ECONOMIA
¿Fin para los registros del automotor?: de la promesa digital a los cierres en marcha, 10 claves para entender la reforma de Milei
Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, una de las promesas que había instalado en campaña era la hacer una profunda reforma del Sistema Registral Automotor Argentino, con el foco puesto crear un ecosistema digital remoto, abierto, accesible y estandarizado que permitiera cerrar los Registros del Automotor y terminar con una de las mayores cajas de la política en Argentina.
Dos años y medio después, el recorrido muestra un cambio normativo e institucional profundo, con cierres, unificaciones, rebajas de aranceles y digitalización parcial, pero también deja a la vista una innegable distancia entre el proyecto original y el nivel de implementación real que tuvo hasta el momento.
La publicación de la Resolución 411/2026 este 31 de agosto sumó una nueva etapa a ese proceso: dispuso la unificación de registros, la supresión de 14 oficinas y el cierre operativo de otras 13 delegaciones ya alcanzadas por normas previas.
El punto de partida del sistema que recibió el Gobierno también ayuda a medir la dimensión del intento. A fines de 2023, la Argentina tenía 1.557 registros de la propiedad automotor, un esquema apoyado en sedes físicas, jurisdicciones territoriales rígidas, expedientes en papel y circuitos presenciales. Esa estructura fue la que el oficialismo buscó reemplazar por un modelo remoto, abierto y centralizado, aunque el avance terminó siendo más complejo y lento de lo que preveía el plan original.
1 – La reforma empezó con una promesa de ruptura total
El primer movimiento fue legal. El DNU 70/2023 modificó el Régimen Jurídico del Automotor y habilitó que las inscripciones y anotaciones no sólo pasaran por los registros seccionales, sino que también pudieran realizarse directamente ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). La meta oficial era crear un servicio de inscripción remoto, abierto, accesible y estandarizado, bajo jurisdicción nacional.
En la práctica, eso implicaba mucho más que digitalizar un formulario. Suponía cambiar la lógica entera del sistema: menos dependencia de la oficina física, menos territorialidad y más intervención directa de la DNRPA. Ese fue el corazón del proyecto que Milei presentó como una desburocratización del mercado automotor y una baja de costos para usuarios y empresas.
2 – Sistema enorme, fragmentado y territorial
La reforma no partía de una estructura pequeña. A diciembre de 2023, el padrón sumaba 1.557 registros, con competencias diferenciadas, trámites repartidos por materia y una organización fuertemente atada a la jurisdicción del domicilio o la radicación.
La propia normativa oficial siguió describiendo al sistema, incluso todavía lo hace en 2026, como una red de más de 1.500 registros seccionales distribuidos en todo el país, lo que muestra el tamaño del andamiaje que el Gobierno se propuso rediseñar.
Ese dato permite leer la escala del proceso. No se trataba sólo de cerrar ventanillas, sino de transformar una red construida durante décadas, con expedientes dispersos, personal, estructuras intervenidas y una operatoria cotidiana sostenida sobre papel y custodia física.
3 – El primer plazo para tener un registro 100% digital no se cumplió
Uno de los contrastes más claros entre la promesa inicial y la ejecución real apareció en el calendario. El plan derivado del DNU 70/2023 fijaba como fecha límite el 2 de mayo de 2024 para que existiera una opción 100% digital. Ese plazo venció sin anuncios de puesta en marcha plena.
Meses después, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a instalar la expectativa con la posibilidad de hacer trámites desde la casa y sin obligación de pasar por un registro determinado. Pero la ventanilla única nacional no apareció en el tiempo originalmente previsto. Ese incumplimiento fue uno de los primeros indicios de que la reforma iba a chocar con restricciones más complejas que una simple decisión política.
4 – El principal cuello de botella fue documental y operativo
La gran traba del proyecto no fue sólo legal. Para eliminar o vaciar de sentido a la red física, primero había que digitalizar la documentación histórica de los vehículos en circulación y contar con una plataforma capaz de procesar todas las operaciones posibles.
Fuentes oficiales consultadas por Infobae a fines de 2024 estimaban que al menos un 30% de los expedientes seguían en formato puramente físico, lo que hacía inviable una migración integral inmediata.
Ese problema apareció luego reflejado en normas concretas. La Resolución 272/2024 ordenó que todas las tramitaciones posteriores a su entrada en vigencia quedaran reflejadas en un repositorio digital. Más adelante, la Disposición 58/2026 mandó desafectar de los archivos de los registros los Legajos B sin movimiento en los últimos 15 años, embalarlos y remitirlos a la DNRPA para su traslado y guarda centralizada. La norma todavía no habla de una digitalización total, pero sí de un paso concreto para sacar parte del archivo físico de las oficinas y reordenarlo desde el nivel central.
5 – El Gobierno avanzó primero con cierres e intervenciones
Mientras el registro remoto integral se demoraba, la reforma sí se movió con rapidez sobre la estructura física y administrativa. La Resolución 209/2024, publicada en julio de 2024, marcó el inicio formal de esa etapa con la supresión de registros seccionales y la reasignación de sus competencias. Una resolución posterior precisó que ese primer recorte había alcanzado a 136 registros.
El proceso siguió en enero de 2025 con la Resolución 19/2025, que dispuso la supresión de 155 registros seccionales. Y este 31 de agosto de 2026 la Resolución 411/2026 agregó 14 supresiones más. En total, el Gobierno dispuso por norma 305 supresiones desde el inicio de la reforma. El criterio oficial fue concentrarse en registros intervenidos, vacantes o bajo configuraciones que, según el Ministerio, ya no se justificaban dentro del nuevo paradigma.
6 – Supresión, cierre operativo y unificación
Uno de los puntos más confusos del proceso fue que el Gobierno usó varias herramientas distintas para achicar el sistema. La supresión normativa de un registro no equivale automáticamente a su cierre operativo efectivo. Tampoco significa lo mismo que una unificación o una absorción de competencias por otra oficina. Esa diferencia quedó expuesta con claridad en la última resolución de este lunes 31 de agosto del Boletín Oficial.
La Resolución 411/2026 no sólo dispuso 14 nuevas supresiones, sino que además ordenó el cierre operativo de 13 oficinas registrales cuya supresión ya había sido decidida por las resoluciones 272/2024 y 19/2025. A la vez, la misma norma afirmó que la reorganización permitirá reducir 368 registros seccionales por vía de unificación formal bajo una misma conducción.
Esa triple capa muestra que el achique no avanzó de modo lineal y que todavía hay una distancia entre el rediseño escrito en las normas y su materialización completa.
7 – La libre elección de registro fue una de las reformas estructurales más profundas
Aunque la discusión pública se concentró en los cierres, una de las mutaciones más relevantes del sistema vino por otro lado. La Resolución 272/2024 eliminó los polígonos de división territorial y dispuso jurisdicción única en todo el país, con el objetivo de permitir que los usuarios elijan el registro seccional donde presentar sus trámites.
Ese cambio tocó una base histórica del sistema registral automotor argentino: la asociación entre cada operación y una oficina determinada por domicilio o radicación. La promesa de competencia entre registros, que Sturzenegger mencionó públicamente en 2024, partía de esa decisión. En términos institucionales, fue una de las reformas más ambiciosas porque debilitó la lógica territorial rígida sobre la que había funcionado el esquema tradicional.
8 – El legajo digital y el certificado digital no eliminaron el papel
La otra gran apuesta de 2024 fue la creación del Legajo Digital Único (LDU) y del Certificado Digital Automotor (CDA). Ambos nacieron con la Resolución 272/2024 como piezas centrales de la transición hacia un entorno digital. El LDU quedó definido como reemplazo normativo del Legajo B físico, mientras que el CDA se integró al sistema SURA para que los registros pudieran calificar trámites sobre una base digital.
Pero ese avance no implicó la desaparición inmediata del soporte físico. La misma norma dispuso que el funcionario a cargo del registro debía conservar en su poder el documento en papel como depositario, bajo las condiciones que fijara la DNRPA. Es decir, el sistema empezó a migrar a una lógica digital para las nuevas actuaciones, aunque siguió conviviendo con la custodia material y con un archivo histórico todavía no absorbido por completo por el nuevo esquema.
9 – La digitalización real arrancó por una porción acotada del sistema
La reforma tecnológica no se desplegó sobre todo el universo registral al mismo tiempo. El primer tramo concreto fue la inscripción inicial de vehículos cero kilómetro. La Disposición 93/2025 reglamentó que las inscripciones iniciales de automotores y motovehículos 0 km, nacionales e importados, podían tramitarse de manera remota a través del Registro Único Virtual (RUV), con carga de datos en el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) por parte de comerciantes autorizados y bajo condiciones precisas.
Más adelante, la Disposición 829/2025 aprobó los términos y condiciones del RUNA y lo definió como plataforma destinada a centralizar, modernizar y transparentar la gestión de trámites. En julio de 2026, la Disposición 140/2026 amplió esa operatoria a personas jurídicas, con ingreso de documentación y representantes a través del Legajo Electrónico Personal (LEP) y la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Todo eso muestra que la digitalización sí avanzó, pero lo hizo por capas y todavía concentrada en un conjunto específico de trámites, no en la totalidad de las operaciones del sistema registral automotor.
10 – Baja de costos y relanzamiento del plan, señal de que la reforma seguía incompleta
Otro de los ejes fuertes del discurso oficial fue el costo de los trámites. La Resolución 273/2024 redujo el arancel de inscripción inicial y transferencia para automotores y motovehículos y lo llevó al 1% del valor del bien por todo concepto en esos casos, con inclusión de título, una cédula, dos certificaciones de firma y otros cargos asociados. A eso se sumó, en febrero de 2025, la Resolución 38/2025, que estableció una rebaja del 20% para las inscripciones iniciales gestionadas a través del RUV.
El problema es que, aun con esas rebajas y con los cierres ya ejecutados o en curso, el Gobierno llegó a 2026 sin haber completado la transformación prometida. Por eso lanzó en julio de este año el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, creado por la Resolución 306/2026.
Esa norma reconoció que la etapa inicial del proceso abarcaría aproximadamente 200 registros intervenidos, tanto con intervención externa como interna. El relanzamiento fue, al mismo tiempo, una señal de continuidad y una admisión implícita: a dos años y medio del arranque, el proyecto seguía en construcción. La señal que se envió fue buena, pero a la vez confirmó que los resultados tangibles para los usuarios todavía son de menor impacto.
En ese marco también puede leerse la Resolución 403/2026, que dejó sin efecto un concurso para cubrir la titularidad del Registro Seccional Tucumán Nº 2, convocado más de veinte años antes. El Ministerio sostuvo que las razones que en su momento justificaban esa cobertura habían cambiado de manera drástica por la política de reducción de registros, reorganización y tramitación remota. Fue otra señal de que el Gobierno ya no piensa el sistema con la misma lógica institucional que heredó.
El balance de estos dos años y medio deja una imagen doble. Por un lado, la reforma de Milei dejó de ser una consigna de campaña y se convirtió en una secuencia concreta de normas, cierres, rebajas y herramientas digitales. Por el otro, la promesa original de un registro automotor plenamente digital, remoto y nacional sigue condicionada por el peso de los expedientes físicos, la complejidad de migrar millones de antecedentes y la necesidad de sostener la operatoria cotidiana sin romper un sistema que todavía convive con estructuras viejas y nuevas. La Resolución 411/2026, publicada este lunes, confirma que el rediseño no se frenó, pero también que está lejos de haberse cerrado.
El bitcoin sube hoy más de 6% a un máximo de ocho meses (al mediodía en Buenos Aires), ya que una mejora general del apetito por el riesgo ayudó a prolongar un repunte que comenzó la semana pasada.
La criptomoneda original avanzó hasta 6,29% y alcanzó los USD 85.900.
El repunte se produce junto con avances de las acciones y los bonos, ya que la caída de los precios del petróleo y el optimismo antes de una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Xi Jinping, de China, están impulsando a los mercados en general. Otros activos digitales también repuntaron. Ether, el segundo token más grande, subió más de 4,3% a USD 2.747, mientras que otras criptomonedas, como XRP, Solana y Monero, también registraron avances.
“Los mercados financieros han recuperado el apetito por el riesgo después de estar dominados por la preocupación por los rendimientos de los bonos gubernamentales, los niveles de deuda y la posibilidad de un regreso a una política más restrictiva en el banco central más poderoso del mundo”, dijo Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de la plataforma de inversión y negociación IG.
Las ganancias del bitcoin amplían una recuperación que comenzó a fines de la semana pasada, cuando el mercado cripto asimiló el fracaso de un histórico proyecto de ley sobre criptomonedas en EE.UU. y el primer aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal en más de tres años. La aprobación el jueves por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) para que versiones digitales de valores comiencen a negociarse en EE.UU. ayudó a mejorar el ánimo.
“La capitalización del mercado cripto ha aumentado a US$2,8 billones, su nivel más alto desde fines de enero de este año”, dijo Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercados de FxPro. “Aunque al repunte del viernes le siguió una mayor presión vendedora, los compradores han vuelto a dominar el mercado de criptomonedas desde el domingo”, destacó.
El interés abierto de bitcoin en la plataforma de negociación de opciones Deribit estaba fuertemente dominado por opciones de compra, lo que señalaba un sentimiento alcista. La plataforma mostraba más de 272.000 contratos por el derecho a comprar el token, frente a más de 154.000 opciones de venta, o el derecho a vender.
“El mercado de opciones de bitcoin está posicionado para capturar el potencial alcista”, dijo Pratik Kala, gestor de cartera del fondo de cobertura de activos digitales Apollo Crypto. “La gente está pasando de protegerse contra las caídas a querer aprovechar el potencial alcista”, dijo el especialista.
Sin embargo, los operadores no están convencidos de que el impulso pueda mantenerse debido a los difíciles obstáculos macroeconómicos, con el petróleo todavía por encima de USD 100 por barril y los rendimientos de los Treasuries de EEUU elevados.
El bitcoin se mantiene muy por debajo de su máximo de 2026, de más de USD 97.000 a mediados de enero, y aún más lejos de su récord de octubre. El entusiasmo de los inversionistas minoristas también ha resultado difícil de reavivar, ya que las acciones de inteligencia artificial y otras operaciones vinculadas a la IA compiten por el mismo capital especulativo.
“Para esta semana no hay grandes catalizadores que vigilar como tales, pero cualquier comentario restrictivo o moderado de miembros de la Fed podría afectar al mercado”, dijo Jeff Mei, director de operaciones de BTSE.
Con información de Bloomberg
La balanza comercial energética de la Argentina acumuló entre enero y agosto de 2026 un superávit de USD 7.834 millones, según los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El número supera los USD 7.815 millones que el país había registrado en todo 2025, que hasta ese momento constituía el máximo histórico del sector.
De esta manera, en los primeros ocho meses del año, la actividad en Vaca Muerta y el crecimiento del sector energético local en su conjunto superaron por USD 19 millones el resultado del año pasado, con cuatro meses aún por delante en el calendario de 2026.
El resultado se apoya en una expansión sostenida de las ventas externas del sector, así como en el incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Las exportaciones de combustibles y energía acumuladas hasta agosto sumaron USD 10.667 millones, lo que representó un alza de 48,9% respecto de igual período del año anterior. En paralelo, las importaciones de combustibles y lubricantes totalizaron USD 2.833 millones en los primeros ocho meses del año.
Más allá del fuerte incremento que tuvo la cotización mundial del Brent en las últimas semanas (subió 27% en tres semanas y hoy está en torno a los USD 100 por barril) el alza exportador de la Argentina tiene que ver con el incremento productivo de Vaca Muerta. Según los últimos datos que publicó el Gobierno, la producción de petróleo alcanzó en julio un nuevo récord de 916.200 barriles diarios, lo que representó un incremento del 17,2% frente al mismo mes del año anterior.
Solo en agosto, el sector aportó un superávit de USD 771 millones
El mes de agosto consolidó la tendencia. Las exportaciones de combustibles y energía ascendieron a USD 1.494 millones, con una variación positiva de 41,2% respecto al mismo mes de 2025 y un alza de USD 436 millones en valores absolutos. Los precios subieron 27% y las cantidades, 12,2%. Los productos que más traccionaron fueron el petróleo crudo, los carburantes y el resto de combustibles, en ese orden de importancia según el Indec.
Las importaciones energéticas de agosto, en tanto, alcanzaron USD 493 millones —un incremento de 70,6% respecto de agosto de 2025—, impulsadas principalmente por mayores compras de gas natural licuado, energía eléctrica y gas natural en estado gaseoso. El saldo del mes fue superavitario en USD 771 millones, frente a los USD 661 millones registrados en igual mes del año anterior.
Un año de exportaciones que apunta a nuevo récord histórico
El desempeño energético se enmarca en un año exportador que las proyecciones privadas describen como el mejor de la historia argentina. Según estimaciones de la consultora Abeceb, el país podría superar los USD 100.000 millones en exportaciones totales durante 2026, lo que superaría el récord previo de USD 88.446 millones registrado en 2022.
Para el sector energético en particular, las proyecciones apuntan aún más alto. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó en julio que las exportaciones de combustibles y energía rondarán los USD 11.300 millones al cierre del año, con un precio promedio del barril de Brent en torno a los USD 82. Con esa trayectoria, la balanza energética anual podría superar incluso los USD 12.000 millones —más del doble del resultado de 2024 y un 53% por encima del récord de 2025. De hecho, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) trabaja en su escenario más probable con exportaciones sectoriales de USD 11.300 millones para 2026.
El oleoducto VMOS y el horizonte de 2027 como próximo umbral
Un factor que podría acelerar el crecimiento en los meses que restan del año y en el ejercicio siguiente es la puesta en marcha del oleoducto VMOS, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, a lo largo de casi 600 kilómetros. El proyecto, aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en marzo de 2025, generará una capacidad de evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, con potencial para llegar a 550.000 barriles por día. De concretarse ese escenario, las exportaciones energéticas de 2027 podrían proyectarse por encima de los USD 18.500 millones, según estimaciones de la BCR.
El superávit energético acumulado hasta agosto equivale al 42,9% del saldo comercial total de bienes registrado por la Argentina en los primeros ocho meses de 2026, que según el Indec ascendió a USD 18.249 millones.
ECONOMIA
“No cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia”: diputados de UP se quejaron ante el FMI por Presupuesto 2027
Diputados del Bloque Unión por la Patria le enviaron un carta al Fondo Monetario Internacional –que hoy inicia la tercera revisión del programa con Argentina en Buenos Aires– quejándose por el Presupuesto 2027, que envió el Gobierno de Javier Milei a Congreso la semana pasada.
En la misiva, dirigida a Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, les piden un “urgente análisis” y cambios en la metas pactadas con el Gobierno. EL texto advierte por graves riesgos institucionales y fiscales que presenta el proyecto y aseguran que es inconsistente y da discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional en un año electoral.
“Teniendo en cuenta que el organismo que Ud. dirige no solo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también –cuando lo considera- introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas es que solicitamos un urgente análisis del Presupuesto 2027 en virtud de que el mismo no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia que las cuentas públicas del país requieren”, dice el texto.
Aseguran que “en efecto, y sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el PEN ni tampoco la verosimilitud del cálculo de recursos ni de las proyecciones de gasto primario ni de las fuentes y aplicaciones financieras, el proyecto de presupuesto sometido a consideración del Poder Legislativo muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad en la administración de los recursos públicos que podrían afectar la razonabilidad del proyecto de ley bajo análisis”.
El documento de UP al FMI detalla tres aspectos principales que justifican las consideraciones anteriormente expuestas
1) Subvaluación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI: “El Superávit está sobreestimado, ya que oculta el gasto tributario del RIGI. El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PIB. Pero ese superávit no contempla el gasto tributario del RIGI, que se estima en USD 3.359 M anuales, el equivalente a 0,49 pp del PBI (cuando el proyecto esté en “plena ejecución”, siendo que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive)“.
2) Discrecionalidad en la Jurisdicción 91: “Tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al gobierno. La Jurisdicción 91 pasa de 5,6 a 14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos».
3) Duplicación de la Inversión Financiera Neta: “muestra un sideral aumento de la inversión financiera neta en 2027 respecto de 2026: se duplica en términos nominales (17,4 billones en 2027 y 9,8 billones en 2026). Contablemente, significa que el PEN propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y/o de las fuentes financieras netas al incremento de “inversiones financieras temporarias” y/o de “caja y bancos” y/o de “otras inversiones financieras”. Entonces, ¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?“.
La carta está firmada por Germán Martínez, Guillermo Michel, Agustín Rossi, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Carlos Castagneto e Itaí Hagman, entre otros.
FMI
La misión del FMI llegó hoy al país para realizar la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas, con el foco puesto en un superávit fiscal primario anual de 1,4% del Producto Bruto Interno y en las medidas que el Gobierno prevé aplicar tras quedar por debajo de la meta semestral.
La misión estará encabezada por Joyce Wong y analizará las causas del desvío fiscal de los primeros seis meses del año. La pauta para ese período era de 0,7% del PBI, pero el resultado se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo de ese nivel.
El Gobierno deberá explicar cómo compensará la diferencia acumulada para alcanzar el resultado previsto al cierre de 2026. Entre los compromisos asumidos en la segunda revisión figuran la postergación de iniciativas de la reforma laboral, una mayor percepción de impuestos específicos y una nueva focalización de los subsidios al transporte.
Corporate Events,Diplomacy / Foreign Policy
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