Los movimientos sociales que integran la UTEP, la CGT, las dos CTA y grupos piqueteros y agrupaciones que conforman Territorios en Lucha, como Libres del Sur, ultiman los detalles de la peregrinación de San Cayetano, prevista para el viernes 7 de agosto con partida desde la basílica del barrio porteño de Liniers y destino a Plaza de Mayo. Los organizadores aseguran que será “la marcha más grande de la década”. La consigna, que apunta a las políticas sociales y de ajuste del gobierno de Javier Milei, fue acuñada por el entonces papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.

La movilización abrirá la temporada alta de protestas sindicales y sociales que concentrará paros, marchas y actos de fuerza de distintos sectores. Es la continuación de un plan de lucha trazado desde julio que ya generó cortes y piquetes en puentes y accesos en todo el país, acompañamiento a los reclamos que los miércoles realizan los jubilados frente al Congreso y rechazo público a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que encubre la modificación a la conocida ley de Tierras— que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

La comisión organizadora, integrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se reunió esta semana para definir la logística del acto. Según anticipó a Infobae el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, la peregrinación arrancará por la mañana con una bendición de herramientas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, como es tradición cada año. Desde la organización auguran que será “la marcha más convocante de la década”.

Al recorrido desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo se irán sumando agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y profesionales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó la participación de su organización y señaló que se evalúa concentrar en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para luego ingresar a la plaza junto a las dos CTA. “Todas las organizaciones vamos a participar este 7 de agosto. Nos parece muy importante articular todas las luchas”, afirmó Saravia en diálogo con Infobae.

La dirigente también denunció el cierre del programa Volver al Trabajo y el cese de la transferencia de $78.000 mensuales a casi un millón de personas. “Esto no solo impactaría en la economía de esas familias, sino también en las economías locales. Lo que hay de fondo es un problema de modelo de país. El gobierno está destruyendo la industria nacional, quitando derechos con la reforma laboral y entregando nuestro patrimonio con el RIGI y con la ley de extranjerización de tierras”, advirtió Saravia, quien agregó que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas”.

Rechazo a la Ley de Propiedad Privada

En paralelo a los preparativos del 7 de agosto, la CGT suma su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo intentará aprobar en el Senado el 6 de agosto. La central obrera evalúa sumarse a la movilización convocada frente al Congreso un día antes, junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones que ya habían confirmado su presencia.

La norma propuesta por el Gobierno elimina los límites vigentes para la venta de tierras rurales a extranjeros, establecidos por la ley de 2011, que fija que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Si se aprueba la modificación, la compra en zonas de frontera podría ocurrir con la doble aprobación de la Nación y de las provincias.

Este jueves, desde las 17, sindicatos, agrupaciones gremiales, movimientos populares y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) realizarán un encuentro en defensa de la función social de la propiedad y en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tramita en el Senado, “ante la evidencia de sus graves implicancias en materia de expropiaciones y desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, extranjerización del suelo rural, deterioro del ambiente y perjuicio de la soberanía nacional”.

La marcha del 6 de agosto está precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, junto con recolección de firmas y otras actividades. Este sábado 1° de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos de otros sectores: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

Una fecha con historia

La movilización del 7 de agosto cumple este año una década desde su primera edición. Esteban “Gringo” Castro, extitular de la UTEP, recordó en diálogo con Infobae los orígenes de aquella primera peregrinación. “El 7 de agosto del 2016, en realidad empezó como una idea que surge a partir del Movimiento Misionero Francisco. Teníamos una reunión para ver que siempre que había alguna fecha que expresara la religiosidad popular, como puede ser el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María), el 7 de agosto, nosotros hacíamos actividades, y ahí a un compañero se le ocurre plantear por qué no vamos desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo a reclamar lo que después fue el salario social complementario”, relató Castro.

El referente del Movimiento Misioneros de Francisco recordó que hubo resistencias internas antes de la primera marcha —entre ellas, la preocupación por si la fecha podía representar a sectores evangélicos o no creyentes— y que la convocatoria se realizó un domingo, lo que dificultaba la movilización. Aun así, la respuesta fue masiva. Fue, además, el puntapié inicial del reclamo al gobierno de Mauricio Macri para que se aprobara la Ley de Emergencia Social. Castro también evocó el hilo histórico que conecta esa gesta con la marcha de la CGT a San Cayetano durante la dictadura, encabezada por Saúl Ubaldini, que fue reprimida con dureza, y con las luchas de anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo pasado.

“El 18 de noviembre del 2016, acompañados por la CGT, las dos CTA y todos los movimientos populares, logramos una movilización al Congreso de más de 200.000 personas. Y a los dos o tres días firmamos casi por unanimidad la ley de emergencia social”, subrayó Castro. Esa conquista —el salario social complementario— es precisamente la que hoy el Gobierno busca desmantelar: según Castro, para agosto muchos beneficiarios dejarán de percibir ese ingreso que el Estado abonaba a través del Programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo.

El extitular de la UTEP señaló que el 45% de los trabajadores de la Argentina se encuentra en condiciones de precariedad laboral. “Es una enormidad, es una barbaridad”, afirmó, y resaltó que el 7 de agosto debe seguir siendo “un día de movilización y de construcción de comunidad, de lucha por la producción y el trabajo”, con la consigna surgida en el Vaticano bajo el papa Francisco: “techo, tierra y trabajo”.

Castro recorre a diario los barrios más vulnerables. Durante la semana, por ejemplo, visitó junto al sacerdote ruandés nacionalizado argentino Juan Bosco el barrio 17 de noviembre, ubicado en Villa Celina, en La Matanza. El religioso tiene un comedor comunitario y un club de fútbol para los niños más carenciados de ese distrito bonaerense.

Un agosto cargado de protestas

La marcha de San Cayetano es solo el primer hito de un mes de agosto con agenda sindical y social intensa. El lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También en agosto se prevén protestas de sindicatos educativos agrupados en la CGT, junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo permanece en $500.000 desde hace un año.

La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder afrontar sus deudas. Desde la UTEP, el secretario general Alejandro Gramajo advirtió que en los barrios populares ese endeudamiento aparece en muchos casos ligado al narcomenudeo y al crimen organizado.

El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en coincidencia con el Día de la Industria para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo. Luego, entre el 4 y el 6 de septiembre, los líderes sindicales y sociales participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.

El Gobierno busca bajarle el tono al nuevo enfrentamiento con Victoria Villarruel y asegura que el pedido del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que la vicepresidenta “dé un paso al costado” no tendrá consecuencias institucionales. En la Casa Rosada sostienen que se trató de “sólo una respuesta” a las críticas de la titular del Senado contra Javier Milei y remarcan que no prevén impulsar ningún movimiento formal contra ella.

En Balcarce 50 insisten en que la discusión no modifica el diagnóstico que vienen haciendo desde hace meses sobre Villarruel. En el oficialismo descuentan que la vicepresidenta buscará competir en las próximas elecciones con un armado propio y creen que intenta posicionarse como una referencia opositora con un perfil nacionalista y conservador. “Que arme su proyecto en otro lado”, expresan en Nación.

El Ejecutivo, sin embargo, no cree que Villarruel vaya a abandonar su cargo. “No se va a ir”, sintetiza un funcionario de primera línea. En la Casa Rosada consideran que la tensión forma parte de una secuencia de cruces que acompaña a la relación entre Milei y su compañera de fórmula desde el inicio de la gestión.

En el entorno de Santilli aclaran que el planteo no respondió a una estrategia coordinada para forzar la salida de Villarruel, sino a una posición personal del jefe de Gabinete frente a sus críticas contra Milei. “No está en el ADN de Diego Santilli llegar con alguien y querer tumbarlo desde adentro. Respondió lo que cree”, expresan cerca del ministro coordinador.

En la Casa Rosada, de todos modos, aseguran que no habrá pedidos institucionales ni movimientos formales contra la vicepresidenta. “Le preguntaron y respondió. No hay más vuelta”, sostienen en Nación, donde buscan evitar que la respuesta de Santilli sea interpretada como el comienzo de una ofensiva para desplazarla.

En Balcarce 50 recuerdan que las diferencias comenzaron incluso antes de asumir. Atribuyen el origen de la interna al cierre de listas de las elecciones de 2023 y sostienen que luego se profundizó cuando Milei decidió no darle a Villarruel el control de los ministerios de Defensa y Seguridad, que terminaron quedando en manos de Luis Petri y Patricia Bullrich tras el acuerdo político con ambos dirigentes.

La Casa Rosada considera que, desde entonces, la vicepresidenta fue construyendo un perfil cada vez más autónomo. En el oficialismo incluyen en esa secuencia sus diferencias por proyectos legislativos, los cuestionamientos públicos al Presidente y sus cruces con dirigentes del espacio libertario. Pese a ese escenario, el Ejecutivo busca preservar un canal de funcionamiento institucional con la titular del Senado.

En Nación reconocen que necesitan evitar un nuevo foco de conflicto en la Cámara alta mientras intentan reactivar la agenda legislativa del segundo semestre. El oficialismo proyecta mantener sesiones todos los jueves a partir de la próxima semana y pretende avanzar con el tratamiento del paquete de propiedad privada, Hojarasca, los cambios a la Ley de Salud Mental, la reforma del Etiquetado Frontal y otras iniciativas que considera prioritarias para el segundo semestre.

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La relación con Patricia Bullrich también forma parte de ese equilibrio. Después de semanas de fuertes cruces por la ley de propiedad privada y otros episodios internos, la jefa del bloque libertario volvió a reunirse con Villarruel para descomprimir la tensión y mantener abierto un canal de diálogo de cara a las próximas sesiones.

En la Casa Rosada destacan ese movimiento como una señal de que, más allá de las diferencias, existe margen para sostener la coordinación parlamentaria. El objetivo es evitar que las disputas personales vuelvan a interferir en la negociación con bloques dialoguistas y gobernadores. El oficialismo admite que el Senado seguirá siendo el frente legislativo más complejo.

Allí pretende destrabar varios proyectos sensibles y, al mismo tiempo, avanzar con pliegos judiciales que considera estratégicos para la segunda mitad del mandato. En el Gobierno sostienen que la discusión con Villarruel no altera esa hoja de ruta. La lectura interna es que la vicepresidenta continuará diferenciándose del Presidente y que esa estrategia responde a un proyecto político propio más que a una disputa coyuntural.

Gobierno, Victoria Villarruel

El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la Casa Rosada a su par surcoreano Lee Jae Myung en el marco de una visita de este último enfocada en comercio e inversiones. Se trata de un momento en que la República de Corea busca avanzar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur y expandir su presencia en sectores de la economía argentina.

La visita coincide con una decisión para ese vínculo económico: el Gobierno argentino aprobó el acceso de la surcoreana Posco, empresa siderúrgica, a beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones para ampliar su proyecto de litio Sal de Oro, con una inversión de USD 207,9 millones.

Lee fue recibido ayer por la noche por el canciller argentino Pablo Quirno, quien subrayó en redes sociales que se trata de la primera visita a la Argentina de un mandatario surcoreano en 22 años. El encuentro bilateral con Milei se realizó a las 11 en la Casa Rosada y participaron los cancilleres de ambos países, además de las delegaciones oficiales.

Corea del Sur busca comercio, minerales y cadenas de valor con el Mercosur

La reunión entre Milei y Lee estuvo centrada en el fortalecimiento de la relación bilateral y en la identificación de oportunidades de cooperación e inversión, de acuerdo con la agenda oficial difundida por Presidencia de la Nación. La visita también se inscribe en la estrategia del Gobierno argentino de ampliar vínculos y favorecer la llegada de capitales.

Buenos Aires es la última escala de la gira sudamericana de Lee. Antes pasó por Brasilia, donde se reunió con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y luego por São Paulo, donde participó en un foro empresarial. También visitó Chile, donde mantuvo un encuentro con el presidente José Antonio Kast.

Durante su paso por Brasil, Lee y Lula acordaron impulsar la reanudación de las negociaciones para un eventual acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y el Mercosur. Ese interés no es nuevo: Seúl ha manifestado desde hace tiempo su intención de acercarse al bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Lee dijo días atrás, en una entrevista con la agencia de noticias EFE: “Los países del Mercosur son líderes mundiales en agricultura, producción de alimentos, energía y minerales críticos. Corea del Sur es líder mundial en manufactura avanzada, tecnologías digitales, construcción naval, baterías e innovación. Al aunar estas fortalezas, podemos crear cadenas de valor resilientes que beneficien a ambas regiones”.

El litio argentino aparece como un punto de la agenda

El mandatario surcoreano vinculó ese objetivo con el actual escenario internacional. Dijo que, frente al proteccionismo, las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las cadenas de suministro y la inseguridad energética, los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”.

También sostuvo que el avance de la inteligencia artificial y de la manufactura avanzada vuelve cada vez más relevante el acceso a minerales críticos de Sudamérica. El litio figura entre los intereses de Corea del Sur y Lee lo definió como una “consideración estratégica” para su país.

En la Argentina, esa definición tiene una traducción inmediata en la inversión de Posco en litio. La compañía ya cuenta con proyectos en el noroeste del país, y la ampliación de Sal de Oro quedó incorporada al régimen de beneficios para grandes inversiones aprobado por la administración de Milei.

Quirno definió la cita presidencial como “una oportunidad histórica con una de las economías más dinámicas del mundo para ampliar el comercio, las inversiones y los proyectos conjuntos”. Antes de la reunión en el despacho presidencial, Milei se sacó una foto con su par en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La última actividad conjunta fue un breve encuentro entre las delegaciones en el Salón Eva Perón.