personal de la familia Maduro, un sistema que aún se mantiene parcialmente vigente a pesar del cambio de liderazgo.

Maduro, exconductor de autobús y líder sindical, carecía de los conocimientos técnicos necesarios para comprender la compleja economía venezolana cuando su mentor y predecesor, Hugo Chávez, aquejado de cáncer, le legó la presidencia en 2013.

Maduro necesitaba aliados para gobernar el país. Y esos aliados debían serle leales a él, no a Chávez, un autoproclamado revolucionario que gozaba de la adoración de sus seguidores. Maduro y su esposa, Cilia Flores, una política de gran trayectoria, se embarcaron en la creación de una nueva élite.

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Entre los reclutas de Maduro se encontraba Rodríguez, un abogado procedente de una destacada familia de izquierdas.

Maduro y Flores también comenzaron a nombrar a decenas de familiares sin ninguna cualificación aparente para ocupar cargos públicos, algunos de los cuales aún permanecen en ellos.

Uno de los parientes era Malpica, sobrino de la primera dama, quien al comienzo del mandato de Maduro persuadió al presidente para que le permitiera gestionar los asuntos relacionados con el sector petrolero, según informaron altos funcionarios en aquel momento.

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La carrera de Malpica despegó rápidamente.

Meses después de hablar de poder, Maduro lo nombró miembro del consejo de administración del banco de desarrollo venezolano, conocido como Bandas.

Poco después, se convirtió en tesorero nacional y jefe de finanzas de PDVSA.

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Estos cargos le dieron a Malpica acceso ilimitado a la riqueza petrolera de Venezuela, la cual continuó explotando después de dejar el sector público en 2016 y convertirse en subcontratista y comprador de petróleo de PDVSA.

A finales de 2022, el consejo de administración de PDVSA se reunió para hacer balance de los años de facturas petroleras impagadas por Malpica y otros allegados de Maduro, según la presentación de la reunión a la que tuvo acceso el Times.

El consejo contabilizó cerca de 240 buques petroleros que zarparon sin recibir el pago entre 2019 y 2022, lo que le costó al Estado venezolano 13.000 millones de dólares.

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La presentación muestra que la junta votó a favor de condonar ese dinero.

Meses después, Rodríguez asumió la dirección de PDVSA tras orquestar la caída de su predecesor, Tareck El Aissami, protegido de Maduro y actualmente en juicio por cargos de corrupción.

Bajo su gestión, las irregularidades más flagrantes de PDVSA, como la falta de pago en la venta de petróleo, cesaron en gran medida.

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Pero Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro continuaron recibiendo acceso preferencial al petróleo, lo que demuestra los límites de sus iniciativas.

En 2023, por ejemplo, una empresa fantasma vinculada a Malpica se convirtió en el segundo mayor exportador de crudo venezolano, solo por detrás de Chevron, una multinacional que lleva un siglo produciendo petróleo en Venezuela, según muestran los documentos.

Copias de algunos contratos revelan que la empresa fantasma Hangzhou Energy, registrada en China, recibió petróleo de PDVSA en condiciones sumamente favorables e inusuales, a pesar de no tener historial de actividad comercial.

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Un contrato para 2022 muestra que a Hangzhou se le permitió vender aproximadamente una décima parte del volumen de exportaciones del país ese año a cambio de proporcionar al gobierno una cantidad no especificada de «ayuda humanitaria«.

No está claro cuánta ayuda entregó finalmente Hangzhou ni qué incluía.

Los acuerdos de petróleo por alimentos, supuestamente creados en respuesta a las sanciones estadounidenses, similares al obtenido por Hangzhou, se convirtieron en una importante fuente de corrupción durante los últimos años de Maduro, desviando miles de millones de dólares del Estado en un momento de crisis humanitaria, según el gobierno estadounidense y las investigaciones del medio venezolano Armando.Info.

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Un correo electrónico enviado a Zhang Junling, gerente de operaciones de Hangzhou, quedó sin respuesta.

Aunque los representantes legales de Hangzhou figuraban oficialmente en China, en la práctica fueron Malpica y su socio, Ramos Carretero, quienes representaron a Hangzhou en las reuniones con PDVSA, según varios funcionarios de PDVSA y personas de la industria petrolera venezolana, lo que implica que los dos hombres eran los beneficiarios finales de la empresa.

Hangzhou también contaba con otros acuerdos de pago inusuales y lucrativos.

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La mayoría de los compradores de petróleo debían pagar a PDVSA en dólares. Sin embargo, Hangzhou pagaba a Bandes, el banco de desarrollo, en bolívares, la moneda local, según documentos de PDVSA, mensajes internos consultados por The New York Times y entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos.

Este plan contradecía la razón fundamental por la que las naciones exportan petróleo: para obtener divisas para sus importaciones.

El control del tipo de cambio en Venezuela significaba que comprar petróleo a precios bajos en bolívares y venderlo a refinerías chinas a cambio de monedas estables como el dólar permitiría a los propietarios de Hangzhou obtener enormes beneficios.

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Y la descontrolada inflación de Venezuela significó que cualquier bolívar que Hangzhou depositara en Bandes, una institución opaca vinculada a Malpica, se volviera prácticamente inútil.

La estrecha relación de Malpica con Maduro y su esposa le ayudó a sobrevivir a las purgas periódicas de PDVSA, que han llevado a la cárcel a cuatro de sus presidentes recientes y a decenas de ejecutivos, incluidos la mayoría de los que firmaron contratos con Hangzhou.

Según varias personas cercanas a ambos, Malpica también logró entablar una amistad con Rodríguez a lo largo de los años.

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Esta conexión parece haberlo salvado hasta ahora de la purga del nuevo presidente, que ha provocado el despido o el ostracismo de decenas de familiares de Maduro.

Varios empresarios petroleros cercanos a Maduro han sido detenidos desde su captura, pero hasta el momento ninguno ha sido acusado públicamente de ningún delito financiero.

El sitio web de rendición de cuentas de la industria petrolera, llamado Soberanía Transparente, prometido por Rodríguez en enero, muestra hoy una sola entrada.

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Según la página web, el gobierno vendió en marzo combustible por valor de 300 millones de dólares, que se utilizó para aumentar el salario mínimo.

El sitio web no indicaba quién había comprado el aceite ni por cuánto.

c.2026 The New York Times Company

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INTERNACIONAL

Bloqueos en Bolivia: por qué paralizar las carreteras es una herramienta de presión política

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Bloqueo de caminos en una carretera boliviana (REUTERS/Patricia Pinto)

Las principales carreteras de Bolivia están cortadas desde hace más de 45 días por personas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de traición y de gobernar de manera excluyente en contra de sus intereses.

Aunque el conflicto actual destaca por ser el más prolongado y extendido de los últimos años, el bloqueo de caminos está lejos de ser una medida de presión aislada en la política boliviana. De hecho, fueron la segunda forma de manifestación más recurrente en 2025, solo detrás de las “declaratorias de emergencia”.

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Según datos de la Defensoría del Pueblo, el año pasado se registraron 841 hechos de conflictividad en el país, de los cuales 180 se tradujeron en bloqueos, la mayoría motivados por conflictos políticos derivados del proceso electoral y la debacle financiera que atraviesa el país.

Los piquetes actuales han profundizado la crisis y han generado pérdidas millonarias para sectores estratégicos como el transporte, la industria y el turismo. En La Paz, la sede de Gobierno, la población ha experimentado no solo escasez de alimentos y de combustible a causa del cierre de sus vías de acceso, sino también interrupciones en el transporte público, la suspensión de las clases escolares presenciales y la cancelación temporal de algunos servicios médicos por falta de oxígeno.

bloqueos y huelga de choferes en La Paz, Bolivia
Una mujer camina en medio de un bloqueo de transportistas en El Alto, Bolivia. 25 de marzo de 2026. (AP Photo/Juan Karita)

Ese escenario convulso puso sobre la mesa el debate sobre la legitimidad de los cortes de caminos como una herramienta de lucha política.

Todo bloqueo es criminal porque atenta contra los derechos de las personas”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, quien presentó un proyecto de ley para penalizar los piquetes. La norma, que está trabada en una comisión de la Asamblea Legislativa, plantea sancionar a quienes corten carreteras con penas que van de 3 a 20 años de cárcel.

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El diputado justifica su proyecto porque “se afectan los derechos más básicos y elementales, no solo al libre tránsito sino también a la salud, la educación, el trabajo y la alimentación (…) de personas inocentes que no tienen nada que ver con los reclamos de los bloqueadores”. En entrevista con Infobae, Alarcón señaló que “no se puede corregir lo que se considera una injusticia con una injusticia mayor contra el conjunto de la población”.

Para la socióloga Luciana Jáuregui, más allá del debate sobre la criminalización de las protestas, es necesario comprender el origen de este mecanismo de acción política y las tensiones sociales que lo alimentan.

Bloqueos en Bolivia
Un punto de bloqueo en Parotani, Bolivia (EFE/ Luis Gandarillas)

Jáuregui sostiene que en Bolivia existe una “contradicción estructural” entre la conformación institucional y las organizaciones comunitarias que no están representadas en el Estado. “Las protestas se originan en ese desacople”, señala y explica que las causas tienen que ver con una crisis de mediación institucional, la desigualdad económica histórica y una exclusión simbólica de las poblaciones rurales.

Los sectores que recurren a los bloqueos como medida de presión señalan que es la única manera de ser escuchados. “No hay otra forma de lucha sindical”, afirmó en entrevista con Infobae David Mamani, ex dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, una de las cuales se manifiesta actualmente contra el Gobierno. “Cuando acudimos a una huelga de hambre, nadie la toma en cuenta. Si hacemos una marcha de protesta, no pasa nada. Todo es chiste para los gobernantes. Entonces, ¿cómo podemos lograr hacernos escuchar?”, justificó.

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Los bloqueos prolongados revelan el nivel de organización social que tienen las poblaciones campesinas. La forma de sostener más de seis semanas en las calles es mediante turnos de rotación y la toma de decisiones de manera unánime. “Nadie nos da dinero, es una gran mentira que alguien esté financiando esta movilización, no hay nada de eso”, afirmó sobre las versiones que vinculan las protestas con dinero externo y de organizaciones ilícitas.

Manifestantes sostienen un cartel que dice en español: "No más bloqueos", durante una protesta que exige que los manifestantes antigubernamentales despejen las carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, Bolivia, el martes 9 de junio de 2026 (AP/Juan Karita)
Manifestantes sostienen un cartel que dice en español: «No más bloqueos», durante una protesta que exige que los manifestantes antigubernamentales despejen las carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, Bolivia, el martes 9 de junio de 2026 (AP/Juan Karita)

El dirigente campesino es consciente del daño colateral de la medida de presión y afirma que toda protesta tiene “causa y efectos”. Aún así, considera que su demanda es justa y que si la administración de Rodrigo Paz no hubiera incumplido sus promesas de campaña, ellos no estarían hoy en las calles. “Estamos en las carreteras porque el Gobierno ha ojo cerrado ha ejecutado decretos anticampesinos”, afirmó.

Sin embargo, los bloqueos como herramienta de lucha política trascienden a las organizaciones campesinas. En los últimos años, las clases medias impulsadas por las instituciones cívicas de Santa Cruz también hicieron bloqueos en vías urbanas -con dinámicas diferentes y bajo la modalidad de “paro cívico”-, para exigir desde la renuncia de Evo Morales en 2019 hasta la realización de un censo de población y vivienda en 2022.

Jáuregui explica que estos conflictos suelen estallar en una sociedad dividida y con intereses antagónicos cuando una de las partes no controla los recursos institucionales y económicos del Estado. “Eso sucede en los dos casos (…) cuando no existen canales de ejercicio de poder, se recurre a la calle”, apunta la analista que ve en las instituciones bolivianas un “Estado parcial” que no logra reflejar “la estructura plural de poder que existe en la sociedad”.

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Enfrentamientos-Bolivia
Un cartel y troncos en el piso impiden el tránsito en una calle de Santa Cruz de la Sierra en noviembre de 2022. El piquete reclamaba que se adelante la fecha de un censo de población y vivienda (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

Estas diferencias se traducen también en la forma en la que se miran las protestas: mientras unos consideran los bloqueos una medida de presión legítima para obtener beneficios colectivos, otros creen que es un atentado cruel contra los derechos fundamentales.

“¿Cuánto tiempo más nos falta sufrir? ¿Qué quieren? ¿Qué comencemos a robarnos entre nosotros para dar de comer a nuestros hijos? Tanto bloqueo, bloqueo, bloqueo no es justo; nosotros solo queremos trabajar”, manifestó entre lágrimas una mujer comerciante de La Paz, a la que ya no le llegan productos ni clientes. “Nosotros no estamos a favor de nadie, lo único que queremos es poder vender tranquilas”, agregó.

Aunque el diputado Alarcón defiende su proyecto de ley “antibloqueos” como una norma constitutiva de un nuevo ordenamiento social y garantiza los otros métodos de protesta reconocidos en la Constitución Política del Estado —marchas, huelgas, mítines, etc.—, el dirigente Mamani anuncia una “absoluta” resistencia a la aprobación de esa norma.

Esta pulseada latente revela un problema más profundo: la dificultad de una sociedad fragmentada para construir consensos mínimos que le permitan dirimir sus diferencias por vías institucionales.

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Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest

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INTERNACIONAL

Israel–Hezbollah ceasefire becomes first test of Trump Iran framework after talks delay

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A U.S.-backed ceasefire between Israel and Iran-backed terror group Hezbollah was set to take effect Friday afternoon, as Washington tried to salvage a broader regional framework with Iran after talks scheduled for Switzerland were abruptly postponed.

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The Israel–Hezbollah ceasefire was set to take effect 9 a.m. Eastern Time/4 p.m. local time, both a senior U.S. and an Israeli official told Fox News Digital, but whether the ceasefire formally took effect remains disputed.  

The White House has not publicly commented on whether the ceasefire has formally taken effect. 

A Hezbollah spokesperson told Fox News Digital that the group would abide by the ceasefire if Israel does, but «reserves the right to respond» to any violation. The spokesperson said Hezbollah did not yet view the ceasefire as having taken effect, claiming Israel was still carrying out strikes in southern Lebanon more than an hour after it was supposed to begin.

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ISRAEL MOVES TOWARDS CEASEFIRE DEAL WITH HEZBOLLAH: REPORTS

Prime Minister Benjamin Netanyahu posted a video after the 4 p.m. local start time that he said showed Israel Defense Forces striking Hezbollah targets in Lebanon. It is unclear when those reported strikes took place, and Fox News Digital could not independently verify their timing.

«As I instructed – the IDF struck powerfully 150 Hezbollah targets in Lebanon and eliminated dozens of terrorists,» he wrote on X. 

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IDF spokesperson Effie Defrin said Hezbollah had killed four Israeli soldiers in overnight strikes early Friday. 

An airplane flies as smoke rises after an Israeli strike on Beirut’s southern suburbs amid escalating tensions between Hezbollah and Israel on March 6, 2026. (Khalil Ashawi/Reuters)

Still, an Israeli official said Israel intends to honor the ceasefire agreement.

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«If Hezbollah doesn’t shoot, we won’t shoot. If they shoot — we will respond,» the official told Fox News Digital.

The agreement came after negotiations between the U.S. and Iran scheduled to take place this weekend in Switzerland were abruptly postponed. The White House has not publicly provided a reason for the delay.

Trump has expressed increasing frustration with Netanyahu over the conflict with Hezbollah in Lebanon. 

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«Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon,» Trump said to reporters Tuesday at the G7 conference in France. «Too many people are being killed, and you don’t have to knock down an apartment house every time you’re looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they’re not all Hezbollah, that I can tell you.»

«I’m not saying they shouldn’t protect themselves,» he added Wednesday during separate remarks to reporters. «I’m saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don’t have to knock down buildings in Beirut. They could behave better, and frankly, they could do a better job.»

Hezbollah is an Iran-backed Shiite militant group and political movement based in Lebanon that the U.S. has designated as a foreign terrorist organization. Its conflict with Israel dates back decades, but the latest fighting has centered on Hezbollah rocket and drone attacks from Lebanon and Israeli strikes aimed at pushing the group back from the border and protecting northern Israeli communities.

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Smoke billows over Beirut's southern suburbs as seen from Baabda Lebanon

Smoke billows over Beirut’s southern suburbs following reported strikes amid escalating conflict involving Hezbollah and Israel, as seen from Baabda, Lebanon, on March 6, 2026. (Mohamed Azakir/Reuters)

«As the Vice President said at his press conference, the plans for the upcoming technical talks have not been finalized, and the U.S. delegation has been prepared to depart at the first available opportunity,» a White House spokesperson told Fox News Digital. «But the logistics of these negotiations have never been simple or predictable. As of now the Vice President is not departing tonight. We will let you know as soon as we have a concrete update about next steps.»  

The Iranian foreign ministry on Friday denied reports claiming Iran had once again closed the Strait of Hormuz. 

«The Armed Forces of the Islamic Republic of Iran have taken the necessary measures to ensure the safe passage of commercial ships through the Strait of Hormuz, in accordance with the Memorandum of Understanding on the End of the War dated 18 June 1405, and shipping is underway in this route,» foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei said in a statement posted to Telegram.

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A separate Iranian official told Fox News Digital Friday that traffic was moving «slowly» through the strait due to mine-clearing operations. 

HORMUZ CHOKE POINT PERSISTS AS IRAN HALTS OIL TRAFFIC DESPITE TRUMP CEASEFIRE

U.S. officials have described the memorandum signed Wednesday as a 60-day framework for negotiations toward a final agreement largely focused on Iran’s nuclear program.

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They have said any U.S. force withdrawal from areas near Iran would be tied to a final deal, not required immediately under the initial agreement.

Fireball rising from site of Israeli airstrike in Beirut's southern suburbs

A fireball rises from the site of an Israeli airstrike targeting an area in Beirut’s southern suburbs overnight on March 10 to 11, 2026. (Fadel itani / AFP via Getty Images)

The agreement also declared the «immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon,» according to U.S. officials.

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U.S. officials have said the memorandum also includes immediate oil sanctions waivers for Iran, an end to Iranian threats to the Strait of Hormuz and a process for lifting the U.S. blockade, and future talks over Iran’s nuclear program, including the fate of its enriched uranium stockpile.

Fox News Digital reached out to the Pentagon, Israeli Prime Minister’s Office and Iranian Foreign Ministry for additional comment and had not received responses by publication.

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Cuba abre la economía, pero depende del respaldo de Estados Unidos para que el cambio funcione

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LA HABANA (AP/AFP/Clarín). Las medidas de libre mercado aprobadas por el Parlamento cubano son la mayor reforma económica desde el triunfo de la revolución socialista al limitar el papel central del Estado y abrir el juego a la iniciativa privada. Pero su implementación «podría atravesar muchas dificultades», dijeron expertos el viernes.

«Elementos que durante décadas fueron enumerados como pilares de la economía revolucionaria, como el monopolio estatal del comercio exterior y la centralización de las fuerzas productivas, han sido desmantelados», dijo a The Associated Press el politólogo y abogado cubanoamericano Luis Carlos Battista.

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La víspera la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un paquete de medidas que incluyen desde más espacio para las empresas privadas y la posibilidad de importar y exportar sin intermediación estatal hasta permisos para que cadenas de comida rápida se instalen en la isla.

Sin embargo, Battista indicó que existen «numerosas dificultades» para su implementación, entre ellas la burocracia «lenta e ineficiente» y la desconfianza de los potenciales empresarios e inversores.

Por su parte, el investigador asociado del Instituto Quincy en Washington, Lee Schlenker, sostuvo que «habrá que ver cómo se desarrollan realmente, cómo se implementan y aplican; si se politizarán, si se aplicarán de forma selectiva o si, verdaderamente, todos los actores económicos serán tratados bajo las mismas condiciones».

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Ambos resaltaron además que si no se levantan las sanciones impuestas por Washington a Cuba —como las que castigan financieramente a los socios del congolemerado estatal Gaesa-, muchas de las medidas serán inaplicables. «Sólo tendrán un efecto real si se complementan con el levantamiento gradual de las prohibiciones y sanciones estadounidenses», indicó Schlenker.

Los cubanos recibieron la reforma con sensaciones ambiguas

Para Adolfo Sánchez, un empleado de un negocio privado de 63 años, «creo que con esas medidas va a haber una mejoría… en este momento tan difícil que estamos viviendo».

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Pero el pescador Pacheco Lisea, de 65 años, advirtió que un rol menor del Estado podría dejar sin cobertura a los más vulnerables. «Ahora estamos sueltos, el gobierno no nos protege», se lamentó.

«Si tengo 30 horas sin corriente, ¿cómo voy a ver los anuncios en la televisión? Me voy para el trabajo a oscuras y regreso a la casa a oscuras», se quejó Juana Pérez, una vendedora de artículos para el hogar de 54 años. «Esto va a seguir peor y peor cada día», dijo con pesimismo.

El parlamento cubano aprobó una reforma liberal, el mayor cambio económico desde la Revolución. Foto: Reuters/Norlys Perez

Cuba se encuentra bajo un cerco energético y financiero de Estados Unidos que ha agravado la crisis que padece desde hace cinco años y que ha tenido un fuerte impacto en la vida diaria, con apagones de hasta 20 horas y limitaciones en los servicios de salud, el transporte, la industria y la educación.

El presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, reconocieron que su política de máxima presión busca un cambio de sistema político y económico en Cuba. Pero el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que la isla podría encarar aperturas económicas, pero no abandonar su modelo socialista.

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Paolo Spadoni, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de Augusta University, en Georgia, advirtió que el éxito de la reforma dependerá de la agilidad para aplicarla por parte de las autoridades isleñas.

«Si los líderes cubanos tienen esperanza de sobrevivir a esta crisis sin precedentes y a la presión estadounidense tienen que moverse rápido con la implementación de la reforma y el logro de resultados tangibles», comentó a AP.

La crisis eléctrica, una de las caras de la crisis

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El parlamento cubano aprobó una reforma liberal, el mayor cambio económico desde la Revolución. Foto: Reuters/Norlys Perez

Justamente el sistema eléctrico de Cuba alcanzó un nuevo récord negativo de 2191 MW el jueves cuando el régimen anunciaba el nuevo paquete económico. La Unión Eléctrica (UNE) dio a conocer que nueve unidades térmicas estaban fuera de servicio y que unos 1203 MW no se generaban por falta de combustible, lo que dejó al país con una disponibilidad mínima frente a una demanda superior a los 3150 MW.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, la de mayor generación en el país, recibe otra reparación luego de una seguidilla de desconexiones, y varias plantas del resto de la isla están fuera de servicio entre averías y mantenimientos.

El déficit eléctrico se mantuvo elevado durante toda la jornada con apagones que superaron las 20 horas en La Habana y llegaron casi a 40 y aún más en otras regiones. Una de las causas de la continuidad de roturas del mayor bloque electroenergético del país es el aplazamiento de sus mantenimientos y la falta de piezas, que no se pueden adquirir por el bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la isla, aspecto que denuncia con continuidad el gobierno de Cuba.

La crisis energética ha generado un ambiente de creciente malestar ciudadano. En redes sociales, varios videos mostraban personas en la capital cantando el himno nacional, en medio de una humareda y el toque de los calderos.

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También en distintas localidades, especialmente en Santiago de Cuba y La Habana se reportaron cacerolazos, quema de basureros y consignas contra el Gobierno, protestas que cada vez son más comunes en las noches de Cuba.

Estas protestas se desarrollaban mientras en La Habana la Asamblea Nacional aprobaba el paquete. Díaz-Canel reconoció la gravedad de la situación económica, señalando que el país atraviesa «los momentos más difíciles de este siglo» y que existe una «responsabilidad histórica» para encontrar soluciones a la crisis.

«Es hora de cambiar todo lo que haya que cambiar para avanzar», declaró, enfatizando, sin embargo, que el proceso de reforma «no será fácil» porque deberá llevarse a cabo en condiciones particularmente complejas.

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El parlamento cubano aprobó una reforma liberal, el mayor cambio económico desde la Revolución. Foto: Reuters/Norlys Perez

En su discurso, Díaz-Canel reiteró la voluntad de La Habana de dialogar con Washington «sin odio, pero sin temor», afirmando que Cuba está preparada para construir una relación «civilizada y respetuosa» con Estados Unidos.

Al mismo tiempo, denunció el endurecimiento de las sanciones y el bloqueo económico, calificándolos de «castigo bárbaro, inmerecido e insoportable» que sigue lastrando las perspectivas de recuperación del país.

Las medidas, anunciadas en los últimos días y ya aprobadas por el Comité Central del Partido Comunista, incluyen la entrada de nuevos operadores al sector turístico, un mayor margen para la inversión extranjera directa, medidas para impulsar la agricultura y el comercio exterior, y una progresiva descentralización de las decisiones económicas, con mayor autonomía para las empresas estatales y los gobiernos locales.

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