La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital la orden del juez Ariel Lijo que rechazó suspender el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario, en el marco de la investigación por presunta corrupción en el organismo.

El planteo busca frenar la convocatoria para que Spagnuolo aporte una muestra de voz que permita cotejarla con las grabaciones que destaparon el caso.

Los abogados de Spagnuolo plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz equivale a forzarlo a declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.

Los letrados sostuvieron que la voz no puede equipararse a pruebas materiales estáticas como huellas dactilares o ADN, ya que requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.

Además, los abogados recordaron que está pendiente de resolución la presentación realizada para que los audios no sean incorporados como medida de prueba, ya que cuestionaron su autenticidad al sostener que fueron manipulados con inteligencia artificial.

Días atrás, Lijo rechazó suspender el peritaje de los audios y recordó que la medida está destinada a determinar la autenticidad de las grabaciones y que debe avanzar pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz para su comparación.

En su fallo, Lijo distinguió entre la prohibición constitucional de autoincriminación, que rige para las declaraciones testimoniales o de contenido intelectual, y la obtención de datos biométricos como la voz, equiparables a las huellas dactilares o el ADN. Recordó además que la Cámara Federal ya había ordenado determinar “el origen y la veracidad” de los registros sonoros, y que suspender el peritaje impediría cumplir con esa directiva.

El ida y vuelta con el peritaje

“Los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”, dijo oportunamente a TN el abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro. Además, agregó que “más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.

Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.

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El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.

La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.

Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Justicia

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Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que establece un régimen de arancelamiento para las prestaciones sanitarias en hospitales públicos provinciales y para los estudios de grado en universidades de gestión estatal, aplicable a personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país. La iniciativa se apoya en las categorías migratorias definidas por la Ley Nacional 25.871: residente permanente, residente temporario, residente transitorio y autorización de residencia precaria.

Los fundamentos del proyecto sostienen que los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben administrarse con prioridad hacia los bonaerenses. “La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”, reza el texto de la iniciativa.

La propuesta agrega que “la gratuidad indiscriminada, tanto en el sistema de salud como en educación, termina perjudicando principalmente a quienes dependen todos los días del hospital público y de la universidad estatal”.

El proyecto tomó estado parlamentario en un contexto de alta temperatura en las redes sociales, días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, que desató una avalancha de burlas y críticas hacia la Selección por parte de usuarios de distintos países. Fue en ese clima donde el diputado bonaerense Agustín Romo, uno de los firmantes de la iniciativa, lanzó en X el mensaje que anticipó el ingreso formal del texto: “¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”.

Bajo el régimen propuesto para el sistema de salud, los extranjeros sin residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban, ya sea por cuenta propia, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado. Para las prestaciones habituales o programadas, deberán acreditar cobertura o cancelar el arancel antes de recibirlas. El cobro se canalizaría a través del Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.), una estructura provincial que ya cuenta con mecanismos de facturación y nomencladores, de modo que —según el texto— no se crearía una nueva burocracia. La recaudación obtenida ingresaría al Fondo Provincial de Salud del S.A.M.O. y se destinaría a la adquisición de insumos, equipamiento y medicamentos, a obras de infraestructura y a la mejora de la capacidad operativa de los hospitales públicos.

La propuesta fija, al mismo tiempo, excepciones expresas al cobro. Ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de urgencia o emergencia con riesgo inminente para la vida; el eventual recupero del costo se tramitaría recién después de estabilizar al paciente. Quedan también eximidas del arancelamiento las víctimas de trata de personas y las acciones de prevención, vacunación, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria, por razones de salud pública.

Para el sistema universitario, el articulado obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Cada institución, a través de sus propios órganos superiores, determinaría los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización dentro del marco que establece la ley. “La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.

La iniciativa incluye una cláusula de transparencia: el Ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los recursos, sin datos personales.

El Ministerio de Salud sería la autoridad de aplicación del título sanitario, mientras que cada casa de estudios aplicaría el título educativo dentro de sus propias competencias y autonomía.

El texto invita además a los municipios de la provincia que cuenten con establecimientos de salud propios a adherirse al régimen. Si la ley fuera aprobada, el Poder Ejecutivo tendría 90 días corridos desde su publicación para reglamentarla, publicar el nomenclador arancelario y fijar las reglas de facturación. Las universidades provinciales de gestión estatal dispondrían del mismo plazo para adecuar su normativa interna.

El proyecto lleva, además de la de Romo, las firmas de Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Mariela Vitale, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Oriana Colugnatti, Gastón Abonjo, Analía Corvino, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Ramón Vera Chávez, Carla Pannelli, Héctor Gay, Maximiliano Bondarenko y Florencia Retamoso.