El ministro de Desregulación y de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió esta tarde en el Senado el proyecto de reforma integral de la ley de sociedades, polémica iniciativa que entre sus disposiciones contempla la creación de agrupaciones automatizadas a partir del uso de inteligencia artificial (IA), que pueden prescindir del trabajo humano.

La presencia del ministro provocó, como suele ser costumbre cada vez que Sturzenegger visita el Congreso, un duelo verbal con el kirchnerismo, que acusa al funcionario por las políticas de ajuste del Estado aplicadas por el Gobierno de Javier Milei y que no pierde la oportunidad de recordarle su paso por las gestiones de Fernando De la Rúa y de Mauricio Macri.

En esta ocasión, Sturzenegger concurrió a la Comisión de Legislación General acompañado por la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei, y el jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez.

“Vamos a hacer atractiva a la Argentina para que se instalen empresas de todo el mundo, pero que van a pagar impuesto a las ganancias en el país”, destacó Sturzenegger, en defensa de la apertura a la creación de nuevas figuras societarias comerciales que establece el proyecto.

En ese sentido, y en prevención a las críticas que recibiría el proyecto, el ministro negó que la creación de sociedades manejadas por la IA elimine la responsabilidad civil y legal de las empresas.

“No hay motivo para pensar que va a ser más insegura”, dijo Sturzenegger, quien citó como ejemplo de confianza en la inteligencia artificial el uso cotidiano que se hace de Google Maps. “No difiere del régimen de responsabilidad que tienen las sociedades anónimas; la sociedad respalda con su patrimonio”, abundó.

“Esto no va a quedar siendo un régimen jurídico inalterable, a medida que se vayan desplegando diferentes situaciones siempre habrá tiempo para adecuarlo”, se atajó el funcionario.

El kirchnerismo planteó su crítica al proyecto y evaluó la iniciativa como un mojón más de la política del gobierno libertario y su prédica de libertad de mercado. “El problema es el fin de todo esto y las mentiras de que vienen a modernizar el Estado, a derogar leyes obsoletas, que están construyendo seguridad jurídica y para traer más lluvia de inversiones”, cuestionó Martín Soria (Río Negro).

Para el kirchnerista patagónico, el proyecto de sociedades “va a ser el brazo armado del industricidio que estamos viviendo”, y se preguntó qué opinaría el GAFI, órgano internacional encargado del control del lavado de activos ilícitos, sobre esta reforma.

“Cómo puede aportar el desarrollo del país la creación de sociedades que no contemplan el trabajo humano”, remató Soria su crítica a la iniciativa. El ambicioso proyecto oficialista apunta a una reforma integral de la actual ley de sociedades a partir de la integración de herramientas tecnológicas en todo el ciclo de vida societario.

Entre sus innovaciones más revolucionarias, y polémicas, se encuentra la creación de la figura de la Sociedad Automatizada e IA (Inteligencia Artificial), que permite el uso de sistemas de inteligencia artificial para funciones operativas y toma de decisiones, llegando al extremo de contemplar la constitución de sociedades que desarrollen su objeto sin requerir de recursos humanos directos.

En el mismo sentido, se destaca la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), la cual estará basada en protocolos digitales y contratos inteligentes que puede estructurarse de manera total o parcialmente autónoma de la actividad humana.

Además, incorpora a la ley marco la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), creadas por ley durante el gobierno de Mauricio Macri; simplifica la aplicación de la figura de la Sociedad Simple, al permitir su uso aún cuando carezca de instrumento constitutivo o trámite registral; y amplía la posibilidad de constituir sociedades unipersonales.

Además de permitir la digitalización y centralización de registros, habilita la operación remota, permitiendo las reuniones de los órganos de gobierno y administración de manera remota o mixta, y reconociendo la validez del voto por medios telemáticos.

También abre el juego a la admisión de aportes mediante bienes, derechos, créditos, activos digitales, y prestaciones, al tiempo que permite expresar el capital en moneda extranjera.

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó este miércoles con dureza el decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para garantizar niveles mínimos de prestación en servicios considerados esenciales y pidió que lo “vayan a buscar” al gremio.

A través de un comunicado, Moyano advirtió que Camioneros podría paralizar la recolección de residuos ante despidos o incumplimientos salariales y lanzó un desafío: “Si tiene huevos, que nos vengan a buscar”.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que la Ciudad estableciera que los servicios de recolección de residuos deberán mantener una cobertura mínima del 75% durante conflictos laborales, mientras que los colectivos, el subte y el Premetro deberán garantizar al menos el 50% de su funcionamiento.

“Quiere decir que si te echan a un trabajador o no te pagan el sueldo, los dirigentes vamos a tenernos que quedar cruzados de brazos”, afirmó Moyano al rechazar la normativa.

El dirigente sindical también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y sectores del PRO a los que acusó de promover medidas contrarias a los intereses de los trabajadores.

En esa línea, elevó el tono de sus advertencias al advertir: “Tocan a un trabajador o se atrasan media hora del pago del sueldo, se para toda la recolección de la ciudad de Buenos Aires”.

Además de cuestionar el decreto, el dirigente enumeró una serie de reclamos laborales que, según denunció, continúan sin resolución.

Entre ellos mencionó la “falta de inversión en la seguridad de los camiones, el pago de indemnizaciones y la situación de empleados incorporados durante la pandemia”.

Los dichos de Moyano se dieron a conocer luego de una reunión con el secretario general de los metrodelegados, Néstor Segovia, y con dirigentes de otros sindicatos que también cuestionan la medida.

Del encuentro participaron además Eduardo Gabriel Supply, de ASSRA, y Miriam Cáceres, de APDESBA. Según plantearon, la normativa de la Ciudad también impacta sobre los gremios vinculados al transporte público.

“No nos van a asustar”, expresó Moyano al referirse a la decisión del Gobierno porteño.

Qué establece el decreto de Jorge Macri

La medida fue oficializada mediante el Decreto 230/26 y adhiere a las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802 sobre el artículo 24 de la Ley 25.877.

La normativa define qué actividades son consideradas servicios esenciales y cuáles revisten carácter de importancia trascendental, estableciendo porcentajes mínimos de funcionamiento durante conflictos gremiales.

En el caso de la recolección de residuos, considerada un servicio esencial, las empresas deberán asegurar una cobertura mínima del 75%. Para el transporte público de pasajeros —colectivos, subtes y Premetro—, catalogado como actividad de importancia trascendental, la prestación mínima será del 50%.

Al anunciar la medida, Jorge Macri había sostenido que “se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios”.

La exigencia regirá en forma individual para cada línea de subte y Premetro, así como para todas las líneas de colectivos cuya regulación corresponde exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires.

Para implementar la normativa, el decreto instruye a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a coordinar con la concesionaria Emova las condiciones operativas necesarias para garantizar el servicio mínimo.