POLITICA
Fuerte rechazo al decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la elección de jueces
El gobierno de Javier Milei limitó la participación pública en la elección de jueces mediante un decreto que modificó el mecanismo para las impugnaciones ciudadanas y borró las recomendaciones de diversidad de género, origen regional y especialidad a la hora de elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia.
La decisión del Gobierno, materializada en el decreto 467/2026, publicado este martes y adelantado el domingo por , fue calificado como un retroceso por el Colegio Público de la Abogacía, Poder Ciudadano y el constitucionalista Federico Ambroggio.
El también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue un paso más allá: pidió a la Justicia que lo declare inconstitucional y que suspenda su aplicación.
El decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificó los decretos 222 y 588 de 2003.
La norma elimina la etapa de exposición y observaciones ciudadanas que se desarrollaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia antes de la nominación formal de un candidato.
El argumento es que esa actividad es redundante con la que se da en el Senado. Los antecedentes de los candidatos ya no deberán publicarse en diarios de circulación nacional, sino únicamente en el sitio web del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial.
El nuevo decreto deja sin efecto la recomendación para que el presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer candidatos para la Corte Suprema.
La reacción del mundo jurídico fue el rechazo. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sostuvo que se eliminan mecanismos de participación ciudadana, como la publicación durante 15 días de los nombres de los candidatos a jueces, para que ciudadanos, ONG, entidades académicas y organizaciones presenten observaciones fundadas.
“La lógica era simple: la ciudadanía podía opinar cuando el candidato todavía podía ser descartado o reemplazado por el propio Poder Ejecutivo” y las observaciones debían ser recibidas y consideradas antes de la decisión final, señaló Secchi.
Ahora se elimina esta instancia y también la posibilidad de requerir opiniones a organizaciones especializadas durante el proceso de selección. “Lo que se elimina es la posibilidad de incidir antes de que el Ejecutivo tome su decisión”, insistió Secchi.
El constitucionalista Ambroggio afirmó en X que el decreto de Milei “es un retroceso innecesario”. Cuestionó tanto la eliminación de la participación ciudadana directa en la etapa ejecutiva como la supresión de diversidad que el decreto 222 imponía al Presidente al momento de seleccionar candidatos para la Corte.
En coincidencia con Secchi, dijo que cuando el Senado ya recibe un nombre para debatir, la decisión del Poder Ejecutivo está tomada. La instancia ante el Ministerio de Justicia era la única herramienta formal para influir antes de que eso ocurriera y ahora si se la suprime, se reduce el control, interpretó.
Gil Domínguez afirmó que el decreto “implica una regresión normativa injustificada del derecho a peticionar, participar y deliberar democráticamente. También implica una regresión injustificada del derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género. Y, por último, impacta en el federalismo como elemento central del Estado constitucional y convencional de derecho argentino.”
El constitucionalista aclaró que el debate no pasa por si el presidente tiene facultades para derogar decretos de autolimitación −nadie lo niega, dijo− sino por la regresividad injustificada de la medida.
“El problema constitucional y convencional es la regresividad injustificada en una cuestión tan sensible como lo es la designación de jueces y juezas de todas las instancias cuya permanencia en el cargo dura hasta los 75 años”, dijo el letrado.
El punto sobre los 75 años no es menor: un juez de la Corte designado hoy puede estar en funciones durante tres décadas. La ciudadanía tiene, según Gil Domínguez, un interés constitucional legítimo en participar del proceso antes de que esa decisión esté tomada, no solo después. Gil Domínguez ya anticipó que presentará un amparo contra el decreto.
El Colegio de la Abogacía de la Capital Federal en un comunicado expresó su “preocupación” por el decreto porque señala que es “un retroceso innecesario” y sostiene que la modificación afecta procedimientos que habían consolidado estándares de transparencia y control durante más de veinte años.
Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo defendió la reforma sosteniendo que “el decreto 222 era una anomalía institucional” y que “el método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana: son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación, en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado”.
Los constitucionalistas críticos rebaten ese argumento al afirmar que la audiencia en el Senado ocurre cuando el candidato ya fue elegido por el Poder Ejecutivo y que se trata de dos momentos distintos del proceso.
Con el decreto 467/2026, la próxima vez que el Gobierno proponga un candidato para la Corte, organizaciones, universidades y ciudadanos no tendrán ante el Ministerio de Justicia ningún canal formal para objetarlo antes de que llegue al Senado. De este modo el Gobierno se ahorraría la lluvia de cuestionamientos que tuvo como cuando propuso al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Milei los desoyó y luego no encontró los votos necesarios en el Senado.
Conforme a
A pesar de la presión y las sanciones de la Argentina, la empresa británica Rockhopper confirmó que mantiene su objetivo de extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028, en el balance de resultados del primer semestre que publicó la compañía.
Se trata de su proyecto Sea Lion, que la empresa confirmó que sigue vigente, para empezar a producir petróleo en el primer trimestre de 2028. La petrolera destacó que el gobierno de las Islas y Reino Unido tildaron de “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” a las medidas del Gobierno, que esta semana redobló la ofensiva por la soberanía del archipiélago.
Este mes el presidente Javier Milei intensificó la estrategia de reclamos de soberanía de las Islas. A principios de septiembre dispuso una batería de medidas, con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncia penal a petroleras, envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora la intención de llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
Las claves de la confirmación de la petrolera Rockhopper de su plan de extraer petróleo en Malvinas en 2028, pese a las sanciones de la Argentina
Rockhopper posee el 35% de Sea Lion, mientras que la la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, tiene el 65%. Ambas compañías ya habían ratificado sus intenciones de seguir adelante con el proyecto, además de plantear que las licencias que poseen fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, habló de un “período decisivo” para la empresa, confirmó el objetivo de “lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028” en Sea Lion.
El directivo destacó la “reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y al continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas”.
El Gobierno nacional formalizó la designación de las autoridades que conformarán la Unidad Ejecutora Especial Temporaria para la visita del papa León XIV.
El organismo que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendrá a su cargo la planificación estatal vinculada con el eventual viaje del pontífice a la Argentina.
De acuerdo con lo dispuesto mediante el decreto 1127/2026, la estructura será encabezada por Mariana Vello, actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Su nueva función será ad honorem y no implicará que deje el puesto que desempeña actualmente.
A su vez, el organismo está conformado por otras cinco áreas operativas: coordinación ejecutiva, logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales, y apoyo legal.
En ese sentido, la coordinación ejecutiva quedará a cargo de Macarena María Orani, abogada que se desempeña en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tendrá rango de subsecretaria y continuará con las responsabilidades que ya ejerce en esa dependencia.
El área de logística e infraestructura será conducida por Leandro Ariel Cano, quien actualmente ocupa la Subsecretaría de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.
La medida asignó a Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de seguridad y emergencias.
La coordinación de protocolo y relaciones institucionales será ejercida por Lucas Navaridas, técnico que trabaja en la Jefatura de Gabinete.
A su vez, el abogado Alejandro Patricio Amaro fue nombrado coordinador de apoyo legal de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria. Al igual que los demás integrantes del equipo, sostendrá sus funciones actuales en la Jefatura de Gabinete mientras asume la nueva tarea.
La intervención de áreas de logística, seguridad, ceremonial y asesoramiento jurídico anticipa que la organización requerirá coordinación entre distintas dependencias nacionales.
Con la publicación y la comunicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, quedaron formalizadas las autoridades de la unidad creada para centralizar la preparación estatal ante la visita de Su Santidad el Papa León XIV.
El Poder Ejecutivo consideró necesario cubrir la conducción y las áreas de coordinación para cumplir con las tareas asignadas al organismo. La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Así quedó la agenda del papa León XIV
León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay. Tras pisar suelo argentino, su primera parada será el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, seguida de un encuentro con Milei en la Casa Rosada y un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, a las 18:30.
El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado. El martes 10 volará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15. El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.
A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que agradeció al Vaticano la decisión de incluir a la Argentina en la gira. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”, concluye el texto con la firma de Milei.
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POLITICA
Con el objetivo puesto en la reelección, el Gobierno apuesta al efecto arrastre de Milei y busca blindar un punto clave de la reforma política
El Gobierno busca preservar dentro de la reforma política la posibilidad de votar lista completa en la Boleta Única de Papel y la considera una pieza central de su estrategia electoral para 2027. Cerca del armado de La Libertad Avanza sostienen que la modificación puede trasladar parte del respaldo que obtenga Javier Milei en la categoría presidencial hacia las listas de diputados y senadores.
“La lista completa es el otro punto que no vamos a resignar de la reforma política, con la suspensión de las PASO”, aseguran en Nación. En el oficialismo admiten que otros capítulos del proyecto podrían separarse o modificarse durante la negociación parlamentaria si eso permite preservar esos dos cambios.
El planteo tiene una diferencia concreta con el sistema utilizado en las elecciones nacionales de 2025. La Boleta Única vigente permite elegir cada categoría de manera individual, pero no contiene un casillero para votar todas las candidaturas de una misma fuerza con una sola marca.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo modifica ese diseño. Su artículo 25 incorpora un casillero junto al nombre y los símbolos de cada agrupación para votar con una sola marca todas las categorías incluidas en la misma columna. Esa es la herramienta que en la Casa Rosada identifican como “lista completa”.
En el oficialismo creen que ese mecanismo puede producir un mayor arrastre de la candidatura presidencial sobre las listas legislativas. Se trata de una expectativa política del Gobierno y no de un efecto automático del sistema: el resultado dependerá de cómo voten los electores y de la oferta electoral que finalmente se configure en cada distrito.
La reforma también permite acuerdos de adhesión entre agrupaciones nacionales y distritales bajo determinadas condiciones. El texto habilita, por ejemplo, que una fuerza de distrito adhiera a una agrupación nacional de diferente denominación cuando no compita otra de su mismo nombre, aunque impide que una misma lista aparezca en más de una franja.
Ese punto se conecta con las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con gobernadores para 2027. El Gobierno analiza acuerdos que permitan concentrar respaldo en la candidatura presidencial de Milei sin necesariamente replicar una misma alianza en todas las categorías provinciales.
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