POLITICA
Fernando Iglesias fue designado como embajador en Luxemburgo
El Gobierno oficializó la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gran Ducado de Luxemburgo, según el decreto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.
El nuevo representante diplomático asumirá la función sin dejar sus actuales cargos como Embajador de la República ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, conforme aclararon mediante el decreto 268/2026.
De acuerdo con lo dispuesto, la designación se concreta luego de que Luxemburgo concediera el plácet de estilo.
Fernando Iglesias ya cumplía funciones como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea. Luego de varios meses con la representación diplomática vacante en la capital belga, la medida fue adoptada a fines de marzo, después de la aprobación de su pliego en el Senado de la Nación y responde a la decisión de Javier Milei y Pablo Quirno de unificar las embajadas que hasta ese momento operaban de forma paralela en Bruselas.
El Poder Ejecutivo puntualizó que la unificación de sedes diplomáticas, formalizada semanas antes mediante el Decreto 94/2026, tiene como fin “racionalizar el gasto público” y ordenar una estructura más austera y eficiente, ajustada a la promesa gubernamental de mantener el equilibrio fiscal. Esta decisión implica que la sede ante Bélgica absorberá también las funciones de representación frente al bloque europeo.
Según argumentaron en sus nombramientos anteriores, el ex diputado cuenta con experiencia en materia de relaciones internacionales, elementos decisivos para seleccionar su postulación. Iglesias ya había acompañado a Javier Milei en giras oficiales al exterior y había mantenido encuentros en Buenos Aires con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman, lo que habría facilitado la continuidad y fluidez de la comunicación bilateral.
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La confirmación de Iglesias como embajador se produjo después de que el primer pliego fuera aprobado en “comisión” y refrendado por el Senado el 26 de febrero de 2026, en una sesión que también votó el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea.
La Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagoto de La Libertad Avanza, analizó su postulación en un contexto de objeciones del kirchnerismo, representado por Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, quienes participaron en la discusión a pesar de no integrar formalmente la comisión.
Durante la instancia, se plantearon cuestionamientos públicos y anticipos de votos negativos a la designación. Di Tullio, en particular, mencionó la existencia de una denuncia penal contra el ahora embajador. Iglesias reconoció la causa, pero afirmó: “Esto es una campaña de difamación abierta al diputado Tailhade. La causa está durmiendo hace dos años y medio. Extraño cuando se hacían bien las operaciones”.
A pesar de estas objeciones, el oficialismo logró impulsar el dictamen favorable para la designación del embajador Fernando Iglesias como único representante nacional de las embajadas. El Senado avaló la postulación de Iglesias, ratificando la decisión que ya se había anticipado con su nombramiento “en comisión”.
En esa misma sesión, sancionaron el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que entrará en vigencia de forma previsional a partir del 1° de mayo. Desde esta fecha, comenzará a aplicarse entre los 27 países de la UE y tres de los cuatro países del Mercosur. Por lo menos hasta ahora, porque Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han ratificado y han enviado la comunicación al bloque del Viejo Continente y solo falta que Paraguay, que ha ratificado recientemente el acuerdo, envíe su notificación.
La noticia se conoció tras un comunicado publicado en la red social X en la cuenta del canciller Pablo Quirno, quien señaló que “la Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo”. Luego hizo referencia a que la “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”; y que esto configura un “paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”. El canciller firma su posteo con TMAP (todo marcha de acuerdo al plan) y la bandera de la Argentina.
POLITICA
El fuerte cruce entre el Gobierno y el intendente de Río Grande por la Base Naval de Tierra de Fuego
La inclusión de los fondos destinados a la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego desató un duro enfrentamiento entre el Gobierno y el intendente fuegino de Río Grande, Martín Pérez, luego de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 ante el Congreso.
El cruce tuvo lugar después de qye el jefe comunal cuestionara la supuesta ausencia de una partida específica para esa obra estratégica anunciada por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional sobre la causa Malvinas.
“La Base Naval Ushuaia que usted anunció por cadena nacional no aparece con partida propia en el proyecto de Presupuesto para 2027. Desde su Gobierno dijeron textualmente que iba a ser ‘prioridad’. La Base es una prioridad estratégica y tiene que estar en el presupuesto con partidas asignadas. Anunciarse solo por TV está lejos de ser suficiente”, expresó el jefe comunal.
Y aprovechó para reclamar por la falta de nuevas obras nacionales para su municipio.
“Para Río Grande tampoco hay una obra nacional nueva prevista en el proyecto de presupuesto ni fondos para terminar las obras que su administración dejó paralizadas desde diciembre de 2023”, recriminó en la misma red social.
La respuesta del Gobierno
La réplica de la administración libertaria no se hizo esperar. Desde la Oficina de Respuesta Oficial rechazaron los cuestionamientos del intendente y aseguraron que los recursos para la construcción de la Base Naval Integrada sí están contemplados en el proyecto enviado al Congreso.
“La base naval integrada está en el presupuesto, intendente, aprenda a leer”, comenzó el mensaje de respesta difundido por la dependencia oficial.
Según la explicación brindada por el Gobierno, la obra no figura con una denominación propia dentro del articulado presupuestario porque será ejecutada por la Armada Argentina y, por lo tanto, los fondos están incorporados en la estructura presupuestaria correspondiente a esa fuerza.
“El Intendente de Río Grande abrió el proyecto de Presupuesto 2027, buscó un renglón con el nombre de la Base Naval y, como no lo encontró, armó una denuncia por Twitter atacando injustificadamente al Gobierno”, reprocharon desde la Oficina de Respuesta Oficial.
El Poder Ejecutivo señaló que “una obra que ejecuta la Armada se carga en el presupuesto de la Armada. Ahí está la inversión de la Base Naval Integrada de Ushuaia, con $330.000 millones previstos en el proyecto que entró ayer al Congreso”.
La respuesta oficial sostuvo que “la misma noche de la Cadena Nacional salió el Decreto 867/2026, que reforzó al Ministerio de Defensa con $200.000 millones para arrancar ya con obradores y muelle”.
Asimismo, remarcó que las licitaciones saldrán en octubre, noviembre y diciembre antes de que el nuevo Presupuesto empiece a correr. “En total serán $530.000 millones”, especificó.
“La Base tiene decreto firmado y plata asignada, y en octubre arranca su construcción”, ratificó el Gobierno.
La obra
La Base Naval Integrada estaría finalizada luego de un período de 30 a 36 meses de trabajo, que se realizará por etapas y contempla un muelle de 585 metros. Será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 que fueron comprados a Dinamarca.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos, que dará suministros para la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
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POLITICA
La UBA anunció más de 20 días de paro y una nueva marcha federal en reclamo por el financiamiento universitario
Luego del fracaso en la paritaria universitaria, los docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron más de 20 días de paro y la realización una nueva marcha federal en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.
“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, denunció el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci.
El cese de actividades se desarrollará de manera rotativa y comenzará el próximo lunes. La medida se extenderá hasta el jueves 22 del siguiente mes.
A su vez, el 15 de octubre se llevará a cabo la Quinta Marcha Federal Universitaria.
A diferencia de ediciones anteriores, donde se movilizó a Plaza de Mayo, el destino final de esta acción será el Palacio de Tribunales.
“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, afirmó Cagnacci.
La propuesta de la nueva marcha federal fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que convocó a movilizar “en defensa de la universidad pública argentina”.
“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, indicó el CIN.
En diálogo con , Cagnacci afirmó que “la oferta no cumple con la ley de Financiamiento Universitario”. “Se trata de una ley sancionada y en vigencia. En democracia hay que cumplir la ley, si no cumplimos tenemos una sanción”, afirmó.
Y sostuvo que “parece que el primero que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes, las incumple”, en sus críticas al Gobierno.
Cronograma de los paros
Del 21 al 25 de septiembre.
Del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Del 5 al 9 de octubre.
Del 12 al 16 de octubre.
Del 19 al 23 de octubre.
Fracaso de la paritaria
En la negociación paritaria que se desarrolló este jueves en el Palacio Pizzurno, el Gobierno propuso un aumento del 3% para septiembre y octubre, la misma oferta que había realizado en la última reunión, a inicios de mes.
En aquella ocasión, todos los gremios habrían rechazado el ofrecimiento al considerar que todavía restaba recomponer más de un 30% para alcanzar el nivel salarial de fines de 2023.
“Fue tal cual lo que se ofreció el 1° de septiembre, lo que quiere decir que en este cuarto intermedio el Gobierno no modificó la oferta. No hubo discusión, sino un monólogo, con tono autoritario, ofreciendo lo mismo que ya se había rechazado», señaló Cagnacci en conversación con este medio.
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POLITICA
No hubo acuerdo en la paritaria docente universitaria: habrá una nueva marcha y la UBA anunció un paro escalonado de 23 días
Tras la caída de la paritaria universitaria, los sindicatos definieron el jueves 15 de octubre como fecha de la quinta marcha federal educativa. A diferencia de las otras protestas, esta será frente al Palacio de Tribunales. La decisión llegó después de que el Gobierno y los gremios docentes volvieran a reunirse sin lograr un acuerdo.
El Ejecutivo mantuvo la oferta que ya había presentado en el encuentro anterior y ratificó que solo cumple con el aumento del 3% ordenado por la Justicia, mientras los sindicatos la rechazan y sostienen que todavía falta una recomposición de alrededor del 35% para alcanzar el nivel de diciembre de 2023.
Como antesala de la marcha, se resolvieron además un paro para este viernes y para el martes próximo, según supo TN de fuentes del sector. A esa medida se suma otro planteo de algunos gremios de la UBA, que impulsan un paro escalonado de 23 días como medida de fuerza adicional, en momentos en que la negociación paritaria sigue estancada.
“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, se pronunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.
Por su lado, los gremios de ADUBA y APUBA anunciaron en la Universidad de Buenos Aires una medida de fuerza escalonada de 23 días, que comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre, con cese de actividades rotativo por facultad y dependencia. “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, planteó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, quien adelantó que “saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”.
El fracaso de la paritaria
La reunión paritaria, que había comenzado el 1° de septiembre y se retomó este jueves, terminó sin nueva convocatoria y con los sindicatos enfocados en organizar la federal universitaria de octubre. La posición oficial se apoya en el acuerdo del 10 de junio, que el Gobierno toma como referencia de una recomposición del 35%, a la que suma el 3% ofrecido ahora, y argumenta que ya se cumplió con las actualizaciones salariales exigidas judicialmente.
Los gremios rechazan ese cálculo: sostienen que el planteo no pasa por fijar un porcentaje aislado, sino por aplicar el mecanismo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario, y calculan que todavía resta cerca de un 23% de recomposición para empatar con diciembre de 2023.
La discusión salarial universitaria corre además por un carril distinto al del debate del Presupuesto 2027, aunque ambos conflictos se superponen: el proyecto enviado al Congreso fija $7,349 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, una cifra que los rectores consideran insuficiente y que, según el propio Gobierno, implica una suba nominal del 20,6% frente a la transferencia estimada para 2026 y del 53,58% respecto del crédito original, aunque las entidades universitarias cuestionan esa comparación por no descontar la inflación acumulada.
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