El sindicalista Fernando Espíndola, acusado por los bloqueos a una empresa de San Pedro junto a Maximiliano Cabaleyro, jefe camionero absuelto hace una semana por un juez de San Nicolás, quedó en libertad condicional este jueves al mediodía. Espíndola se encontraba en prisión domiciliaria y espera la realización de un juicio abreviado en el que acordó, en caso de ser declarado culpable, una pena no mayor a los seis años.

La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal Nº2 de San Nicolás, concedió la libertad condicional de Espíndola, detenido desde el 8 de abril de 2022. La magistrada será la encargada del juicio abreviado que afrontará el sindicalista por los bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL, una acusación que incluye los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa, extorsión, y extorsión en tentativa.

Al repasar las actuaciones que llevaron a la jueza a la decisión de otorgarle la libertad condicional a Espíndola, en la resolución se indica que un informe de la actuaria estableció que llevaba detenido cuatro años, cinco meses y nueve días, que cumplía con las medidas impuestas para su prisión domiciliaria, con “buena predisposición ante las intervenciones profesionales e institucionales” y que cuenta con “domicilio estable, ingresos familiares, acceso a atención sanitaria y una red afectiva presente”. La fiscal María del Valle Viviani dio su visto bueno a la excarcelación, al ser consultada.

Entre otros puntos, la decisión de la jueza Baquedano se basó en que, al acordar un juicio abreviado con una pena de hasta seis años, ”ha desaparecido el interés de la acusación en mantener la medida de coerción, del modo en que fuera dispuesta oportunamente» y se cumplió el “requisito temporal legalmente requerido”.

La libertad condicional concedida a Espíndola incluye entre sus requisitos el de “no acercarse al domicilio ni a la personas de las victimas −Gustavo y Ariel Rey− ni establecer contacto por ningún medio”.

El 14 de octubre, Cabaleyro (que era secretario general del sindicato en San Nicolás Ramallo y San Pedro, y concejal peronista en San Nicolás) fue absuelto por el juez Alejandro López, del mismo tribunal nicoleño que le jueza Baquedano, en una investigación por delitos en los que Espíndola aparece mencionado como partícipe.

Pero Espíndola optó por no ser juzgado en ese mismo proceso, sino acordar un juicio abreviado que tendría resolución en los próximos días. Su abogado defensor es Mauricio Gugger, el mismo de Cabaleyro.

Esta vez no hubo tuit celebratorio de Javier Milei por una votación en el Congreso. La media sanción del proyecto de discapacidad, que tuvo casi apoyo unánime y fue impulsado por el oficialismo, requerirá de un retoque en el Presupuesto 2027, ya que en las proyecciones no se preveían esos fondos. El costo fiscal de la normativa derivó en un tenso debate interno en el corazón del Gobierno.

Milei cedió ante las sugerencias de la mesa política. El grupo que coordina su hermana y que define las estrategias legislativas oficiales creyó que el proyecto aprobado anoche “era el mal menor” y que de esa manera ponían fin a un conflicto que amenazaba con impactar en la campaña electoral.

Al cierre de esta nota, Milei, que estaba volviendo de España cuando se produjo la votación, no se había expresado en redes sobre el tema, como habitualmente hace con los proyectos impulsados por su espacio. Sí compartió un video en el que sus diputados, además de su hermana, Karina Milei, que asistió al Parlamento en la noche de ayer, le cantaron el feliz cumpleaños.

“El martes, Martín [Menem] llevó una tabla con tres columnas y explicó todo. La lógica de eso es lo que se votó ayer”, describió una de las fuentes consultadas a .

En el encuentro del martes, que se extendió por más de dos horas y media, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, se trabajó en el dictamen que ya tenía encaminado el oficialismo en la Cámara Baja, con Martín Menem a la cabeza, y fue sobre esa base que se hicieron las negociaciones de las últimas horas en el Congreso. Desde la propia mesa admitieron diferencias alrededor del tema, pero “primó el pragmatismo”, como deslizó uno de los integrantes de la mesa política consultados.

Con ese consenso, el oficialismo hizo circular desde temprano el borrador del dictamen al que le fue incorporando numerosos ajustes mientras avanzaba ayer la megasesión. Sobre esa base se terminó de abordar la negociación con la oposición y fue la que permitió que el oficialismo aprobara casi por unanimidad su propio proyecto que refiere a la ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos.

Entre las modificaciones más resonantes, el proyecto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad. En las pensiones por invalidez, la propuesta garantiza el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud. También contempla la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación, que había sido eliminado en el proyecto de ley de Presupuesto 2027. Entre otros puntos, el proyecto también contempla regularizar los pagos y pendientes a prestadores, que actualmente rondan los $278.323 millones.

De esa manera, el Gobierno también logró desactivar uno de sus frentes políticos más sensibles, que ahora deberá ser girado al Senado. Desde Casa Rosada apuntaron que el impacto fiscal de discapacidad “va a estar bajo análisis”.

En la Casa Rosada se mostraron satisfechos por haber logrado media sanción a una ley que consideraban “mejor que prorrogar la emergencia”. En ese sentido, creen que de esta manera se “clausura” un conflicto que podría incomodarlos durante la campaña electoral del año que viene.

“Entre lo peor y lo posible se eligió lo posible”, dijo una de las voces consultadas en referencia a lo que hubiera significado que se extendiera la emergencia en discapacidad. “Se priorizó ir a algo razonable”, completó sobre una decisión que generó diferencias internas.

“Vetarlo sería pegarnos un tiro en los pies”, graficó una fuente oficial del Ejecutivo. “En ningún momento se pensó”, dijo una fuente, pese a que en las horas posteriores a la polémica que se abrió cuando se conoció el Presupuesto y ante la posibilidad de un nuevo proyecto impulsado desde el Poder Legislativo, hubo voces del propio gobierno que así lo dejaron trascender.

Para la implementación de los cambios en los números respecto de los que originalmente estaban en el Presupuesto 2027, se contempla una “readecuación de partidas”, que correrá por cuenta del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, quien en la última reunión de la mesa política se habría mantenido en silencio ante la exposición de Menem.

En el correr de este jueves, desde Casa Rosada esperaban los movimientos del proyecto rumbo al Senado, la próxima parada de la discusión, aún sin fecha, pero con la expectativa de que, tras el giro implementado, lograrán cancelar una de sus discusiones más ásperas.

La media sanción tuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Desde la bancada peronista reconocieron a este medio que acompañar la iniciativa también garantizaba un mayor respaldo para revertir un eventual veto del Poder Ejecutivo.