Empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) analizan una fórmula para aumentar los sueldos que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.

Ambas partes tuvieron el miércoles pasado la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.

Luego de intercambiar opiniones sobre la crisis del sector metalúrgico y el atraso salarial, surgieron algunas ideas para mejorar las remuneraciones sin tomar en cuenta el alza de la inflación, por lo que ambas partes acordaron seguir las negociaciones la semana que viene.

Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.

De esa forma pudieron reunirse en la sede de la UOM los delegados paritarios del sindicato Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), y empresarios de la Cámara Argentina del Acero para discutir los salarios de la rama siderúrgica, por un lado, y de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para hablar sobre aumentos para la rama metalmecánica, por otro.

El objetivo es actualizar los salarios de la actividad, que están desfasados ante la inflación de los últimos meses ya que el último aumento fue firmado en noviembre de 2025 y contempló mejoras hasta marzo pasado, con un aumento acumulado del 14 por ciento a través de sumas no remunerativas que totalizaron 160 mil pesos, que no se integraron al sueldo básico y lo dejaron rezagado.

Hoy, calculan que hay unos 13 o 14 puntos de pérdida salarial en la UOM respecto del costo de vida del período mientras el Gobierno no homologa las paritarias que se pactan por encima de una inflación de alrededor del 2%, en un contexto del sector metalúrgico marcado por la caída de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de fábricas en distintas provincias

En medio de este cuadro, la situación se complicó luego de que el titular de la UOM, Abel Furlán, fue desplazado de su cargo por un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la Seccional Zárate-Campana por serias irregularidades.

El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de esa seccional, en las que Furlán compitió contra una lista opositora, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González también dejaron sin efecto la elección nacional de autoridades de la UOM, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio a cargo de Biglieri por un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.

En una de sus primeras decisiones, Biglieri, un abogado que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, presentó en la Secretaría de Trabajo una lista de los nuevos delegados paritarios para negociar salarios, que son dirigentes distanciados de Furlán.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo advirtió en un dictamen que la definición sobre las atribuciones de Biglieri para designar delegados paritarios y conducir las negociaciones salariales debe ser “determinada exclusivamente por el juzgado que dispuso su nombramiento“.

En la resolución oficial se afirmó que la facultad del interventor designado respecto a la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no puede ser confirmada ni ampliada por dictamen administrativo, ya que esas funciones dependen del alcance del mandato dictado por la Justicia.

En ese sentido, Trabajo recomendó que el sector correspondiente solicite al juzgado interviniente la aclaración específica sobre el alcance de las facultades otorgadas al interventor Biglieri para evitar interpretaciones por fuera de la autoridad judicial.

Esa respuesta finalmente la brindó la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que este lunes rechazó el pedido del Gobierno a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y consideró que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.

Con la firma del camarista Víctor Pesino, el oficio judicial ratificó el alcance de las funciones del interventor de la UOM al asegurar que “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización y que la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas al efecto es una de ellas”.

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Diego Silvestre, funcionario del Gobierno de Mendoza y coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, presentó su renuncia en las últimas horas luego de que trascendiera que dio positivo en un control de alcoholemia. El abogado registró 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del límite permitido en la provincia, y además circulaba sin licencia de conducir, sin cédula del vehículo y sin seguro obligatorio.

El episodio ocurrió el último domingo en las inmediaciones de San Rafael, cuando Silvestre se desplazaba en una camioneta Fiat Strada y fue detenido en un operativo de control vial. Tras el test positivo, los efectivos retuvieron el vehículo y lo demoraron. De acuerdo con la información oficial, el funcionario permaneció 48 horas detenido.

La repercusión del caso derivó en su dimisión al cargo de coordinador del ETI de San Rafael, un organismo que depende del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y de la Dirección General de Escuelas (DGE). También renunció a su reciente designación como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza.

Ese nombramiento había sido oficializado apenas dos días antes del control de alcoholemia. El gobernador Alfredo Cornejo lo había designado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial como integrante del organismo encargado de intervenir en distintos aspectos vinculados con la actividad minera en la provincia, a propuesta de los colegios y la Federación de Abogados de Mendoza.

Antes de que se conociera la renuncia, la vicegobernadora Hebe Casado fue consultada por Radio Mitre Mendoza sobre la situación del funcionario y expresó su malestar con una frase que rápidamente tuvo repercusión pública. “Hay que ser muy boludo”, respondió al referirse al episodio.

Tras la difusión de esas declaraciones y una vez confirmada la salida de Silvestre del Gobierno, Casado explicó a Infobae el contexto en el que realizó esa afirmación y sostuvo que reflejaba el enojo que le generó el caso.

“Salió del enojo, todos los funcionarios saben que es una política de Estado el endurecimiento de las penas para quienes incumplen la alcoholemia, que a los funcionarios que la incumplen les pedimos la renuncia. Más siendo abogado”, afirmó la vicegobernadora a Infobae.

Silvestre, de 41 años y abogado de profesión, desarrolló gran parte de su carrera en el Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza. Desde 2022 ocupó un lugar como director titular de esa entidad y también ejerció la coordinación de Comisiones e Institutos para el período 2022-2026.

Con anterioridad, entre 2019 y 2022, presidió la Comisión de Jóvenes Abogados del mismo colegio profesional. Además, en mayo de 2020 participó en la creación del Instituto de Derecho Constitucional, donde continuó como miembro fundador.

En el plano político, Silvestre mantuvo una participación activa dentro del radicalismo de San Rafael. En diciembre de 2025 integró la lista de candidatos suplentes a concejal por la Unión Cívica Radical y también trabajó como asesor técnico vinculado al oficialismo provincial antes de incorporarse al Ejecutivo mendocino.

El caso se sumó a otros antecedentes recientes de funcionarios mendocinos involucrados en episodios de alcoholemia al volante. Uno de ellos fue el del exconcejal de Guaymallén Miqueas Burgoa, quien registró 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre tras un incidente vial y, según el acta policial, intentó invocar su condición de funcionario durante el procedimiento.

Otro antecedente fue el de Jorge Teves, entonces presidente del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), quien fue interceptado en enero de 2025 mientras conducía un vehículo oficial con más de un gramo de alcohol en sangre. Después del procedimiento recibió una multa, fue inhabilitado para conducir durante cinco meses y presentó su renuncia al día siguiente.

También figuró entre esos casos Cristian Ochoa, entonces director de Prensa de la Municipalidad de Tunuyán, quien dio positivo con 1,42 gramos de alcohol por litro de sangre tras un choque ocurrido en octubre de 2025. La lista incluyó además al entonces concejal libertario de San Rafael Martín Antolín, aprehendido durante un control vial en la Ciudad de Mendoza luego de arrojar un resultado positivo en un test de alcoholemia.

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La Libertad Avanza buscará redactar una nueva Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la normativa que ordena el funcionamiento de los 135 municipios bonaerenses y, entre otros aspectos, establece facultades y responsabilidades de los intendentes. Es una ley aprobada en 1958 y que tiene 83 modificaciones al día de la fecha. No es la única iniciativa al respecto: el senador del bloque Hechos, Marcelo Leguizamón, presentó una iniciativa para conformar una comisión bicameral que redacte una nueva LOM.

Quien está detrás de esta cruzada es el senador libertario, Diego Valenzuela. El exintendente de Tres de Febrero es el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara Alta provincial. Esta semana encabezó una reunión de comisión en la que empezó a debatir el tema. Allí planteó que el objetivo es recortar la tutela provincial sobre los distritos, en un esquema que combine más autonomía administrativa, potestades tributarias y fondos permanentes para funciones que, según dijo, los municipios ya asumieron sin respaldo suficiente.

“La provincia no es que perdió poder, se retiró de un montón de cosas que las asumieron los municipios y ya hoy son funciones o tareas o acciones que se realizan a nivel municipal, en educación, en seguridad, en salud, en un montón de situaciones. Modificar la LOM no es aumentar el dieciséis coma catorce, es modificar el proceso administrativo que hoy tiene a los municipios como un hijo menor tutelado por la provincia, ¿no?”, planteó Valenzuela luego de un encuentro que hubo esta semana en la comisión que preside y que participaron economistas Walter Rosales y Agustín Lodola (UNLP). La referencia del 16,14 apuntó al reparto de recursos y buscó separar la discusión sobre la estructura administrativa de los municipios de la disputa por la masa de fondos que reciben desde la provincia. Los especialistas deslizaron en su paso por el Senado que los municipios ejecutan cerca del 3% del gasto público, pero cuentan con apenas el 1,2% de los recursos. “Todo, mientras asumen cada vez más responsabilidades”, agregó Valenzuela.

En LLA hablan de una tensión jurídica y política de fondo: interpretan que existe una “inconstitucionalidad” en materia de autonomía municipal porque el artículo 123 de la reforma constitucional de 1994 reconoce facultades que, según admiten los libertarios, la provincia restringe. El artículo 123 de la Constitución Nacional explicita: “Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.

Valenzuela reconoció que ya viene hablando el tema con intendentes, casi todos peronistas. Admitió contactos con el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, quien le habría transmitido su conformidad en avanzar con cambios en la LOM. El bloque de LLA tiene diez integrantes en la Cámara alta provincial, donde Fuerza Patria cuenta con quórum. Sin embargo, el peronismo está sumido en una discusión interna y no muestra homogeneidad. Sin un acuerdo con el partido de gobierno provincial, el anhelo libertario deberá esperar.

Valenzuela dijo que su iniciativa partirá de un texto propio de su espacio, aunque con la intención de sumar aportes en comisión y abrir una ronda de escucha con intendentes. Afirmó que el debate no puede quedar reducido a declaraciones y reclamó pasar a un “modelo de reformas” en un año que, remarcó, no es electoral. La interna también asoma cuando se debatió y debate la forma de distribución de una parte del Fondo de Incentivo Municipal, ya que la actual normativa la ata a la ejecución a través de tres ministerios: Infraestructura, Transporte o el Instituto Cultural. Los intendentes deben elegir con qué ministerio ejecutar esos fondos. Cada ministerio está conducido por un sector distinto del peronismo. Infraestructura por Gabriel Katopodis (Movimiento Derecho al Futuro), Transporte por Martín Marinucci (Frente Renovador) e Instituto Cultural por Florencia Saintout (La Cámpora). Valenzuela criticó además que una parte de esos recursos quede canalizada a través de ministerios provinciales y no de libre disponibilidad para las intendencias. Según describió, ese esquema mete a la política partidaria en la distribución del dinero y retrasa la aplicación de partidas destinadas a necesidades locales.

En la LOM también se ordena el tema de las reelecciones indefinidas de intendentes. Ese punto también tuvo algunos cambios. En LLA no están de acuerdo con modificaciones en este punto, que dentro de la ley que buscan reescribir se encuadra en el artículo 3 y describe que “el Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período”, aclarando que “si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período” y dejado establecido: “Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo período sin importar que el mismo haya sido ejercido total o parcialmente”. Los intendentes del peronismo buscan modificar este punto y reestablecer las reelecciones consecutivas sin intervalos. “Es un tema que definió la política y es la política la que lo tiene que solucionar”, planteó, por ejemplo, el intendente de Pilar, Federico Achával, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. Dijo estar a favor de las reelecciones indefinidas. “Si tu gestión no es buena, es la gente la que te saca o te pone”, consideró.

Más iniciativas

La estrategia de LLA que preside la comisión de Asuntos Municipales no es la única referida a cambios en la LOM. El senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos, también presentó este año un proyecto para modificar de base la normativa que rige el funcionamiento municipal. Leguizamón trabaja en un esquema político junto a los hermanos Passaglia —Santiago, intendente, y Manuel, diputado provincial— y elaboró un proyecto para crear una Comisión Bicameral encargada de redactar un anteproyecto para la reforma integral de la Ley Orgánica de Municipalidades. Plantea que la comisión esté integrada por cinco diputados y cinco senadores, seleccionados según la representación política de cada Cámara, y tendrá la tarea de diseñar un nuevo marco normativo que incluya administración financiera, gestión moderna y control institucional.

Al igual que lo esbozó Valenzuela, el proceso contempla la consulta a funcionarios, representantes municipales, especialistas. La iniciativa fija un plazo inicial de un año para la presentación del anteproyecto, prorrogable por otro año si es necesario, asegurando así el control parlamentario sobre el avance y la orientación del debate. El texto justifica la reforma por la brecha entre la normativa de 1958 y las demandas actuales de planificación urbana, sostenibilidad y rendición de cuentas, y advierte que solo un nuevo marco legal permitirá a los municipios bonaerenses ejercer un gobierno autónomo acorde a la realidad contemporánea.