“La prioridad es que el Presidente reelija”, aseguró ante Infobae un funcionario técnico que rara vez se expide sobre cuestiones electorales. La definición sintetiza uno de los pocos acuerdos que hoy atraviesan a las distintas tribus del oficialismo. Mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en el objetivo electoral e intenta dejar atrás una serie de reveses en la gestión, Javier Milei se refugia en la arena internacional para reforzar su protagonismo.

A la espera de la definición del calendario electoral y en medio del incipiente diálogo con los gobernadores aliados, La Libertad Avanza diseña la estrategia que desplegará rumbo a los comicios presidenciales de 2027, que deberá determinar antes de fin de año.

Con la decisión de presentar candidatos propios en las provincias peronistas, el oficialismo se inclina por acordar listas conjuntas o establecer criterios de competencia con los mandatarios provinciales de buena sintonía. “Todo se va definiendo en función del calendario, pero la discusión será provincia por provincia”, plantearon ante este medio.

La fragmentación que atraviesa al peronismo parece beneficiar los cálculos electorales que sobrevuelan en Casa Rosada, que descuenta que, con Cristina Kirchner presa e impedida para competir, el mejor escenario sería que el candidato sea el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Lo central es que esté en las antípodas del modelo que quiere Milei”, argumentaron.

A la ecuación se le suma la fervorosa necesidad de los libertarios de eliminar o suspender las PASO, algo que en la actualidad parece lejano, para evitar que la oposición logre ordenarse. “Si no logramos eliminarlas, le prendemos velas a Kicillof, el que más mide de ellos, porque la gente no vota para atrás”, plantearon desde el oficialismo.

Con Tucumán como única provincia con fecha de votación establecida, en las filas libertarias se debaten alternativas para encarar el proceso de la mejor manera. Mientras algunos plantean que les conviene que los distritos adversos adelanten las elecciones y las desdoblen respecto de las nacionales para aislar el costo político de una eventual derrota, desde el armado consideran que la figura de Milei arrastrará más que la del candidato a gobernador, aunque aclaran que la determinación la toman los representantes provinciales.

Si bien son pocos los que se atreven a vaticinar resultados y muchos menos los que creen que podrán consolidar un gobernador violeta en el interior, las provincias de Tierra del Fuego, Mendoza y Salta alimentan las expectativas de los más optimistas. En cuarto lugar aparece Buenos Aires, un desafío mayor.

En Balcarce 50 sostienen que una de las posibilidades de arrebatarle el bastión histórico al justicialismo, con los libertarios encolumnados detrás de Diego Santilli, es que el peronismo mantenga la división que impera entre el actual gobernador y el espacio que lidera la titular del PJ.

“La única posibilidad es ganar como ganó (María Eugenia) Vidal, con el peronismo dividido. Ellos tienen un quilombo bárbaro y nosotros lo estamos desaprovechando”, planteó un legislador violeta ante este medio. “Soy optimista. Estamos competitivos en la provincia. El colorado mide bien”, destacaron desde el espacio.

El propósito central, sin embargo, es claro: la reelección de Milei. “Mi gran objetivo es empezar a construir el camino para que el presidente, mi hermano, sea reelecto en 2027”, planteó Karina Milei, la dueña de la lapicera, ante la militancia a principios de julio en el marco de su visita a la provincia de Misiones. El campamento que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, también trabaja con ese objetivo.

“La discusión es Javier 2027. La reelección lo es todo porque si sucede el país cambia de verdad. Caso contrario, el botón de reseteo está a la vuelta de la esquina”, sintetizó un alfil caputista.

Hasta ahora, el desafío de compatibilizar la estrategia legislativa con el frente electoral se presenta complejo y ya derivó en varios traspiés en el Congreso. El último episodio tuvo lugar el pasado jueves, con la media sanción en el Senado de la desguazada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo articulado tuvo más de 16 versiones y requirió cuatro intentos para ser tratada.

El senador opositor José Mayans sintetizó la victoria pírrica del Gobierno con una ironía al llamar “Invio” a la normativa luego de la quita de los capítulos de tierras y el del manejo del fuego por falta de apoyos. “Presidente, de 6 capítulos quedan 2 y el de formas. Queda la palabra invio y lo demás se perdió. ¿Por qué no retiran el proyecto? Se les cayó todo”, expresó entrada la madrugada.

Desde la bancada violeta admitieron el revés, e incluso la senadora Patricia Bullrich sostuvo que la dilación de los tiempos, producto del Mundial 2026 y el caso de Manuel Adorni, complicó el escenario. “Tuvimos muchos errores. No tuvimos un buen vocero, se mezclaron discusiones. Cambiamos hasta el nombre y la pasamos a llamar Ley de Tierras, con lo que implica la propiedad privada para nosotros”, arremetió, por su parte, un legislador violeta.

Con la aprobación de una versión reducida del proyecto y ante un temario legislativo que se presenta complejo y ambicioso, en particular con la reforma electoral -clave para la reelección de Milei-, hay quienes piden empezar a cerrar los entendimientos electorales para avanzar con los objetivos que tiene en carpeta.

“Hay una especie de desgaste. Se nos acumulan los proyectos. Algunas cosas no salieron como las habíamos pensado, pero vamos a tener que empezar a ordenarnos porque cuanto más tiempo pase, más cerca de la elección vamos a estar”, admitió una fuente del oficialismo.

No obstante, ante el reclamo, un funcionario cercano a Karina Milei planteó que son debates que se dan en paralelo y que el Poder Ejecutivo “no debe sobregirarse” por una ley. “Se votaron 57 desde que está Milei. Entre ellas la Ley Bases y la Reforma Laboral. Una golondrina no hace verano”, se expidió.

Las últimas semanas también dejaron algunos datos adversos para la administración. Entre ellos, la caída en el Índice de Confianza en el Gobierno, que arrojó una merma del 6,5% en julio respecto de junio, y el deterioro de los indicadores sociales: según las estimaciones del ODSA de la UCA, la pobreza alcanzó al 30% en el primer trimestre del año y la indigencia, al 6,5%.

En medio del desgaste interno, el Presidente eligió volcarse al terreno internacional y concentrar sus esfuerzos en reforzar su liderazgo regional en su intento por transformarse en uno de los principales interlocutores de América Latina ante Donald Trump. Para eso, reiteró sus críticas contra su par de Brasil, Lula da Silva, lo que provocó el retiro del embajador brasileño, Julio Bitelli, del país y dio lugar a una nueva escalada de tensión que se tradujo en un mayor deterioro de las relaciones diplomáticas.

Con las elecciones en Brasil previstas para el próximo 4 de octubre, Milei respalda a Flávio Bolsonaro y aspira a terminar de “teñir de azul” —el color con el que se identifica a la derecha— el continente. Bajo ese objetivo pasa sus días: luego de asistir a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, viajó a Ecuador a reunirse con Daniel Noboa y esta madrugada cerró su visita a Colombia tras participar de la ceremonia de toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

“Este es el primer paso”, le anticipó el libertario a de la Espriella durante su fugaz viaje. Como parte del plan, el oficialismo trabaja en la organización de una cumbre de mandatarios regionales de derecha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para antes de fin de año. “Milei está claramente en una posición de liderazgo en la región porque él es un defensor global de las ideas de la libertad”, destacó Quirno.

Treinta y tres veces dijo “no me acuerdo” la farmacéutica Alejandra Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ante el tribunal que la investiga por la muerte de 90 pacientes tratados con fentanilo contaminado de la firma HLB Pharma. Lo hizo ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal María Roteta. De esa manera esquivó responder sobre aspectos centrales de su gestión al frente del organismo del Estado que tiene poder de policía sobre la calidad de los medicamentos y sueros parenterales que elaboran y comercializan los laboratorios.

En la misma situación procesal se encuentra quien fuera su superiora directa, Agustina Nélida Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Las dos reparticiones forman parte del organigrama del Ministerio de Salud de la Nación.

“Porque estaba en riesgo la vida de las personas en función de la información que me había llegado, podría estar en riesgo”.

El juez y la fiscal que la interrogaron concentraron sus sospechas en varios ejes: por qué la ANMAT demoró en actuar ante señales de alerta previas sobre desvíos de calidad y otras irregularidades —algunas calificadas como “críticas”— en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro; por qué no se retiraron del mercado todos los productos elaborados en condiciones que la propia autoridad sanitaria había declarado violatorias de las Buenas Prácticas de Fabricación; y qué rol jugó la cadena de mandos en las decisiones que se tomaron —y en las que no se tomaron— sobre los laboratorios ahora clausurados. La acusación apunta a que la conducta de la funcionaria sea por acción u omisión, contribuyó a que lotes de fentanilo con contaminación microbiana llegaran a clínicas y hospitales de todo el país.

Las irregularidades que expuso la justicia

La inspección del 28 de noviembre de 2024 en Laboratorio Ramallo —donde se elaboró el fentanilo contaminado con dos bacterias— fue el punto de partida formal del expediente en el máximo organismo de control. Mantecón Fumadó explicó que la decisión de inspeccionarlo recayó en la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos, y que los antecedentes del laboratorio ya acumulaban problemas: productos elaborados en espacios no habilitados, envases no autorizados y reiteradas intimaciones de retiro de mercado que la empresa resistía o dilataba. “El desvío era que el envase no estaba autorizado, no solamente no estaba autorizado el envase, sino que estaba elaborándose en un espacio no habilitado dentro de la empresa. Cuando se cita a la empresa, la empresa no termina de contestar”, declaró.

La inspectora Ana Laura Canil fue quien, durante la madrugada del 13 de mayo, llamó a Mantecón Fumadó para reportar lo que encontró en la línea de producción de fentanilo: “Me dijo que estaba haciendo una inspección en la parte de fentanilo y que la documentación que le presentaban no era… cuál es la palabra?, tenía discrepancias, no era… que a ella no le parecía que fuese una documentación hecha con el analista sino que estaba dibujada y que cuando menos los reportes o cuando menos los ensayos que planteaban ahí no estaban bien hechos y eran… la palabra que me dijo era ‘no son concluyentes y debieran haberse repetido’”.

A partir de ese llamado, Mantecón Fumadó tomó la decisión de extender las consecuencias al universo completo de productos de Ramallo: “Yo estimé en ese momento que si eso había pasado con el lote 31202, podía extenderse al resto de los productos y entonces ahí es donde habló con Agustina (Bisio) y es donde se define cerrar y sacar del mercado y sacar la comercialización de todos los productos de elaboración de Ramallo y también se decide cerrar HLB pero por lo que podría ser la falsificación de datos porque el Director Técnico de HLB Pharma es el responsable de la liberación a plaza de estos productos, más allá de que lo haya delegado en Laboratorio Ramallo, que para eso necesita una autorización específica. Ante ese panorama y además que el Ministerio venía diciendo hacía rato que cerraran HLB, utilizamos todos los expedientes que teníamos en trámite, se lo pregunté a Agustina (Bisio) y me dijo pone todo lo que tengas”.

Esa frase —“el Ministerio venía diciendo hacía rato que cerraran HLB”— fue uno de los puntos en el que juez y fiscal insistieron. La declaración defensiva de la ex funcionaria fue dejar la certidumbre que las decisiones sobre los laboratorios no se adoptaban de manera autónoma dentro del INAME, sino que respondían a instrucciones que bajaban desde el Ministerio de Salud y se transmitían de manera informal. “Todos los informes que pedía el Juzgado eran mandados informalmente a Agustina (Bisio) que lo consultaba con el Ministerio y después me lo bajaban informalmente la nota que yo tenía que elevar formalmente”, reconoció la ex funcionaria.

La ex titular del INAME se refería a la documentación que el propio juez Kreplak le solicitaba en el marco de la causa penal en la que ahora ella misma es investigada.

En un momento de la declaración, Mantecon Fumadó puso el foco en la intervención del entonces ministro Mario Lugones. Según relató, Lugones le habría transmitido a Bisio que había que “avanzar, pero con cautela” contra el laboratorio, una instrucción que Mantecón Fumadó interpretó como la orden de avanzar con las medidas sancionatorias procurando evitar un perjuicio que luego obligara a retrotraerlas. Semanas después, durante una reunión en el Ministerio a mediados de marzo, Lugones habría sido más directo: “Quiero que cierren HLB”. A partir de esa indicación, la ex directora del INAME aseguró que elevó a sumarios los expedientes e informes técnicos que aún estaban pendientes. Cosa que no había realizado con anterioridad, aunque era su deber.

El relato coincide con lo que había declarado como imputado Ariel García Furfaro ante la justicia, cuando sostuvo que “Lugones quería cerrar HLB”. García Furfaro es uno de los 13 ejecutivos y responsables de la fabricación del fentanilo mortal que están procesados. Él, su hermano Diego y Jorge Maiorano, director técnico de HLB Pharma, están detenidos. Otros tres, entre ellos la madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, fueron beneficiados con prisión domiciliaria y tobillera electrónica; el resto aguarda la continuación del proceso con las mismas restricciones que pesan sobre las ex funcionarias.

El fentanilo: del reporte ignorado a los fallecimientos

El reporte de contaminación bacteriana en el lote 31202 de fentanilo llegó al mail del Departamento de Vigilancia de ANMAT el 2 de mayo de 2025, un feriado, y no fue visto hasta el lunes 5. Mantecon Fumadó describió cómo fue tomando dimensión de la gravedad: “El reporte decía solamente efectos adversos y que se habría identificado alguna contaminación bacteriana en productos de fentanilo y el lote, entonces Mariela se comunicó con la reportante y empezó a recabar información y lo primero que le mandaron si no me equivoco fue los resultados de los análisis de laboratorio y recién después de eso se empezaron a mandar los reportes de las personas afectadas y recién ahí empezamos a ver que algunos eran con óbito, pero hasta ese momento no teníamos noción de la gravedad del tema”.

La “Mariela” a la que refiere es Mariela Baldut, responsable del Departamento de Post Comercialización y Acciones Reguladoras del INAME.

El 8 de mayo, una vez completada la investigación interna, Mantecon Fumadó informó a la entonces titular de ANMAT: “Le dije estoy mandándote este expediente con un proyecto para sacar del mercado este lote de fentanilo porque estaría con un desvío de calidad por una contaminación microbiana pero además me parece que corresponde hacer un alerta previo, antes de sacar la disposición, para evitar… la disposición lleva un trámite administrativo, entonces para acotar los plazos y que la información estuviese disponible y para que los efectores de salud no usaran más ese lote se sacó la alerta”. Consultada por qué era urgente acortar esos plazos, respondió: “Porque estaba en riesgo la vida de las personas en función de la información que me había llegado, podría estar en riesgo”.

Ante esa cronología, el tribunal le preguntó por qué la ANMAT no había formulado la denuncia penal antes del 12 de mayo, es decir, la razón de la demora de diez días. La respuesta de Mantecon Fumadó fue: “Porque no nos constaba que pudiera haber algún delito, no nos constaba ni siquiera que hubiese realmente un desvío imputable al laboratorio. Cuando vemos como está manejado el tema de los papeles y de la documentación es que nos da la idea de que podía haber un desmanejo o negligente o a propósito de la documentación y que eso podía generar que el producto que había salido a plaza y que en el batch records decía que estaba bien, no fuese así”.

Ese argumento choca con la documentación ya agregada a la causa. La resolución fiscal que solicitó al juez Kreplak la detención e indagatoria de la ex funcionaria señala que, antes de formalizarse la denuncia penal por las primeras muertes registradas en el Hospital Italiano de La Plata, Bisio “intentó acomodar la magra labor administrativa registrada sobre los hechos”. Eso surge, según consta en el expediente, de una conversación entre la entonces titular de la ANMAT y Enriqueta Pearson, subadministradora nacional del organismo, del 12 de mayo de 2025, acreditada por un informe pericial de la Dirección de Asistencia Técnica e Investigaciones Periciales (DATIP).

No es el único dato que pone en duda que Mantecon Fumadó desconociera la muerte de pacientes vinculada al fentanilo de HLB. La causa registra una secuencia que el tribunal tuvo a la vista durante el interrogatorio:

El 14 de abril de 2025 se registró el primer paciente fallecido en el Hospital Italiano de La Plata.

Ese mismo día, la directora del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia, un organismo externo al INAME y a la ANMAT, puso en conocimiento del INAME que recibían un importante número de reportes sobre efectos adversos de distintos productos. El 22 de abril informó que uno de ellos era el fentanilo HLB lote 31.202.

El 2 de mayo de 2025, el Hospital Italiano de La Plata reportó a la ANMAT el desvío de calidad del fentanilo. Daiana Martínez, jefa de Farmacia del hospital, envió un correo electrónico donde detalló que en abril tuvieron un brote de Klebsiella Pneumoniae MLB y Ralstonia Picketti, microorganismos que no formarían parte de la comunidad intrahospitalaria.

Del teléfono de Bisio se extrajo una conversación del 15 de abril de 2025 con Mantecón Fumadó que los fiscales consideran determinante. Esa noche, Bisio le escribió a su subordinada para preguntar si el INAME había recibido reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre eventos adversos en anestesia raquídea. Mantecón Fumadó le confirmó que sí los había visto. En un tramo de esa conversación, Bisio calificó la situación como de “mucha gravedad” y pidió cautela: “hay q ser cuidadosos” (sic). La misma noche, Mantecón Fumadó le anticipó la respuesta que el INAME tenía previsto dar al reporte sobre las irregularidades en la planta de Ramallo e informó que planeaban inmovilizar los lotes involucrados. “Lo tienen que hacer mañana esto. Porq esta desde el viernes” (sic), le respondió Bisio.

La carta de advertencia y el fentanilo que “no tenía reportes”

Uno de los puntos más tensos del interrogatorio giró en torno a la carta de advertencia firmada contra Laboratorio Ramallo: el instrumento que inhabilita a un laboratorio para seguir produciendo hasta que solucione las deficiencias detectadas. El tribunal señaló que la carta inhibía la producción general de toda la planta, pero que al mismo tiempo no se había ordenado el retiro de los productos fabricados durante ese período —entre ellos, el fentanilo.

La respuesta de Mantecón Fumadó fue que el fentanilo no tenía reportes previos y, por tanto, no podía ser objeto de retiro: “El fentanilo no tenía reportes, no fue objeto de inspección”. Cuando el tribunal le preguntó si eso no generaba ninguna inquietud, respondió: “No puedo decir ni que sí ni que no”. Ante la pregunta de si el Estado tenía obligación de vigilar lote a lote, fue categórica: “No, lote a lote no”.

La ex directora del INAME también reconoció que había dejado en “stand by” un proyecto de carta de advertencia para HLB Pharma que prohibía la comercialización de todos sus productos, porque consideró que no podía actuar sobre HLB sin antes hacerle una inspección propia. “Si a HLB no le hice una inspección, si HLB es una empresa distinta de Ramallo, yo no puedo utilizar los argumentos de Ramallo para sacar del mercado un sólido”, argumentó. Y agregó: “Jurídicamente, son dos laboratorios que tienen dos CUITS distintos, dos habilitaciones distintas, dos legajos distintos, dos directores técnicos distintos”.

El despido de inspectores

Otro eje del interrogatorio fue la debilidad estructural del cuerpo de inspectores. Mantecón Fumadó relató que cuando asumió contaba con entre 18 y 20 inspectores, y que la primera medida de la gestión del gobierno de Javier Milei fue despedir a cinco: “La primera medida que se tomó fue que echaron a 5 inspectores, me dejaron 10 más, me dejaron con 13 personas de las cuales hay personas que si bien son inspectores tienen una licencia psiquiátrica, o sea tan dentro del Inspectorado pero no, y además después de eso el ataque al empleado público, el sueldo, el trato, eso generó que se me fuera gente también”.

La ex funcionaria dijo que planteó la situación en el Ministerio “infinidad de veces”. En una reunión con asesores del ministro, que se realizaba cada 15 días, llegó a decir que era imposible trabajar con solo ocho inspectores para 600 laboratorios. El intercambio con el tribunal fue el siguiente:

Kreplak: “¿Por qué medio formuló esa observación?”

Mantecón Fumadó: “Personal, en las reuniones.”

Kreplak: “¿Por qué medios y si se lo formalizó de alguna manera?”

Mantecón Fumadó: “No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo.”

Abogado defensor: “¿Recuerda alguna respuesta que haya recibido a eso?”

Mantecón Fumadó: “Sí, Agustina (Bisio), si yo recuerdo que Agustina me contestó que no le permitían contratar más personal, que para contratar personal se tenían que ir dos, después se tenían que ir tres para contratar personal entonces…”

El tribunal también le preguntó si era materialmente posible, con esa dotación, verificar que los laboratorios inhibidos no estuvieran produciendo. La respuesta fue: “No. Es imposible. Pero no es imposible solamente con los inspectores que tenía. Es imposible teniendo la dotación total de inspectores, o sea, teniendo 60 inspectores tampoco”.

“Atemorizados”: inspectores con custodia policial en HLB y Ramallo

Mantecón Fumadó reveló que las inspecciones a HLB Pharma y a Laboratorio Ramallo se realizaban siempre con custodia policial, debido al comportamiento de los responsables de ambas empresas. “A HLB y a Ramallo siempre fueron con custodia policial, porque, con anterioridad, las inspecciones eran muy ríspidas. Después el laboratorio mejoró su trato, pero en principio eran muy ríspidas y los inspectores se sentían como… ¿Cuál es la palabra? O sea, atemorizados, entonces iban acompañados con custodia policial”, declaró.

La logística de coordinar esa custodia era, según explicó, uno de los motivos por los que se avisaba con antelación mínima a los laboratorios: “Coordinar la custodia policial, el viático y por lo menos la pareja de inspectores, es muy costoso”.

Sobre la reunión del 14 de enero de 2026 en las oficinas de ANMAT —donde funcionarios del organismo se encontraron con los dueños de los laboratorios y otros responsables—, Mantecón Fumadó explicó por qué eligió ese ámbito y no las instalaciones del INAME: “Porque yo le pedí a Agustina (Bisio) por el tenor del laboratorio y porque son gente, cómo puedo decir, difícil de tratar, pero que no se… A ver, en la relación conmigo nunca hubo ningún problema, venían con antecedentes que me habían comentado a mí que tampoco fui testigo, pero la verdad es que discutían todo. Son difíciles de llegar a una resolución fácil, por llamarlo de una manera. Todas las medidas, ellos discutían todos los retiros de mercados, discutían todo, todo era una discusión”.

En esa reunión, los representantes de los laboratorios llegaron, en palabras de la ex directora, “con los botines de punta”: “Que la empresa no, que no se la podíamos cerrar toda, que ellos no habían tenido posibilidad de presentar documentación, que ya habían levantado un montón de puntos que le habían marcado la Comisión Inspectora, que necesitaban seguir el procedimiento, que ellos, que casi lo habían levantado todo, que habían puesto un nuevo sistema de control dentro de la empresa que se llamaba Capataz y que habían cambiado un montón de cosas y que no habían tenido oportunidad de presentarlo porque la Comisión le había pedido solamente determinado tipo de información”.

Las 33 veces que no recordó

La estrategia de defensa de Mantecón Fumadó se articuló sobre varios ejes. El primero fue deslindar la responsabilidad de ANMAT sobre la calidad lote a lote: “La autoridad sanitaria no va a inspeccionar un producto determinado, va a inspeccionar que ese producto se elabore de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación. El resultado final del producto lote a lote es responsabilidad exclusiva del laboratorio. ¿Por qué? Porque es inviable y no pasa en ninguna autoridad sanitaria del mundo que la autoridad sanitaria verifique lote a lote cada producto que sale al mercado”. Y fue aún más lejos: “No hay forma de que el Estado controle que el laboratorio decida hacer o no hacer. El Estado no vigila lote a lote”.

La imagen que quedó de la declaración indagatoria fue la de una funcionaria que, ante preguntas sobre hechos que ella misma protagonizó —cartas que firmó, reuniones que convocó, decisiones que adoptó—, recurrió 33 veces a expresiones como “no me acuerdo”, “no lo recuerdo” o “desconozco”. Entre los olvidos más llamativos figuran no recordar el contenido de una carta de advertencia que ella misma firmó, no recordar si le dio un plazo al laboratorio para presentar documentación, no recordar cómo le transmitieron las instrucciones del ministro, y no recordar si formalizó sus planteos sobre la falta de inspectores.

A lo largo de la indagatoria, la ex jefa del INAME acumuló las siguientes respuestas:

“No recuerdo, llegaron después del mediodía, pero no me acuerdo en qué horario.”

“Pasada la madrugada creo, no me acuerdo.”

“No recuerdo si el 8 me pasa el expediente con el proyecto de retiro de mercado.”

“No, no recuerdo.” (sobre la fecha en que asoció los reportes de la Dra. Flichman con el lote de fentanilo)

“No me acuerdo si me lo mandó a mí o se lo mandaron directamente a Mariela Baldut.”

“No recuerdo.” (sobre lo que le manifestó Bisio respecto al reporte)

“No lo recuerdo.” (sobre el circuito administrativo de publicación de la carta de advertencia)

“No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo.” (sobre si formalizó su planteo al Ministerio sobre la falta de inspectores)

“No lo recuerdo en este momento.” (sobre el plazo reglamentario para que el laboratorio presente descargos)

“No lo recuerdo en este momento…” (sobre si el reglamento exige una audiencia previa)

“No me acuerdo qué fue lo que se dijo.” (sobre la firma de la carta de advertencia)

“La verdad no recuerdo ahora lo que dice el texto de la carta.”

“La verdad, en este momento no me acuerdo cuál fue el planteo de Ana Laura.”

La última “laguna” de la imputada es, como mínimo, suspicaz. Ana Laura es Ana Laura Canil la Directora de Fiscalización y Gestión de Riesgos del INAME, la funcionaria técnica que estaba directamente por debajo de Mantecón Fumadó en la línea jerárquica del organismo.

Su rol en la causa, según surge de la declaración, fue central en varios momentos:

Fue quien decidió y comunicó a Mantecón Fumadó que se iba a realizar la inspección no programada en Laboratorio Ramallo, diciéndole: “vamos a ir a Ramallo porque no me están dando respuesta a los productos no conformes y a los reportes que tienen”.

Fue quien condujo la inspección del 13 de mayo y llamó a Mantecón Fumadó para reportar que la documentación del fentanilo “estaba dibujada” y que los ensayos “no son concluyentes y debieran haberse repetido”.

Fue quien elevó el expediente con la propuesta de carta de advertencia para toda la planta de Ramallo, el viernes 3 de enero a las 18 horas.

Fue quien se trajo de Ramallo las muestras de museo y los batch records de los lotes 31202 y 31244 tras la inspección nocturna.

Integró la comisión que fue a Ramallo a buscar material para la causa penal, junto con la jefa de microbiología.

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Durante buena parte de la etapa hiper-globalizadora, las empresas se preocupaban poco por el devenir del Estado. Se enfocaban centralmente en los menesteres corporativos, como las finanzas, minimizar los costos, ampliar la escala y acceder a mercados internacionales. La geopolítica casi no existía en su lenguaje y la geografía importaba, sólo como variable del costo logístico. Todo eso cambió drásticamente a partir de la última década. Comprar hoy un insumo no garantiza disponerlo más adelante, o inversamente, no poder sustituirlo. Se puede incorporar un equipo para crear valor y posteriormente podrían ser bloqueados sus repuestos por criterios de seguridad nacional. Demasiadas incertidumbres.

Hoy las empresas se ven obligadas a asumir que en el mundo actual existe el riesgo geopolítico. El cambio continuo de aranceles, la falta de reglas en el comercio internacional, las sanciones recíprocas por motivos ajenos a la racionalidad económica, regulaciones de todo tipo, restricciones de capital, cambios continuos del precio de la energía y sus correlaciones con los precios de las commodities, cadenas de suministros poco estables, acciones ideológicas de funcionarios, y otras, son varias de las incertidumbres que provienen del uso discrecional de los instrumentos de poder, ejercido por las principales potencias del mundo. Los conflictos se derraman hacia los mercados, la tecnología, las finanzas, las inversiones, las cadenas de valor, la infraestructura y la logística global. El Foro Económico Mundial así lo reconoce, indicando que la confrontación geopolítica es el principal riesgo global para 2026, con un umbral de al menos 5 años más.

Los Estados utilizan instrumentos comerciales, financieros, tecnológicos y regulatorios para obtener resultados estratégicos. En los últimos años los cambios de tarifas y aranceles han sido el principal factor de incertidumbre de corto plazo. Los aranceles suelen proteger sectores industriales, lo cual puede modificar algunas cadenas de abastecimiento; los subsidios atraen industrias e inversiones, redefinen localizaciones y producen precios dumping en algunas exportaciones; las sanciones segmentan mercados; los controles de exportación alteran proveedores y alteran la frontera tecnológica; las reglas sobre inversión extranjera introducen prioridades geopolíticas, favoreciendo o castigando emprendimientos.

La competencia tecnológica es un factor que crea inestabilidad en el mediano y largo plazo, particularmente en el campo de la Inteligencia Artificial, porque involucra grandes inversiones, provisión de recursos estratégicos y fuentes de energía, lo cual enlaza todo: política industrial, seguridad nacional, infraestructura y comercio internacional. La competencia entre EEUU y China determina controles sobre chips, software, datos o propiedad intelectual, que redirigen inversiones y dividen arquitecturas tecnológicas.

Todas estas alteraciones no significan una ruptura completa del comercio. En realidad, el volumen comercial mundial sigue siendo alto, pero aumenta mucho su complejidad, lo cual favorece a una concentración empresarial, ya que las más pequeñas o medianas pueden no saber cómo aprovechar las grietas favorables o llegar tarde para realizar los cambios necesarios, por no disponer del faro geopolítico que las guíe en tanta incertidumbre global.

La geopolítica ya no es una variable marginal; pasa al centro de la escena corporativa, porque incide crecientemente sobre el riesgo empresario, la arquitectura del comercio global, el desarrollo tecnológico y la asignación internacional de capital, lo cual modifica el costo del capital, los márgenes de ganancia, o el valor de las acciones, y obliga a las empresas a analizar sus respectivas opciones estratégicas en sus futuros planes de negocios.

La geometría de la globalización se ha desplazado de lo financiero hacia la geopolítica. Los flujos productivos y comerciales se mantienen, pero se reorganizan alrededor de afinidades políticas, terceros países y nuevas plataformas productivas. Las cadenas globales de valor se relocalizan, previo a un análisis bien complejo. La dependencia de fuentes “amigas” pero excesivamente concentradas es también un riesgo de provisión a largo plazo. Relocalizaciones demasiado diversificadas tienen problemas de economías de escala y de costos, de especialización y de aprendizaje. Las autarquías tampoco son soluciones para la mayoría de los casos. Las opciones son siempre críticas, de no rápida implementación y necesitan vigilancia permanente.

Según la OCDE, un 30% de las exportaciones mundiales está muy concentrada en pocos actores, y estima que una relocalización amplia podría reducir el comercio mundial en un 20% y el PIB real global en un 5%, aunque probablemente no mejoraría demasiado la estabilidad; es decir, en la mayoría de las economías seguiría la volatilidad general.

El interés empresarial argentino por los temas políticos estratégicos o la geopolítica es bastante limitado y solo alcanza al seguimiento de guerras lejanas; hay pocos estudios prospectivos que profundicen diversas opciones que podrían aportar ideas tendientes a lograr una mayor potenciación de la Argentina, los que beneficiaría a toda la comunidad, con mayor cantidad y calidad de empleos. Cada empresa no puede anticipar cada acontecimiento internacional, pero debería poder reconocer aquellos factores que podrían alterar su trayectoria económica, construir escenarios posibles y establecer respuestas alternativas.

Argentina tiene activos estratégicos importantes, pero carece de un plan estratégico. Como la expansión de la IA incrementa la demanda de energía, infraestructura y materiales, se abren oportunidades para países capaces de negociar favorablemente sus recursos competitivos y aquellos países que tengan proyectos nacionales maduros y cierta autonomía estratégica, seguramente tendrán mayores posibilidades de éxito para su favorecer su desarrollo nacional. Somos fuertes proveedores de energía, petróleo y gas, cobre, litio, infraestructura, agroindustria y servicios basados en conocimiento, cuya demanda global depende cada vez más de decisiones estatales externas y de la seguridad de abastecimiento.

Pero Argentina participa principalmente como proveedora de recursos e insumos (primarios) más que como un nodo integrado de manufactura y servicios complejos en cadenas de valor globales. Puede verse con claridad en el caso de los minerales críticos. Más del 60% de las exportaciones de litio son productos sin procesar o con refinación básica. El desarrollo nacional no se mide por cuánto capital puede atraer, sino qué posición ocupará dentro de las cadenas: exportar gas, litio, cobre o alimentos genera divisas, pero desarrollar ingeniería, proveedores, infraestructura, tecnología y servicios asociados multiplica el impacto sobre la productividad.

Para llegar a ese punto debemos tener un plan estratégico que ordene el espacio y la economía nacional; y que aporte seriedad y seguridad en el cumplimiento de lo pactado. La función del Estado (no ideológico ni burocrático) es, en estos tiempos, más importante que otros anteriores. En lugar de regalar o nuestras riquezas, deberíamos “licitar” quienes son los inversores que nos dejen el mayor beneficio nacional (por ejemplo, en proveedores nacionales, en capacitar a personal argentino en nuevas tecnologías, en la instalación de fábricas o centros donde se agregue valor a lo extraído, en redes de infraestructura, ferrocarriles, rutas, satélites).

Tampoco debemos dejar que los contratos se resuelvan en sedes judiciales extranjeras (NYC o Londres), que colocan a los inversores extranjeros por sobre las empresas argentinas y donde siempre perdemos. Eso requiere otra Justicia argentina, más seria. Estas licitaciones de inversión deberían prever ganancias razonables para las partes, lejanas a las exenciones desproporcionadas que actualmente se ofrecen en el RIGI o super RIGI. Esto sólo puede lograrse cuando la estabilidad política sea la norma, la que sólo podrá lograrse a través de un gran debate político nacional.

La geopolítica es un tema central en el mundo y los Estados nacionales son los que conducen estos procesos. Es inconcebible sostener la política actual que produce la degradación de las principales fortalezas del Estado Nacional. Debe evitarse la continuación de la actual acción destructora interna o del accionar de lobbies extranjeros que pretenden privatizar las decisiones soberanas del estado argentino. Además, la adhesión incondicional a otros Estados es incompatible con las necesidades de la construcción de una política internacional que tienda a lograr una mayor autonomía estratégica, como aspiran lograr todos los países del mundo.

En el escenario global actual, los Estados Nacionales fuertes, no burocráticos, con claridad estratégica, y capacidades de sostener políticas soberanas, son la clave para maniobrar y sobrevivir en las turbulentas aguas del desorden mundial. Eso se logra cuando nos sentamos alrededor de la mesa de las negociaciones, y no ser uno de los platos que se comen en la misma.

Asia / Pacific