El Gobierno no planea realizar el desfile militar del 9 de Julio por el ajuste en Defensa y, por ahora, no tiene previsto ordenar un despliegue de las Fuerzas Armadas para la fecha patria. Fuentes oficiales aseguran que no hubo ninguna indicación para preparar el operativo y en el sector castrense sostienen que no están dadas las condiciones presupuestarias ni de clima interno para repetir una movilización de ese tipo.

“Entendemos que no va a haber desfile por el recorte presupuestario”, expresan en las Fuerzas Armadas. En la Casa Rosada evitan una definición pública cerrada, pero admiten que el evento no figura en la agenda operativa. La lectura interna es que organizar una movilización nacional de tropas, vehículos, aviones, seguridad, combustible, viáticos y logística se complica en medio del ajuste sobre el área de Defensa y del malestar salarial en los cuarteles.

El antecedente inmediato refuerza esa línea. El año pasado tampoco se realizó el desfile militar por el Día de la Independencia. En 2025, el Gobierno había descartado repetir el despliegue por falta de fondos y porque no había dado instrucciones a las fuerzas para poner en marcha los preparativos. Este año, según fuentes oficiales, el escenario se mantiene: no hay orden para alistar unidades ni para activar la organización del operativo.

El último desfile militar fue el de 2024, cuando Javier Milei y Victoria Villarruel participaron de la puesta sobre la avenida Del Libertador. Ese despliegue incluyó cerca de 9900 efectivos, veteranos de Malvinas, aviones, helicópteros, tanques, vehículos de combate y unidades de distintas provincias. El costo informado entonces superó los $720 millones, por gastos de traslado, combustible, alimentación, viáticos, seguridad, limpieza y apoyo logístico.

Actualizado por inflación, ese gasto sería hoy sensiblemente mayor. En sectores de Defensa sostienen que una erogación de esa magnitud chocaría con el estado actual de las partidas militares y con el clima interno de las fuerzas. El Gobierno mantiene tensiones por reclamos salariales, el funcionamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la falta de una equiparación plena con las fuerzas de seguridad.

La discusión presupuestaria se agravó tras la última reestructuración de partidas. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso una reducción general de créditos en distintas áreas del Estado y, dentro de ese esquema, las Fuerzas Armadas recibieron un recorte estimado en $59.600 millones. Según el desagregado que circula en el área militar, el ajuste alcanza unos $12.600 millones en el Ejército, $27.040 millones en la Armada, $16.500 millones en la Fuerza Aérea y $3762 millones en el Estado Mayor Conjunto.

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La Armada aparece como la fuerza más afectada por la poda. En las planillas presupuestarias, los recortes impactan sobre componentes de alistamiento operacional, entre ellos el proyecto de helicópteros navales livianos, servicios de mantenimiento y partidas vinculadas a sanidad naval. En la Fuerza Aérea, el ajuste recae sobre equipamiento militar y de seguridad y sobre gastos de mantenimiento. En el Ejército, la reducción se distribuye entre maquinaria, transporte y equipos militares.

El Estado Mayor Conjunto también sufrió una reducción en partidas de planeamiento militar y en la campaña de sostén logístico antártico, especialmente en productos químicos, combustibles y lubricantes. A eso se suma el recorte de créditos vinculados al Fondo Nacional de la Defensa y a servicios de Hidrografía. En el Gobierno relativizan el impacto y sostienen que las bajas fueron distribuidas para no paralizar proyectos, pero en las fuerzas advierten que el margen de maniobra se achicó.

Ese contexto explica la cautela con el desfile. Para realizarlo, Defensa debería coordinar el traslado de tropas desde distintas unidades del país, movilizar vehículos pesados, prever aeronaves, organizar alojamiento, alimentación, seguridad y cortes de tránsito, además de pagar viáticos. En el sector militar remarcan que el evento tiene impacto simbólico, pero también un costo operativo alto para una estructura que viene de recibir recortes y que todavía enfrenta reclamos internos.

La Casa Rosada, en cambio, busca sostener una agenda militar más selectiva. El Ejecutivo espera la llegada de la segunda tanda de aviones F-16 entre fines de este año y principios del próximo, como parte del cronograma plurianual de incorporación de las 24 aeronaves compradas a Dinamarca. En informes al Congreso, Defensa sostuvo que los aviones ingresarán por etapas hacia el final de cada año y que el proceso terminará en 2028.

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El Gobierno presenta la adquisición de los F-16 como el eje principal de “modernización de la Fuerza Aérea” y como una recuperación de la capacidad supersónica que la Argentina perdió tras la salida del sistema Mirage. Según Defensa, el acuerdo no contiene restricciones de despliegue geográfico ni limitaciones de uso del armamento AMRAAM, y existen previsiones presupuestarias plurianuales para el sostenimiento de la flota y la disponibilidad operativa.

La agenda presidencial también pesa en la definición del 9 de Julio. En Nación sostienen que lo más probable es que Milei viaje con parte del Gabinete a Tucumán para las actividades por el Día de la Independencia. Antes, el Presidente estará en Washington para participar de la celebración del 4 de julio por la Independencia de EE.UU., en una visita que se inscribe en el alineamiento político con la administración de Donald Trump.

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El ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, fue detenido este viernes luego de que la Policía Federal encontrara drogas, documentación y más de 2,5 millones de dólares durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de una investigación judicial que se inició por el presunto robo de equipamiento tecnológico de la empresa estatal de telecomunicaciones.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, con intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de esa jurisdicción, a partir de una causa identificada como “NN s/ Robo”, originada tras una denuncia presentada por ARSAT.

Según pudo saber Infobae, los investigadores ejecutaron quince órdenes de allanamiento en distintos puntos del país con el objetivo de reunir pruebas vinculadas al expediente.

Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, pendrives, documentación y distintos elementos considerados de interés para la pesquisa. Sin embargo, uno de los allanamientos terminó abriendo un nuevo capítulo dentro de la investigación.

El operativo más relevante se realizó en un departamento ubicado en la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, domicilio vinculado a Leal. Allí los efectivos encontraron una importante cantidad de estupefacientes: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, quince cucharas presuntamente utilizadas para consumo y quince bolsas tipo ziploc.

Además de las drogas, los investigadores secuestraron cuatro pasaportes, dos notebooks, un iPad, cuatro pendrives, cinco teléfonos celulares, un reloj inteligente, un inhibidor de señal, una valija con cámaras, grabadoras y anteojos, además de documentación considerada relevante para la causa.

En ese mismo inmueble también fue hallada una importante cantidad de dinero en efectivo distribuida en distintas monedas. El detalle incluye 803.754 dólares estadounidenses, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y 2.000 chelines tanzanos.

A partir del hallazgo de los estupefacientes y del dinero, la Secretaría actuante dispuso la detención de Leal en calidad de incomunicado. Posteriormente fue trasladado a la alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

Horas más tarde, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en otro domicilio atribuido al ex funcionario, ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer al 600, en la ciudad de Mendoza.

El procedimiento fue ejecutado por la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza. En ese inmueble los agentes secuestraron otros 1.787.600 dólares estadounidenses en efectivo, además de documentación y un teléfono celular.

De esta manera, entre ambos domicilios, los investigadores contabilizaron 2.591.354 dólares, además de las restantes divisas extranjeras y los pesos argentinos encontrados durante los procedimientos.

La causa que derivó en la detención de Leal no estaba enfocada inicialmente en él ni tenía como eje el hallazgo de drogas o dinero. El expediente se originó a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, presentada al inicio de la gestión de Javier Milei.

Con el avance de las medidas de prueba, los investigadores comenzaron a analizar otras operaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa estatal. Según fuentes vinculadas al caso, esas líneas de investigación pusieron bajo análisis distintos contratos y movimientos que actualmente forman parte de la pesquisa judicial.

Fue en ese contexto que se dispusieron los quince allanamientos realizados en el marco de la causa, entre ellos los procedimientos efectuados en propiedades vinculadas a Leal.

La detención del ex funcionario también generó repercusión por la trayectoria que desarrolló dentro de la administración pública nacional.

Con paso por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Leal construyó gran parte de su carrera en ARSAT, donde ocupó diversos cargos hasta llegar a la presidencia de la compañía estatal durante el gobierno de Alberto Fernández.

Permaneció al frente de la empresa entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Tras el cambio de administración, continuó ligado al Estado nacional y fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el ente encargado de supervisar y controlar el sistema aeroportuario argentino.

Su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 390, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Su salida del organismo se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia. De acuerdo con la información incorporada al expediente, al momento de los allanamientos continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.