POLITICA
Fentanilo mortal: dictaron secreto de sumario en la causa e investigan a los organismos de control
El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak dictó el secreto de sumario en la causa por el fentanilo contaminado vinculado a 90 muertes. La medida judicial se tomó ayer después de que la fiscal María Laura Roteta solicitara nuevas medidas de prueba para avanzar sobre los funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación que deben controlar la calidad de los medicamentos que salen a la venta.
En el voluminoso expediente, que tiene 13 procesados, ya había fuertes indicios de que las dos reparticiones incumplieron sus funciones y de que podría haber existido connivencia entre los responsables de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma —cuyo propietario es Ariel García Furfaro— y la cadena de control estatal responsable de supervisar que los laboratorios cumplan a rajatabla las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
La medida dictada por Kreplak fue sorpresiva. Se esperaba que la fiscal Roteta presentara su dictamen tras la feria judicial, con el impulso de acciones de pesquisa contra las autoridades y exfuncionarios nacionales. Los tiempos se aceleraron.
En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, mediante la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae en la que se estableció que hubo demoras para actuar sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.
La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma.
La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.
Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hacía dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Lugones. Fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.
“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”
La fiscalía anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.
Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la pesquisa: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”, sostuvieron los fiscales.
También describieron que “la suma de estas irregularidades y deficiencias -dolosas o culposas-, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.
La fiscal Roteta fue muy crítica —al igual que el juez— sobre la actitud pasiva de la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.
La fiscalía también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.
En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.
La fiscal María Laura Roteta describió en detalle su posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.
“No surgen controles posteriores”
El juez también se manifestó de manera crítica sobre la ANMAT y el INAME. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados —entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro—, expresó:
-“La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. El expediente sigue en trámite actualmente y no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas”.
-“Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto».
El INAME, que depende de la ANMAT, registró deficiencias en las plantas de elaboración de Ariel García Furfaro desde 2018. Algunos ejemplos que constan en la causa:
-Mayo de 2019: se detectó que HLB Pharma operaba en un nivel no aceptable. Se recomendó la clausura, pero la sanción quedó reducida a “inhibición” durante el trámite administrativo.
-Marzo de 2020: se hallaron deficiencias mayores en la producción de medicamentos y soluciones parenterales, pero el acta de inspección las calificó como “aceptable con exigencias correctivas”.
-En 2021: el INAME archivó un expediente citando una inspección de ese año como prueba de corrección de deficiencias, sin comprobar efectivamente la solución de los problemas.
-14 de febrero de 2022: se constató que Laboratorio Ramallo “no cuenta con procedimiento de análisis de tendencias” y que los desvíos ocurren por fallas en equipos asociados a la producción de soluciones parenterales.
-25 de febrero de 2022: se ordenó el retiro del mercado de un lote de Solución de Dextrosa al 5% HLB tras hallarse partículas y desarrollo compatible con crecimiento microbiano.
-19 de mayo de 2023: se dispuso el retiro del mercado de un lote de Diclofenac HLB por la presencia de partículas negras en suspensión.
-7 de octubre de 2024: en una inspección previa, se inmovilizaron varios productos, que luego fueron liberados comercialmente.
-28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024: en una inspección “no programada” al Laboratorio Ramallo se detectaron deficiencias críticas y mayores en todos los niveles de control que comprometían directamente la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Se recomendó la clausura inmediata, pero no se ejecutó.
-18 de diciembre de 2024: se produjo el lote de fentanilo contaminado (31202), trece días después de la inspección que ya sostenía que el laboratorio no debía continuar con su actividad productiva.
-6 de marzo de 2025: la ANMAT prohibió el producto Propofol HLB, lote 60000, al detectarse que no contaba con etiqueta de trazabilidad, y ordenó el recupero de las unidades.
Entre 2018 y 2025, los organismos de control también registraron los siguientes cuestionamientos sin que se actuara sobre las plantas de producción:
-Ausencia de libro de elaboración actualizado ni registros completos de lotes fabricados.
-Elaboración y comercialización de al menos 69 lotes en envases plásticos tipo BFS (blow-fill-seal), tipo de envase no habilitado por la ANMAT.
-Falta de validación de procesos, estudios piloto y análisis de estabilidad para los lotes fabricados en plástico.
-Liberación de productos por personal sin participación de control de calidad, y algunos lotes sin hojas de elaboración ni reportes analíticos.
-Tercerización de elaboraciones para HLB Pharma Group S.A. sin comunicación previa a la ANMAT sobre cambios de acondicionamiento.
El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar la subsanación de falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.
Sobre las medidas adoptadas, el juez señala que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después de que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano.
Con un claro mensaje hacia la interna y los desacuerdos en la cúpula del oficialismo, la diputada libertaria Lilia Lemoine sostuvo que le “ilusionaría” una fórmula presidencial encabezada por Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich para las elecciones de 2027. Por otro lado, apuntó contra el “adoctrinamiento” en las universidades tras la Marcha Federal que se realizó en el Congreso, y cuestionó a quienes “querían tirar el DNU 70/23” para “dañar al Gobierno”.
En una entrevista con Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky, Lemoine expresó su respaldo a una oferta electoral Milei-Bullrich para asegurar la continuidad de La Libertad Avanza, a pesar de la tensiones internas por lo movimientos de la exministra de Seguridad. “Me agradaría una formula. A mi me gustaría, me ilusionaría una fórmula así”, dijo.
Consultada por la movilización de docentes, trabajadores y alumnos universitarios, la legisladora se refirió al episodio que vivió en las inmediaciones de Congreso, que quedó registrado en video. Entre otros puntos, recordó que caminaba con la diputada mendocina Mercedes Llano cuando comenzaron las agresiones verbales. “Estábamos esperando en la esquina. Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”, reconstruyó sobre el incidente que registró con su teléfono.
La diputada diferenció a quienes participaron de manera pacífica de otros grupos que, según afirmó, se acercaron a la zona con una dinámica organizada. “Había una parte pacífica de la marcha”, dijo, antes de cuestionar la presencia que observó en las inmediaciones. “Empezaban a llegar personas de municipalidades, que salieron organizadas de los consejos deliberantes y algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad vi muy poco estudiante ahí”, planteó.
Lemoine también mencionó algún hecho puntual donde hubo estudiantes que afrontan presiones políticas dentro de las universidades. Citó un caso en la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, donde aparentemente un docente -según su versión- pidió una foto de asistencia a la marcha para aprobar la materia. “Eso es extorsión a los alumnos. Adoctrinamiento político”, expresó.
Ante la observación de que esos casos no necesariamente describen la totalidad del sistema universitario, Lemoine aseguró que sería atacada si ingresara a una facultad. “A mí me tirarían piedras adentro de la universidad (pública). Te lo apuesto”, agregó. “El asco que me tienen la feministas y la izquierda es tan grande, y son tan violentos y tan cobardes, que cuando están en grupo son extremadamente agresivos”, afirmó.
La diputada consideró que detrás de la movilización y del debate parlamentario había un propósito político contra el Poder Ejecutivo. “Ayer querían tirar el DNU 70/23 no porque estaban preocupados por la educación pública o la soberanía, todo eso es mentira”, dijo, e insistió que el objetivo era desestabilizar al oficialismo. “Querían subir el riesgo país, querían ver si tiraban un muerto, querían ver si podían dañar al gobierno”, enumeró, sin presentar pruebas durante la entrevista.
El rumbo del Gobierno: “Podría estar mejor”
Por otro lado, Lemoine reconoció dificultades en la situación económica, aunque aseguró que el Gobierno atraviesa una recuperación después de la crisis profunda de 2023. “Podría estar mejor. Estamos saliendo de una crisis muy profunda que podría haber terminado en una hiperinflación”, sostuvo, y consideró que resolver en dos años los efectos de los gobiernos anteriores era imposible. “Es fantasioso si alguien pensó en algún momento que se podían resolver veinte años de populismo y de miseria en dos años”, agregó.
En ese marco, afirmó que la baja de la inflación es un indicador central. “Este es el primer presidente desde la vuelta de la democracia que va a entregar el gobierno con menos inflación de la que tenía cuando empezó”, sostuvo, al destacar la eliminación de restricciones cambiarias. “No hubo plan Bonex, no hubo corralito, se quitó el cepo”, enumeró.
Sobre la actividad comercial y el consumo, planteó que existen problemas derivados del retiro de subsidios y de las políticas aplicadas durante dos décadas. Y también defendió que el cambio de la composición del empleo sea con contrataciones precarias. “Ser monotributista no es algo malo, no es un insulto. Yo soy monotributista, no he tenido problemas con eso”, afirmó. Tras ser consultada por el cierre de empresas, respondió con interrogantes sobre nuevos emprendimientos e inversiones. “¿Y cuántas abrieron y cuántas migraron? ¿Y cuántas inversiones llegan?”, planteó.
Más allá de las dificultades, Lemoine aseguró que el Gobierno debe mantener su programa económico. “Hay que seguir avanzando en lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo ha dado sus frutos”, afirmó.
En el cierre, pidió apoyo electoral para el mandatario libertario. “Javier Milei es el primer presidente que hace lo que dice que va a hacer. No hay sorpresas. Con este presidente vos tenés previsibilidad, tenés un camino de libertad por delante”, concluyó.
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POLITICA
El gobierno de Trump envía a la Argentina a dos altos funcionarios para avanzar con un ambicioso proyecto de infraestructura
WASHINGTON.- Luego de la visita de Javier Milei a esta capital, el gobierno de Donald Trump anunció este viernes que dos altos funcionarios del Departamento de Estado viajarán la semana próxima a la Argentina para promover el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una ambiciosa iniciativa de infraestructura con inversión norteamericana sellada entre ambas administraciones el mes pasado.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos y con un rol clave en el vínculo de la administración Trump con la región, llegarán a la Argentina tras un paso previo por Asunción, en Paraguay. La gira será del 19 al 26 de octubre, aunque no se especificó la fecha exacta de su arribo a Buenos Aires.
“En Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta de Estados Unidos y la Argentina suscripta durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, señaló en un comunicado difundido esta mañana el Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio.
“El viaje del Landau refleja el compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”, añadió la nota.
El 23 de septiembre pasado, los gobiernos de Milei y Trump anunciaron el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital.
El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027.
El anuncio se realizó durante el foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino en Nueva York. Landau y el canciller Pablo Quirno encabezaron la presentación en representación de ambos gobiernos, una nueva muestra de la alianza estratégica entre las administraciones de Milei y Trump.
En ese momento se había anticipado que la cooperación tendría una próxima instancia este mes con el viaje de Landau a la Argentina para reunirse con representantes del sector público y privado e impulsar proyectos vinculados con el corredor.
El miércoles pasado, en Washington, Quirno se reunió con Segura, con quien repasó la agenda bilateral en distintos ejes, como el acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura, según supo . El funcionario norteamericano también había estado presente en la presentación del acuerdo en Nueva York.
Para Washington, la iniciativa “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y une a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico del país, según señaló el Departamento de Estado. Además, apunta a conectar la matriz productiva argentina con los mercados de Occidente a través de inversión estadounidense.
El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, que se suma a los de otras regiones. El objetivo es ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas, de los que la Argentina tiene amplios recursos.
La novedad más concreta figura en el capítulo energético: el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank) presentó al proyecto de Gas Natural licuado Argentina LNG, liderado por YPF, una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones.
Los fondos se destinarían a la compra de bienes y servicios estadounidenses para desarrollar la infraestructura y la producción. El crédito todavía no está aprobado: la propuesta es indicativa y no vinculante, y su eventual otorgamiento requiere la aprobación final del directorio de EXIM.
YPF desarrolla el proyecto junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. La primera fase prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL y el inicio de operaciones proyectado para 2031.
La visita de Landau y Segura se producirá en la previa del viaje del vicepresidente norteamericano, JD Vance, a Buenos Aires en noviembre próximo, en un viaje oficial. Aún restan conocer detalles de la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país que tendrá el número dos de la Casa Blanca.
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POLITICA
La Iglesia le pidió a Villarruel que el Senado trate la ley contra la ludopatía antes de que pierda estado parlamentario y se archive
La Iglesia volvió a reclamar por la ley de prevención de la ludopatía. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le mandó una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, y a todos los senadores para pedirles que retomen “de manera urgente” el tratamiento del proyecto que regula los juegos de azar y las apuestas online.
La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero está frenada en el Senado. Según la CEPAS, existe “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”. Si eso pasa, el texto se archiva y el debate tiene que empezar de cero.
“Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”, plantea la carta, en la que los obispos les piden a los legisladores que lleguen a los acuerdos necesarios para que el proyecto se convierta en ley.
En el texto, la Pastoral Social sostiene que la ludopatía dejó de ser una advertencia a futuro y se convirtió en un problema con consecuencias visibles. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias”, señala. También advierte que no hacer nada también es una decisión y que sería “profundamente lamentable”.
La CEPAS remarcó que el Estado tiene que proteger a los más vulnerables y cuestionó que los intereses económicos del sector sigan avanzando. Según la carta, los costos humanos, familiares, sociales y sanitarios no los pagan quienes ganan dinero con el juego, sino las personas, las familias y las comunidades. Para respaldar su planteo, citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre el impacto de las apuestas online en chicos y adolescentes y en personas sin protección.
La carta también retoma una frase del papa León XIV en la encíclica Magnífica Humanitas, en la que habla de “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. Y cierra con un pedido directo a los senadores: “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”.
No es la primera vez que la Iglesia presiona por esta ley. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron la campaña “Apostar no es un juego”. En noviembre de ese año, la CEPAS les pidió a los diputados que trataran el proyecto con urgencia y, en febrero de 2025, llevó el mismo reclamo al Senado, donde habló de una “cultura de la timba y del azar”.
En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina fue más allá y afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. En ese momento, los obispos advirtieron que, sin controles, cada celular podía convertirse en un “casino”.
Lo que propone la ley
Diputados aprobó el proyecto el 27 de noviembre de 2024, con el voto en contra de La Libertad Avanza. La iniciativa, impulsada por la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro como autor principal, prohíbe la publicidad de apuestas en medios, plataformas online, eventos y camisetas deportivas, y prevé sanciones para los influencers que las promocionen. También exige verificación biométrica para entrar a las plataformas de juego online, crea un régimen de autoexclusión, prohíbe el uso de tarjetas de crédito para apostar y no permite que los dueños de empresas de apuestas sean dirigentes de clubes.
Las universidades volvieron a reclamar que se cumpla la Ley de Financiamiento: “Estamos en riesgo”
En mayo de este año, el Gobierno mandó al Senado su propio proyecto sobre ludopatía, con diferencias importantes. La propuesta oficial permite la publicidad de las plataformas con licencia y apunta las sanciones a los operadores clandestinos, con penas de 3 a 6 años de prisión. Además, deja en manos de las empresas el control de la edad de los usuarios, en lugar de la verificación biométrica con el Sistema de Identidad Digital que aprobó Diputados.
Victoria Villarruel, apuestas, Iglesia
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