A menos de 24 horas de la votación, la Justicia frenó la elección de un Colegio Electoral que elija a uno de los académicos que debe completar la integración del nuevo Consejo de la Magistratura a fin de año.

La decisión es nombrar al juez federal Ariel Lijo como juez electoral, subrogando a la jueza María Servini, que se encuentra de licencia. Se debía elegir al representante de los profesores de Derecho de las universidades nacionales en el Consejo de la Magistratura.

El magistrado hizo lugar a una medida cautelar y suspendió el cronograma que había aprobado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que preveía votar mañana, jueves 24 de septiembre.

La decisión responde a un amparo presentado por el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, y el decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara, con el patrocinio del abogado Alberto Spota.

Detrás del debate sobre el método hay una disputa de poder entre universidades. Cuando la UBA planteó esta misma objeción en 2022, sostuvo que el colegio electoral potencia el voto de las unidades que tienen pocos profesores titulares y minimiza la representación de las que tienen más, como la UBA y las universidades de Córdoba, Santa Fe y Lomas de Zamora.

El reglamento de entonces fijaba un titular y un suplente por cada 50 profesores del padrón de cada unidad académica. Como resultado, facultades con un solo profesor titular tenían un elector, igual que otras con varias decenas.

El rector de la UBA y el decano de Derecho pidieron que se declaren inconstitucionales y nulas la Resolución CE 1998/26 del CIN, del 5 de agosto pasado, y la Resolución P. 533/2026, que fijaron el reglamento y el calendario de la elección.

El problema es el método dispuesto en esas resoluciones. El CIN, que reúne a los rectores de las universidades públicas, estableció una elección indirecta.

Primero los profesores titulares regulares de las carreras de Abogacía de las universidades nacionales eligen representantes para un Colegio Electoral, y luego ese Colegio Electoral designa al representante ante el Consejo.

El cronograma preveía elegir el 24 de septiembre a los integrantes del Colegio Electoral y el 30 de septiembre al consejero. La UBA reclama que los profesores titulares voten directamente a su representante.

El juzgado aceptó el argumento de la UBA. Según el fallo, el colegio electoral nació en 2022 como una solución de emergencia. Ese año la Corte Suprema declaró inconstitucional la integración de 13 miembros de la ley 26.080 y obligó a volver a los 20 consejeros de la ley 24.937, con plazos muy cortos.

Por eso, sostiene la resolución, el CIN dejó de lado el régimen de voto directo de los pares que regía desde la Resolución CE 108/1998 y lo reemplazó por un esquema indirecto con carácter “excepcional” para ese proceso.

“Se habría establecido de manera definitiva un Reglamento Electoral que tuvo carácter de transitorio”, dice el fallo. Agrega que el cambio de sistema se hizo “sin contarse con mayores precisiones normativas”, lo que “justifica la incertidumbre planteada por los accionantes”.

Para el juzgado, la posible ilegalidad manifiesta está en haber vuelto a aplicar ese régimen excepcional. Según la resolución, eso podría afectar “la debida participación democrática y la legitimidad de origen de la representación académica”.

El fallo también aclaró que lo que está en debate es si los académicos deben elegirse por colegio electoral “o a través del voto directo, tal como lo hace el resto de los estamentos” del Consejo. El peligro en la demora se debe a que, si la votación se hacía mañana, la discusión de fondo quedaba abstracta. El juzgado también tuvo en cuenta el tiempo transcurrido.

Pasaron cuatro años desde el primer reclamo contra este sistema y la causa principal, que tramita en el fuero contencioso administrativo federal, todavía no tiene sentencia de fondo.

En ese expediente, medida la cautelar fue rechazada en 2022, la Cámara confirmó el trámite ordinario en abril de 2024 y un recurso de queja espera desde junio de ese año en la Corte Suprema.

La nueva presentación de la UBA había sido enviada primero a ese fuero por conexidad. Pero el 15 de septiembre la Cámara Nacional Electoral revocó esa decisión y le dio la competencia a la justicia electoral. El CIN interpuso un recurso extraordinario contra ese fallo, que todavía no fue resuelto. La resolución de hoy le da traslado hasta el lunes 28 a las 13.30 para que conteste la demanda.

La suspensión se produce en plena renovación del Consejo de la Magistratura. Todos los mandatos vencen el 18 de noviembre, salvo los de Horacio Rosatti, que sigue por ser presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo.

Los jueces votan primero. El estamento judicial elegirá cuatro consejeros titulares y doce suplentes el 8 de octubre, en una competencia de cuatro listas. Los abogados votan después. Los profesionales con matrícula federal activa votarán el 20 de octubre para renovar las cuatro bancas del estamento.

Los académicos tienen dos bancas y una ya está cubierta. Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fue elegido por unanimidad por el CIN para el período 2026-2030. La banca en disputa es la del profesor titular de una facultad de Derecho nacional.

Los legisladores siguen otro camino. Los ocho representantes parlamentarios son designados por los presidentes de ambas cámaras a propuesta de los bloques. Esa designación también está en disputa, porque La Libertad Avanza pasó a ser primera minoría en Diputados y busca tener dos representantes propios en el Consejo. Con la cautelar, la banca de los profesores queda en suspenso hasta que se resuelva el fondo del caso.

NUEVA YORK.— Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump anunciaron este miércoles el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital. El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027.

El anuncio se realizó durante el foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino en Nueva York. El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, encabezaron la presentación en representación de ambos gobiernos, una nueva muestra de la alianza estratégica entre las administraciones de Milei y Trump.

La cooperación tendrá una próxima instancia en octubre: Landau viajará a la Argentina para reunirse con representantes del sector público y privado e impulsar proyectos vinculados con el corredor. anticipó ayer el monto del paquete y que el proyecto de gas natural licuado (GNL) liderado por YPF sería su primer caso.

Para Washington, la iniciativa “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico del país, según señaló el Departamento de Estado.

El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, que se suma a los de otras regiones. El objetivo es ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas, de los que la Argentina tiene amplios recursos.

La novedad más concreta figura en el capítulo energético: el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) presentó a Argentina LNG una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones. Los fondos se destinarían a la compra de bienes y servicios estadounidenses para desarrollar la infraestructura y la producción. El crédito todavía no está aprobado: la propuesta es indicativa y no vinculante, y su eventual otorgamiento requiere la aprobación final del directorio de EXIM.

YPF desarrolla el proyecto junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. La primera fase prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL y el inicio de operaciones proyectado para 2031.

Hasta entonces, los socios estiman invertir US$29.000 millones: unos US$24.000 millones en ductos, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y unidades de licuefacción, y otros US$5000 millones en desarrollar el gas que las abastecerá. La inversión calculada para toda la vida del proyecto asciende a US$51.000 millones. En el anuncio en el consulado estuvo el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín.

El documento también destacó la adjudicación a un consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos de un contrato superior a US$1000 millones para el sistema de ductos de exportación, sujeto a la decisión final de inversión del proyecto.

El compromiso por US$7000 millones no equivale a un único préstamo. EXIM y la Argentina firmaron un marco de cooperación denominado U.S.-Argentina Build the Future Framework para proveer financiamiento a proyectos que impulsen el corredor hasta 2027.

La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) también podría intervenir junto con inversores privados. El documento no identifica aún los proyectos que recibirían el resto de los fondos ni fija un calendario de desembolsos.

El corredor apunta a aliviar los cuellos de botella que hoy dificultan el transporte de gas, petróleo, cobre, litio y otros productos hacia los puertos y mercados internacionales. La iniciativa también se inserta en una red de corredores económicos que impulsa Estados Unidos en otras regiones, entre ellos los de Lobito, en África, y Luzón, en Filipinas.

El listado de obras también incluye la concesión de la línea de alta tensión AMBA I, estimada en US$800 millones y respaldada por una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); proyectos ferroviarios de cargas vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza; conexiones de carga desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, y obras relacionadas con puertos e Hidrovía. El documento reúne iniciativas en distintas etapas y no asigna financiamiento estadounidense específico a cada una.

En infraestructura digital, menciona la próxima concesión para ampliar y modernizar la red de fibra óptica de Arsat, para cuya primera etapa el BID aporta un préstamo de US$49 millones. También señala la adquisición de seis millones de usuarios de telecomunicaciones en la Argentina por parte de la empresa estadounidense Metrotel y enumera posibles inversiones en cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital.

El viaje de Landau formará parte de una agenda más amplia durante octubre. Una delegación de funcionarios del Departamento de Estado, EXIM y DFC recorrerá Buenos Aires, Jujuy y Salta para identificar proyectos y avanzar en posibles operaciones. Ambos gobiernos preparan, además, encuentros para acercar a empresas estadounidenses a las concesiones y oportunidades de inversión locales.

El Departamento de Estado adelantó que utilizará sus herramientas de financiamiento y su red comercial para impulsar proyectos que cumplan estándares internacionales e incorporen “tecnología confiable”. El documento también plantea excluir a actores que no operen según las reglas de mercado, una referencia que refleja el interés estratégico de Washington por las cadenas de suministro de la región, en medio de la pulseada con China.

Para el Gobierno, el anuncio ofrece respaldo político y estratégico de la Casa Blanca y una posible fuente de financiamiento para obras que considera necesarias para aumentar las exportaciones. Los desembolsos efectivos dependerán ahora de que cada proyecto cierre sus contratos, condiciones crediticias y decisiones de inversión.

Del anuncio participaron el presidente y chairman de EXIM, John Jovanovic, y su directora comercial, Sarah Whitten; la directora de políticas de DFC, Caroline Vik; los embajadores Peter Lamelas y Alec Oxenford; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos.