Las investigaciones sobre los máximos responsables de la AFA llevan más de dos meses en “modo avión”. Los expedientes judiciales se mueven casi por inercia, a la espera de una definición de la Cámara de Casación. El máximo tribunal penal tiene la llave para desarmar una maniobra que buscó concentrar todos los expedientes relevantes en el juzgado federal de Campana.

Esa maniobra, impulsada formalmente por la defensa de los supuestos dueños de la mansión de Pilar, pero orquestada por un grupo de abogados que orbitan alrededor de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, coincidió con el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el ministerio de Justicia. El 9 de marzo, cuatro días después de la jura del ministro, el juez Alejandro González Charvay le pidió a otros dos jueces que se aparten de seguir investigando. La maniobra tuvo éxito a medias.

Pero no es la única. El empresario Javier Faroni, que recaudó casi US$400 millones en Miami por orden de la AFA, puso en marcha una nueva jugada para intentar invalidar el contenido de los discovery otorgados por dos jueces de Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias reveladas por el 28 de diciembre pasado. El desvío superaría los US$57 millones, con 10 empresas fantasma involucradas. Pasaron cuatro meses. Nadie fue citado a dar explicaciones.

La maniobra comenzó a gestarse en Estados Unidos a fines de marzo. TourProdEnter, la firma de Faroni y su mujer Erica Gillette, le pidió a los mismos jueces que hicieron lugar a los discovery que prohíban la utilización de su contenido para las causas penales en curso en nuestro país. En el derecho estadounidense se la conoce como una “protective order” u orden de protección.

El argumento legal es que esos discovery habían sido pedidos por el empresario Guillermo Tofoni para presentarlos en una causa comercial contra la AFA. En los últimos días, un juez del estado de Georgia hizo lugar al pedido pero solo respecto al Synovus Bank, uno de los cinco bancos que accedieron a entregar las transferencias.

La segunda parte de la maniobra está en curso. Faroni ahora pretende invalidar las pruebas de los discovery en las causas penales. Los abogados trabajan contrarreloj ante un fallo inminente de la Cámara de Casación, que debe decidir si las causas siguen en Campana o vuelven a la justicia federal o al fuero Penal Económico, donde surgieron los mejores avances.

Esa decisión se conocerá antes del lunes. “Lo que hizo (González Charvay) cuando pidió las demás causas es arriesgado, o se queda con todo o se queda sin nada”, reaccionó una fuente de Tribunales apenas se conoció la jugada. Efectivamente, es a todo o nada.

El juez de Campana sumó el capítulo de “TourProdEnter” que estaba en manos del juez Luis Armella, el mismo que allanó a Faroni. Pero no pudo anexar la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Esas pruebas quemaban. “Me piden que vaya al frente y ponen a Mahiques en el Ministerio”, se quejó uno de los investigadores en plena batalla por la competencia. La frase apuntaba a la cercanía del actual ministro con los dirigentes de la AFA.

La maniobra para invalidar los discovery en las causas penales en Argentina todavía no se consumó. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, sugirió en un informe de más de 50 páginas, al que tuvo acceso , que se avance con un nuevo pedido de colaboración internacional “con el detalle de que esta autorización es especial para cada causa en la que se solicita”. Es más, planteó de hacerlo por la vía de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG).

Ese mismo informe analizó en detalle el origen de los discovery y las transferencias enviadas desde TourProdEnter a un entramado societario integrado por Marmasch, Soagu Services, Velp, y Velpasalt, las cuatro sociedades creadas por cuatro personas oriundas de Bariloche, o a la sociedad SOMA SRL, involucrada en la compra de la mansión de Pilar.

“El análisis efectuado permite sostener, con la cautela propia de esta etapa, que la documentación proveniente de los procedimientos de discovery aporta información preliminar de notable relevancia para la investigación, en tanto permite reconstruir posibles trayectorias económicas de fondos vinculados con negocios de la AFA, identificar sociedades, cuentas y personas de interés, y orientar con precisión medidas de prueba locales e internacionales”, dice el documento entre sus principales conclusiones.

Las causas contra los jerarcas de la AFA hace tiempo quedaron empatadas entre maniobras judiciales y presiones externas. También se trabó el expediente que tiene un pedido de detención impulsado por un fiscal federal de Santiago del Estero. En esa causa se analizó en profundidad el entramado de sociedades de Toviggino y hasta los vuelos privados del tesorero. Si la investigación avanza, aparecerán datos incómodos como el vuelo que compartió en julio de 2021, desde Miami a Buenos Aires, junto al empresario de los seguros Jorge Giani y su mujer, funcionaria de la Corte Suprema.

El único expediente que avanza a un ritmo sostenido es el que lleva adelante el juez Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino están procesados por evasión. Los defensores apuestan a revertir el resultado en la Cámara en lo Penal Económico, convulsionada por la avalancha de pliegos enviados por el Gobierno.

En ese proceso, el abogado de Tapia, Luis Charro, se olvidó de presentar un escrito y quedó tecleando. “Llegó por un rabino y es un milagro que siga en ese cargo”, cuenta otro defensor en tono irónico. Otra versión asegura que llegó de la mano un dirigente de peso en el Tribunal de Disciplina de la AFA. Como sea, ahora la suerte de “Chiqui” Tapia depende de los otros imputados.

Todas las miradas están puestas por estas horas en la Cámara de Casación. Luego de varias semanas de incertidumbre, los jueces se reunieron este lunes y activaron un plazo de cinco días hábiles. En la AFA festejan por anticipado. En Comodoro Py crece la versión que el fallo podría alargar la agonía.

“Uno de los jueces cree que la Cámara que tenía que resolver era la de Penal Económico (no la de San Martín). En ese caso podrían reenviar la causa a ese tribunal para que decida sobre la competencia”, dijo una fuente de los tribunales de Retiro. Si se confirma, ese escenario solo extendería los tiempos. Si la causa vuelve a ese fuero quedaría en manos de la jueza María Verónica Straccia, con buenos antecedentes técnicos. “Es incorruptible”, dice en los tribunales que están a la vuelta de Comodoro Py.

A un mes del Mundial, en la Asociación del Fútbol Argentino no descuidan el frente externo. Las versiones sobre la posible colaboración de Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Toviggino, con la Justicia de Estados Unidos generan pánico. De su teléfono brotaron chats, documentos y hasta videos con fajos de dólares. Beacon se refugia y juega al misterio hasta último momento.

“Volvió Comodoro Py”. Con esa primera expresión fuentes judiciales definieron la reunión que hoy mantuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, con camaristas de todo el país. La foto del encuentro y la confirmación del envío de 15 nuevas ternas para completar vacantes en el fuero federal fueron los temas más destacados del encuentro.

La reunión ocurrió en el Palacio de Justicia. El texto que difundieron desde la Presidencia de la Corte se limitó a especificar quiénes estuvieron presentes. Primero mencionó a “los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales, encabezada por el juez Javier Leal Ibarra“. Luego, comenzó con un listado de camaristas de todo el país, que sumaron otros 17 participantes. Entre ellos, aparecen nombres como el de Diego Barroetaveña, de la Cámara de Casación Penal, y el de Leopoldo Bruglia, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

“No había problemas, pero esta vez sí estuvieron”, destacaron fuentes judiciales consultadas por , por fuera de la misiva difundida. En las anteriores reuniones de segunda mitad del año pasado, los jueces de Comodoro Py no habían asistido, tal cual recordaron las mismas fuentes.

Más allá de la foto de Rosatti con los camaristas en el Palacio de Justicia, la agenda de la reunión también arrojó novedades. Uno de los temas abordados fueron las vacantes en la Justicia. En ese sentido, de allí surgió que desde el Consejo de la Magistratura, que también preside Rosatti, se enviarán al Poder Ejecutivo al menos 15 nuevas ternas, que se sumarán a las 17 que ya remitidas.

El Gobierno se mostró activo en relación a ello. Esta era una de las prioridades del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ayer entraron al Senado siete nuevos pliegos judiciales que se sumaron a los 45 del lunes.

Dentro de esos pliegos, al menos 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Su nombre fue enviado al Senado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Luis Armella. Allí está radicada la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, y donde se investigan a 16 clubes de fútbol.

Además de los posibles nombramientos en el Poder Judicial, la aplicación del sistema acusatorio también tuvo su lugar en la reunión de Rosatti con los camaristas. Allí conversaron sobre “el proceso de aprendizaje” que dejó su implementación en Salta, Jujuy y otras 10 provincias. Este año, comenzará a entrar en vigencia en otras jurisdicciones relevantes como las de Córdoba, La Plata, Quilmes, Lomas de Zamora y Misiones.

La reunión también contó con una propuesta del director del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte, Pablo Lamounan, quien explicó el desarrollo de las subastas electrónicas en la Ciudad de Buenos Aires. Según las fuentes judiciales, expandir ese sistema en todo el país fue una de las ideas planteadas.

Asimismo, la infraestructura de los edificios judiciales entró en la agenda formal del encuentro. El desarrollo de 113 obras en todo el país fue tema de conversación entre los camaristas federales.