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La legisladora porteña Silvia Lospennato dejó en claro, durante una entrevista en Infobae al Mediodía, la postura del PRO sobre su futuro y la relación con el gobierno de Javier Milei.

Aseguró que la fuerza debe reafirmar su identidad, presentar candidato propio y evitar un alineamiento automático con La Libertad Avanza. Además, defendió la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y abordó las tensiones internas y los desafíos de gobernabilidad.

La dirigente consideró que el PRO atraviesa un momento de definiciones. “El futuro del PRO es con el PRO. El presidente Macri dijo que el PRO tiene que tener candidatos, que tiene que tener candidato propio”, planteó, resaltando la necesidad de consolidar una posición autónoma.

Al ser consultada sobre una eventual candidatura de Mauricio Macri, Lospennato fue directa: “¿Yo? Sí. Yo sí, digamos, ¿no? Pero no quiero forzar ni sentir que estoy empujando una decisión”. Reveló que esa idea la planteó al propio Macri, quien respondió que “no es momento, que hay que reconstruir el partido”.

Lospennato remarcó que, si bien comparten con Milei la agenda de ordenamiento macroeconómico, existen diferencias de fondo en republicanismo y gestión: “Hoy no hay otro partido político que represente exactamente nuestros valores. Hay un partido político como el del presidente, que tiene una agenda de ordenamiento macroeconómica que compartimos, pero la agenda de ordenamiento macroeconómico y el republicanismo como valor central, creemos que ahí hay un diferencial del PRO”, sostuvo.

Y defendió la gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires: “CABA está fiscalmente ordenada hace muchísimos años, no hace dos años o tres años. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los mercados”, afirmó

Internas, alianzas y tensiones

Al referirse a las internas y a la figura de Patricia Bullrich, explicó que la ex ministra ya no forma parte del PRO: “Ella ya no está en nuestro partido, ¿no? Pero el chiste era bueno”, comentó sobre la percepción de que Bullrich genera internas en varios espacios.

Respecto al saludo entre Bullrich y Macri en la cena de la Fundación Libertad, Lospennato opinó que era lo lógico y que esos gestos son esperables en un espacio con historia común.

Sobre la relación con el gobierno nacional, defendió la estrategia de acompañar las iniciativas consideradas correctas y mantener la independencia: “Algunos llaman a eso ser aliados, otros llaman ser los opositores responsables. La denominación es lo menos importante. Nosotros somos un partido que tenemos valores y cosas por las que trabajamos”.

Además, marcó diferencias en el cumplimiento de leyes y el respeto a la libertad de prensa: “Cuando las leyes no se cumplen, nosotros decimos: ‘Esto no está bien’. Aunque no les guste a veces al Gobierno que marquemos que no está bien cumplir con la Ley de Discapacidad o con la Ley del Financiamiento Universitario”.

El caso Adorni y la exigencia de rendición de cuentas

Lospennato abordó, ante el panel, la situación del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue electo como primer legislador porteño pero no asumió su banca: “Fue el más votado y no asumió su cargo. Y hoy está con una denuncia por corrupción, por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py, con un montón de información que vamos conociendo todos los días y otra que no conocemos nunca, que es su declaración jurada, que estamos por llegar al 31 y todavía no la presenta”, fustigó.

Subrayó la doble legitimidad de quienes acceden a cargos electivos por voto popular y consideró que Adorni debe responder tanto al presidente como a los votantes porteños: “Para el votante del PRO cumplir con la palabra es un valor muy importante. Así que me ocupo de eso, de responderle a la gente que me votó, tratar de hacer el trabajo para el que me votaron lo mejor posible. Y él supongo que hará lo mismo y tendrá su evaluación de qué piensan los que lo eligieron a él”.

Defendió la política de “ley y orden” bajo Jorge Macri y afirmó que responde a una demanda ciudadana concreta: “La política de ley y orden de nuestro jefe de gobierno, Jorge Macri, obedece a que es lo que nosotros entendemos nos piden los porteños”. Explicó que las prioridades de la población van cambiando y que la seguridad es hoy la preocupación principal, lo que justifica operativos e inversiones recientes.

Destacó la inversión en salud pública, con más de USD 100 millones para reequipamiento hospitalario y nuevas obras. Detalló la ampliación de consultorios y la construcción de centros de diagnóstico.

Sobre el aumento de personas en situación de calle, identificó causas sociales y de salud mental, y subrayó que la Ciudad cuenta con más de 60 Centros de Inclusión Social. Y señaló que las limitaciones legales impiden asistir a quienes rechazan ayuda: “La ley hoy no nos permite, no tenemos herramientas para una persona que se niegue a recibir asistencia, darle asistencia. Es así. La ley no lo permite, la Ley de Salud Mental no lo permite”, y adelantó el próximo debate sobre su reforma en el Congreso.

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El gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reemplazar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, la norma que desde octubre de 2025 está judicializada tras la decisión del Ejecutivo de suspender su ejecución por falta de fuentes de financiamiento. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ya convocó a todas las universidades del país para que informen las necesidades de sus hospitales, según una nota enviada a las casas de altos estudios.

La iniciativa, firmada el 18 de febrero de 2026 por Milei, Pettovello, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales con las partidas previstas en la Ley de Presupuesto 2026.

A diferencia de la norma vigente, el proyecto incorpora de forma expresa las fuentes de financiamiento, el punto que el Ejecutivo señaló siempre como el talón de Aquiles de la Ley 27.795.

El trasfondo político y judicial es denso. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo en octubre de 2025 por el incumplimiento de la ley. En diciembre de ese año, el juez Martín Cormick ordenó su aplicación inmediata. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó esa cautelar el 31 de marzo de 2026. Pero el 7 de mayo, la misma sala concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Gobierno, por lo que la medida cautelar quedó suspendida hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le dijeron a Infobae que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta “formal” del Gobierno. Fuentes oficiales le aseguraron a este medio que, desde el Ministerio de Capital Humano, organismo del que depende la subsecretaría de Políticas Universitarias, afirmaron que los rectores están interiorizados de la propuesta oficial, que se mantuvieron conversaciones “informales con el CIN” y que la Casa Rosada avanzaría con la nueva normativa solo si “se retira la cautelar” que actualmente espera por una resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo con el IPC.

El nuevo proyecto modifica los artículos centrales de la Ley 27.795. En materia presupuestaria, establece que los fondos del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” se ajustarán si la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC supera el 14,3% anual, valor tomado como referencia para la confección del Presupuesto 2026. De esa forma, el texto intenta blindar el poder adquisitivo de las partidas universitarias frente a una inflación mayor a la proyectada.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la recomposición presupuestaria para los hospitales universitarios. El texto incrementa en $80.072.460.000 el crédito de la Actividad Presupuestaria 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema de salud universitario. La convocatoria del Ministerio de Capital Humano a las universidades para que reporten sus necesidades sanitarias se enmarca precisamente en ese punto.

En cuanto a salarios, el proyecto prevé una recomposición escalonada para el personal docente y no docente: un incremento del 4,1% a partir del 1° de marzo de 2026, otro 4,1% desde el 1° de julio y un tercer tramo del mismo porcentaje desde el 1° de septiembre, todos calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Además, obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias al mes siguiente de la sanción de la ley, con una frecuencia máxima de tres meses entre ronda y ronda.

El Ejecutivo sostiene que la norma subsana la deficiencia central de la Ley 27.795: la ausencia de una fuente de financiamiento concreta. Según el proyecto, los gastos serán afrontados por la Jurisdicción 88 del Ministerio de Capital Humano, y si el gasto excediera el crédito disponible, el exceso se cubrirá con partidas de la Jurisdicción 91. Esa previsión, argumenta el oficialismo, evitaría la suspensión automática que establece el artículo 5° de la Ley 24.629 para toda norma que autorice gastos sin identificar su financiamiento —el mismo argumento que la Cámara ya rechazó respecto de la ley anterior.

Los objetivos del Programa 26 que el proyecto define incluyen garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes; ampliar la oferta de carreras según las necesidades estratégicas del país; fortalecer la investigación y la extensión universitaria; e incrementar las becas para los sectores más vulnerables.

La propuesta llega al Congreso con la firma de los cuatro funcionarios de mayor rango del Ejecutivo y con el pedido de pronta sanción. Hasta ahora, el proyecto no se trató en las comisiones parlamentarias. Desde La Libertad Avanza intenta llegar a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional que el pasado 13 de mayo realizó la cuarta marcha contra el gobierno de Milei y fue multitudinaria.

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