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Fentanilo mortal: las novedades de la causa, las pruebas que complican a las ex funcionarias de ANMAT e INAME y una nueva declaración indagatoria clave

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Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) e imputada en la causa por el fentanilo contaminado que causó la muerte de al menos 90 pacientes, ampliará su declaración indagatoria el próximo lunes ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. También estará presente la fiscal que impulsa la investigación, María Laura Roteta.

La ex funcionaria volverá a responder por su actuación al frente del organismo de control en el período en que los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. produjeron y comercializaron los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo contaminados con las bacterias klebsiella pneumoniae y ralstonia mannitolifytica. La distribución de esas ampollas a hospitales y clínicas de todo el país derivó en muertes y lesiones graves que la Justicia federal investiga como la mayor tragedia sanitaria registrada en la Argentina.

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El dictamen firmado Roteta y el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), propone encuadrar la conducta de Mantecón Fumado en el artículo 201 bis del Código Penal —adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte— respecto del lote 31.202, y en el artículo 200 —adulteración peligrosa para la salud— respecto del lote 31.244, en concurso real. La fiscalía también dejó abierta la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal, que prevé el homicidio agravado.

Por los mismos presuntos delitos es investigada quien fuera su superiora directa: Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de la ANMAT quien amplio su declaración indagatoria la semana pasada.

El aviso previo a la inspección: los chats que exponen al INAME

Uno de los hallazgos más graves del dictamen fiscal es que personal del propio INAME alertó a los laboratorios antes de las inspecciones, lo que les permitió tomar medidas para disimular irregularidades. El episodio más documentado ocurrió el 27 de noviembre de 2024, en la víspera de la inspección no programada en Laboratorios Ramallo. En el teléfono de Ana Laura Canil, directora del área de Fiscalización, los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, un organismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, allaron la siguiente conversación con Javier Tchukran (procesado y con prisión domiciliaria), director de HLB Pharma:

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Javier: “Ana Laura como estás? Me comentó Antonio que mañana van a ir a Ramallo, ¿tenés idea el motivo? Un abrazo grande. Soy Javier Tchukran el director de HLB».

Ana: “Hola Javier, sí, es una inspección que deviene de reportes de productos. Saludos.”

Gabriela Mantecon Fumadó ampliará su declaración indagatoria el lunes a las 10 de la mañana

La fiscalía señala que esa advertencia permitió al personal del laboratorio trabajar hasta altas horas de la madrugada para intentar subsanar los incumplimientos más visibles. Pese a ese maquillaje de último momento, los inspectores encontraron de todas formas deficiencias críticas, lo que para el dictamen revela el estado real en que se encontraba el establecimiento antes del aviso.

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El patrón se repitió en mayo de 2025, cuando la causa penal ya estaba abierta. Un mensaje en un grupo de WhatsApp integrado por el director técnico Antonio Maiorano (procesado y detenido) y empleadas de HLB, fechado el 11 de mayo de 2025, reproduce una advertencia que Ariel García (propietario, procesado y detenido) habría recibido: “Me acaba de avisar Ariel que mañana cae inspección, no se tiene que presentar nadie por esta semana porque está cerrado el laboratorio.” Para la fiscalía, ese aviso habría facilitado la destrucción de evidencias en la planta de HLB, simulada luego como un episodio de vandalismo.

Las irregularidades que el INAME detectó y no frenó

La inspección realizada entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo —con presencia física de los inspectores solo el primer día— arrojó un cuadro de incumplimientos que el acta clasificó como críticos y mayores. El fentanilo contaminado fue fabricado en ese mismo establecimiento entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025, es decir, inmediatamente después de que los inspectores se retiraran. El dictamen fiscal enumera las fallas detectadas, ninguna de las cuales derivó en medidas inmediatas por parte de Mantecon Fumadó:

  • Producción en áreas sin habilitación vigente. El laboratorio elaboraba medicamentos inyectables en sectores no autorizados por ANMAT.
  • Uso de envases no aprobados. Los productos se fabricaban en ampollas plásticas distintas a las autorizadas por el ente regulador, sin aprobación previa.
  • Fallas en el sistema de esterilización. Los inspectores no pudieron verificar la correcta ejecución del ciclo de esterilización, lo que comprometía directamente la garantía de esterilidad del producto terminado.
  • Ausencia de un sistema formal de control de cambios. El laboratorio carecía del registro que permite rastrear cualquier modificación en los procesos productivos.
  • Documentación incompleta y no correlativa. Los registros de lotes presentaban numeración irregular, investigaciones contradictorias sin resolución y el uso de un cuaderno informal sin referencia a procedimientos oficiales.
  • Sin programa de producción formal. La inexistencia de planificación documentada impedía verificar la secuencia de fabricación y prevenir la contaminación cruzada.
  • Recursos humanos deficientes. Se detectaron fallas en la gestión del personal vinculado a la producción de medicamentos estériles.
  • Medicamentos fabricados sin rótulos ni prospectos aprobados. El laboratorio producía propofol y diazepam sin contar con la documentación reglamentaria exigida por ANMAT.
  • Historial de retiros de mercado ignorados. Desde 2021, el INAME acumulaba expedientes por desvíos de calidad en productos de HLB —partículas en suspensión, hongos en envases, cambios de coloración, falta de eficacia— que el laboratorio no había resuelto.

Una infografía detalla la asistencia y los datos del encuentro privado entre autoridades de ANMAT y representantes de HLB Pharma realizado el 14 de enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acta de inspección concluyó que Ramallo no podría utilizar sus áreas de elaboración hasta obtener un informe favorable del INAME. La propia fiscalía subraya que las inspectoras aclararon que el documento no pretendía ser un listado exhaustivo de todas las irregularidades, sino una evaluación de conformidad con la regulación vigente.

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A pesar de ese cuadro, Mantecon Fumadó no firmó la carta de advertencia que sus propios técnicos le elevaron el 3 de enero de 2025 sino 38 días después, el 10 de febrero. La norma aplicable —Disposición ANMAT 1340/2020— establecía un plazo de dos días para expedirse. Mientras tanto, entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025, Laboratorios Ramallo fabricó los lotes 31.202 y 31.244 del fentanilo contaminado con las dos bacterias multiresistentes a los antibióticos.

El eje de la acusación es una cadena de omisiones que, según la fiscalía, permitió que los laboratorios siguieran operando pese a las advertencias reiteradas de los propios técnicos del organismo.

El 8 de enero de 2025, técnicos del INAME elevaron a Mantecón Fumado un segundo instrumento: una carta de advertencia para prohibir la comercialización de todos los productos de la marca HLB. Esa carta nunca fue firmada. El 12 de mayo de 2025, el mismo día en que ANMAT realizó la denuncia penal por las muertes reportadas en el Hospital Italiano de La Plata, Mantecón Fumado devolvió el expediente a la directora de fiscalización solicitando una inspección previa.

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La fiscalía calculó que si la carta de comercialización se hubiera firmado en los 23 días que transcurrieron entre su elevación y la primera entrega del lote contaminado a droguerías —el 31 de enero de 2025—, ninguna muerte se habría producido. Las masivas aplicaciones del fentanilo contaminado a pacientes se iniciaron en febrero de 2025.

La crisis por el fentanilo contaminado es considerado por la justicia como una de las mayores tragedias del país

Uno de los episodios más señalados por la acusación es la reunión del 14 de enero de 2025 en las oficinas de ANMAT, donde Mantecón Fumado y la entonces administradora nacional Nélida Agustina Bisio se encontraron con directivos de HLB y Ramallo —entre ellos Ariel García, Javier Tchukran y Victoria García—. Según la fiscalía, en ese encuentro las funcionarias acordaron no firmar la carta de advertencia y se comprometieron a ayudar a los laboratorios a obtener rótulos y prospectos de medicamentos que fabricaban sin autorización del ente regulador.

Un chat recuperado por peritos del día siguiente confirma que representantes del laboratorio salieron de la reunión con esa impresión: “Estuvimos hablando con ella de los prospectos y los rótulos, que no tenemos, que no podemos conseguir, que no figuran en Anmat, ella va a intentar por otro lado también conseguirnos. Re bien predispuestas ambas, las dos.”

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La investigación también determinó que el 14 de julio de 2025, cuando la causa penal ya estaba en curso, Mantecon Fumadó eliminó todos los chats de WhatsApp de su teléfono celular. Intentó recuperarlos con un especialista en informática, sin éxito, según el dictamen pericial incorporado al legajo.

Otro dato que la fiscalía pone de relieve es una conversación del 6 de marzo de 2025 hallada en el teléfono de Bisio, en la que Mantecon Fumadó le avisó que personal de los laboratorios iría ese día al INAME. La respuesta de Bisio fue: “Que sea discreto la retirada a sus casas.” La reunión no tiene registro formal en el organismo.

El 16 de mayo de 2025, cuatro días después de iniciada la causa penal, un chat extraído del teléfono de Maiorano muestra que Tchukran le informó haber hablado ese día con Mantecon Fumadó en la ANMAT sobre el estado de los ensayos del fentanilo: “Hoy hablé con Mantecón fui al ANMAT y no les está creciendo nada”, según consta en el informe técnico elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

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El juez Ernesto Kreplak procesa a trece imputados, incluyendo a Ariel Fernando García y Diego Hernán García, por adulteración de sustancias medicinales que causó la muerte de noventa personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bisio apuntó contra Mantecón

En su ampliación de indagatoria Nélida Agustina Bisio, apuntó para defenderse contra Mantecon Fumadó, su subordinada y co-imputada. Dijo que era la responsable de las decisiones que la fiscalía investiga, y planteó que la ex titular del INAME pudo haberla usado deliberadamente para distribuir responsabilidades que eran exclusivamente de ella.

Bisio describió que fue Mantecon Fumadó quien la convocó a la reunión del 14 de enero de 2025 con directivos de HLB Pharma Group en la sede de ANMAT, con apenas dos días de anticipación y sin precisarle con quiénes sería ni la totalidad de los temas a tratar. Según su versión, Mantecon Fumadó le dijo únicamente que “solicitaba mi presencia porque son personas complicadas y para que se mantuviera el orden”. Bisio declaró que en ese encuentro “me mantuve callada, no habiendo nunca emitido opinión”, mientras la entonces titular del INAME y los representantes de HLB protagonizaban un intercambio que describió como “acalorado”, con la directora del INAME defendiendo la tarea de los inspectores y los empresarios reclamando “efusivamente” que nunca les aprobaban los trámites.

La reunión no figuró en la planilla oficial de audiencias de ANMAT. Bisio explicó que eso se debió a que fue convocada internamente por Mantecon Fumadó, quien también la organizó con los representantes del laboratorio.

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El episodio que más tensión genera en el relato de Bisio es la firma de la carta de advertencia de Laboratorios Ramallo del 10 de febrero de 2025. Ese documento lleva la rúbrica de ambas funcionarias, pese a que la normativa vigente —Disposición ANMAT 1340/2020— solo exige la firma de la directora del INAME. Bisio explicó por qué accedió a suscribirla: “Por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona.” Y luego añadió la siguiente reflexión: “Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir.”

Sobre la demora en la firma de esa misma carta —que tardó 38 días cuando la norma fija un plazo de dos días—, Bisio declaró que Mantecón le explicaba en las reuniones que “había que hacer un proceso de inspección y de evaluación para llegar a la carta. Que no se podía inhibir con los solos antecedentes.” Según su relato, ella esperó el documento y cuando Mantecon Fumadó se lo remitió, lo firmó en menos de dos horas.

Agustina Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumado las ex jefas de la ANMAT y el INAME

Bisio también describió el contexto institucional que, a su juicio, explica las demoras: el ministro de Salud, Mario Lugones le reclamaba a Mantecon Fumadó que actuara, y la respuesta de la directora del INAME era siempre la misma: “No tengo gente, no tengo inspectores”. Bisio confirmó que la planta de inspectores se redujo de 30 a 8 durante su gestión, en parte por los sueldos bajos y en parte por los recortes de personal exigidos desde el Ministerio de Salud.

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Sobre el período previo a la inspección de noviembre de 2024 en Laboratorios Ramallo, Bisio declaró que la situación de ese laboratorio nunca le fue transmitida: “No, a mí no me la transmitieron; supongo que se hablaría intra INAME porque por alguna inconsistencia llegaron a la inspección. Esto me lo imagino yo.” Con esa respuesta, atribuyó a Gabriela Mantecon Fumadó—como titular del INAME— el conocimiento previo de los problemas de los laboratorios, y se desmarcó de cualquier responsabilidad anterior a la inspección.

Casualidad o no, después de esas aseveraciones la defensa de la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos solicitó ampliar su indagatoria. Después de ese acto procesal, la defensa por excelencia de los imputados, el juez Kreplak deberá resolver la situación procesal de las dos ex funcionarias. Las profesionales fueron detenidas el 1 de agosto pasado. Quedaron en libertad tras depositar una fianza de 75 millones de pesos cada una y con la prohibición de salir del país como condición impuesta por el juzgado.

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Nuevo foco de malestar con Bullrich y aparecen diferencias en el Gobierno sobre cómo lidiar con sus desmarques

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Mientras ella deja saber que está cada vez más cansada, que en la mesa política no se decide nada y que en el Gobierno están todos más atentos a pelear las internas que a ganar el año que viene, un sector de la administración vinculado con Santiago Caputo empezó a diferenciarse por primera vez, y de manera abierta, de las posiciones de Patricia Bullrich. Del otro lado, el entorno de Karina Milei insiste en dar la otra mejilla.

Los caputistas están convencidos de que la senadora estuvo detrás del pedido de los aliados para incluir al Ministerio de Seguridad en el Consejo de Seguridad Nacional, en el dictamen del proyecto sobre Malvinas. Es un tema clave para Santiago Caputo, que quería que el organismo quedara integrado solo por el área de Inteligencia, algo que dejó explícito en su cuenta de X. También hubo sospechas de que Martín Menem tenía interés en sumar legisladores al Consejo, algo que finalmente no ocurrió en el dictamen aprobado y que en la Cámara de Diputados lo negaron tajantemente.

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El enojo con Bullrich, sin embargo, empezó por otro lado: haber reconocido de manera explícita la derrota de Flávio Bolsonaro y el triunfo de Lula da Silva, a contramano de Javier Milei, que optó por un silencio total y ni siquiera se expresó por la vía de su canciller. Para el sector que se referencia en “Las Fuerzas del Cielo”, esa diferenciación fue una afrenta política.

El detonante

El detonante fue un posteo del legislador bonaerense Agustín Romo, que responde al ala de Santiago Caputo. En X, Romo escribió: “Este es un gobierno de derecha. No de centro ni de centro derecha. Las tibiezas déjenlas en sus casas. Córranse que la libertad avanza”. El mensaje, confirmaron en la Casa Rosada, estaba dirigido a la senadora. Y en el Senado también lo entendieron así, aunque le restaron relevancia. Fue la primera vez que esa parte del oficialismo, hasta ahora estaba muy alineada con Bullrich en su cruzada contra Karina Milei, mostró malestar con ella.

En el sector de Bullrich dicen que la modificación de la integración del Consejo de Seguridad Nacional en el dictamen no fue su “culpa”. Y creen que, más que arremeter en su contra a través del X, ese sector en realidad estaba “defendiendo” a Caputo en su cruzada por ayudar a Bolsonaro a salir de Brasil.

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En el bullrichismo, de todas formas, sintieron irritación por el episodio. “Se creen 007, son ridículos”, sostuvo un alfil sobre quienes cuestionaron la inclusión del Ministerio de Seguridad. Y agregaron que, en todo caso, la presencia de esa cartera tuvo como objetivo darle “legalidad” al organismo. Los defensores del proyecto original calificaron mal esa consideración. “En Estados Unidos no funciona así. El asesor de seguridad nacional no está condicionado por homeland security. Es más estratégico el rol. No es que vas a mandar a la cana a hacer un allanamiento menor, minucias”, dijeron.

Karina Milei, junto Alejandra Monteolvia

En el entorno de Bullrich sostienen que la inclusión de Seguridad fue una concesión a los aliados en la negociación por el proyecto. Y sumaron, para legitimar el planteo, que Santiago Caputo estaba al tanto de que estaba en pie ese pedido de los aliados.

De todas formas, en Balcarce 50 no creyeron que se tratara de un pedido de los aliados. Pensaron en cambio que era un plan de Menem integrar a miembros del Poder Legislativo. Desde su entorno aclararon que no se metió en el tema: solo trasladó el planteo.

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Fuentes del bloque de Diputados que participaron del debate, consultadas en off the record, van en la misma línea y negaron que Bullrich haya tenido algo que ver. Aseguran que la inclusión de Seguridad se resolvió a pedido de “varios diputados”, sin precisar de qué bloques, y que fue aceptada por Menem. Agregan que en los temas de la Cámara baja no hay contacto con la senadora, ni ella lo tiene con ellos en los asuntos del Senado.

La ministra de Seguridad también es eje de las críticas, pero de antaño. No la consideran apta para el puesto y no le perdonan haber “estropeado” el proyecto de agencia de migraciones que Caputo había planificado. La idea era emular una especie de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el organismo encargado de ejecutar las deportaciones y que provoca serias controversias en ese país. “No compartimos criterios con Monteoliva”, dijeron en las Fuerzas del Cielo.

La otra mejilla de Karina

Por el otro lado, Karina Milei sigue decidida a no responder. Hasta ayer, en su entorno sostenían que el planteo de Bullrich por el tema de Brasil, es decir, su diferenciación de la postura oficial del Presidente de no reconocer ni mencionar, y mucho menos felicitar, el triunfo de Lula, “fue correcto”. Y hacían silencio respecto del posicionamiento más belicoso de la otra facción.

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Patricia Bullrich y Karina Milei

Como en todas las últimas diferenciaciones de la senadora, en el área de la secretaria general omiten todo cuestionamiento. Dicen que es “más de lo mismo” y le restan importancia. Aseguran, incluso, que Bullrich “pierde efecto” político por lo repetitivo de esos desmarques. Y nuevamente no tienen planeado escalar, aseguran, al menos por ahora.

Dos lecturas, una misma interna

La situación deja a la senadora en una posición incómoda. Por un lado, recibe fuego de Las Fuerzas del Cielo, que la acusan de operar contra Caputo y de correrse de la línea oficial en política exterior. Por el otro, el karinismo la ignora, una estrategia que en el círculo de Bullrich leen como una forma de desgaste.

Cada una de estas diferenciaciones, sea por Brasil, por Malvinas o por cualquier otro tema, funciona como un termómetro de la interna en el Gobierno..

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La Justicia le ordenó al Gobierno que informe sobre los movimientos de Flávio Bolsonaro en la Argentina

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa y ordenó una serie de medidas preliminares para investigar si el Gobierno de Javier Milei encubrió la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil a Estados Unidos a través de la Argentina. La causa busca determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios y si funcionarios nacionales facilitaron el traslado del dirigente brasileño.

La magistrada dispuso pedidos de informes a distintos organismos públicos para establecer si las autoridades argentinas tenían conocimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y qué procedimientos se aplicaron durante su ingreso y posterior salida del territorio nacional.

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Entre las medidas ordenadas, Capuchetti requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que informe si recibió alertas o requerimientos previos relacionados con la situación judicial del senador brasileño.

El objetivo es establecer si existieron comunicaciones oficiales que advirtieran sobre las medidas dispuestas por la Justicia de Brasil y si esa información estaba disponible para las autoridades argentinas cuando Bolsonaro atravesó la frontera.

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Reelecciones, PASO bonaerenses y construcción propia: qué dejó la reunión de Kicillof con sus intendentes

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Axel Kicillof reunió este jueves a los intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para plantear un cuadro de situación política del peronismo en vistas a las elecciones del año que viene. Los intendentes pidieron por las reelecciones y el mandatario transmitió lo que viene diciendo públicamente: que está a favor de las mismas y que hay que reunir los acuerdos políticos y legislativos necesarios para que la restitución de las reelecciones indefinidas se vote antes de fin de año. El temario también alcanzó la defensa discursiva de las PASO no solo a nivel nacional, sino también en la esfera provincial. Además sobrevoló la posibilidad latente de que la provincia de Buenos Aires no desdoble la elección del año que viene y se encamine a un proceso de concurrencia. Una definición que sigue atada a lo que suceda con las elecciones Primarias en el orden nacional.

El encuentro se realizó en el Salón Francés de la Gobernación y reunió a más de 40 jefes comunales que integran el MDF, junto a ministros con participación en la mesa política bonaerense, como Carlos Bianco (Gobierno), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad). Una de las expectativas con las que llegaron los intendentes se centraba en la posibilidad de modificar la ley que les impide competir por un nuevo mandato tras completar dos períodos consecutivos.

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“Hice más de 500 kilómetros para venir. Vine solamente a esto. Termina y me vuelvo”, expresó antes de ingresar a la reunión un intendente del interior bonaerense que forma parte del espacio político del gobernador. La frase expuso el nivel de interés que generó una discusión que afecta de manera directa las proyecciones electorales de decenas de distritos.

Fueron más de 40 intendentes del MDF

El mensaje que Kicillof transmitió durante el encuentro fue que el asunto deberá resolverse por la vía política. La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense intervenga y declare inconstitucional la normativa vigente había circulado entre dirigentes del oficialismo, pero esa alternativa perdió fuerza ante la postura del tribunal de no involucrarse en una controversia que considera propia de la dirigencia política. Se acordó impulsar el tema desde el PJ bonaerense que preside Kicillof, así como también en el territorio a partir de los PJ locales.

Así, una de las conclusiones básicas fue que el tratamiento deberá pasar por la Legislatura bonaerense. El desafío para el gobernador será construir una mayoría que hoy no tiene garantizada en ninguna de las dos cámaras. Además, se planteó la defensa de las PASO no solo en el orden nacional sino también para definir candidaturas por la sucesión a la gobernación bonaerense.

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Reelecciones

La normativa vigente establece que los intendentes solo pueden acceder a una reelección consecutiva. Tras dos mandatos, deben dejar el cargo y no pueden presentarse de manera inmediata para un tercer período. La discusión también abarca a legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

La iniciativa que promueve el sector de Kicillof busca eliminar esa restricción. El proyecto fue presentado por la senadora provincial Ayelén Durán, integrante del espacio del gobernador, pero aún no avanzó hacia una instancia de tratamiento en el recinto.

La Ley 14.836 fue sancionada en 2016, durante la administración de María Eugenia Vidal, y fijó el límite para los cargos electivos bonaerenses. Su vigencia podría dejar sin posibilidad de competir en 2027 a 81 intendentes. De ese total, 52 pertenecen al peronismo y 28 están alineados con el Movimiento Derecho al Futuro.

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Esa distribución explica por qué el reclamo tiene peso dentro del armado del gobernador. Varios de los intendentes que respaldan a Kicillof dependen de una modificación legislativa para sostener sus candidaturas locales en la próxima elección provincial. Pero también afecta a una posible candidatura nacional de Kicillof. De darse, el gobernador se apoyará fuertemente en la tracción que haga la provincia de Buenos Aires en una elección nacional.

El encuentro fue en La Plata

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había reiterado en la previa del encuentro la posición del Ejecutivo. Sostuvo que el límite no surge de la Constitución de la provincia y cuestionó que una ley impida a los votantes elegir a determinados candidatos.

Bianco planteó que la limitación resulta proscriptiva porque restringe la posibilidad de que los vecinos definan en las urnas si un intendente debe continuar o no al frente de su distrito. El funcionario hizo esas declaraciones durante una jornada sobre justicia electoral realizada en La Plata, de la que participó la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan.

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Los intendentes reconocen que la decisión política del gobernador no alcanza para garantizar la aprobación de la reforma. Fuerza Patria tiene quórum propio en el Senado bonaerense, pero Kicillof no dispone de una mayoría automática que responda a su conducción. En Diputados, el escenario es todavía más fragmentado y exige acuerdos con distintos sectores internos y externos al oficialismo.

La reforma dependerá de una negociación con el kirchnerismo, el Frente Renovador que conduce Sergio Massa y bloques de la oposición. La Libertad Avanza y el PRO mantienen posiciones contrarias a restituir las reelecciones indefinidas, mientras que dentro de la Unión Cívica Radical hay matices entre los dirigentes legislativos y los intendentes.

En el kirchnerismo, el planteo es que la conversación no se limite a los mandatos municipales. La línea que transmitió Máximo Kirchner a los negociadores legislativos de ese sector apunta a incorporar otros asuntos de la agenda institucional bonaerense.

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Entre ellos aparecen la cobertura de las cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia provincial, la definición del cronograma electoral de 2027 y el tratamiento de iniciativas propias, como un proyecto de regulación integral de las apuestas online. El jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, es uno de los interlocutores centrales en esas conversaciones.

Un dirigente que participó del encuentro aclaró, sin embargo, que “la guerra no es ni contra Máximo ni contra Cristina; tenemos que cagarnos a palos todos los días con Milei y convencernos de que vamos a ganar, porque vamos a ganar”.

Máximo Kirchner, Andrés Larroque y Axel Kicillof durante un acto en marzo del 2023

Otra discusión que sobrevoló la charla fue la forma en que se organizarán los próximos comicios. El gobierno bonaerense mantiene su respaldo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, mientras analiza la posibilidad de elecciones concurrentes: votar el mismo día para cargos nacionales y provinciales, aunque con sistemas distintos. Una idea que se sostiene mientras sigan vigentes las PASO en Nación.

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En ese escenario, que está sujeto a modificaciones, la provincia debería combinar la Boleta Única de Papel para las categorías nacionales con el mecanismo que defina para las candidaturas bonaerenses. Kicillof conserva la potestad constitucional de establecer las fechas electorales en el distrito, aunque cualquier definición quedará atravesada por las negociaciones internas del peronismo.

El encuentro con los intendentes excedió el debate sobre las reelecciones. Kicillof repasó los escenarios políticos de corto y mediano plazo y pidió fortalecer la organización territorial del Movimiento Derecho al Futuro, un espacio que reúne a intendentes, ministros, legisladores, sindicatos y dirigentes sociales cercanos a su conducción.

Los jefes comunales llegaron con la necesidad de conocer cuál será la estrategia del gobernador frente a la interna del peronismo y cómo se articulará el vínculo con los sectores de Cristina Kirchner y Massa. En las últimas semanas, el acercamiento entre el kirchnerismo y el Frente Renovador volvió a ganar visibilidad en actos y conversaciones legislativas.

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El Movimiento Derecho al Futuro busca sostener una estructura propia dentro del peronismo, con presencia en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Los intendentes constituyen una pieza central de ese esquema por su capacidad territorial, sus recursos de gestión y su incidencia en la definición de listas.

Sergio Massa y Cristina Kirchner

De hecho, en la reunión se resaltó la construcción del MDF en cada distrito y el crecimiento en todo el país. “Nada de esto ocurrió espontáneamente ni por casualidad, es el resultado del trabajo político que venimos haciendo entre todos” resaltó Kicillof y destacó el rol fundamental de la mesa de intendentes bonaerenses: “son la columna vertebral de este movimiento”, dijo.

Coincidieron en señalar que se tiene por delante una tarea fundamental: ganarle a Milei, porque 4 años más de este modelo de exclusión, desempleo, salarios bajos y desindustrialización serían terribles para los argentinos.

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“Tenemos que entender la responsabilidad histórica que nos toca”, destacaron los presentes.

La reunión también incluyó referencias a la agenda de gestión. Según reconstruyó Infobae, Kicillof hizo mención al proyecto del Presupuesto 2027. Ese debate puede abrir una nueva etapa de conversaciones con los bloques opositores y con los demás sectores que integran Fuerza Patria.

Para los intendentes, la definición sobre las reelecciones sigue siendo el punto más urgente. Si la ley no cambia antes de la inscripción de candidaturas de 2027, los dirigentes alcanzados por la restricción deberán dejar sus municipios o buscar otros cargos electivos. Kicillof busca llevar esa discusión a la mesa política. De máxima, la expectativa es que la Legislatura resuelva el tema antes del cierre del año.

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