El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó hoy su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la “Ley de Inocencia Fiscal”, según consta en registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que cotejó .

La solicitud fue presentada esta mañana, apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, también se adhiriera al mismo esquema de regularización tributaria. Ambos movimientos configuran una estrategia convergente dentro del mismo núcleo familiar en un contexto de creciente escrutinio público sobre su situación patrimonial.

De acuerdo con la constancia de inscripción obtenida por este medio, Adorni requirió su inclusión en el régimen de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. El documento también indica que el funcionario ya se encontraba inscripto previamente en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, lo que plantea interrogantes sobre las razones que motivaron esta solicitud tardía de cambio de régimen.

El régimen simplificado establece un esquema declarativo abreviado para contribuyentes que opten por regularizar su situación tributaria bajo determinadas condiciones. En términos generales, implica una reducción en el nivel de detalle exigido respecto de las declaraciones juradas tradicionales. Este tipo de mecanismos permite evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores, aunque no ampara de investigaciones en otros ámbitos, como las relativas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. En ese sentido, la adhesión al régimen no afecta investigaciones criminales que se sustenten en otros fundamentos legales.

Los registros de ARCA muestran que Adorni desarrolla múltiples actividades económicas desde hace más de una década. Su actividad principal figura como servicios personales desde noviembre de 2013. A ello se suman, desde junio de 2020, servicios de asesoramiento y gestión empresarial, así como tareas de contabilidad y auditoría. Más recientemente, desde abril de 2023, incorporó actividades vinculadas a agencias de noticias y servicios de información.

El desfase entre el registro inicial de actividades —que data de 2013— y la regularización tributaria completa que ahora busca representa un intervalo de aproximadamente trece años. Durante este período, el funcionario operó bajo múltiples categorías económicas sin acceder, hasta 2020, al régimen de Impuesto a las Ganancias. La solicitud presente de cambio hacia el régimen simplificado sugiere un ordenamiento de la situación fiscal previamente compleja, y que ya se encuentra bajo la lupa del fiscal federal Gerardo Pollicita, según confirmaron fuentes tribunalicias a .

El domicilio fiscal declarado por Adorni y Angeletti, en tanto, corresponde a Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el cierre de ejercicio comercial se establece en diciembre de cada año.

La decisión de Adorni refleja un patrón similar al adoptado por su esposa, aunque con cronología diferenciada. Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017 en actividades profesionales, pero regularizó formalmente su situación frente al IVA y al Impuesto a las Ganancias recién en octubre de 2025 —tras casi ocho años de operación como monotributista—. Posteriormente, el 31 de mayo de 2026, se acogió al régimen de “inocencia fiscal”. Adorni presenta ahora una trayectoria similar: múltiples actividades registradas desde 2013, con formalización tributaria en Ganancias desde 2020, y solicitud actual del régimen simplificado en junio de 2026.

La proximidad temporal de ambas solicitudes —diez días de diferencia— y el patrón de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales que observan los movimientos como parte de un proceso de ordenamiento fiscal integral del grupo, en momentos en que su evolución patrimonial se encuentra bajo análisis en tribunales federales. La secuencia será evaluada en contexto, indicaron las fuentes tribunalicias consultadas por , particularmente considerando que ambos cónyuges integran la nómina oficial de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

En el plano político, la medida introduce una tensión evidente con el discurso público que el propio Adorni ha sostenido como uno de los principales voceros de la administración de Javier Milei. Desde su designación como jefe de Gabinete en diciembre de 2023, ha sido uno de los encargados de enfatizar los ejes de austeridad fiscal, control del gasto y transparencia en la administración pública. Sus conferencias de prensa han privilegiado la narrativa de probidad estatal y lucha contra la corrupción como marcas distintivas del gobierno actual.

La solicitud de adhesión al régimen simplificado genera interrogantes sobre qué cambios en la situación de Adorni justificaron este movimiento. Una posibilidad es que la aceleración de investigaciones penales sobre su patrimonio —que se intensificaron en los últimos meses— haya generado presión para regularizar su posición fiscal preventivamente. Otra hipótesis, que fuentes judiciales no descartan, es que el cambio de régimen obedezca a una reorganización más amplia de su estructura patrimonial en respuesta al escrutinio creciente.

Fuentes cercanas a las investigaciones indicaron que la adhesión será evaluada dentro del contexto más amplio de su situación patrimonial, con material solicitado a la ARCA y a la Oficina Anticorrupción, entre otros organismos públicos y privados. En ese marco, los investigadores prevén contrastar la información fiscal disponible con las declaraciones juradas patrimoniales presentadas, registros de movimientos financieros y adquisiciones de bienes realizadas durante el período de actividad económica no formalizada tributariamente.

Cabe destacar que la utilización del régimen de “inocencia fiscal” ha ganado visibilidad en los últimos meses por su adopción por parte de distintos contribuyentes con perfiles de alta exposición pública, especialmente funcionarios y allegados al oficialismo. El caso de Adorni adquiere particular relevancia no solo por su posición institucional como jefe de Gabinete, sino por el impacto político de una decisión fiscal que tensiona su narrativa pública sobre transparencia y probidad. El análisis integral de esta solicitud —junto con la de su esposa— formará parte del cuadro probatorio que evalúen los investigadores federales en los próximos meses.

Este 10 de junio se cumple un año de la detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción en la causa Vialidad y el gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó un mensaje en sus redes para referirse al tema. “Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”, escribió.

Para el funcionario provincial, la también exvicepresidenta -en prisión domiciliaria– “fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber’”. Su posteo llega en medio de la tensión entre ambos debido a la interna dentro del peronismo.

“Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”, apuntó también Kicillof.

El gobernador aprovechó para apuntar al gobierno de Javier Milei. Dijo que “los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”. Para Kicillof, el Presidente “alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia”.

“Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, insistió en su extenso posteo en su cuenta de X.

Este miércoles se cumple un año del histórico fallo judicial de la Corte Suprema por la causa Vialidad que ejecutó la pena contra la expresidenta. Los días posteriores a la condena judicial se vivieron en un clima de extrema tensión social, con vigilias en las afueras del edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para denunciar un intento de “proscripción” para sacarla del escenario electoral que se avecinaba.

En noviembre de 2025, la Justicia decidió endurecer las condiciones de detención para Cristina Kirchner: puede recibir visitas por afuera de la lista autorizada —la que integran sus hijos, un secretario, sus abogados y un médico— solo dos veces por semana, dos horas como máximo en cada oportunidad, y con un tope de tres personas por encuentro.