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POLITICA

Estados Unidos y la Argentina sellaron un acuerdo para facilitar el acceso a drones militares

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En un nuevo paso destinado a afianzar el acercamiento en materia militar, Estados Unidos y la Argentina firmaron una carta de intención que facilitará el acceso de las Fuerzas Armadas a una plataforma de nuevas tecnologías y sistemas aéreos no tripulados. Se trata de la posibilidad de incorporar drones y equipos antidrones que se han convertido en herramientas decisivas en los escenarios de conflictos internacionales.

Con esa finalidad, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, estamparon sus firmas en dos cartas de intención orientadas a “ampliar la cooperación logística y tecnológica entre ambos países”.

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Este paso se suma a los visibles gestos de acercamiento, que tuvieron su máxima expresión el 30 de abril último, cuando el presidente Javier Milei visitó el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz, en aguas del Atlántico Sur, cuando la embarcación participaba de un ejercicio militar combinado entre las Fuerzas Armadas de ambos países.

Además, hace dos semanas, el Comando Sur de Estados Unidos anunció un acuerdo con la Argentina para contribuir al patrullaje de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, a partir de un programa por “equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas”, que se llevará adelante en un período de cinco años.

El vehículo terrestre no tripulado PM EA 1 permite transportar y desplegar drones de ataque tipo cuadricóptero. Fue presentado en la reciente Expo Ejército 2026Ejército

En la reciente Expo Ejército 2026, realizada durante cuatro días en la Plaza de Armas del edificio Libertador, la fuerza presentó una versión actualizada del vehículo terrestre no tripulado PM EA 1, que incorpora la posibilidad de transportar y desplegar drones de ataque tipo cuadricóptero, según se informó. El emprendimiento fue desarrollado por la empresa tecnológica argentina Exo SA y la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército.

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Los documentos firmados ahora por el ministro Presti y el embajador Lamelas se rubricaron en momentos en que tropas de las Fuerzas Armadas de ambos países participan de la segunda fase del ejercicio combinado conjunto Daga Atlántica, iniciado en abril pasado para el entrenamiento de efectivos de tareas de operaciones especiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El uso de drones por parte de las Fuerzas Armadas es uno de los campos de mayor crecimiento e innovación dentro del ámbito militar contemporáneo, coincidieron Presti y Lamelas al suscribir la declaración.

La declaración conjunta prevé la incorporación de la Argentina en los Mercados Digitales de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y de Sistemas de Contramedidas contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS), lo que permitirá conformar “una plataforma centralizada en la que los países participantes accederán de manera ágil a estas tecnologías previamente evaluadas y certificadas por el ámbito militar de la Defensa”, se informó.

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La firma de las cartas de intención entre el ministro Presti y el embajador LamelasMinisterio de Defensa

Drones en operaciones

Ante una consulta de , fuentes del Ejército informaron que hace más de diez años que las unidades de Caballería e Infantería emplean drones en sus operaciones. “A medida que pasan los años, se va aumentando en cantidad y calidad. Cumplen roles de observación, seguridad y reconocimiento, entre otras misiones”, confiaron. Con esa finalidad se dictan cursos descentralizados de manejo y operación de drones y hay instancias experimentales en la organización de los sistemas aéreos no tripulados.

En abril último, el Ejército realizó pruebas de sus drones de ataque en el ejercicio Kekén, en la Patagonia, en un adiestramiento que contó con la participación de vehículos de combate blindados a rueda Stryker, tanques TAM, tropas aerotransportadas, de operaciones especiales, artillería, ingenieros y personal y medios de apoyo.

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El Ministerio de Defensa informó que los acuerdos suscriptos por Presti y Lamelas apuntan al desarrollo de dos áreas de creciente importancia estratégica: el fortalecimiento del apoyo logístico entre ambos países para el suministro recíproco de combustible en operaciones militares, y la incorporación de la Argentina a un mercado Digital Internacional, para “facilitar la adquisición de tecnología y sistemas aéreos no tripulados, así como también de los sistemas defensivos y de contramedidas frente a estos avances”.

La primera carta de intención establece la voluntad de avanzar en la celebración del acuerdo de aplicación específica, destinado a regular el suministro recíproco de combustible en el marco del Acuerdo de Adquisición y Prestación de Servicios (ACSA), que se encuentra vigente desde 2009. Se expresa allí el “interés compartido para ampliar las capacidades de apoyo logístico bilateral”, facilitando el intercambio de combustible cuando las circunstancias operativas lo requieran.

Respecto a la segunda carta de intención y la decisión de avanzar en el uso de drones militares como “uno de los campos de mayor crecimiento e innovación dentro del ámbito militar contemporáneo”, se indica que el desarrollo de los sistemas aéreos no tripulados y de contramedidas contra drones permitirá acceder de manera ágil a tecnologías evaluadas y certificadas.

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Ante la OIT, el gobierno de Milei defendió su gestión y atacó a la CGT por su “estruendoso silencio” con Alberto Fernández

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En Ginebra, Suiza, la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se convirtió nuevamente en las últimas horas en el escenario del enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y la CGT.

Tras las fuertes críticas cegetistas, el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Carlos Foradori, en nombre de la administración libertaria, dio un discurso en el que defendió enfáticamente las medidas oficiales y criticó al sindicalismo por su “estruendoso silencio” en la gestión de Alberto Fernández: “No se llevó a cabo ninguna huelga nacional (mientras) El actual gobierno, en dos años y medio ya tiene un récord de cuatro”.

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A partir de las palabras del diplomático argentino, que habló por segundo año consecutivo ante la OIT debido a que no asistió ningún funcionario gubernamental, se estableció una suerte de contrapunto con la CGT ya que este viernes, en su intervención ante la conferencia como delegado titular del sector de los trabajadores, Gerardo Martínez, insistió en los duros cuestionamientos al Gobierno: dijo que “el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad”.

Carlos Foradori:

“El Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, señaló el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, que fue elegido vicepresidente de la conferencia de la OIT, en un discurso en el que también rechazó “el cepo salarial” en las paritarias y atacó a la Casa Rosada por haber impulsado “la ley de reforma laboral, propatronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas, y busca transferir al sector privado el rol del Estado afectando los valores de la justicia social”.

Foradori, quien habló hace 24 horas, dijo en su discurso que había escuchado “con respeto” la intervención del cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros), pero advirtió que sus objeciones se alejaron de la “discusión principal” de la OIT y, tras destacar que “los hechos son inmunes a las ideologías”, repasó cifras de crecimiento, inflación, pobreza y superávit financiero en la Argentina.

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Entre los datos destacados, detalló que en diciembre de 2023 el déficit consolidado del Tesoro y del Banco Central superaba el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la pobreza se estimaba en 41,7% de la población y la inflación avanzaba a un ritmo cercano al 1% diario. El diplomático comparó este escenario con las cifras de 2025 y 2026, reportando que, según datos y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país alcanzó un crecimiento económico del 4,4% en 2025, y se prevé un aumento adicional del 3,5% para 2026, frente a un promedio regional de 2,3%.

En materia de inflación, detalló que la variación anual cayó al 32,4%, con un alza mensual de 2,6% en abril. Dijo que la Argentina alcanzó el superávit financiero por primera vez desde 2010, con un saldo equivalente al 0,3 % del PIB en 2025 y manteniendo tanto superávit primario como financiero en el primer trimestre de 2026, según las cifras que aportó.

Karina Milei, Javier Milei y Luis Caputo (Foto: Reuters/Matías Baglietto)

En relación con los índices sociales, Foradori informó que el índice de pobreza cayó desde el 52,9% en el primer semestre de 2024 hasta el 28,2% en el segundo semestre de 2025, y afirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento superior al 560% comparado con diciembre de 2023, recuperando más del 100% del poder adquisitivo real, mientras que la prestación Alimentar amplió su cobertura en más de 600 mil adolescentes y creció 137% en igual período.

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Cuando habló sobre la evolución de las condiciones laborales, mencionó que la tasa de desempleo se ubicó en 7,5%, “uno de los niveles más bajos en varias décadas”, aunque la informalidad laboral afecta al 40% de los trabajadores. Tras ello, recordó que el Congreso aprobó una ley laboral destinada a incentivar la formalidad, la contratación y la adecuación normativa a las nuevas dinámicas productivas y tecnológicas.

“Nada de esto significa que no existan problemas ni que el Gobierno sea infalible. Nada de esto significa que no haya errores y errores por corregir -admitió-. Significa algo mucho más simple y mucho más poderoso: que los argentinos decidieron democráticamente dar una oportunidad al cambio. Y lo dijeron con la herramienta más poderosa que tiene una democracia, que es el voto”.

Una marcha de la CGT contra la reforma laboral del Gobierno

Foradori agregó enseguida: “Se habló de que el Gobierno ejercía autoritarismo. Pues bien, con más del 40% de apoyo a nivel nacional en octubre pasado, el pueblo argentino ratificó el rumbo del Gobierno”.

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Por eso consideró que “los cambios ofrecen resistencias, pero la visión del pueblo implicó, como una siembra de conciencia colectiva, que haciendo siempre lo mismo íbamos a llegar a idénticos y penosos resultados”. “Esto demuestra, conforme nos enseña la historia, que las naciones no fracasan cuando enfrentan dificultades, fracasan cuando pierden la voluntad de superarlas. La Argentina ha recuperado esa voluntad”, concluyó.

Por su parte, Gerardo Martínez comenzó su discurso describiendo un panorama internacional marcado por una “policrisis” donde, según resaltó, “la pobreza y la desigualdad avanzan de la mano de guerras y de la recesión económica». En ese contexto, cuestionó el retroceso del multilateralismo global y recordó que la crisis financiera de 2008 se resolvió a partir del esfuerzo de los Estados, mientras que los países desarrollados siguen siendo apenas 40 sobre un total de 190.

Gerardo Martínez dijo que es “impostergable un nuevo contrato social que redefina el equilibrio entre capital y trabajo”

El representante de la CGT subrayó que el 10% de la población mundial concentra el 75% de la riqueza, un fenómeno que se incrementó en el último medio siglo: dijo que la fortuna acumulada por los 1000 mayores multimillonarios pasó de representar el 3% del PIB mundial hace 40 años a más del 17% en la actualidad.

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Martínez remarcó que se atraviesa “un período histórico de extrema concentración económica global”, y consideró que, ante ese panorama, resulta “impostergable un nuevo contrato social que redefina el equilibrio entre capital y trabajo”. Sostuvo que de no actuar a tiempo, “el destino de más pobreza es inexorable”.

Luego, el líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) vinculó el auge de la inteligencia artificial y la automatización con el riesgo de una “justicia social artificial” si las innovaciones tecnológicas no se subordinan a objetivos de desarrollo real. Respaldó su mirada en la encíclica del papa León XIV y subrayó: “Toda introducción de automatización debe ir acompañada de medidas verificables de protección del empleo, recalificación y participación de los trabajadores, y de la sociedad en su conjunto”.

El Gobierno consiguió sancionar en el Congreso la reforma laboral (Foto: Tomás Cuesta/AFP)

Martínez denunció que, en América Latina, las brechas históricas se agravan con una mayor expansión de la informalidad y el desempleo, y alertó sobre “asesinatos, persecuciones y encarcelamientos” contra dirigentes sindicales y gremios, situando a la libertad sindical y el diálogo social como pilares de la democracia.

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Al apuntar a la situación en la Argentina, le apuntó al Gobierno porque «el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad».

Tras destacar que “el Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, dijo que “los costos del ajuste profundizan la pérdida del poder adquisitivo y la precarización del empleo existente”.

Gerardo Martínez, Maia Volcovinsky, Marta Pujadas, Laura Sasprizza y otros miembros de la delegación de la CGT en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Uno de los tramos más duros de su discurso fue cuando criticó la Ley de Modernización Laboral: “En connivencia con las administraciones provinciales, el Gobierno aprobó la ley de reforma laboral, propatronal que elimina derechos, que aplauden y celebran los empresarios oportunistas, y que busca transferir al sector privado el rol del estado afectando los valores de la justicia social”.

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“Desde el sindicalismo argentino -sostuvo luego- reafirmamos nuestro compromiso de promover un pacto económico y social que impulse la sostenibilidad económica, con políticas orientadas a incrementar la producción, la innovación, la inversión, la generación de empleo y la formalización laboral».

Sin embargo, aunque puntualizó que “una mesa de diálogo sostenible será la llave maestra para resolver los problemas estructurales de nuestro país”, Martínez se quejó de que “tenemos propuestas y las ignoran”.

La CGT protestó contra el Gobierno en la Plaza de Mayo el 30 de abril pasado, en un acto por el Día del Trabajador

A continuación, enfatizó: “Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial. Debemos reiterarlo una vez mas: no al cepo salarial».

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El sindicalista defendió “un proyecto de país donde el capital este al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social” y, para finalizar, indicó: “Sostenemos la necesidad de una agenda de diálogo para una Argentina del desarrollo, con derechos, con mas protección social y donde nadie sea prescindible».

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Argentina cerró el primer plenario de la IHRA y convocó a expandir la memoria del Holocausto más allá de las fronteras

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La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) cerró esta semana su primer Plenario bajo la presidencia argentina, celebrado del 1 al 4 de junio en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, con la participación de jefes de delegación, expertos y socios internacionales de los 35 países miembros del organismo.

El evento marcó un hito en la historia de la organización: por primera vez, un país del hemisferio sur presidió la IHRA y albergó sus reuniones plenarias. Argentina integra el organismo de manera ininterrumpida desde 2002 y es el único país de América Latina con estatus de miembro pleno. La presidencia, asumida el 18 de marzo de 2026, se extenderá hasta igual fecha de 2027, cuando Francia tome el relevo.

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El presidente Javier Milei participó de la ceremonia inaugural el lunes 1 de junio, donde dio la bienvenida a los delegados y subrayó el compromiso del país con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. “Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA nos enorgullece profundamente. A lo largo de esta Presidencia, buscamos fortalecer la memoria, enfrentar el antisemitismo y expandir esta causa en toda nuestra región”, afirmó el mandatario.

El canciller Pablo Quirno fue uno de los oradores principales de la jornada inaugural, junto al enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, el embajador Yehuda Kaploun, y al comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la misma causa, Fernando Lottenberg. Quirno reclamó que la memoria trascienda los espacios formales de conmemoración: “La memoria no puede permanecer confinada a las conmemoraciones, los archivos o los aniversarios. Debe atravesar generaciones, instituciones, fronteras y culturas”, señaló el canciller.

Quirno lleva meses con una agenda exterior intensa. El 26 de mayo intervino ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, donde reclamó una reforma profunda del organismo multilateral y respaldó la candidatura del argentino Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como Secretario General de la ONU.

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Días antes, el 13 de mayo, expuso ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en Buenos Aires, donde anunció acuerdos energéticos con Alemania, Italia y Emiratos Árabes Unidos. En el plano multilateral, Quirno también encabezó en noviembre de 2025 la presentación del Memorándum Inicial de Adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto al Secretario General del organismo, Mathias Cormann.

La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Prensa Cancillería)

El lema de la presidencia argentina de la IHRA, “Expandiendo las fronteras de la memoria”, atravesó los debates de la semana plenaria. La Secretaria General del organismo, Michaela Küchler, advirtió que “la memoria no se preserva por sí sola. Debe ser investigada, documentada y transmitida”. El presidente de la IHRA, Marcelo Mindlin, destacó por su parte los avances concretos de Argentina en la materia: “Contamos con una ley antidiscriminatoria desde 1988. Además, desde la adopción por parte del Estado de la Definición de Antisemitismo en 2020, numerosos sectores del gobierno argentino y de la sociedad civil la han incorporado”.

Como antesala del plenario, el domingo 31 de mayo se celebró una conferencia titulada “Diez años de la Definición de Antisemitismo de la IHRA: un catalizador para la acción contra el antisemitismo. El caso de la Argentina”, que exploró el uso práctico de esa definición en universidades, organismos estatales y sociedad civil, tanto en Argentina como en América Latina.

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A lo largo de la semana, los delegados trabajaron en áreas como educación, acceso y digitalización de archivos, museos y sitios de memoria, distorsión e inversión del Holocausto, y el apoyo a futuras generaciones de investigadores. El miércoles 3 de junio, talleres específicos abordaron la historia de los sobrevivientes del Holocausto en Argentina y la presencia de nazis en el país, incluidas las tensiones entre historia y memoria.

El segundo plenario de la IHRA bajo la presidencia argentina está previsto para el 2 al 5 de noviembre de 2026, también en Buenos Aires.

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El exjuez Bailaque denunció a su contador, que es arrepentido: lo acusó de haber mentido para beneficiarse

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El 26 de mayo de 2026, Gabriel Mizzau se sentó frente a los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y firmó un acuerdo de colaboración. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz lo homologó ese mismo día. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, se trató de un avance decisivo en la causa contra el exjuez federal Marcelo Bailaque.

El magistrado en cuestión, en cambio, hizo otra lectura. Cinco días después, el 1° de junio, su abogado Claudio Puccinelli presentó en la Unidad Fiscal de Rosario un escrito de 13 páginas en el que acusa a Mizzau de haber mentido para obtener su beneficio procesal.

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La denuncia, que se encuadra en los artículos 236 y 240 del Código Procesal Penal Federal, no cuestiona en abstracto la credibilidad del contador. Hace señalamientos puntuales: dice que Mizzau indicó que el departamento ubicado en la calle 3 de Febrero 1927, piso 6, de Rosario, fue adquirido el 20 de noviembre de 2014, pero que esa fecha es falsa.

La documentación que acompañó la defensa del exjuez —un boleto de compraventa y una escritura pública— acredita que el inmueble fue adquirido a la empresa Brender SRL el 23 de enero de 2007, cuando el edificio aún estaba en construcción. La transferencia formal de dominio se instrumentó el 19 de noviembre de 2014, ante el escribano Santiago Borsani, y se inscribió en el Registro General de Rosario el 30 de diciembre de ese año. La confusión entre la fecha del boleto —2007— y la de la escritura —2014— es, según la defensa, el punto de partida de un relato deliberadamente armado.

Marcelo Bailaque, en un encuentro de jueces, en 2015CIJ

El núcleo del testimonio de Mizzau consistió en afirmar que detectó una inconsistencia patrimonial: el matrimonio Bailaque-Martínez Maulión habría comprado dos departamentos en un lapso de nueve meses —uno, en 3 de Febrero 1927, y otro, en Italia al 2000, piso 13—, sin capacidad económica documentada para afrontar ambas operaciones juntas, según la investigación. Esa supuesta inconsistencia fue presentada ante los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco, de la Procelac, como un indicio de enriquecimiento ilícito.

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La declaración de Mizzau, tal como surge de las transcripciones incluidas en la denuncia, fue precisa: indicó que el departamento de calle 3 de febrero era “de unos 40 y algo metros cuadrados”, que había sido adquirido el 20 de noviembre de 2014, y que ese movimiento le había llamado la atención porque precedía en nueve meses a la compra del departamento de calle Italia. Según ese relato, Bailaque ya no tenía capacidad adquisitiva para ese segundo inmueble, porque sus ingresos como juez federal —y los de su esposa como funcionaria de la justicia provincial— no alcanzaban para sostener dos adquisiciones en tan poco tiempo.

La defensa apunta a desmontar ese argumento con la cronología –según señalan- real: el boleto del departamento de 3 de Febrero data de 2007, no de 2014. Y el de la calle Italia fue firmado el 30 de octubre de 2013 y escriturado el 31 de julio de 2015. Entre ambos desembolsos no hubo nueve meses, sino seis años, dicen. La inconsistencia que construyó Mizzau, según el escrito, nace de una premisa que la documentación pública refuta, de acuerdo con la defensa.

El juez Marcelo Bailaque y el contador Gabriel Mizzau

La denuncia de Bailaque tiene dos ejes de contenido penal. El primero es la violación del secreto profesional. Mizzau fue contador del matrimonio Bailaque-Martínez Maulión desde 2009. Esa relación le dio acceso a las claves fiscales de sus clientes, a los bienes registrables y a la composición patrimonial de la familia. Conforme surge de los propios dichos de Mizzau ante los fiscales, él mismo accedió a la página de ARCA con las credenciales que le proporcionaron y tomó conocimiento de las operaciones inmobiliarias en ese contexto. El escrito de Bailaque sostiene que, al revelar esa información ante el MPF, sin haber sido relevado del secreto profesional, Mizzau incurrió en los delitos previstos en los artículos 156 y 157 bis inciso 2 del Código Penal.

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El segundo ángulo es el que da nombre a la presentación: el artículo 276 bis del Código Penal, incorporado por la ley 27.304 que reguló la delación premiada. El texto establece: “Será reprimido con prisión de cuatro a diez años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41, proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos”. Según la defensa, no se trata de un error de memoria, sino de una falsedad construida a partir de datos que Mizzau tenía en sus propias anotaciones. El propio video de la declaración mostraría, según el escrito, que el contador consultaba apuntes que quedaban fuera del encuadre de la cámara.

La intencionalidad es, para Bailaque, el elemento que agrava el cuadro: Mizzau no podía ignorar la falsedad de sus dichos -alega el exjuez- porque los construyó a partir de información que él mismo procesó como profesional. Hacerlo en el marco de un acuerdo de colaboración, con el objetivo de obtener una reducción de pena, configura la malicia exigida por el tipo penal.

El escrito de Bailaque llega en un momento de acumulación crítica para la causa. Mizzau no fue el primer acusado que se quebró. Carlos Vaudagna, ex titular de ARCA en Rosario, se plegó a la figura del imputado colaborador en marzo de 2025 y admitió que en el quincho de Bailaque se planificó una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias con fines extorsivos: Iglesias terminó pagando 140.000 de los 200.000 dólares exigidos, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia. Whpei, por su parte, también suscribió un acuerdo de colaboración y comprometió a Bailaque en el manejo irregular de fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín.

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Bailaque es el único imputado de la causa que no firmó ningún acuerdo y que aguarda la definición de la fecha de inicio del juicio oral. Cumple detención domiciliaria desde el 1° de julio de 2025, cuando el Poder Ejecutivo Nacional le aceptó la renuncia.

La causa FRO 9010/2024 arrancó como una investigación sobre el vínculo entre un juez y el narco al que debía investigar. Mizzau era el contador de ambos: de Bailaque (desde 2009) y del jefe criminal Esteban Alvarado.

De este modo, el mismo profesional que firmaba los números de la red de empresas de fachada de Alvarado —Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia, Edra— le ordenaba además los bienes personales del magistrado.

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La causa lo acusa, entre otros delitos, de lavado de activos, por haber prestado asesoramiento al entramado societario del narco sin haber reportado operaciones sospechosas.

Fernando Whpei (de camisa celeste), socio del exjuez federal Marcelo Bailaque, llega a una audiencia imputativa Marcelo Manera

La presentación, del 1° de junio, agrega una nueva dimensión al caso. Bailaque no solo espera el juicio oral: ahora también denuncia a uno de los principales testigos que declarará en su contra. El escrito pide que la investigación sea asignada a un fiscal distinto de los que intervinieron en los acuerdos de colaboración, invocando el artículo 95 del CPPF: el titular de Procunar, Diego Iglesias; el fiscal Matías Scilabra y los miembros de Procelac, Juan Argibay Molina y Diego Velasco, quienes participaron de la negociación y formalización de los acuerdos. Esa circunstancia, sostiene la defensa, compromete su objetividad para investigar un posible delito cometido en el marco de esos mismos acuerdos.

El argumento es que, si Mizzau mintió para obtener su beneficio, quienes negociaron ese beneficio tienen un interés —aunque sea institucional— en que el relato del arrepentido se sostenga. Que sean los mismos fiscales quienes investiguen la veracidad de esas declaraciones plantea una tensión que la defensa busca resolver corriendo a estos funcionarios.

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Pero también se inscribe en una estrategia de la defensa de Bailaque, que busca posponer el juicio. El exmagistrado está con detención domiciliaria y, de ser condenado, podría ir a una cárcel.




Gabriel Mizzau,Germán de los Santos,Corrupción judicial,Conforme a,Corrupción judicial,,»Ahora me van a detener». Fue la mano derecha del hombre más famoso, estaba prófugo y dio una insólita entrevista antes de entregarse,,Qué veo. La cruda serie de Netflix de ocho episodios sobre un enigma policial que marcó a Chile,,“Abandonen la sala si esto los va a afectar”. La trágica muerte de Budd Dwyer, frente a cámaras, tras ser acusado de corrupción

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