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Fuerte rechazo al decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la elección de jueces

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El gobierno de Javier Milei limitó la participación pública en la elección de jueces mediante un decreto que modificó el mecanismo para las impugnaciones ciudadanas y borró las recomendaciones de diversidad de género, origen regional y especialidad a la hora de elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia.

La decisión del Gobierno, materializada en el decreto 467/2026, publicado este martes y adelantado el domingo por , fue calificado como un retroceso por el Colegio Público de la Abogacía, Poder Ciudadano y el constitucionalista Federico Ambroggio.

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El también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue un paso más allá: pidió a la Justicia que lo declare inconstitucional y que suspenda su aplicación.

El decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificó los decretos 222 y 588 de 2003.

La norma elimina la etapa de exposición y observaciones ciudadanas que se desarrollaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia antes de la nominación formal de un candidato.

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El argumento es que esa actividad es redundante con la que se da en el Senado. Los antecedentes de los candidatos ya no deberán publicarse en diarios de circulación nacional, sino únicamente en el sitio web del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial.

El nuevo decreto deja sin efecto la recomendación para que el presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer candidatos para la Corte Suprema.

La reacción del mundo jurídico fue el rechazo. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sostuvo que se eliminan mecanismos de participación ciudadana, como la publicación durante 15 días de los nombres de los candidatos a jueces, para que ciudadanos, ONG, entidades académicas y organizaciones presenten observaciones fundadas.

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La lógica era simple: la ciudadanía podía opinar cuando el candidato todavía podía ser descartado o reemplazado por el propio Poder Ejecutivo” y las observaciones debían ser recibidas y consideradas antes de la decisión final, señaló Secchi.

Ahora se elimina esta instancia y también la posibilidad de requerir opiniones a organizaciones especializadas durante el proceso de selección. “Lo que se elimina es la posibilidad de incidir antes de que el Ejecutivo tome su decisión”, insistió Secchi.

El constitucionalista Ambroggio afirmó en X que el decreto de Milei “es un retroceso innecesario”. Cuestionó tanto la eliminación de la participación ciudadana directa en la etapa ejecutiva como la supresión de diversidad que el decreto 222 imponía al Presidente al momento de seleccionar candidatos para la Corte.

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En coincidencia con Secchi, dijo que cuando el Senado ya recibe un nombre para debatir, la decisión del Poder Ejecutivo está tomada. La instancia ante el Ministerio de Justicia era la única herramienta formal para influir antes de que eso ocurriera y ahora si se la suprime, se reduce el control, interpretó.

Gil Domínguez afirmó que el decreto “implica una regresión normativa injustificada del derecho a peticionar, participar y deliberar democráticamente. También implica una regresión injustificada del derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género. Y, por último, impacta en el federalismo como elemento central del Estado constitucional y convencional de derecho argentino.”

El constitucionalista aclaró que el debate no pasa por si el presidente tiene facultades para derogar decretos de autolimitación −nadie lo niega, dijo− sino por la regresividad injustificada de la medida.

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“El problema constitucional y convencional es la regresividad injustificada en una cuestión tan sensible como lo es la designación de jueces y juezas de todas las instancias cuya permanencia en el cargo dura hasta los 75 años”, dijo el letrado.

El punto sobre los 75 años no es menor: un juez de la Corte designado hoy puede estar en funciones durante tres décadas. La ciudadanía tiene, según Gil Domínguez, un interés constitucional legítimo en participar del proceso antes de que esa decisión esté tomada, no solo después. Gil Domínguez ya anticipó que presentará un amparo contra el decreto.

El Colegio de la Abogacía de la Capital Federal en un comunicado expresó su “preocupación” por el decreto porque señala que es “un retroceso innecesario” y sostiene que la modificación afecta procedimientos que habían consolidado estándares de transparencia y control durante más de veinte años.

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Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo defendió la reforma sosteniendo que “el decreto 222 era una anomalía institucional” y que “el método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana: son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación, en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado”.

Los constitucionalistas críticos rebaten ese argumento al afirmar que la audiencia en el Senado ocurre cuando el candidato ya fue elegido por el Poder Ejecutivo y que se trata de dos momentos distintos del proceso.

Con el decreto 467/2026, la próxima vez que el Gobierno proponga un candidato para la Corte, organizaciones, universidades y ciudadanos no tendrán ante el Ministerio de Justicia ningún canal formal para objetarlo antes de que llegue al Senado. De este modo el Gobierno se ahorraría la lluvia de cuestionamientos que tuvo como cuando propuso al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Milei los desoyó y luego no encontró los votos necesarios en el Senado.

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Diego Santilli recibió al embajador de EE.UU. y repasó el paquete de reformas que el Gobierno buscará aprobar en el Congreso

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó hoy en la Casa Rosada un encuentro bilateral con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. En la reunión, ambos funcionarios repasaron el paquete de reformas que el Poder Ejecutivo buscará impulsar en los próximos meses en el Congreso de la Nación. Allí aparecen desde la reforma del Banco Central a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según se informó oficialmente, el encuentro tuvo carácter institucional y protocolar con el objetivo de profundizar la alianza estratégica entre ambas naciones. En ese marco, se abordaron temas como comercio, inversiones, seguridad, defensa e innovación, además del seguimiento de la agenda legislativa que la administración libertaria planea debatir en la Cámara de Diputados y en el Senado.

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La novedad más reciente en la relación entre la Argentina y Estados Unidos es la imposición de aranceles del 10% desde el viernes pasado. El país recibió el menor porcentaje dispuesto por Donald Trump a nivel global.

El mensaje del embajador Peter Lamelas sobre su encuentro con Santilli. (Foto X @USAmbassadorARG)

Entre las iniciativas normativas que formaron parte de la conversación se destacan el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) —que será presentado este jueves en cadena nacional por el presidente Javier Milei—, las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal y la iniciativa sobre propiedad privada, entre otras reformas de fondo. Tras el encuentro en Balcarce 50, el diplomático estadounidense utilizó sus redes sociales para calificar la reunión como una “excelente conversación” y felicitó al ministro coordinador por su flamante puesto, al tiempo que reafirmó la predisposición de la Casa Blanca para profundizar la cooperación bilateral.

Leer más: Acumulación de reservas: por primera vez en 136 días, el Banco Central no compró dólares

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La visita del representante diplomático de la administración de Donald Trump a Balcarce 50 se produjo horas después del paso por el palacio de Gobierno de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, consolidando una intensa agenda internacional del Ejecutivo.

Diego Santilli, Embajada de Estados, Donald Trump

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Más cambios en el Gobierno: Santilli echó a Darío Genua de la secretaría de Innovación

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, echó este martes a Darío Genua, quien oficiaba como secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

El funcionario saliente respondía al estratega Santiago Caputo, pero tenía diferencias de larga data con Santilli, que apenas puso un pie en la Jefatura de Gabinete comunicó que quería ubicar otro nombre al frente del área.

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“Fue una decisión del ministro”, reportaron a fuentes oficiales de la Casa Rosada. Acto seguido, Genua presentó la renuncia.

Según informaron en el Gobierno, Santilli comienza así con el reordenamiento de áreas que heredó en su rol de jefe de Gabinete tras reemplazar a Manuel Adorni.

Más allá de que esto le quita al asesor un área importante que tenía bajo su conducción, y de que sectores del karinismo se entusiasman con quitarle poder en medio de la interna oficialista, distintas voces del Gobierno coinciden en que la distancia entre Santilli y Genua era irreconciliable.

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Pero con el descabezamiento del área de Innovación queda una vacante para que Santilli ubique un propio, con injerencia de la secretaria general, Karina Milei, y los suyos. Por ahora, el reemplazo no está confirmado.

Como ya adelantó el 14 de julio pasado, la salida de Genua era vox populi en Balcarce 50. En ese momento, Santilli ya había vaciado áreas importantes que dependían de secretaría de Innovación, es decir, de Genua y por ende de Caputo.

En ese momento, tres organismos que respondían a Innovación pasaron a tener terminal en Santilli. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se giró en línea directa a la Jefatura de Gabinete, mientras que la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Correo Oficial quedaron a cargo del vicejefe del Interior, Gustavo Coria, que es la mano derecha de “El Colo”.

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De todas formas, quienes conocen los movimientos del asesor advierten que está en buena sintonía con el jefe de Gabinete, y que ambos tienen sus acuerdos que -por ahora- marchan.

Noticia en desarrollo




Paula Rossi,Diego Santilli,Conforme a

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Un estudio afirma que el peronismo retiene a más votantes jóvenes que La Libertad Avanza en barrios populares

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El peronismo retiene más votantes jóvenes que La Libertad Avanza en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, según una encuesta del Instituto Universitario CIAS realizada entre mayo y junio de 2026 sobre 964 jóvenes de 16 a 24 años.

El estudio, denominado Encuesta a Jóvenes de Barrios Populares 2026, midió intención de voto, percepción económica y comportamiento de consumo en 13 puntos focales distribuidos en barrios populares del AMBA, con criterios de sexo y edad ajustados según información del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Los resultados muestran una brecha pronunciada entre la capacidad de retención electoral de ambas fuerzas entre el electorado joven de estos territorios.

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Entre quienes votaron a Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2023, el 76% volvería a optar por el peronismo si los comicios fueran hoy. Solo el 6% migró hacia la izquierda, el 3% hacia La Libertad Avanza (LLA) y el 2% al PRO. El 24% restante se distribuye entre quienes no saben a quién votar, no concurrirían a las urnas o lo harían en blanco.

Una encuesta de CIAS muestra que el 42% de los jóvenes que votaron por Milei en 2023 no lo elegiría nuevamente, mientras que el 58% mantendría su apoyo.

El panorama es distinto entre los votantes de Javier Milei en 2023. Según el informe del CIAS, el 58% de ese segmento volvería a elegir a LLA, pero el 42% restante no repetiría esa elección: el 16% se inclinaría por el peronismo, el 7% no sabe a quién votar, el 11% no iría a votar, el 3% lo haría en blanco y un 3% adicional se volcó a la izquierda.

Cuando se proyecta la intención de voto total entre los jóvenes encuestados, el peronismo concentra el 67% de quienes declaran que votarían, frente al 25% que se inclinaría por alguna expresión de LLA. La izquierda obtendría el 6% y el PRO, el 2%.

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El informe también registra un clivaje de género en la composición del voto. El 63% de los votantes de LLA son varones, mientras que el 37% son mujeres. En el peronismo, la relación se invierte: el 57% son mujeres y el 43%, varones.

La situación económica de los hogares aparece como una variable asociada al comportamiento electoral. Entre los jóvenes que residen en hogares que debieron ajustar su consumo, la intención de voto a LLA alcanza el 20%. Entre quienes no atravesaron ese ajuste, la cifra trepa al 34%, una diferencia de 14 puntos porcentuales. El peronismo, en cambio, se mantiene como la fuerza mayoritaria en ambos grupos.

La intención de voto total entre los jóvenes encuestados ubica al peronismo con 67% y a La Libertad Avanza con 25%.(Photo by AFP)

Esa misma variable incide en la retención del voto a LLA. Entre los votantes de Milei en 2023 que residen en hogares sin ajuste económico, el 64% volvería a votar a LLA. Entre quienes sí debieron recortar gastos, esa proporción cae al 53%.

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El contexto económico que enmarca el estudio es el de una recuperación desigual. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) citados en el informe, el desempleo entre jóvenes menores de 29 años aumentó del 13,2% al 16,6% en el caso de las mujeres y del 11,3% al 16% entre los varones entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025. Al cierre de ese año, el 57,6% de los ocupados jóvenes tenía un empleo informal.

Un informe del Instituto Universitario CIAS presenta los resultados preliminares de una encuesta a 964 jóvenes de 16 a 24 años sobre su situación socioeconómica y posicionamientos políticos en barrios populares del AMBA.

El 75% de los encuestados percibe que la economía empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 8% considera que mejoró. El 60% declaró que su hogar redujo el consumo en algún rubro durante lo que va del año: el 40% recortó en alimentos, el 18% en ropa o calzado, el 17% en recreación y el 14% en servicios como luz, gas o telefonía.

El endeudamiento también se extendió entre estos hogares. El 57% de los jóvenes señaló que en su hogar debieron pedir dinero prestado o tomar un crédito para afrontar gastos cotidianos. El canal predominante fue el informal: el 68% recurrió a familiares o amigos y el 39% a prestamistas del barrio. Las billeteras virtuales y las tarjetas de crédito fueron utilizadas por el 21% y el 18%, respectivamente. Entre los hogares que ajustaron su consumo, el 66% también tomó deuda, frente al 41% de los que no realizaron recortes.

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El CIAS es un instituto universitario de los jesuitas fundado en 1956, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, dedicado a la investigación social y la formación en políticas públicas. El presente estudio se enmarca en una serie de trabajos previos sobre dinámica socioeconómica en barrios populares, entre los que se cuentan la Encuesta a Familias de Barrios Populares (2023) y la Encuesta sobre Oportunidades de Integración, Representaciones y Participación social de Jóvenes de Barrios Populares del AMBA (2024).

El informe completo:

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