POLITICA
Fentanilo mortal: La ex funcionaria encargada de controlar los medicamentos dijo 33 veces “no recuerdo” ante el juez que la investiga
Treinta y tres veces dijo “no me acuerdo” la farmacéutica Alejandra Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ante el tribunal que la investiga por la muerte de 90 pacientes tratados con fentanilo contaminado de la firma HLB Pharma. Lo hizo ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal María Roteta. De esa manera esquivó responder sobre aspectos centrales de su gestión al frente del organismo del Estado que tiene poder de policía sobre la calidad de los medicamentos y sueros parenterales que elaboran y comercializan los laboratorios.
En la misma situación procesal se encuentra quien fuera su superiora directa, Agustina Nélida Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Las dos reparticiones forman parte del organigrama del Ministerio de Salud de la Nación.
“Porque estaba en riesgo la vida de las personas en función de la información que me había llegado, podría estar en riesgo”.
El juez y la fiscal que la interrogaron concentraron sus sospechas en varios ejes: por qué la ANMAT demoró en actuar ante señales de alerta previas sobre desvíos de calidad y otras irregularidades —algunas calificadas como “críticas”— en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro; por qué no se retiraron del mercado todos los productos elaborados en condiciones que la propia autoridad sanitaria había declarado violatorias de las Buenas Prácticas de Fabricación; y qué rol jugó la cadena de mandos en las decisiones que se tomaron —y en las que no se tomaron— sobre los laboratorios ahora clausurados. La acusación apunta a que la conducta de la funcionaria sea por acción u omisión, contribuyó a que lotes de fentanilo con contaminación microbiana llegaran a clínicas y hospitales de todo el país.
Las irregularidades que expuso la justicia
La inspección del 28 de noviembre de 2024 en Laboratorio Ramallo —donde se elaboró el fentanilo contaminado con dos bacterias— fue el punto de partida formal del expediente en el máximo organismo de control. Mantecón Fumadó explicó que la decisión de inspeccionarlo recayó en la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos, y que los antecedentes del laboratorio ya acumulaban problemas: productos elaborados en espacios no habilitados, envases no autorizados y reiteradas intimaciones de retiro de mercado que la empresa resistía o dilataba. “El desvío era que el envase no estaba autorizado, no solamente no estaba autorizado el envase, sino que estaba elaborándose en un espacio no habilitado dentro de la empresa. Cuando se cita a la empresa, la empresa no termina de contestar”, declaró.
La inspectora Ana Laura Canil fue quien, durante la madrugada del 13 de mayo, llamó a Mantecón Fumadó para reportar lo que encontró en la línea de producción de fentanilo: “Me dijo que estaba haciendo una inspección en la parte de fentanilo y que la documentación que le presentaban no era… cuál es la palabra?, tenía discrepancias, no era… que a ella no le parecía que fuese una documentación hecha con el analista sino que estaba dibujada y que cuando menos los reportes o cuando menos los ensayos que planteaban ahí no estaban bien hechos y eran… la palabra que me dijo era ‘no son concluyentes y debieran haberse repetido’”.
A partir de ese llamado, Mantecón Fumadó tomó la decisión de extender las consecuencias al universo completo de productos de Ramallo: “Yo estimé en ese momento que si eso había pasado con el lote 31202, podía extenderse al resto de los productos y entonces ahí es donde habló con Agustina (Bisio) y es donde se define cerrar y sacar del mercado y sacar la comercialización de todos los productos de elaboración de Ramallo y también se decide cerrar HLB pero por lo que podría ser la falsificación de datos porque el Director Técnico de HLB Pharma es el responsable de la liberación a plaza de estos productos, más allá de que lo haya delegado en Laboratorio Ramallo, que para eso necesita una autorización específica. Ante ese panorama y además que el Ministerio venía diciendo hacía rato que cerraran HLB, utilizamos todos los expedientes que teníamos en trámite, se lo pregunté a Agustina (Bisio) y me dijo pone todo lo que tengas”.
Esa frase —“el Ministerio venía diciendo hacía rato que cerraran HLB”— fue uno de los puntos en el que juez y fiscal insistieron. La declaración defensiva de la ex funcionaria fue dejar la certidumbre que las decisiones sobre los laboratorios no se adoptaban de manera autónoma dentro del INAME, sino que respondían a instrucciones que bajaban desde el Ministerio de Salud y se transmitían de manera informal. “Todos los informes que pedía el Juzgado eran mandados informalmente a Agustina (Bisio) que lo consultaba con el Ministerio y después me lo bajaban informalmente la nota que yo tenía que elevar formalmente”, reconoció la ex funcionaria.
La ex titular del INAME se refería a la documentación que el propio juez Kreplak le solicitaba en el marco de la causa penal en la que ahora ella misma es investigada.
En un momento de la declaración, Mantecon Fumadó puso el foco en la intervención del entonces ministro Mario Lugones. Según relató, Lugones le habría transmitido a Bisio que había que “avanzar, pero con cautela” contra el laboratorio, una instrucción que Mantecón Fumadó interpretó como la orden de avanzar con las medidas sancionatorias procurando evitar un perjuicio que luego obligara a retrotraerlas. Semanas después, durante una reunión en el Ministerio a mediados de marzo, Lugones habría sido más directo: “Quiero que cierren HLB”. A partir de esa indicación, la ex directora del INAME aseguró que elevó a sumarios los expedientes e informes técnicos que aún estaban pendientes. Cosa que no había realizado con anterioridad, aunque era su deber.
El relato coincide con lo que había declarado como imputado Ariel García Furfaro ante la justicia, cuando sostuvo que “Lugones quería cerrar HLB”. García Furfaro es uno de los 13 ejecutivos y responsables de la fabricación del fentanilo mortal que están procesados. Él, su hermano Diego y Jorge Maiorano, director técnico de HLB Pharma, están detenidos. Otros tres, entre ellos la madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, fueron beneficiados con prisión domiciliaria y tobillera electrónica; el resto aguarda la continuación del proceso con las mismas restricciones que pesan sobre las ex funcionarias.
El fentanilo: del reporte ignorado a los fallecimientos
El reporte de contaminación bacteriana en el lote 31202 de fentanilo llegó al mail del Departamento de Vigilancia de ANMAT el 2 de mayo de 2025, un feriado, y no fue visto hasta el lunes 5. Mantecon Fumadó describió cómo fue tomando dimensión de la gravedad: “El reporte decía solamente efectos adversos y que se habría identificado alguna contaminación bacteriana en productos de fentanilo y el lote, entonces Mariela se comunicó con la reportante y empezó a recabar información y lo primero que le mandaron si no me equivoco fue los resultados de los análisis de laboratorio y recién después de eso se empezaron a mandar los reportes de las personas afectadas y recién ahí empezamos a ver que algunos eran con óbito, pero hasta ese momento no teníamos noción de la gravedad del tema”.
La “Mariela” a la que refiere es Mariela Baldut, responsable del Departamento de Post Comercialización y Acciones Reguladoras del INAME.
El 8 de mayo, una vez completada la investigación interna, Mantecon Fumadó informó a la entonces titular de ANMAT: “Le dije estoy mandándote este expediente con un proyecto para sacar del mercado este lote de fentanilo porque estaría con un desvío de calidad por una contaminación microbiana pero además me parece que corresponde hacer un alerta previo, antes de sacar la disposición, para evitar… la disposición lleva un trámite administrativo, entonces para acotar los plazos y que la información estuviese disponible y para que los efectores de salud no usaran más ese lote se sacó la alerta”. Consultada por qué era urgente acortar esos plazos, respondió: “Porque estaba en riesgo la vida de las personas en función de la información que me había llegado, podría estar en riesgo”.
Ante esa cronología, el tribunal le preguntó por qué la ANMAT no había formulado la denuncia penal antes del 12 de mayo, es decir, la razón de la demora de diez días. La respuesta de Mantecon Fumadó fue: “Porque no nos constaba que pudiera haber algún delito, no nos constaba ni siquiera que hubiese realmente un desvío imputable al laboratorio. Cuando vemos como está manejado el tema de los papeles y de la documentación es que nos da la idea de que podía haber un desmanejo o negligente o a propósito de la documentación y que eso podía generar que el producto que había salido a plaza y que en el batch records decía que estaba bien, no fuese así”.
Ese argumento choca con la documentación ya agregada a la causa. La resolución fiscal que solicitó al juez Kreplak la detención e indagatoria de la ex funcionaria señala que, antes de formalizarse la denuncia penal por las primeras muertes registradas en el Hospital Italiano de La Plata, Bisio “intentó acomodar la magra labor administrativa registrada sobre los hechos”. Eso surge, según consta en el expediente, de una conversación entre la entonces titular de la ANMAT y Enriqueta Pearson, subadministradora nacional del organismo, del 12 de mayo de 2025, acreditada por un informe pericial de la Dirección de Asistencia Técnica e Investigaciones Periciales (DATIP).
No es el único dato que pone en duda que Mantecon Fumadó desconociera la muerte de pacientes vinculada al fentanilo de HLB. La causa registra una secuencia que el tribunal tuvo a la vista durante el interrogatorio:
El 14 de abril de 2025 se registró el primer paciente fallecido en el Hospital Italiano de La Plata.
Ese mismo día, la directora del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia, un organismo externo al INAME y a la ANMAT, puso en conocimiento del INAME que recibían un importante número de reportes sobre efectos adversos de distintos productos. El 22 de abril informó que uno de ellos era el fentanilo HLB lote 31.202.
El 2 de mayo de 2025, el Hospital Italiano de La Plata reportó a la ANMAT el desvío de calidad del fentanilo. Daiana Martínez, jefa de Farmacia del hospital, envió un correo electrónico donde detalló que en abril tuvieron un brote de Klebsiella Pneumoniae MLB y Ralstonia Picketti, microorganismos que no formarían parte de la comunidad intrahospitalaria.
Del teléfono de Bisio se extrajo una conversación del 15 de abril de 2025 con Mantecón Fumadó que los fiscales consideran determinante. Esa noche, Bisio le escribió a su subordinada para preguntar si el INAME había recibido reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre eventos adversos en anestesia raquídea. Mantecón Fumadó le confirmó que sí los había visto. En un tramo de esa conversación, Bisio calificó la situación como de “mucha gravedad” y pidió cautela: “hay q ser cuidadosos” (sic). La misma noche, Mantecón Fumadó le anticipó la respuesta que el INAME tenía previsto dar al reporte sobre las irregularidades en la planta de Ramallo e informó que planeaban inmovilizar los lotes involucrados. “Lo tienen que hacer mañana esto. Porq esta desde el viernes” (sic), le respondió Bisio.
La carta de advertencia y el fentanilo que “no tenía reportes”
Uno de los puntos más tensos del interrogatorio giró en torno a la carta de advertencia firmada contra Laboratorio Ramallo: el instrumento que inhabilita a un laboratorio para seguir produciendo hasta que solucione las deficiencias detectadas. El tribunal señaló que la carta inhibía la producción general de toda la planta, pero que al mismo tiempo no se había ordenado el retiro de los productos fabricados durante ese período —entre ellos, el fentanilo.
La respuesta de Mantecón Fumadó fue que el fentanilo no tenía reportes previos y, por tanto, no podía ser objeto de retiro: “El fentanilo no tenía reportes, no fue objeto de inspección”. Cuando el tribunal le preguntó si eso no generaba ninguna inquietud, respondió: “No puedo decir ni que sí ni que no”. Ante la pregunta de si el Estado tenía obligación de vigilar lote a lote, fue categórica: “No, lote a lote no”.
La ex directora del INAME también reconoció que había dejado en “stand by” un proyecto de carta de advertencia para HLB Pharma que prohibía la comercialización de todos sus productos, porque consideró que no podía actuar sobre HLB sin antes hacerle una inspección propia. “Si a HLB no le hice una inspección, si HLB es una empresa distinta de Ramallo, yo no puedo utilizar los argumentos de Ramallo para sacar del mercado un sólido”, argumentó. Y agregó: “Jurídicamente, son dos laboratorios que tienen dos CUITS distintos, dos habilitaciones distintas, dos legajos distintos, dos directores técnicos distintos”.
El despido de inspectores
Otro eje del interrogatorio fue la debilidad estructural del cuerpo de inspectores. Mantecón Fumadó relató que cuando asumió contaba con entre 18 y 20 inspectores, y que la primera medida de la gestión del gobierno de Javier Milei fue despedir a cinco: “La primera medida que se tomó fue que echaron a 5 inspectores, me dejaron 10 más, me dejaron con 13 personas de las cuales hay personas que si bien son inspectores tienen una licencia psiquiátrica, o sea tan dentro del Inspectorado pero no, y además después de eso el ataque al empleado público, el sueldo, el trato, eso generó que se me fuera gente también”.
La ex funcionaria dijo que planteó la situación en el Ministerio “infinidad de veces”. En una reunión con asesores del ministro, que se realizaba cada 15 días, llegó a decir que era imposible trabajar con solo ocho inspectores para 600 laboratorios. El intercambio con el tribunal fue el siguiente:
Kreplak: “¿Por qué medio formuló esa observación?”
Mantecón Fumadó: “Personal, en las reuniones.”
Kreplak: “¿Por qué medios y si se lo formalizó de alguna manera?”
Mantecón Fumadó: “No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo.”
Abogado defensor: “¿Recuerda alguna respuesta que haya recibido a eso?”
Mantecón Fumadó: “Sí, Agustina (Bisio), si yo recuerdo que Agustina me contestó que no le permitían contratar más personal, que para contratar personal se tenían que ir dos, después se tenían que ir tres para contratar personal entonces…”
El tribunal también le preguntó si era materialmente posible, con esa dotación, verificar que los laboratorios inhibidos no estuvieran produciendo. La respuesta fue: “No. Es imposible. Pero no es imposible solamente con los inspectores que tenía. Es imposible teniendo la dotación total de inspectores, o sea, teniendo 60 inspectores tampoco”.
“Atemorizados”: inspectores con custodia policial en HLB y Ramallo
Mantecón Fumadó reveló que las inspecciones a HLB Pharma y a Laboratorio Ramallo se realizaban siempre con custodia policial, debido al comportamiento de los responsables de ambas empresas. “A HLB y a Ramallo siempre fueron con custodia policial, porque, con anterioridad, las inspecciones eran muy ríspidas. Después el laboratorio mejoró su trato, pero en principio eran muy ríspidas y los inspectores se sentían como… ¿Cuál es la palabra? O sea, atemorizados, entonces iban acompañados con custodia policial”, declaró.
La logística de coordinar esa custodia era, según explicó, uno de los motivos por los que se avisaba con antelación mínima a los laboratorios: “Coordinar la custodia policial, el viático y por lo menos la pareja de inspectores, es muy costoso”.
Sobre la reunión del 14 de enero de 2026 en las oficinas de ANMAT —donde funcionarios del organismo se encontraron con los dueños de los laboratorios y otros responsables—, Mantecón Fumadó explicó por qué eligió ese ámbito y no las instalaciones del INAME: “Porque yo le pedí a Agustina (Bisio) por el tenor del laboratorio y porque son gente, cómo puedo decir, difícil de tratar, pero que no se… A ver, en la relación conmigo nunca hubo ningún problema, venían con antecedentes que me habían comentado a mí que tampoco fui testigo, pero la verdad es que discutían todo. Son difíciles de llegar a una resolución fácil, por llamarlo de una manera. Todas las medidas, ellos discutían todos los retiros de mercados, discutían todo, todo era una discusión”.
En esa reunión, los representantes de los laboratorios llegaron, en palabras de la ex directora, “con los botines de punta”: “Que la empresa no, que no se la podíamos cerrar toda, que ellos no habían tenido posibilidad de presentar documentación, que ya habían levantado un montón de puntos que le habían marcado la Comisión Inspectora, que necesitaban seguir el procedimiento, que ellos, que casi lo habían levantado todo, que habían puesto un nuevo sistema de control dentro de la empresa que se llamaba Capataz y que habían cambiado un montón de cosas y que no habían tenido oportunidad de presentarlo porque la Comisión le había pedido solamente determinado tipo de información”.
Las 33 veces que no recordó
La estrategia de defensa de Mantecón Fumadó se articuló sobre varios ejes. El primero fue deslindar la responsabilidad de ANMAT sobre la calidad lote a lote: “La autoridad sanitaria no va a inspeccionar un producto determinado, va a inspeccionar que ese producto se elabore de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación. El resultado final del producto lote a lote es responsabilidad exclusiva del laboratorio. ¿Por qué? Porque es inviable y no pasa en ninguna autoridad sanitaria del mundo que la autoridad sanitaria verifique lote a lote cada producto que sale al mercado”. Y fue aún más lejos: “No hay forma de que el Estado controle que el laboratorio decida hacer o no hacer. El Estado no vigila lote a lote”.
La imagen que quedó de la declaración indagatoria fue la de una funcionaria que, ante preguntas sobre hechos que ella misma protagonizó —cartas que firmó, reuniones que convocó, decisiones que adoptó—, recurrió 33 veces a expresiones como “no me acuerdo”, “no lo recuerdo” o “desconozco”. Entre los olvidos más llamativos figuran no recordar el contenido de una carta de advertencia que ella misma firmó, no recordar si le dio un plazo al laboratorio para presentar documentación, no recordar cómo le transmitieron las instrucciones del ministro, y no recordar si formalizó sus planteos sobre la falta de inspectores.
A lo largo de la indagatoria, la ex jefa del INAME acumuló las siguientes respuestas:
“No recuerdo, llegaron después del mediodía, pero no me acuerdo en qué horario.”
“Pasada la madrugada creo, no me acuerdo.”
“No recuerdo si el 8 me pasa el expediente con el proyecto de retiro de mercado.”
“No, no recuerdo.” (sobre la fecha en que asoció los reportes de la Dra. Flichman con el lote de fentanilo)
“No me acuerdo si me lo mandó a mí o se lo mandaron directamente a Mariela Baldut.”
“No recuerdo.” (sobre lo que le manifestó Bisio respecto al reporte)
“No lo recuerdo.” (sobre el circuito administrativo de publicación de la carta de advertencia)
“No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo.” (sobre si formalizó su planteo al Ministerio sobre la falta de inspectores)
“No lo recuerdo en este momento.” (sobre el plazo reglamentario para que el laboratorio presente descargos)
“No lo recuerdo en este momento…” (sobre si el reglamento exige una audiencia previa)
“No me acuerdo qué fue lo que se dijo.” (sobre la firma de la carta de advertencia)
“La verdad no recuerdo ahora lo que dice el texto de la carta.”
“La verdad, en este momento no me acuerdo cuál fue el planteo de Ana Laura.”
La última “laguna” de la imputada es, como mínimo, suspicaz. Ana Laura es Ana Laura Canil la Directora de Fiscalización y Gestión de Riesgos del INAME, la funcionaria técnica que estaba directamente por debajo de Mantecón Fumadó en la línea jerárquica del organismo.
Su rol en la causa, según surge de la declaración, fue central en varios momentos:
Fue quien decidió y comunicó a Mantecón Fumadó que se iba a realizar la inspección no programada en Laboratorio Ramallo, diciéndole: “vamos a ir a Ramallo porque no me están dando respuesta a los productos no conformes y a los reportes que tienen”.
Fue quien condujo la inspección del 13 de mayo y llamó a Mantecón Fumadó para reportar que la documentación del fentanilo “estaba dibujada” y que los ensayos “no son concluyentes y debieran haberse repetido”.
Fue quien elevó el expediente con la propuesta de carta de advertencia para toda la planta de Ramallo, el viernes 3 de enero a las 18 horas.
Fue quien se trajo de Ramallo las muestras de museo y los batch records de los lotes 31202 y 31244 tras la inspección nocturna.
Integró la comisión que fue a Ramallo a buscar material para la causa penal, junto con la jefa de microbiología.
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El Congreso, cruzado por desconfianzas y la renovada disputa por el temario que disparó la ley de Tierras
El Congreso expone una agenda intensa para esta semana, pero el foco político estará puesto casi exclusivamente sobre un tema, de arrastre: la ley de Tierras y, más precisamente, la disputa por el manejo del temario que disparó su último capítulo judicial. Se verá si el oficialismo logra celebrar su movida para frenar la convocatoria opositora o si aún así, como dicen los pronósticos, queda instalada la lectura sobre una marcha atrás libertaria en este terreno. Esa disputa está planteada en Diputados. En el Senado, los movimientos son menos visibles y, por supuesto, el mayor deseo del Gobierno está centrado en la negociación para bajar las PASO. Camino largo, cruzado por desconfianzas, que se extienden a tratativas electorales más amplias con gobernadores y remiten a las expectativas sobre la marcha de la economía.
El único dato a contracorriente, aislado y excepcional, lo constituye la posibilidad cierta de que la Cámara baja avance con la iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El proyecto tiene consenso general y nació de la confluencia de propuestas de diversos espacios -desde el bloque violeta hasta representantes de la oposición dura-, a partir de las reacciones iniciales producidas por la tragedia del fentanilo contaminado. Tuvo dictamen hace veinte días y llegaría al recinto la semana que viene, aunque como parte de la jugada oficialista. Otro tema será su aplicación, cuando se convierta en ley.
Por supuesto, el principal punto de la agenda impulsada por LLA y conversada con sus socios y aliados no es ese, sino la intención de cerrar el tema de la ley de Tierras, que le provocó costos en el Senado, fue repuesto por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos sucesivos en pocos días -para rechazar un amparo y luego para dejar en pie un planteo similar- y finalmente reabrió la discusión en Diputados. La primera ficha fue movida por la oposición, que puso en la mira el DNU 70/2023 íntegramente y no sólo el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin las limitaciones de la referida ley.
Legisladores de diferentes bloques opositores motorizaron una sesión especial para el jueves de esta semana. Y agregaron otros temas desgastantes para el Gobierno: emergencia en discapacidad y morosidad en materia de endeudamiento familiar. Lo hicieron apenas conocido el fallo de la Corte Suprema que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas, dejaba en pie el artículo del DNU que anula la ley de Tierras. Eso descolocó al oficialismo. Pero una segunda decisión de la Corte, que dejó en suspenso de manera provisoria la aplicación de ese punto del decreto, fue vivida por la LLA como oxígeno político.
La decisión judicial restó dramatismo inmediato, aunque no lo suficiente como para bajar el tema de la agenda. Tampoco alcanzó para que diputados de buena sintonía con Olivos -en particular los socios y los que responden a gobernadores- aceptaran exponerse para dejar sin quórum a la sesión opositora sin alguna salida presentable en un asunto tan sensible. Los negociadores libertarios, encabezados en este frente por Martín Menem, registraron entonces que debían dar una respuesta sin demora y finalmente optaron por una alternativa al menos llamativa: tratar lo que quedó de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y agregarle un capítulo sobre la ley de Tierras. Ahora, en lugar de anular esa norma -como planteaba el texto del Ejecutivo, podado en el Senado por falta de respaldo- sería incluida una limitación a la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.
El alcance de la nueva propuesta será definido en el plenario de comisiones promovido para el miércoles por el oficialismo. Se verá entonces hasta qué punto cede el Gobierno y tendrá impacto un día después en el recinto. Salvo alguna sorpresa con el contenido del dictamen, en las filas opositoras dan por seguro que el jueves no lograrían quórum. Sería en ese caso, una sesión en minoría para exponer posiciones. La cuestión, de todos modos, no quedaría agotada.
El miércoles de la semana que viene, el oficialismo buscará coronar en sesión especial un paquete de proyectos que revierta los títulos impuestos por la oposición en distintos momentos. Además de tierras, figuran morosidad y emergencia en el área de discapacidad. Eso, fuera del apuntado proyecto de consenso: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. En paralelo, pero en comisiones, caminarían Presupuesto y el proyecto sobre Malvinas. Son dos asuntos que demandan negociaciones diferentes y sumarían modificaciones antes de llegar al Senado.
En la Cámara alta, sigue pendiente, y como principal prueba, la reforma electoral, aunque las negociaciones no pasan centralmente por los despachos de la bancada oficialista, que encabeza Patricia Bullrich. En ese tablero, las fichas son movidas bajo la mirada de Karina Milei y el principal operador es Diego Santilli. Son visibles los síntomas de desconfianzas cruzadas, expuestas en reclamos de reaseguros por parte de socios -PRO, bloque oficial de la UCR- y jefes provinciales de trato fluido con el Gobierno.
Resultan curiosas las versiones que adjudican ahora posiciones más negociadoras a la secretaria General de la Presidencia y mayor dureza a operadores directos, como Eduardo “Lule” Menem -también, Martín Menem-, que se mueven en su órbita. Vistos en conjunto, exhiben más bien el juego con la mirada puesta en el 2027, que combina gestos de acercamiento y presiones en continuado.
Las conversaciones con los jefes provinciales -en grupo y, sobre todo, con cada uno por separado- incluyen naturalmente las necesidades financieras de los distritos. Además, de manera creciente, añaden el ingrediente de las garantías de contraprestación política. No se limita a una votación en el Congreso, más fácil de resolver con la atención a algún pedido específico. Se trata de allanar el camino al plan reeleccionista de Milei y, a la vez, acordar que la LLA no juegue en contra de la ambición de continuidad de cada gobernador en su distrito.
Allí, afloran los recelos sobre cómo asegurar los compromisos. Y en qué momento. Es algo que trasciende la cuestión de las fechas, es decir, el pedido de la Cámara Electoral para no estirar las definiciones nacionales y los pasos de gobernadores para adelantar sus comicios. Lo que juega de manera cada vez más evidente es la economía. El Gobierno necesitaría tiempo para ver si revierte o mejora el clima de estos meses y algunos jefes provinciales -además de sectores aliados- preferirían darse espacio para evaluar cómo evoluciona el cuadro. En otras palabras, especulaciones sobre el desgaste o la fortaleza de los interlocutores a la hora de cerrar trato político. Alimento para las desconfianzas.
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El futuro del armado anti Milei: el rol central de las PASO y las trabas para armar un programa común
“Tenemos que juntarnos todos y mostrar que hay una mayoría. Hay que convocar a todos. Desde los del PRO, que están avergonzados que su partido esté con Milei, hasta Miryam Bregman. Podemos tener diferencias, pero el primer paso es escucharnos entre todos”. La propuesta que hizo Martín Lousteau unos días atrás, durante una entrevista con Cenital, volvió a poner en discusión la idea de que la oposición construya un gran frente anti Milei.
La iniciativa había ganado espacio en el debate político cuando dirigentes alejados del PJ, como Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó o Carlos Kikuchi, comenzaron a moverse en la órbita justicialista con la posibilidad de converger en un gran armado opositor. Al mismo tiempo, Guillermo Moreno se arrimó con su espacio por un costado, un grupo de dirigentes de renombre le dio vida al PJ Federal y algunos representantes del radicalismo y el socialismo construyeron gestos de acercamiento al peronismo.
Sin embargo, con el paso de las semanas, se fue desinflando. Un sector, donde está Massot, Monzó y Diego Bossio, entre otros dirigentes, comenzó a trabajar cerca del empresario Jorge Brito; los dirigentes del esquema federal, liderados por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Federico Achával, comenzaron a dividir sus agendas y dejaron de darle tanta entidad los movimientos conjuntos; mientras que Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner aumentaron sus presencias públicas con mensajes de unidad que todavía no terminan de calar en lo más profundo del movimiento político.
La propuesta de Lousteau tiene respaldos y cuestionamientos. “Es inviable concretar algo de ese estilo. No hay un mismo modelo en el que coincidir. Bregman va a decir que hay que expropiar todo. No creo que Lousteau salga a reclamar la libertad de Cristina. Hay muchas diferencias”, expresaron cerca de Kicillof. La amplitud tiene sus limitaciones programáticas y de orden político. El fantasma del Frente de Todos siempre está latente en esas proyecciones.
En el cristinismo hay miradas distintas. Hay quienes no ven con tanta claridad la posibilidad de construir un frente tan grande. Sobre todo porque desconfían de lo que pueda suceder en el futuro inmediato con los posicionamientos legislativos. La amplitud puede servir para ganar, porque simplifica las ofertas electorales, pero, en el caso de que el triunfo se haga efectivo, puede complicar el desarrollo de la gestión.
Pero también hay otras posturas más proclives a un gran acuerdo. “Desde la transversalidad del 2008 hasta el Frente de Todos en 2019, siempre intentamos ampliar. No hay purezas ideológicas. Pero un frente de ese estilo tiene que ser propositivo y tener acuerdos básicos por si se llega al Gobierno”, explicaron cerca de Máximo Kirchner.
El líder de La Cámpora ha dicho en algunas oportunidades que no creen en los “frente anti” y que es necesario fundar un nuevo programa político, discutido de antemano, para proponer una alternativa de gobierno el año que viene. Hay temas sensibles en la agenda del peronismo como qué hacer con la deuda del país con el FMI, que política económica después de la gestión Milei y qué posición tomar respecto a la situación judicial de Cristina Kirchner.
A eso se le suman la política educativa, tributaria, sanitaria y previsional que cualquier programa de gobierno debe tener. Sin acuerdos básicos, es imposible avanzar en la construcción de programa político. “¿Cómo pueden compatibilizar una negociación con el FMI la izquierda, los desencantados del PRO y el peronismo del interior? Parece una tarea demasiado compleja», analizó un peronista moderado.
En el massismo también ven como una opción viable un acuerdo amplio con varios sectores opositores contenidos. Cerca de Sergio Massa plantean que sería bueno armar “una oferta opositora” y que las distintas vertientes “participen de una gran elección primaria donde haya un núcleo de coincidencias basicas sobre roles y responsabilidades en un futuro gobierno”.
En la Coalición Cívica son reticentes a un gran acuerdo y siguen creyendo en la posibilidad de crear una vía del medio, que pongan en cancha una coalición similar a la que lo fue Juntos por el Cambio. Esa opción, que se evalúa en otras vertientes opositoras, tiene como una de sus hipótesis la ruptura del peronismo el año que viene debido a las incesantes tensiones que sacuden al espacio político.
“Bregman no puede estar en la misma coalición que Pichetto. Hay miradas muy distintas sobre cómo afrontar el proceso económico, social y cultural. Es casi inviable“, precisó un dirigente del peronismo del interior. Esa mirada tiene varias réplicas en distintas vertientes del justicialismo y también de sectores cercanos.
Uno de los principales problemas que afronta el armado anti Milei es la eventual caída de las PASO. En la oposición son cada vez más los dirigentes que creen que el Gobierno va a lograr la suspensión de las elecciones primarias. Y, en consecuencia, advierten que la aglutinación del espacio opositor es casi imposible si no hay una herramienta electoral que abre el espacio para que distintos sectores se presenten.
Entonces, a las dificultades para compatibilizar una agenda común, también se le suma el sistema electoral para ordenar las candidaturas. Además, el concepto de armar un esquema político solo para ganarle al oficialismo genera reticencia en varios actores opositores, que reviven el fracaso del Frente de Todos y la desintegración de Juntos por el Cambio.
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El dilema del Gobierno ante un posible frente anti-Milei: la amenaza de un moderado y el factor Kicillof
Con el cronograma electoral por definirse, el Gobierno sigue de cerca los movimientos de la oposición de cara a las presidenciales de 2027, ante la posibilidad de que una eventual confluencia de distintos sectores complique los planes de reelección del presidente Javier Milei.
Si bien en el oficialismo aseguran que hay tiempo de sobra, reconocen que un eventual frente amplio opositor que reúna a distintos sectores enfrentados con Milei podría complicar los planes de La Libertad Avanza. No obstante, las evaluaciones varían según quién encabece esa alternativa y cuál sea su perfil político.
“Aglutinar a todo el electorado que rechaza a Milei en una sola oferta electoral es la construcción de una mayoría”, definió ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial, que identificó en esa posibilidad una potencial amenaza para el oficialismo.
En la misma línea, otro alfil libertario planteó ante este medio que la expresión podría disputarle parte de los votantes que respaldan el rumbo, pero cuestionan las formas del mandatario. “Nos podría comer votos del centro, de los ñoños republicanos. Tendríamos más chances de perder más votos que si fuese un candidato ultra K”, explicaron desde uno de los despachos de Casa Rosada.
La idea de articular una alternativa que reúna a distintos sectores opositores no es nueva. Casi diluida la alternativa de Provincias Unidas, una de sus expresiones más recientes la protagonizó el senador radical Martín Lousteau. Su ambiciosa propuesta contempla reunir desde a Myriam Bregman hasta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, bajo la consigna de “coordinar para ganar”.
En paralelo, el gobernador bonaerense trabaja en una alternativa propia, que cuenta con el respaldo de una parte del Partido Justicialista y el apoyo de dirigentes de otros espacios, como Emilio Monzó y Nicolás Massot, pero que encuentra resistencia en La Cámpora. El propio Máximo Kirchner cuestionó esa construcción al calificarla como “un reduccionismo enorme” y objetar que la unidad esté sustentada únicamente en la intención de “ganarle a Milei”.
En la administración libertaria consideran que una candidatura de Kicillof, cuya imagen abre debates internos, tendría dificultades para captar a sectores del electorado opositor que no se identifican con el kirchnerismo.
Bajo ese diagnóstico, sostienen que les resultaría más conveniente confrontar con un rival de perfil más radicalizado, que les permita plantear la disputa en términos de dos modelos de país. En esa línea, anticipan que la campaña electoral girará en torno a los hitos de gestión por lo que plantean que el principal adversario electoral de Milei es “el mismo”.
“A nosotros nos conviene el candidato más kirchnerista posible. Un candidato blando es más difícil”, planteó una fuente que forma parte del diseño de la estrategia electoral. Sin embargo, el mismo sector reconoce que el escenario podría cambiar si la oposición lograra articular una candidatura común. “Ante un escenario de balotaje, un candidato unificado de todo lo que defina como ‘anti-Milei’ es más competitivo que Kicillof”, precisaron.
En las filas libertarias no ven factible que Lousteau logre imponerse como candidato de ese espacio. Distinto es el escenario que podría abrirse si Kicillof consiguiera convertirse en el aglutinador de una coalición más amplia que el peronismo. En ese caso, los libertarios insistirían en la diferenciación entre ambos modelos de país.
“La gente no vota para atrás. Ante un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, ¿cuánto del universo tiene para crecer Axel? ¿Un 10% con toda la furia? No lo veo viable”, precisó un funcionario.
En paralelo a los incipientes debates con los gobernadores aliados y en plena evaluación de los escenarios de competencia para 2027, en Casa Rosada siguen los números del mandatario al que ubican en torno a los 35 puntos. El dato que preocupa son los valores que miden la imagen negativa del libertario, que desde hace semanas es mayor a la positiva. Según el monitoreo de opinión pública de septiembre de Management & Fit, el mandatario registró un 31,2% de imagen positiva, frente a un 52,7% de imagen negativa.
Con la mira puesta en 2027, los libertarios apuestan a capitalizar los resultados de la gestión y proyectan una disputa polarizada con el peronismo. En ese marco, la posibilidad de que los sectores que rechazan a Milei logren articular una candidatura común es una de las variables que el Poder Ejecutivo seguirá de cerca.
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