INTERNACIONAL
Ética de gobierno y de servicio público
En primer lugar, la misma se fundamenta en el apego a los principios básicos, aquellos de ejecución continua y no caducantes: democracia, derechos humanos, la lucha contra la pobreza, por la igualdad, por mejores condiciones para los trabajadores, contra la discriminación, por sistemas económicos prósperos y la prosperidad para todos.
A la pregunta de si hemos cambiado luego de eso: sí, hemos cambiado, ¿cómo no?
Si el presidente Mujica no era el mismo que en los sesenta, no pueden pedirnos que miremos el mundo actual y, en particular, el futuro con la misma óptica. Los políticos que apelan a los discursos sesentistas para decir algo removedor dan pena. Fue un momento irrepetible y un acontecimiento histórico tener un presidente de a pie, que no estaba en el gobierno para salvarse, que no iba por la reelección, que procuraba una concepción distinta del ejercicio del poder, que había renunciado (y es admirado por ello, ciertamente, a nivel internacional) no sólo a las comodidades materiales sino a todo convencionalismo y estereotipo político.
Antes que nada, es necesario establecer una distinción entre ética y moral, que no siempre se hace, lo cual incurre en la consiguiente confusión de términos.
Por moral entendemos una forma específica del comportamiento humano, individual o colectivo, que se da realmente, o que se postula que debiera darse. Y por ética entendemos la atención reflexiva, teórica, a la moral en uno u otro plano (el fáctico o el ideal) que no son para ella excluyentes. Es decir: a la ética le interesa la moral, ya sea para entender, interpretar o explicar la moral histórica o social realmente existente, ya sea para postular y justificar una moral que, no dándose efectivamente, se considera que debiera darse.
Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública, se requiere contar con gobernantes y funcionarios que hayan interiorizado valores y posean una conducta íntegra, pues son estos servidores públicos quienes marcan las directrices y operan las instituciones.
Una deliberación exhaustiva en relación tanto a la manera de frenar actitudes antiéticas en el ámbito público como a la recuperación de la confianza del ciudadano conduce a la idea de que no es a través de controles externos a los individuos que realizan la función pública como se impide que éstos cometan actos ilícitos sino que es a través de la sensibilización, del desarrollo de la conciencia así como del establecimiento de principios internos en las personas como se podrá evitar la realización de actos contrarios a la ética.
Pretender someter a los hombres por la fuerza del poder, mediante controles externos, no puede ser el único camino. “El derecho puede imponerse desde fuera, no así la moral.” Y también: “El conjunto de normas y controles no garantiza que el empleado público actúe de forma éticamente correcta. Sólo la fortaleza de las convicciones éticas del empleado puede cubrir el vacío que genera el contexto”.
Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con personal formado en ética, entendida esta como la herramienta poderosa que forma la conciencia de los hombres y desarrolla plenamente su capacidad de juicio. La formación ética es vital para los individuos, pues estos tienen un carácter eminentemente activo en la marcha y el desarrollo de los organismos. Precisamente, una de las causas de la desconfianza en las instituciones públicas es la ausencia de principios y valores éticos, lo que da pie al incremento de vicios o actitudes antiéticas, tales como la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, etc. Situaciones que impiden alcanzar las metas y objetivos institucionales.
La ética para los servidores públicos se refiere a situaciones de aplicación. El bien común, lejos de ser una abstracción, se materializa en cada acto realizado en las múltiples instancias de la Administración Pública. Es la suma de miles de decisiones diarias de los servidores que trabajan en las organizaciones públicas. Cada funcionario se encuentra diariamente con dilemas éticos que, a veces, resuelve de manera rutinaria y otras, como resultado de una profunda reflexión. Por eso es importante que los servidores públicos cuenten con un marco que les sirva de guía para sus decisiones.
Los cambios en las actitudes de gobernantes y servidores públicos hacia una mejora en la calidad de los servicios e instituciones, no se pueden forzar desde fuera, deben surgir de ellos mismos, de cada uno y de la consciencia colectiva.
Cuando los hombres públicos responden a una filosofía ética, se autocontrolan al ser responsables de su conducta, y de cada uno de sus actos. De esta manera, la ética es el mejor instrumento, pues conlleva el autocontrol mediante el uso correcto de la razón, a partir de la idea de servicio colectivo, un elemento importante para los servidores públicos. “El interés del Estado no puede depender de las pasiones del príncipe, ni siquiera de su deseo de ser malo o bueno, sino que exige un profundo autocontrol.”
La imagen que se construye de la administración pública ya sea positiva o negativa, es el resultado de la actitud y la conducta de cada persona que trabaja en una organización. Una buena imagen ayuda a creer y a confiar en las instituciones públicas. Una mala imagen genera desconfianza, duda, rechazo. Para lograr una sensación de satisfacción al realizar una tarea, es importante la relación persona a persona.
Cuando se habla de la ética pública, no es que se trate de una ética especial para los asuntos de gobierno y administración pública, se refiere sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética aplicada en los servidores públicos implica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo, que se traduce en actos concretos orientados al interés público. Es lo que Weber denominó “ética de la responsabilidad”; que el servidor público aplique el sentido del deber en beneficio del Estado.
Que las personas que ocupen un cargo público lo hagan con diligencia y honestidad como resultado de la razón, la conciencia, la madurez de juicio, la responsabilidad y el sentido del deber.
Una adopción verdadera de la ética exige un profundo cambio de concepción, de actitud mental y de mentalidad, que impida pensamientos corruptos. Para Hans Kung, el fin de la ética en política es “rescatar la dignidad humana”. Al respecto escribió: “El hombre ha de ser más de lo que es: ha de ser más humano. La ética es acción llevando los valores a la práctica.” La noción de bien común asume la realidad del bien personal y la realidad del proyecto social en la medida en que las dos realidades forman una unidad de convergencia: la comunidad. El bien común es el bien de la comunidad.
Dado que vivimos inmersos desde hace tiempo en una cultura basada en principios de independencia, individualidad y propiedad, se torna cada vez más difícil respetar y practicar principios y valores colectivos como la solidaridad, la cooperación, o la generosidad. Por el contrario, resurge “la ley de la selva”, donde impera el más fuerte, y “el hombre se convierte en un lobo para el hombre”, como decía Hobbes. Se reavivan las confusiones respecto a si una situación es correcta o no; incluso existe cierto rechazo a las normas éticas, ya que estas son menos atractivas o estimulantes que los principios individuales.
El disfrute individual del dinero y de los bienes materiales, sin duda, atrae mucho más que el goce colectivo de ellos. Pensar en uno mismo y no en los demás es la característica del individuo moderno. Una sociedad sin recursos éticos genera una transformación de la conducta de sus miembros basada en antivalores. La gravedad de restar importancia a los valores éticos radica en que las personas que, durante su infancia y juventud, viven al margen de estos principios difícilmente los aceptarán una vez alcanzada la madurez. En este contexto, es fácil entender el estado de devaluación en el que se encuentra la política.
Es importante dignificar la política y rescatar su significado verdadero o original. La vida pública plantea exigencias de comportamiento ético porque implica conocer y entender el alma humana. Existe en el personal del servicio público un potencial inmenso que es el saber que se está sirviendo a una causa de sentido colectivo. Dicho potencial, enfatizado mediante una adecuada política de personal acompañada del fortalecimiento de valores éticos, es indispensable para recuperar la confianza en las instituciones. Es importante saber, si se quiere recuperar esa confianza institucional, cuáles son las causas de su pérdida. Hay desconfianza porque se pierde la credibilidad. Cuando se miente, se promete y no se cumple, cuando existen necesidades que nunca se satisfacen, el ciudadano deja de confiar. Cuando no se comunica correctamente. Ante las situaciones de incertidumbre, no bastan las reglas y las recetas miopes, las solas técnicas son insuficientes, es necesaria una ética pública que cuente con el atractivo suficiente como para motivar a actuar según un principio de justicia y de solidaridad universal. “La confianza entre las instituciones y las personas no se logra multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones. Esta tarea es la que compete a una ética de la administración pública; la de generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las metas que justifican su existencia.”
La ética aplicada a la función pública implica servicio a la ciudadanía, es, además, un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un elemento clave para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones al elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. En tanto no se logre un cambio verdadero y profundo en el pensamiento, no se podrá recuperar la confianza en el servicio público.
Los valores éticos inculcados en las personas que operan en el ámbito público y cultivados adecuadamente coadyuvan a que la función pública sea más eficiente. De igual manera, ayudan a reivindicar la imagen del funcionario, del gobernante, del político y, en general, de quienes se desempeñan en el ámbito del servicio público. Ningún gobierno tendrá verdadero éxito en la consecución de sus objetivos si antes no integra la ética en la formación de su personal.
En verdad, estos sistemas que los latinoamericanos han aplicado obcecadamente no han logrado ofrecer los bienes materiales y sociales para vivir, no ya la “vida buena” de la que disfruta la minoría privilegiada, sino al menos en el marco de condiciones humanas dignas indispensables en lo que respecta a alimentación, vivienda, salud, seguridad o protección social. Y el tema es que las alternativas no democráticas han sido devastadoramente peores.
Los demás sistemas deben ser criticados por la profunda desigualdad en el acceso a la riqueza social y las injusticias que de ella derivan; por la negación o limitación de las libertades individuales y colectivas, o por su reducción a un plano retórico o formal; por su tratamiento de los hombres como simples medios o instrumentos. Todo lo cual entraña la asfixia o limitación de los valores morales correspondientes: la democracia, la igualdad, la justicia, la libertad y la dignidad humana.
Con lo cual estamos afirmando la presencia de la moral en el proyecto de una nueva sociedad que, libre de la enajenación de las dignidades se deben asegurar libertades individuales y colectivas efectivas de sus miembros sobre la base de su su igualdad jurídica y de garantías fundamentales. La moral es un componente esencial de su proyecto de emancipación social y humana.
Para el marxismo la moral es objeto de reflexión de su ética en un sentido explicativo, o sea: como teoría de este comportamiento específico (individual y colectivo) que se da histórica y socialmente. La ética marxista, o de inspiración marxista, se distingue de las éticas individualistas, formales o especulativas que pretenden explicar la moral al margen de la historia y de la sociedad, o de los intereses de los grupos o clases sociales. Pero la moral no sólo entra en el marxismo como objeto a explicar, sino también en un sentido normativo como moral de una nueva sociedad, justificando su necesidad, deseabilidad y posibilidad, tras la crítica de la moral dominante bajo el capitalismo.
Hay, pues, lugar en el marxismo tanto para una ética que trate de explicar la moral realmente existente, como para una ética normativa que postule una nueva moral, necesaria, deseable y posible cuando se den las bases económicas y sociales necesarias para construir la nueva sociedad en la que esa moral ha de prevalecer.
El problema es que el marxismo fue incapaz de construir ni un sistema de justicia ni de dignidad humana, su aplicación generó disfuncionalidades sistémicas y no pudo estructurar ni remotamente un proyecto de desarrollo sostenible. Por lo tanto, su conceptualización ética quedó en el aire, lo cual expresaba su propio fracaso.
Los referentes políticos se forjan hoy estableciendo moldes, sin comprender las experiencias nefastas del pasado, sin luchas contra convicciones escleróticas y con un temor profundo a asumir los cambios necesarios o a reconocer errores y metidas de pata, sin capacidad para dar marcha atrás. Con la aplicación sostenida de fórmulas que han fracasado y continúan fracasando.
La izquierda, en particular la “clásica” en cada sistema, se ha vuelto aun más corporativa. Corporativa en la dimensión y corporativa internacionalmente. No podemos identificarnos precisamente con ese enfoque.
Nuestra identidad regional es la democracia y los derechos humanos.
Anteponemos esto a la derrota moral, la triste derrota burocrática de una izquierda desdibujada y rutinaria en sus repetidas declaraciones de principios que aplica mal, fuera de los tiempos y fuera de la cohesión social necesaria que “hay que reformar”, “hay que modernizar”, “hay que cambiar”.
En cambio, a nadie se le ocurre reinventar y proponer (y escuchar) nuevas formas, renovar y dejar lugar a instituciones eficientes, a una sociedad que traiga innovación y bases con compromiso con un proyecto social mejor.
La obsolescencia del discurso de las ideas gerontes de izquierda cae, más pronto que tarde, por su propio peso.
El futuro que nos espera, luego de tanto esfuerzo, si no realizamos los cambios de rumbo necesarios, es de un cinismo sin igual. Debemos recuperar el rumbo. No regalar nuestro incaducable anhelo de justicia, democracia y derechos humanos a cambio del bajo precio de la sumisión y de la disciplina internacional.
Es claro que, si cedemos este espacio de poder al servicio de la gente, terminaremos siendo los chivos expiatorios de nuestra propia incapacidad de gestionar lo que nosotros mismos generamos.
Pasará a la historia como otras generaciones que dejaron como legado la debilidad institucional, el exilio económico, la pobreza de ingresos y la pobreza intelectual.
Hay que separar lo que corresponde a un sistema político, económico y social en serio, moderno en el mejor de los sentidos, de un movimiento, la doctrina, los fundamentos y las bases esenciales sobre los cuales nos movemos de “…lo que corresponde al dogmatismo rígido de una secta o la complejidad intelectual de una teoría para la cátedra”, como decía Emilio Frugoni.
Entonces, seamos “independientes”: propongamos, aportemos, pensemos. Nuestra larga lucha por los derechos humanos es por el cambio, y ese ideal es el único proyecto sustentable para la consolidación del desarrollo.
Palacio Legislativo,Montevideo,Uruguay,bandera de Uruguay,parlamento
A federal judge investigating whether prosecutors misled her court in the «Broadview Six» case against anti-ICE protesters canceled a hearing requested by the Justice Department to clarify her authority to conduct the inquiry.
U.S. District Judge April Perry, a Biden appointee, has ordered four federal prosecutors, including Chicago’s U.S. attorney, to testify under oath as she considers possible sanctions or criminal contempt proceedings.
«Ultimately, the Government’s professed lack of clarity about the Court’s inherent authority to ask lawyers who have made misstatements to or misled the Court to explain their actions is immaterial,» Perry wrote Wednesday, canceling the Nov. 17 hearing.
The Justice Department dropped the criminal case against the six protesters in May amid allegations of misconduct involving former federal prosecutor Sheri Mecklenburg, who later resigned. But Perry’s investigation into the prosecutors’ conduct has continued.
DOJ MOVES TO BOOT FEDERAL JUDGES FROM IMMIGRATION CASES OVER NYT INTERVIEW
Associate Attorney General Stanley Woodward, the Justice Department’s third-ranking official, argued in a filing that requiring prosecutors to testify would put them in a «Catch-22.»
«They can testify and risk prosecution, or they can assert their rights under the Fifth Amendment and risk antagonizing the court, while it may also be considering non-contempt sanctions,» Woodward wrote.
Perry rejected the government’s argument, writing that «the Government does not represent at least 3/4 of the individuals who have been asked to testify, two of whom have expressed their willingness to do so.»
Perry has ordered U.S. Attorney Andrew Boutros and three assistant U.S. attorneys in the Northern District of Illinois — William Hogan, Matthew Skiba and Andres Almendarez — to testify under oath Monday about possible misconduct in grand jury proceedings involving the protesters.
«There is no indication on the docket that the Government represents the fourth individual,» Perry wrote, referring to Boutros.
The testimony is expected to address prosecutors’ knowledge of possible grand jury misconduct, the accuracy of their statements to the court, why grand jury transcripts were redacted and whether officials outside the U.S. Attorney’s Office received information about the investigation. Perry could use the testimony to determine whether sanctions or criminal contempt proceedings are warranted.
DOJ MOVES TO BOOT TWO FEDERAL JUDGES FROM IMMIGRATION CASES OVER REMARKS TO MEDIA: ‘EXTRAORDINARILY IMPRUDENT’
The canceled hearing follows a separate dispute over communications the Justice Department has declined to disclose to Perry.
On Monday, Woodward argued in a motion that certain communications involving federal prosecutors were privileged and should not be disclosed. The Justice Department also submitted a privilege log identifying the withheld communications and the grounds for withholding them.
Perry rejected the submission Tuesday, finding it «noncompliant» because the government had redacted information identifying numerous senders and recipients in lengthy email chains. She also questioned the Justice Department’s response to her request for an email sent to Boutros containing an expedited transcript of the Oct. 9, 2025, grand jury session, when jurors first declined to return an indictment. The PDF, the judge said, lacked metadata that could help establish whether Boutros had read the email.
Prosecutors were given until Thursday to address her concerns. The inquiry began May 20, when Perry ordered prosecutors involved in redacting grand jury transcripts to appear in court and questioned them during a sealed hearing the following day.
ANTI-ICE PROTESTERS CLASH WITH AGENTS OUTSIDE NEW JERSEY DETENTION CENTER AS GOV SHERRILL DENIED ENTRY
In October, Perry requested communications between federal prosecutors and outside officials concerning investigative and charging decisions in the case, finding that «several aspects of this prosecution were very flawed.»
The inquiry stems from a grand jury’s refusal to return an indictment on Oct. 9, 2025, and again during a subsequent session convened by Boutros, when two jurors were excused over concerns about their impartiality. Those jurors later returned for a third session on Oct. 23, when the grand jury indicted the protesters on a felony conspiracy charge.
According to court records, grand jury transcripts initially provided to Perry in April contained redactions that concealed evidence of possible misconduct, including allegations of improper «vouching» for the government’s case by former Assistant U.S. Attorney Sheri Mecklenburg during an Oct. 9, 2025, grand jury presentation.
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Six protesters, including former Democratic congressional candidate Kat Abughazaleh, faced federal charges stemming from a Sept. 26, 2025, confrontation outside an ICE facility in Broadview, Illinois. Prosecutors alleged that the demonstrators surrounded a federal immigration agent’s vehicle to prevent him from entering the facility. Members of the crowd allegedly struck the vehicle, damaging a side mirror and windshield wiper, although prosecutors did not identify any of the six defendants as personally responsible.
The other defendants were Oak Park village trustee Brian Straw, Chicago Democratic Committeeman Michael Rabbitt, Abughazaleh campaign staffer Andre Martin, former Cook County Board candidate Catherine Sharp and musician Joselyn Walsh.
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WASHINGTON, D.C. — Far-left activists from the network funded by communist tech tycoon Neville Roy Singham can dish it out, but they can’t take it.
For years, CodePink activists, easily recognizable in hot pink T-shirts, have heckled lawmakers and officials in public settings with a tactic called «bird dogging,» cornering targets, peppering them with hostile questions, like «Why do you support baby killers?» and shaming them on social media with tactics that amount to humiliation rituals.
On Veterans Day, the agitators found themselves on the other side of the lens, and they didn’t like it.
For six hours on Wednesday, Digital followed members of CodePink, BreakThrough News, the People’s Forum, the Party for Socialism and Liberation and allied groups in the Singham network through the halls of Congress during a lobbying event organizers called the «Taxpayer Uprising.»
But when the cameras turned on them, they angrily refused to answer questions and covered the camera lens, one time with a Palestinian keffiyeh scarf and another time with a backpack designed with the pattern of a watermelon, a symbol adopted by the Palestinian movement. Then, they responded with smears and ad hominem attacks.
Finally, they published their footage of the confrontations, turning their objections to being filmed into content for their followers. One follower congratulated them on their success deploying «psychic militancy.»
LAWMAKERS THROW OUT ‘TROJAN HORSE’ ACTIVISTS THEY SAY ARE ENGAGED IN AMERICAN SUBVERSION
The day began just before 10 a.m. inside the Rayburn House Office Building, where activists in pink CodePink T-shirts and keffiyehs walked into a breakfast gathering of the U.S. House Bagel Caucus.
At 9:59 a.m., they surrounded Rep. Dan Goldman, D-N.Y., and pointed their cameras at him. Medea Benjamin, co-founder of CodePink, wore a shirt emblazoned with the message «NO WAR ON IRAN» and pressed him on Section 219 of the National Defense Authorization Act, which she called a «merging» of the U.S. and Israeli militaries.
«It is not a merging of the militaries,» Goldman said. «It is a collaboration on technology that we depend on Israel for, and they depend on us for, and it is for our own national security.»
He asked the activists whether they supported Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps, Hamas and Hezbollah.
«We’re not funding them. We’re funding Israel,» Benjamin replied.
When the liberal congressman called the situation in Gaza «absolutely horrific» and said he wished Hamas would allow in the aid Israel was trying to send, the group members groaned in unison. CodePink activist Tighe Barry, Benjamin’s husband, in a pink shirt and pink hat, yelled at him: «You’re a real congressman, and you just made that statement?»
«That was a horrific lie that you just said,» Barry shouted at him. «As a sitting congressman, I take deep offense at that.»
«Alright, here we are. We’re enjoying the Bagel Caucus here,» Goldman said before walking away. «Thank you for talking. Take care of yourself.»
HOW CODEPINK CO-FOUNDER MEDEA BENJAMIN’S FAMILY FOUNDATION BECAME A MAJOR FUNDER OF LEFT-WING ACTIVIST GROUPS
CodePink co-founder Medea Benjamin moved through the building wearing a backpack designed with the pattern of a keffiyeh, the checkered scarf that has become a symbol of the pro-Palestinian movement.
At 10:06 a.m., the group shuffled to the Rayburn cafeteria, where organizers had set up tables numbered by lobbying group. Pink signs reading «TAXPAYER UPRISING» and «WAR IS NOT GREEN» sat on the tables.
Confrontations began within minutes. «No, no. Hey, out of here,» a CodePink volunteer told the reporter at about 10:09 a.m.
Asked for an interview, Barry turned to his fellow activists and balked, saying, «Why would I?»
AS SINGHAM FACES FEDERAL PROBE, WIFE MARCHES IN ANTI-ISRAEL PROTEST LED BY GROUPS HE FUNDED
A woman at the check-in table asked the reporter to «move your camera away.» Another activist used a keffiyeh to block the camera’s view, and a Muslim woman in a headscarf put her hand over the lens.
At about 10:12 a.m., an activist hoisted a pink backpack printed with watermelons in front of the Digital camera.
A young man in a keffiyeh, with a name tag that read «Finn,» then planted himself in front of the camera and moved with it as it tried to pan around him.
«Is this what you do in your free time, is like, wander around?» he taunted.
Melissa Garriga, CodePink’s media contact, refused to answer any questions, priding herself to the team on refusing to answer emailed requests for comment from Digital.
Asked a question by the reporter standing right in front of her, she cupped her hand behind her ear and said, «I’m sorry, I can’t hear you. Can you speak up?»
Asked again, she responded, «I still can’t hear you. You’re gonna have to talk a little louder. Sorry.»
Then, again: «Can you please speak up?»
Asked about Singham’s funding of CodePink, Garriga waved her hand across the lens. «I don’t have to respond to you,» she said.
At 10:14 a.m., Garriga put her hand fully over the camera: «Just buzz off,» she said.
The activist with the «Finn» name tag returned and held a gray jacket over the lens, then a canvas tote bag, then a keffiyeh, one after another.
Minutes later, a red-haired woman in a keffiyeh waved her hands in front of the camera.
Shortly after 10:20 a.m., CodePink co-founders Jodie Evans and Benjamin took charge of the room. Evans married Singham in 2017 when he sold his company, Thoughtworks, for an estimated $785 million. He used some of those proceeds to pump $285 million into a network of nonprofits that have been pro-China and pro-communist. Several of their leaders hit the halls of Congress on Wednesday.
«Alright, everybody, we want to start our program,» Evans said at 10:22 a.m.
Benjamin urged them to confront lawmakers wherever they found them.
«Remember, they work for us. They’re not better than us. They are public servants,» she said. «And so, if you see them, try to engage them.»
She told the activists how to spot members of Congress in the hallways: They wear lapel pins and aren’t holding anything, because staff carry documents, binders and other items for them, she said.
«The worst it could be is they say, ‘I’m not a congressperson,’» she said.
Singham has denied acting at the direction of the Chinese government. Asked if her husband would do an interview, Evans, the only member of the entourage to respond professionally to questions, smiled and said, «No, he’s shy.»
Fresh from a propaganda tour to China, the Singham network activists pressed lawmakers to slash the military budget, pull out U.S. troops and end U.S. military ties with Israel — demands that align with China’s foreign policy agenda.
Rania Khalek, a co-host of «BT Live» at BreakThrough News, slipped into the cafeteria.
When Digital asked Khalek about BreakThrough’s funding from Singham, she responded, «Oh dear. I’m not speaking to you.»
A man in a pink shirt stepped backward to plant himself in front of the camera. Khalek raised her phone, filmed the reporter and asked, «Are you harassing us?» She then answered her own question: «Yes.»
Asked whether she was with the Party for Socialism and Liberation, a woman standing with Khalek smiled and replied, «Am I?» She has led Party for Socialism and Liberation protests at the White House and is a member of the Party for Socialism and Liberation.
At 10:26 a.m., two activists stepped in front of the camera at once and another pushed a cafeteria chair into the reporter’s path.
At 10:33 a.m., Khalek walked behind Benjamin and Evans with the activist from the Party for Socialism and Liberation to hit offices.
By 10:35 a.m., the activists had moved to the second floor of the Rayburn building, where U.S. Capitol Police officers stood outside Room 2267, the office of House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y. A yellow sign taped inside the office door read, «OFFICE CLEARED.»
The activists only met with a staffer.
At 11:11 a.m., Benjamin did a stand-up video in front of Jeffries’ door, casting the image of a dramatic confrontation between activists who «packed» the small office foyer and Jeffries.
At 11:20 a.m., Khalek exploded.
Near the House Committee on Education and the Workforce, «The fact that you pretend to care about free speech right now while literal journalists in Gaza are being, like, executed, sniped in the head by the IDF with U.S. weapons, is a freaking joke. Okay? Nobody cares what you think.»
Holding up her phone, she added, «I’m literally doing journalism right now. See?»
Asked whether it was acceptable for Singham network activists to disrupt congressional hearings, Khalek answered with a question of her own: «Is it okay to fund genocide?» Then she walked away. At 11:22 a.m., she lashed out, calling the reporter a «genocide apologist.»
Another activist stepped in front of the camera and took over. «Shame on you. You’re completely shameless,» she said. «You are a disgrace to this profession!»
The Party for Socialism and Liberation activist filmed the exchange with Khalek.
BreakThrough News later posted the confrontation on Instagram and X, quoting Khalek, who lives in Lebanon, saying: «Stop justifying bombing my country!»
One follower praised the outburst as «psychic militancy.»
Her outburst over, Khalek proceeded to go chase lawmakers.
At 11:25 a.m., a woman in a pink CodePink shirt draped a keffiyeh over the camera lens, then followed the reporter and raised it onto the lens again.
Olivia DiNucci, CodePink’s D.C. coordinator, wore an olive jacket that read «STOP ARMING ISRAEL.» DiNucci has heckled Treasury Secretary Scott Bessent, Secretary of State Marco Rubio, Palantir CEO Alex Karp and scores of others, and has written first-person accounts of her own arrests and disruptions inside Congress. On Wednesday, she threw her hand in front of the camera.
«We just don’t wanna talk to you, because you’re complicit in genocide,» she yelled. «Is that really hard for you to understand?» She continued: «We’re not interested in talking to people who support murdering babies.»
At 11:34 a.m., Benjamin, Khalek and the Party for Socialism and Liberation activist intercepted a congressman walking past the Rayburn House Office Building sign, pressing him on the activists’ demands.
«That’s propaganda,» he responded.
By lobbying day’s end, at 3:28 p.m., on the steps of the U.S. Capitol, House Majority Leader Steve Scalise, R-La., spoke to Digital, as the activists stood with their signs, cordoned away behind police barricades. Their signs read «WELCOME TO DC / LET’S END WAR» and «HEALTHCARE NOT WARFARE.»
«Some people like yelling and screaming and making a lot of noise,» Scalise said. «They sure do want attention focused on them so people can see how radical they are. And some of these people are just against the foundations of what made this nation great.»
«We’re here at a Veterans Day ceremony of all things and they want to protest,» he said. «Anybody who would protest Veterans Day, you know, they need to really check themselves. Maybe there’s another country that they like better than America, they’re free to go there. We love this country.»
Scalise added, «Ask Europe who liberated it. It was the United States with our allies that stopped the Nazis, stopped fascism, and we’ve always been the ones, America, standing up to the bad guys.»
«You just follow the money when you see who funds some of these groups that hate America,» he said. «It tells you everything you need to know.»
The money behind the groups involved in the lobbying day is substantial.
According to IRS filings, Singham has given $1.098 million to BreakThrough’s BT Media Inc., $1.33 million to CodePink and $22.44 million to The People’s Forum.
CodePink lists 56 organizations taking part in the Taxpayer Uprising with an estimated $40 million in annual revenues, according to Digital’s investigation. The coalition includes the Council on American-Islamic Relations, American Muslims for Palestine, the Democratic Socialists of America’s International Committee and the Communist Party USA, which says on its website that it «is guided by Marxism-Leninism.» Other participants describe themselves in socialist terms, including Friends of Socialist China, which calls itself «a platform based on supporting the People’s Republic of China and promoting understanding of Chinese socialism,» and Qiao Collective, which says it is «committed to the principles of socialist internationalism.»
They’re not grassroots groups. They have big revenue totals: CAIR Foundation at $9.4 million, the People’s Forum at $7.1 million, the Institute for Policy Studies at $5.7 million, Nonviolence International at $3.7 million, Global Exchange at $3 million, American Muslims for Palestine’s AJP Educational Foundation at $2.1 million, CodePink at $1.8 million and BreakThrough at $1.5 million.
Digital couldn’t identify any group registered under the Foreign Agents Registration Act, according to the Justice Department’s FARA database. Last year, Sen. Tom Cotton, R-Ark., wrote a letter raising concerns about CodePink’s pro-China lobbying. Rubio has pressed the Justice Department about Chinese Communist Party information warfare through these nonprofits. House Ways and Means Committee Chairman Jason Smith, R-Mo., has sent subpoenas to the People’s Forum, BreakThrough News and a related Tricontinental thinktank as allegedly aligned with the Chinese Communist Party propaganda operation.
Overnight, CodePink posted the video where she spoke to her team’s camera in front of Jeffries’ office, with the caption, telling the world: «We just packed the office of Hakeem Jeffries.»
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INTERNACIONAL
Cancillería confirma la muerte de un guatemalteco tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MINEX) confirmó la muerte de Edgar Sapón Gutiérrez, un guatemalteco de 26 años, tras el derrumbe de un edificio residencial en Brooklyn, Nueva York.
El joven, originario de Totonicapán, figura entre las ocho personas fallecidas por el colapso ocurrido el 11 de noviembre en el barrio de Flatbush.
La cartera indicó que el Consulado General de Guatemala en Nueva York estableció contacto con los familiares de Sapón Gutiérrez y les ofrece acompañamiento consular. La misión también realizó consultas con hospitales cercanos y con la Oficina del Médico Forense de la ciudad, que confirmó el fallecimiento.
El inmueble de tres plantas se derrumbó mientras había residentes en su interior y cayó sobre una construcción adyacente, según la información difundida por las autoridades locales. Equipos de emergencia continuaban el jueves 12 de noviembre con las labores de búsqueda entre los escombros.
El consulado asesora a la familia para la repatriación
El MINEX informó que los familiares del joven recibieron orientación sobre el Fondo para la Asistencia del Guatemalteco Migrante en Situación de Vulnerabilidad y Fallecidos en el Exterior, un mecanismo destinado a apoyar la repatriación de los restos de connacionales que mueren fuera del país.
Además, el consulado realiza consultas ante autoridades de Nueva York para determinar si el caso reúne las condiciones para recibir algún tipo de asistencia económica. La institución expresó sus condolencias a la familia de Sapón Gutiérrez y al resto de las personas afectadas por la tragedia.
“El MINEX expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del connacional, así como a todas las familias afectadas por esta tragedia”, señaló la entidad en un comunicado emitido el 12 de noviembre.
La representación diplomática guatemalteca indicó que mantendrá el acompañamiento a los parientes del fallecido durante los trámites posteriores al siniestro. El joven era originario de Totonicapán, en el occidente de Guatemala.
Mientras que familiares de la víctima no dan crédito de lo ocurrido y piden apoyo a las autoridades guatemaltecas para repatriar los restos del joven. Además, solicitaron a vecinos y amigos aportes económicos para sobrellevar lo ocurrido.
Ocho muertos y 17 heridos tras el colapso en Flatbush
El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que ocho personas murieron como consecuencia del derrumbe. Cuatro víctimas fueron localizadas sin vida bajo los restos de la estructura, mientras que otras dos fallecieron en hospitales. Las autoridades declararon muertas a dos personas más durante las primeras horas del 12 de noviembre.
Hasta ese momento, seis de los ocho fallecidos no habían sido identificados por las autoridades locales. La confirmación del MINEX permitió establecer que Edgar Sapón Gutiérrez es uno de los muertos en el colapso.
El balance oficial también registró 17 personas heridas, entre ellas cuatro en estado grave y siete niños. Más de 250 bomberos y miembros de los servicios de emergencia participaron en las tareas de rescate, remoción de escombros y revisión de la zona ante la posibilidad de hallar sobrevivientes.
Imágenes compartidas por los bomberos mostraron una acumulación de restos de concreto, madera y estructuras metálicas. Las cuadrillas utilizaron excavadoras y otros equipos para despejar el área y facilitar el acceso a los sectores donde podrían haber quedado personas atrapadas.
Las autoridades investigan qué provocó el derrumbe
Las causas del colapso del edificio en Flatbush permanecen bajo investigación. Las autoridades no habían informado, hasta el momento, qué originó la caída de la estructura ni si existían antecedentes de fallas en el inmueble.
El derrumbe ocurrió en un sector residencial de Brooklyn y afectó también a un edificio en construcción ubicado junto a la vivienda que se desplomó. La investigación deberá establecer las condiciones de ambas estructuras y determinar si hubo responsabilidades vinculadas con obras, mantenimiento o eventuales deficiencias edilicias.
El MINEX afirmó que continuará atento al caso por medio de su consulado en Nueva York, mientras la familia de Edgar Sapón Gutiérrez recibe asesoramiento para definir los procedimientos de repatriación y las posibles ayudas disponibles.
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