El cortejo fúnebre de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pasó por San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner. La expresidenta salió al balcón a brindar sus respetos ante el coche fúnebre, que se dirigió luego hasta el cementerio de Chacarita.

La marcha del cortejo -que había partido desde la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), donde entre el lunes y el martes se realizó el velatorio de la dirigente de derechos humanos- se detuvo unos minutos frente al edificio en el que vive la expresidenta, quien salió al balcón y le dedicó un aplauso de homenaje a Almeida. Sobre la reja del balcón, había un pañuelo blanco, atado, con la leyenda “Memoria, verdad y justicia”.

Dirigentes como el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla estaban en la calle, junto a la caravana que frenó en la esquina de San José y Humberto Primo.

Taty Almeida falleció el domingo, a los 95 años, tras pasar varios días internada en el Hospital Italiano. Fue velada en la sede porteña del Foetra, en Hipólito Yrigoyen 3171. A su velatorio se acercaron dirigentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo derechos humanos, políticos y del ambiente artístico.

Habitual oradora en los actos de cada 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Almeida buscó desde 1975 a su hijo desaparecido, Alejandro Almeida, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trabajador de la agencia de noticias Télam y estudiante de Medicina, que tenía 20 años al momento de su desaparición.

En su última participación en el acto del 24 de marzo, al cumplirse 50 años del comienzo de la última dictadura, Almeida fue la encargada de darle cierre a la lectura del documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en la Plaza de Mayo, con una arenga en la que incluyó críticas a la reforma laboral del gobierno del presidente Javier Milei y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una carta abierta a los legisladores nacionales, la Iglesia planteó fuertes críticas al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que se encuentra en tratamiento en el Senado. Cuestionó que se dejen sin efecto las limitaciones que en la actualidad existen para la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en casos de reservas de agua y otros bienes naturales, entre otras observaciones formuladas a la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo.

Además, los obispos pidieron que se favorezca el acceso a la vivienda a familias vulnerables, mediante “un marco jurídico razonable” para los alquileres”.

A través de un pronunciamiento de Cáritas, del Área de Ecología Integral de la Comisión de Pastoral Social y de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, la Iglesia pidió a los legisladores nacionales que “guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para “eliminar restricciones que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad” y fortalecer la seguridad jurídica. Propone cambios en el régimen de expropiaciones y en los procesos de desalojos, además de reformas en otras legislaciones, como la de tierras rurales y la de manejo del fuego.

Los cuestionamientos

“Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”, dice el pronunciamiento de los organismos del Episcopado.

En sus críticas, la Iglesia cita fragmentos de la reciente encíclica Magnifica humanitas, del papa León XIV, y de Laudato si, presentada en 2015 por su antecesor Francisco. La declaración episcopal se titula “La tierra: madre, hermana y bien común” y advierte que “resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”.

En la cita a la encíclica de León XIV, cuya visita al país espera concretar el presidente Javier Milei, la declaración de los organismos episcopales expresa que “el principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra -el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales- han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”.

Transmite, así, la inquietud de la Iglesia por el proyecto, por cuanto “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

“Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros -personas físicas o empresas- y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”.

“También resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”, advierte el Episcopado.

La Iglesia considera que el proyecto oficial “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

“La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico. Como nos recuerda el papa Francisco en Laudato si, la tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija”

Frente a las promesas del crecimiento económico financiero, la Iglesia recuerda un pensamiento de León XIV en su reciente encíclica: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no solo a los individuos”. Y expresa que “la justicia exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos, e incluye la responsabilidad hacia los que vendrán después de nosotros”.

La declaración episcopal vincula el proyecto que se encuentra en el Senado con el problema de la vivienda. Y expresa: “Muchos no poseen vivienda propia y tienen que alquilar. Es importante favorecer el acceso a la vivienda, como necesidad primaria para tantas familias, dando un marco jurídico razonable a los alquileres que sea justo tanto para propietarios como para inquilinos”.