POLITICA
Fentanilo mortal: las novedades de la causa, las pruebas que complican a las ex funcionarias de ANMAT e INAME y una nueva declaración indagatoria clave
Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) e imputada en la causa por el fentanilo contaminado que causó la muerte de al menos 90 pacientes, ampliará su declaración indagatoria el próximo lunes ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. También estará presente la fiscal que impulsa la investigación, María Laura Roteta.
La ex funcionaria volverá a responder por su actuación al frente del organismo de control en el período en que los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. produjeron y comercializaron los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo contaminados con las bacterias klebsiella pneumoniae y ralstonia mannitolifytica. La distribución de esas ampollas a hospitales y clínicas de todo el país derivó en muertes y lesiones graves que la Justicia federal investiga como la mayor tragedia sanitaria registrada en la Argentina.
El dictamen firmado Roteta y el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), propone encuadrar la conducta de Mantecón Fumado en el artículo 201 bis del Código Penal —adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte— respecto del lote 31.202, y en el artículo 200 —adulteración peligrosa para la salud— respecto del lote 31.244, en concurso real. La fiscalía también dejó abierta la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal, que prevé el homicidio agravado.
Por los mismos presuntos delitos es investigada quien fuera su superiora directa: Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de la ANMAT quien amplio su declaración indagatoria la semana pasada.
El aviso previo a la inspección: los chats que exponen al INAME
Uno de los hallazgos más graves del dictamen fiscal es que personal del propio INAME alertó a los laboratorios antes de las inspecciones, lo que les permitió tomar medidas para disimular irregularidades. El episodio más documentado ocurrió el 27 de noviembre de 2024, en la víspera de la inspección no programada en Laboratorios Ramallo. En el teléfono de Ana Laura Canil, directora del área de Fiscalización, los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, un organismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, allaron la siguiente conversación con Javier Tchukran (procesado y con prisión domiciliaria), director de HLB Pharma:
Javier: “Ana Laura como estás? Me comentó Antonio que mañana van a ir a Ramallo, ¿tenés idea el motivo? Un abrazo grande. Soy Javier Tchukran el director de HLB».
Ana: “Hola Javier, sí, es una inspección que deviene de reportes de productos. Saludos.”
La fiscalía señala que esa advertencia permitió al personal del laboratorio trabajar hasta altas horas de la madrugada para intentar subsanar los incumplimientos más visibles. Pese a ese maquillaje de último momento, los inspectores encontraron de todas formas deficiencias críticas, lo que para el dictamen revela el estado real en que se encontraba el establecimiento antes del aviso.
El patrón se repitió en mayo de 2025, cuando la causa penal ya estaba abierta. Un mensaje en un grupo de WhatsApp integrado por el director técnico Antonio Maiorano (procesado y detenido) y empleadas de HLB, fechado el 11 de mayo de 2025, reproduce una advertencia que Ariel García (propietario, procesado y detenido) habría recibido: “Me acaba de avisar Ariel que mañana cae inspección, no se tiene que presentar nadie por esta semana porque está cerrado el laboratorio.” Para la fiscalía, ese aviso habría facilitado la destrucción de evidencias en la planta de HLB, simulada luego como un episodio de vandalismo.
Las irregularidades que el INAME detectó y no frenó
La inspección realizada entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo —con presencia física de los inspectores solo el primer día— arrojó un cuadro de incumplimientos que el acta clasificó como críticos y mayores. El fentanilo contaminado fue fabricado en ese mismo establecimiento entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025, es decir, inmediatamente después de que los inspectores se retiraran. El dictamen fiscal enumera las fallas detectadas, ninguna de las cuales derivó en medidas inmediatas por parte de Mantecon Fumadó:
- Producción en áreas sin habilitación vigente. El laboratorio elaboraba medicamentos inyectables en sectores no autorizados por ANMAT.
- Uso de envases no aprobados. Los productos se fabricaban en ampollas plásticas distintas a las autorizadas por el ente regulador, sin aprobación previa.
- Fallas en el sistema de esterilización. Los inspectores no pudieron verificar la correcta ejecución del ciclo de esterilización, lo que comprometía directamente la garantía de esterilidad del producto terminado.
- Ausencia de un sistema formal de control de cambios. El laboratorio carecía del registro que permite rastrear cualquier modificación en los procesos productivos.
- Documentación incompleta y no correlativa. Los registros de lotes presentaban numeración irregular, investigaciones contradictorias sin resolución y el uso de un cuaderno informal sin referencia a procedimientos oficiales.
- Sin programa de producción formal. La inexistencia de planificación documentada impedía verificar la secuencia de fabricación y prevenir la contaminación cruzada.
- Recursos humanos deficientes. Se detectaron fallas en la gestión del personal vinculado a la producción de medicamentos estériles.
- Medicamentos fabricados sin rótulos ni prospectos aprobados. El laboratorio producía propofol y diazepam sin contar con la documentación reglamentaria exigida por ANMAT.
- Historial de retiros de mercado ignorados. Desde 2021, el INAME acumulaba expedientes por desvíos de calidad en productos de HLB —partículas en suspensión, hongos en envases, cambios de coloración, falta de eficacia— que el laboratorio no había resuelto.
El acta de inspección concluyó que Ramallo no podría utilizar sus áreas de elaboración hasta obtener un informe favorable del INAME. La propia fiscalía subraya que las inspectoras aclararon que el documento no pretendía ser un listado exhaustivo de todas las irregularidades, sino una evaluación de conformidad con la regulación vigente.
A pesar de ese cuadro, Mantecon Fumadó no firmó la carta de advertencia que sus propios técnicos le elevaron el 3 de enero de 2025 sino 38 días después, el 10 de febrero. La norma aplicable —Disposición ANMAT 1340/2020— establecía un plazo de dos días para expedirse. Mientras tanto, entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025, Laboratorios Ramallo fabricó los lotes 31.202 y 31.244 del fentanilo contaminado con las dos bacterias multiresistentes a los antibióticos.
El eje de la acusación es una cadena de omisiones que, según la fiscalía, permitió que los laboratorios siguieran operando pese a las advertencias reiteradas de los propios técnicos del organismo.
El 8 de enero de 2025, técnicos del INAME elevaron a Mantecón Fumado un segundo instrumento: una carta de advertencia para prohibir la comercialización de todos los productos de la marca HLB. Esa carta nunca fue firmada. El 12 de mayo de 2025, el mismo día en que ANMAT realizó la denuncia penal por las muertes reportadas en el Hospital Italiano de La Plata, Mantecón Fumado devolvió el expediente a la directora de fiscalización solicitando una inspección previa.
La fiscalía calculó que si la carta de comercialización se hubiera firmado en los 23 días que transcurrieron entre su elevación y la primera entrega del lote contaminado a droguerías —el 31 de enero de 2025—, ninguna muerte se habría producido. Las masivas aplicaciones del fentanilo contaminado a pacientes se iniciaron en febrero de 2025.
Uno de los episodios más señalados por la acusación es la reunión del 14 de enero de 2025 en las oficinas de ANMAT, donde Mantecón Fumado y la entonces administradora nacional Nélida Agustina Bisio se encontraron con directivos de HLB y Ramallo —entre ellos Ariel García, Javier Tchukran y Victoria García—. Según la fiscalía, en ese encuentro las funcionarias acordaron no firmar la carta de advertencia y se comprometieron a ayudar a los laboratorios a obtener rótulos y prospectos de medicamentos que fabricaban sin autorización del ente regulador.
Un chat recuperado por peritos del día siguiente confirma que representantes del laboratorio salieron de la reunión con esa impresión: “Estuvimos hablando con ella de los prospectos y los rótulos, que no tenemos, que no podemos conseguir, que no figuran en Anmat, ella va a intentar por otro lado también conseguirnos. Re bien predispuestas ambas, las dos.”
La investigación también determinó que el 14 de julio de 2025, cuando la causa penal ya estaba en curso, Mantecon Fumadó eliminó todos los chats de WhatsApp de su teléfono celular. Intentó recuperarlos con un especialista en informática, sin éxito, según el dictamen pericial incorporado al legajo.
Otro dato que la fiscalía pone de relieve es una conversación del 6 de marzo de 2025 hallada en el teléfono de Bisio, en la que Mantecon Fumadó le avisó que personal de los laboratorios iría ese día al INAME. La respuesta de Bisio fue: “Que sea discreto la retirada a sus casas.” La reunión no tiene registro formal en el organismo.
El 16 de mayo de 2025, cuatro días después de iniciada la causa penal, un chat extraído del teléfono de Maiorano muestra que Tchukran le informó haber hablado ese día con Mantecon Fumadó en la ANMAT sobre el estado de los ensayos del fentanilo: “Hoy hablé con Mantecón fui al ANMAT y no les está creciendo nada”, según consta en el informe técnico elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Bisio apuntó contra Mantecón
En su ampliación de indagatoria Nélida Agustina Bisio, apuntó para defenderse contra Mantecon Fumadó, su subordinada y co-imputada. Dijo que era la responsable de las decisiones que la fiscalía investiga, y planteó que la ex titular del INAME pudo haberla usado deliberadamente para distribuir responsabilidades que eran exclusivamente de ella.
Bisio describió que fue Mantecon Fumadó quien la convocó a la reunión del 14 de enero de 2025 con directivos de HLB Pharma Group en la sede de ANMAT, con apenas dos días de anticipación y sin precisarle con quiénes sería ni la totalidad de los temas a tratar. Según su versión, Mantecon Fumadó le dijo únicamente que “solicitaba mi presencia porque son personas complicadas y para que se mantuviera el orden”. Bisio declaró que en ese encuentro “me mantuve callada, no habiendo nunca emitido opinión”, mientras la entonces titular del INAME y los representantes de HLB protagonizaban un intercambio que describió como “acalorado”, con la directora del INAME defendiendo la tarea de los inspectores y los empresarios reclamando “efusivamente” que nunca les aprobaban los trámites.
La reunión no figuró en la planilla oficial de audiencias de ANMAT. Bisio explicó que eso se debió a que fue convocada internamente por Mantecon Fumadó, quien también la organizó con los representantes del laboratorio.
El episodio que más tensión genera en el relato de Bisio es la firma de la carta de advertencia de Laboratorios Ramallo del 10 de febrero de 2025. Ese documento lleva la rúbrica de ambas funcionarias, pese a que la normativa vigente —Disposición ANMAT 1340/2020— solo exige la firma de la directora del INAME. Bisio explicó por qué accedió a suscribirla: “Por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona.” Y luego añadió la siguiente reflexión: “Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir.”
Sobre la demora en la firma de esa misma carta —que tardó 38 días cuando la norma fija un plazo de dos días—, Bisio declaró que Mantecón le explicaba en las reuniones que “había que hacer un proceso de inspección y de evaluación para llegar a la carta. Que no se podía inhibir con los solos antecedentes.” Según su relato, ella esperó el documento y cuando Mantecon Fumadó se lo remitió, lo firmó en menos de dos horas.
Bisio también describió el contexto institucional que, a su juicio, explica las demoras: el ministro de Salud, Mario Lugones le reclamaba a Mantecon Fumadó que actuara, y la respuesta de la directora del INAME era siempre la misma: “No tengo gente, no tengo inspectores”. Bisio confirmó que la planta de inspectores se redujo de 30 a 8 durante su gestión, en parte por los sueldos bajos y en parte por los recortes de personal exigidos desde el Ministerio de Salud.
Sobre el período previo a la inspección de noviembre de 2024 en Laboratorios Ramallo, Bisio declaró que la situación de ese laboratorio nunca le fue transmitida: “No, a mí no me la transmitieron; supongo que se hablaría intra INAME porque por alguna inconsistencia llegaron a la inspección. Esto me lo imagino yo.” Con esa respuesta, atribuyó a Gabriela Mantecon Fumadó—como titular del INAME— el conocimiento previo de los problemas de los laboratorios, y se desmarcó de cualquier responsabilidad anterior a la inspección.
Casualidad o no, después de esas aseveraciones la defensa de la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos solicitó ampliar su indagatoria. Después de ese acto procesal, la defensa por excelencia de los imputados, el juez Kreplak deberá resolver la situación procesal de las dos ex funcionarias. Las profesionales fueron detenidas el 1 de agosto pasado. Quedaron en libertad tras depositar una fianza de 75 millones de pesos cada una y con la prohibición de salir del país como condición impuesta por el juzgado.
POLITICA
Constitucionalistas critican el giro de la Corte por la ley de tierras y hablan de “arbitrariedad”
Luego de que la Corte Suprema restableciera los límites a la venta de tierras a extranjeros a través de una medida cautelar interina, constitucionalistas consultados por cuestionaron el giro del máximo tribunal y los fundamentos de la decisión.
Los expertos criticaron la medida -algunos la calificaron como “arbitraria” y otros le atribuyeron motivaciones políticas-; en cambio, destacaron la postura del juez Carlos Rosenkrantz.
El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó, invocando un motivo procesal, la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei. Ese artículo derogaba la ley de tierras, por lo que con el fallo quedaron eliminados los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.
La decisión generó críticas, protestas y una avanzada opositora en el Congreso para impulsar el rechazo de todo el DNU. Los movimientos de los bloques críticos en la Cámara de Diputados habían arrinconado al oficialismo.
Este nuevo fallo de la Corte ayuda al Gobierno, que necesitaba desactivar un eventual rechazo al DNU 70.
La resolución de hoy fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
Frente a este escenario, el constitucionalista Alejandro Carrió planteó: “No parece que la próxima sesión de la Cámara de Diputados pueda ser una razón atendible [como un motivo de urgencia para dictar la cautelar interina] aún cuando, por supuesto, no ha sido ese el fundamento del voto mayoritario”.
El abogado expresó que el voto en disidencia de Rosenkrantz le resultó “más consistente” que el de la mayoría: “No alcanza con hablar genéricamente de un peligro ambiental si no se entiende en qué consiste. [Rosenkrantz] dice que el hecho de que la tierra esté en manos extranjeras no la convierte en dañina para el medio ambiente”.
En el mismo sentido, con ironía, el constitucionalista Osvaldo Pérez Sammartino escribió: “El extranjero, como se sabe, es proclive a dañar el ambiente, mientras que el ciudadano argentino es esencialmente ecologista”.
Es que la definición de la Corte se tomó en respuesta a un planteo de una asociación ambientalista, dos grupos indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que pidieron que la Corte aclarara si el fallo de la semana pasada implicaba también un rechazo a un amparo que tenían presentado ellos contra la ley de tierras, que alegan “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas”.
Al margen de este argumento, fueron varios los constitucionalistas que destacaron los fundamentos de Rosenkrantz. Coincidieron en que la Corte intervino originariamente en un asunto sin que antes se haya pronunciado la instancia anterior y en que el demandante no cuenta con legitimación activa para un expediente de estas características.
Félix Lonigro afirmó que “la Corte está haciendo política”. En concreto, el tribunal devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta tanto el juzgado de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de todos los que promovieron este caso y examine su pedido de medida cautelar.
“¿Qué es esto? Política –sostuvo Lonigro–. La Corte, normalmente, no debería haber hecho esto. Debería haber dicho: ‘No intervengo todavía. Que intervenga el juzgado de Bariloche’, y no hacer nada. Pero, como fueron tantas las críticas porque había dejado desamparada la ley de tierras, entonces ahora muñequea un poco y suspende este [artículo del] decreto 70”.
Consultado por , Daniel Sabsay evaluó que “no es bueno que la Corte vaya y venga sobre el mismo tema en poco tiempo”.
Entretanto, Juan Vicente Sola indicó que “el efecto [del nuevo fallo] es, de alguna manera, suavizar el debate político actual que ha tomado un carácter extremo y en esto trata de postergar un tema que considero inevitable de decidir”.
Lorena Gonzalez Tocci, profesora de Derecho Constitucional (UBA y San Andrés), sostuvo que “el impacto que generó la sentencia del 29 de septiembre es innegable, y de alguna manera esperable” por los alcances de esa sentencia, por su “timing” y “sobre todo por el tsunami que generó el dictado del (inconstitucional) decreto 70/23 que sigue esquivando tanto el control legislativo como el judicial”.
Sin embargo -advirtió-, las “reacciones y sensaciones” que generó “no pueden guiar ni mucho menos condicionar el resultado de las decisiones judiciales”, que deben “apoyarse en fundamentos sólidos y en razones públicas, no en modulaciones personales de los jueces que, ante cualquier presión o descontento por el impacto de una decisión, adaptan y desarman las reglas del juego”.
Tocci destacó, en cambio, la disidencia de Rosenkrantz. Dijo que no olvidó que una regla básica para llevar un caso a los tribunales es la acreditación de una “legitimación adecuada”, pero que además recordó que para poder dictar una cautelar, “medida excepcionalísima”, se requiere la “acreditación -aunque sea mínima- del peligro ambiental grave e irreversible”; algo que, según Tocci, no quedó acreditado en las presentaciones de Árbol de Pie.
En la misma línea, Sebastián Guidi, doctor en Derecho por la Universidad Yale y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Di Tella, afirmó que “queda la apariencia de que ni una ni otra decisión [la sentencia de la semana pasada y la nueva] fueron motivadas únicamente en el derecho”. Guidi dijo: “Las decisiones impopulares van y vienen, lo que verdaderamente daña a la Corte es que se perciba que se maneja con arbitrariedad en general. Y lo de hoy no ayudó”.
Mientras, Andrés Gil Domínguez planteó, en clave política, que “es un fallo que favorece al Gobierno porque mantiene la vigencia del decreto” al “debilitar el planteo de la oposición y darle argumentos a los aliados para que no apoyen el rechazo [en el Congreso]”. Y agregó: “El trámite excepcional utilizado por la Corte Suprema y este fallo demuestran que la anterior sentencia fue arbitraria”.
Diego Armesto también posó la mirada en el Poder Legislativo: “Pasa por allí el tema. [La Corte] está dando un plazo para que se utilicen las herramientas institucionales para que se dé una solución definitiva a este entuerto que se ha planteado en torno a la ley de tierras”. Es decir, desde su perspectiva, le brindó un “margen” a los legisladores nacionales para que consensúen una nueva ley de tierras que “sobrepase” el artículo 154 del DNU 70 y eche por tierra la posibilidad de que haya nuevos giros en el asunto.
Por último, Magalí Miranda, profesora de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, apuntó que hay ciertos “problemas institucionales que subyacen al fallo”. Entre ellos, mencionó la “falta de integración de la Corte”, compuesta hoy por tres miembros, que derivó en la convocatoria de los conjueces, y “la necesidad de que el Congreso ejerza un verdadero control sobre los DNU” y discuta la reforma de la ley que regula este tipo de decretos.
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POLITICA
Argentina e Israel firmaron un memorándum de cooperación en defensa: qué implica y qué armamento podría incorporar el país
Argentina e Israel profundizaron su cooperación en defensa con la firma de un nuevo memorándum de entendimiento, días después de la llegada de los primeros fusiles de asalto ARAD para las Fuerzas Armadas. El acuerdo se suma a una agenda que incluye la modernización del equipamiento militar y posibles adquisiciones de artillería autopropulsada y drones.
Durante una columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó el alcance del acercamiento bilateral, repasó las versiones sobre futuras compras y se refirió a la licitación para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia.
El documento fue firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Presti, y la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef. También participó el coronel Amit Guy, agregado de Defensa israelí en el país.
“Esto es una cosa que se viene ya negociando hace varios meses y que tiene ya algunos resultados que se han visto en estos días y otros que se espera que puedan venir”, señaló Serbin Pont.
El acuerdo con Israel y la llegada de los fusiles ARAD
El memorándum se inscribe en una relación que tuvo otro antecedente en 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, visitó Israel. La agenda de aquella etapa incluyó ciberdefensa, drones, protección de fronteras, comunicaciones satelitales y provisión de armamento.
Uno de los resultados concretos del acercamiento fue la incorporación inicial de 250 fusiles ARAD, fabricados por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI). El nuevo armamento está destinado a reemplazar progresivamente al FAL, utilizado por el Ejército argentino durante décadas.
“Se han convertido en el reemplazo del mítico fusil FAL del Ejército argentino después de 66 años de servicio”, afirmó el analista.
La partida incluye dos variantes: el ARAD 7, de calibre 7,62 × 51 milímetros, destinado principalmente al Ejército, y el ARAD 5, de calibre 5,56 × 45 milímetros, previsto también para la Armada y la Fuerza Aérea. La provisión contempla accesorios y equipamiento complementario.
El contrato tiene un tope de USD 12 millones. Según las estimaciones mencionadas durante el programa, cada fusil cuesta alrededor de USD 1.000, aunque el valor total depende de los componentes incluidos. Serbin Pont remarcó que se trata de una entrega inicial limitada, dentro de un proceso de incorporación que podría continuar con nuevos lotes.
Artillería y drones: los sistemas israelíes que podría incorporar la Argentina
La firma del memorándum volvió a poner el foco en las posibilidades de cooperación militar entre la Argentina e Israel. Entre las versiones sobre eventuales adquisiciones aparecen sistemas de artillería autopropulsada y drones de vigilancia, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre contratos para incorporar ese equipamiento.
Andrei Serbin Pont mencionó dos alternativas que podrían responder a necesidades de modernización de las Fuerzas Armadas: los sistemas de artillería Atmos y los vehículos aéreos no tripulados de la familia Hermes. No obstante, aclaró que se trata de trascendidos y que no puede darse por hecho que las operaciones estén en marcha.
Una de las posibilidades es el Atmos, un sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas de 155 milímetros. Su eventual incorporación permitiría reforzar la movilidad y la capacidad de apoyo de fuego del Ejército, en un contexto de renovación de medios terrestres y de incorporación de vehículos blindados Stryker.
Según las estimaciones mencionadas por Serbin Pont, cada sistema podría costar entre USD 6 millones y USD 7 millones, aunque el monto dependería del equipamiento, las municiones y los servicios incluidos en una eventual contratación.
Otra de las alternativas que mencionó el analista es la incorporación de drones militares de media altitud y larga autonomía, conocidos como MALE. Dentro de la oferta israelí se encuentran los modelos Hermes 450, 600 y 900, plataformas que podrían ampliar las capacidades argentinas de vigilancia y reconocimiento.
Serbin Pont estimó que cada aeronave podría rondar los USD 10 millones, sin contemplar necesariamente el costo total de su puesta en servicio. Un programa de estas características también requeriría estaciones de control, capacitación, mantenimiento y soporte logístico.
El analista consideró que la incorporación de drones podría resultar especialmente relevante para las tres fuerzas, tanto para la vigilancia marítima como para el control de las fronteras y el apoyo a las operaciones militares.
Por ahora, tanto el Atmos como los Hermes deben considerarse posibles alternativas de adquisición y no compras confirmadas. El memorándum establece un marco de cooperación entre ambos países, pero su firma no implica, por sí sola, que esos sistemas hayan sido seleccionados o contratados.
Ushuaia: licitación para construir el muelle de la base naval
En paralelo con la agenda de cooperación internacional, la Argentina avanzó en otro proyecto de infraestructura militar. La licitación para construir el muelle de la Base Naval Integrada de Ushuaia quedó formalizada mediante la Resolución 704/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La obra tiene un presupuesto oficial de $189.321 millones, equivalente a unos USD 120 millones según la estimación mencionada por Serbin Pont. El procedimiento se tramitará a través de la plataforma Contratar y contempla la construcción del muelle.
La iniciativa integra un proyecto de mayor alcance para desarrollar infraestructura naval en Tierra del Fuego. “El plan íntegro para la base es 700 palos y es a largo plazo”, explicó el analista.
Para Serbin Pont, la construcción del muelle constituye una de las prioridades inmediatas. “Que el muelle avance creo que es probablemente lo más importante en este momento”, afirmó.
La adjudicación y el inicio de los trabajos permitirán determinar el avance efectivo de una obra estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.
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POLITICA
Katopodis se postuló como sucesor de Kicillof en la provincia de Buenos Aires: “Quiero darle continuidad a lo que hizo Axel”
La pulseada en el oficialismo bonaerense para decidir quién se convierte en el sucesor del gobernador Axel Kicillof sumó en las últimas horas un nuevo capítulo a raíz de las intenciones del ministro de Infraestrcutura, Gabriel Katopodis, de anotarse en la carrera por la sucesión.
“Quiero darle continuidad a los que hizo Axel en estos años”, expresó este viernes Katopodis y manifestó que se siente con la confianza necesaria para “encarar todos los cambios” que se requieren en la provincia.
Al respecto, el funcionario manifestó: “Me gustaría conducir los destinos de esta provincia. Me tocó estar en San Martín, en el Gobierno nacional y ahora me toca en la provincia. Pude gobernar y gestionar los tres niveles del Estado, y la verdad, que me siento con la confianza suficiente como para encarar todos los cambios, pero también de darle continuidad a todo lo que Axel viene haciendo en todos estos años”, dijo en diálogo con Radio Brisas.
A su vez, criticó al gobierno de Javier Milei y afirmó que la prioridad es que cambie el modelo nacional tras las elecciones presidenciales de 2027.
“Nuestra prioridad es que podamos poner a la Argentina en otra dirección, estamos convencidos de que el rumbo en el que está es equivocado”, indicó.
Consultado nuevamente sobre su decisión de pelear por la gobernación bonaerense, señaló que se postulará solamente si es elegido por la sociedad y consideró fundamental que a los candidatos del peronismo los elija “la gente”, en referencia a las PASO.
“No tiene que ser una decisión de cuatro dirigentes, porque hay muy buenos candidatos. Debería haber una PASO. Hay muy buenos candidatos, intendentes y dirigentes de distinto perfil. [Tenemos que ir] todos a la cancha y que la gente decida quién en está en mejores condiciones de representar”, aseveró.
En ese marco, señaló que debe ocurrir lo mismo a nivel nacional, aunque resaltó que Kicillof es el que “mejor está preparado para encarnar, encabezar, liderar y convocar a un gran frente para cambiar y torcer el rumbo”. “La mayoría no quiere cuatro años más como éstos”, agregó.
Si bien es uno de los primeros que confirma su candidatura, entre los nombres que podrían competir con Katopodis dentro del peronismo suenan el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak.
Del lado de La Cámpora, en tanto, una de las posibles competidoras es Mayra Mendoza, mientras que en el peronismo federal le apuntan a Victoria Tolosa Paz y al intendente de Pilar, Federico Achával, entre otros nombres que suenan.
El regreso de Montenegro
En otro fragmento de la entrevista con la mencionada radio marplatense, Katopodis hizo mención al regreso de Guillermo Montenegro a la intendencia de General Pueyrredón.
El funcionario indicó que la relación del gobierno bonaerense con el intendente identificado con Pro -aunque compitió con el sello de La Libertad Avanza (LLA) a senador provincial en las últimas elecciones- es de “diálogo”.
Además, respondió sobre el cruce entre Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, y Agustín Neme, quien reemplazó a Montenegro durante su licencia.
Bianco había cuestionado la gestión de Neme por el aumento de la inseguridad y dijo que Mar del Plata se hallaba “virtualmente acéfala” y que Neme no respondía los mensajes.
El ahora exjefe comunal le contestó que era una “falta de respeto” decir que una ciudad con más de 700 mil habitantes se encontraba en ese estado solo porque un intendente no había respondido un mensaje.
“Es parte de los roces, pero me consta que Bianco, y por decisión del gobernador por supuesto, está todo el tiempo dispuesto, buscando el diálogo y convocando a mesas de trabajo”, manifestó Katopodis en tono conciliador.
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