El diputado nacional Máximo Kirchner comenzó su recorrida política por la provincia de San Juan, luego de que ayer pudo seguir su viaje tras ser demorado por unas dos horas en una ruta de San Luis porque su camioneta figuraba con pedido de secuestro en el marco de la causa por el caso Hotesur. En un encuentro político, criticó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por el fallo con el que repusieron la vigencia del artículo 154 del megadecreto 70/23, del inicio del gobierno de Javier Milei, que deroga la Ley de Tierras y, por ende, los límites a la compra por parte de extranjeros.

“El Congreso Nacional, a partir de la movilización popular, impidió la extranjerización de la tierra, que ponía en riesgo la soberanía nacional, y ellos desconocen la soberanía como un bien colectivo. Desconocen lo que representan para la soberanía los excombatientes de Malvinas organizados. Es grave que tres personas, en un país de 48 millones, estén diciendo la manera que lo deciden. Es gravísimo”, afirmó Máximo Kirchner, al participar de una actividad denominada “Democracia, interior y participación”.

“Nuestro país necesita realmente tener una Corte Suprema que defienda el interés de los argentinos y argentinas”, subrayó el diputado nacional.

La presencia de Máximo Kirchner en San Juan tiene tono de campaña. Comenzó este jueves sus actividades con una visita a Sergio Uñac en Pocito, la ciudad de origen del senador, exgobernador y aspirante a candidato a presidente por el Partido Justicialista. Recorrió una finca donde se produce tomate, olivo, cebolla, ajo y pistacho, acompañado también por la senadora nacional por San Juan Celeste Giménez, integrante de La Cámpora.

“Tenemos que tratar de gobernar para los 48 millones argentinos y argentinas. Es duro lo que vive la gente, necesitamos dar las discusiones que sean necesarias para transformar esta realidad y por eso proponemos la creación de una herramienta que aporte recursos a los sectores más ajustados por [Javier] Milei y a las provincias”, indicó Kirchner, al hacer referencia a un proyecto legislativo de su autoría que establece el cobro de un 3% a las Transferencias Internacionales de Capital.

El diputado nacional comparte la recorrida con el exgobernador Uñac, quien ya hizo público su deseo de ser candidato a presidente y, para ello, propone al justicialismo adelantar las definiciones y elegir un postulante antes de fin de año, en el marco de una interna por regiones. Máximo Kirchner sostiene la apuesta por la candidatura de Cristina Kirchner, a pesar de la prisión domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la exmandataria. Uñac admite que, si Cristina fuera habilitada, sería “la principal candidata” del justicialismo.

El PJ sanjuanino no está completamente alineado con Uñac. Su otro referente principal, el exgobernador José Luis Gioja, encabeza un sector partidario que apoya como candidato a presidente a Axel Kicillof, enfrentado en la interna partidaria con Cristina y Máximo Kirchner.

Demora en San Luis

El viaje del hijo de la expresidenta Cristina Kirchner a San Juan incluyó una demora de unas dos horas, ayer por la tarde, en el puesto limítrofe de la localidad de Justo Daract, en San Luis. Debió esperar a un costado de la ruta 7 (que allí se denomina Autopista de las Serranías Puntanas).

Tras un alerta del Anillo Digital Federal, Máximo Kirchner fue demorado porque su vehículo, una camioneta Honda CR-V modelo 2007, figuraba con pedido de secuestro en la causa Hotesur, que tuvo a su cargo el juez federal Julián Ercolini y fue elevada a juicio oral.

Tras la espera a la vera de la ruta, Máximo Kirchner pudo continuar viaje con su vehículo, que le fue restituido en carácter de “depositario judicial”. Fue luego de una comunicación de la Fiscalía de Instrucción Nº1 de la Segunda Circunscripción Judicial de San Luis con el Tribunal Oral Federal Nº5. El juez José Michilini, de ese tribunal, ordenó la entrega del vehículo al diputado nacional y le solicitó que se presente ante el tribunal con el rodado, para lo que tendrá un plazo de 30 días.

Tras el procedimiento vial, el jefe de La Cámpora emitió un comunicado. “En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que, por supuesto, dio negativo. Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje. Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más, siguen intentando disciplinarnos”, aseveró.

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del dirigente social Juan Grabois por haber liderado la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en junio del año pasado, y ratificó un embargo en su contra por $5.000.000. Usurpación y resistencia a la autoridad son los delitos que se le imputan a Grabois.

Firmaron el fallo los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Ratificaron lo que había dispuesto el juez de primera instancia que instruyó el caso, Sebastián Ramos.

El juez había dado por acreditado que Grabois encabezó el ingreso al lugar —que estaba cerrado y custodiado— y que había alentado la permanencia pese a la orden de desalojo transmitida por la Policía, que llegó al lugar después.

El procesamiento, confirmado hoy, alcanzó también al militante Valentín Peralta, que fue embargado por un millón de pesos.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del sábado 7 de junio de 2025. Un grupo de exempleados, acompañados por distintos dirigentes políticos, como Grabois, tomó la sede, ubicada sobre la calle Austria, en el barrio de Recoleta, contra su cierre, el despido de sus empleados y una posible venta del edificio. Lo hicieron a través de Un Café con Perón, el bar lindero, que está conectado con el Instituto por una puerta.

De la toma -una “permanencia pacífica”, según los manifestantes- participaron también la legisladora Victoria Freire y la diputada nacional Natalia Zaracho.

Los manifestantes fueron desalojados un par de horas después por la Policía Federal y fuerzas de la Ciudad, que despejaron el edificio y la esquina y se llevaron detenido al dirigente, en medio de empujones y forcejeos.

Al ser indagado por el juez, Grabois evitó declarar, pero se desligó del ingreso al lugar en un descargo que presentó su abogado, Nicolás Rechanik.

En el escrito, el dirigente sostuvo que había llegado en calidad de abogado de una cooperativa y solo para mediar “institucionalmente”.

El juez no dio crédito a esa versión. Dijo en su resolución que los videos incorporados al caso muestran a Grabois en el patio interno del bar, luego avanzando por el pasillo que conectaba con el Instituto y, minutos después, ingresando al edificio encabezando al grupo de manifestantes, tras la caída de una placa de durlock y un ventilador.

El juez valoró especialmente que el dirigente social hubiera posteado en sus redes sociales un mensaje convocando a “defender” el Instituto, que, según dijo, había sido “usurpado” por el “gobierno oligarca”.

En la causa intervinieron el fiscal Carlos Rívolo y el Ministerio de Capital Humano, en el rol de querellante.

Cuando fue el procesamiento, el frente Patria Grande emitió un comunicado en el que calificó la medida como un “mamarracho jurídico”. “No nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido”, sostuvieron. La referencia aludía a que el juez Ramos fue quien sobreseyó a todos los que habían sido imputados por el viaje a Lago Escondido, incluido el ahora ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En la lista de los viajeros estaba también Pablo Yadarola, que cuando Grabois fue procesado era juez; ahora fue ascendido a camarista y es uno de los firmantes de la confirmación del procesamiento del dirigente.